La crisis carcelaria se agrava y tiene nuevos matices. Es la conclusión que dejan los datos obtenidos por Plan V sobre la situación en los 53 centros penitenciarios que operan en el Ecuador. Según cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), hasta noviembre de este año la población carcelaria sumó 38.804 personas. Eso es más del doble de lo registrado en el 2010 cuando había 16.000 presos en 25 centros. En una década de las administraciones de Rafael Correa y Lenín Moreno los resultados son paradójicos: hay más cárceles, más presos y sigue el hacinamiento, todo lo contrario a lo que se buscó con el llamado nuevo modelo penitenciario.

Pero los últimos años han sido particularmente críticos. El 2018 fue el año con más hacinamiento: llegó hasta el 36%. Pero en junio del 2019 hubo un pico hasta el 39,86%. Son  cifras que podrían no ser cautas si las comparamos con el 93% de hacinamiento registrado en el 2010. Pero ahora hay el doble de cárceles y más de un tercio de los presos del país conviven y están aglomerados en pequeños espacios.

Pero mientras la población carcelaria crece, el número de agentes penitenciarios baja. Entre junio y noviembre de este año fueron desvinculados 30 miembros del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Al 19 de noviembre se registraron 1.466 agentes. La norma internacional señala que, por cada 10 presos, debería existir un agente. En Ecuador, por cada 26 privados de libertad hay un agente. La SNAI confirmó que existe un déficit de aproximadamente 2.530 agentes y en octubre pasado reveló que no había presupuesto para la capacitación de más guías. Un curso, iniciado en el 2019, se quedó sin fondos y la justicia impuso a la SNAI que pida disculpas a los casi 500 participantes por el discurso fallido.

Pero no solo el presupuesto es un problema. La corrupción dentro de las cárceles invade todos los niveles: desde guías penitenciarios hasta directores de los centros. En este 2020, tres directores de cárceles han sido procesados. La directora de la cárcel de Jipijapa, con un master en estudios de terrorismo, está acusada por recibir dinero para tramitar beneficios. En Guayaquil, el director de la Penitenciaría enfrenta tres investigaciones, una por la prelibertad del líder de los Choneros. En la cárcel de El Rodeo, un director presentaba información falsa de los detenidos.

Entre 2016 y noviembre de 2020, la Fiscalía ha registrado 640 denuncias por el delito de evasión o fuga de cárceles. Mientras que en el mismo periodo han existido 8.822 denuncias por ingreso de artículos prohibidos a las cárceles del país. El año con más denuncias de este tipo fue el 2017 cuando hubo 2.405 casos.

En el 2020, una de las imágenes que revelan la cantidad de armas que ingresan a estos centros sucedió el septiembre pasado cuando se encontraron más de 500 armas blancas en la Penitenciaría del Litoral. En ese centro, 11 reos fallecieron y otras 15 personas (entre presos y policías) resultaron heridos tras un motín en agosto pasado. Ha sido el incidente con más muertes dentro de una cárcel ecuatoriana. El 2020 se encamina a ser el año más violento en las cárceles: 34 muertes violentas hasta el momento.  En el 2019 fueron 32, el doble de lo registrado en el 2016.

Pero a la violencia se sumó también la pandemia. Según la SNAI, 989 internos se han contagiado, de los cuales 420 pertenecen a la cárcel de Ambato.  De ellos, 38 han fallecido por COVID, entre confirmados y sospechosos. Pero al revisar las cifras de muertes por todas las causas dentro de los centros penitenciarios se observa un impacto mayor. En lo que va del 2020, han muerto 249 personas en total. Si quitamos los casos de muertes violentas, son 211 personas. Esta cifra significa 82% más a la registrada en el 2019: 116 fallecidos (sin contar las muertes violentas).

El SNAI, en su respuesta a Plan V, sostuvo que el incremento de las muertes en este año se debió a diversos factores como el estado de emergencia, decesos por muertes violentas y decesos por enfermedades catastróficas.

   PUNTO DE VISTA   

“Si esos anillos de corrupción se
desmontaran se podría tener un proceso
de rehabilitación más certero”

Billy Navarrete, Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos

Según la Constitución, las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria. Y ahí habría por lo menos dos situaciones perturbadoras, que se han ido agravando. La primera tiene que ver con el agudo hacinamiento y la segunda con el índice de violencia . Parecería que estaríamos volviendo al escenario anterior a la implementación del nuevo modelo carcelario. Aunque esa vuelta al pasado tiene algunos matices nuevos.

En la línea de tiempo, a partir de la implementación de este modelo, se evidenció un ascenso tremendamente acelerado de la población carcelaria que no tienen comparación con ningún otro momento de la historia. El nivel de ingreso en tan poco tiempo, desde el 2013 al 2019, se ha multiplicado por cuatro o por cinco la población carcelaria. De 9.000 que había hacia el 2013 hemos pasamos a casi 40.000 en el 2020. Ese es un primer elemento nuevo que hay que exigir justificación al Estado. Desde la presunción, como teníamos más cárceles, la sociedad y el Estado en particular lo que hicieron fue llenarlas de personas. Lo que podría caber es el uso del COIP para ese fin. Hay nuevas tipologías de delitos que podrían haber permitido eso. Desde la ausencia de rehabilitación, aquellos que salieron libres no encontraron oportunidades afuera y volvieron a ingresar. La reincidencia es uno de los motivos aparentes para que que se hayan vuelto a llenar las cárceles.

Además del ascenso de la población carcelaria, hay un segundo aspecto: la violencia y los perpetradores de la violencia, que no son los mismos que hace 20 años. Hace dos décadas había una suerte de caciques de la violencia, eran poderes híper controladores de cárceles enteras. El sistema carcelario estaba bajo el dominio de estos personajes que tenían enormes privilegios. Eso incluso provocó la muerte de directores de cárceles como Soledad Rodríguez (directora de la Penitenciaría del Litoral asesinada en 2007).

Ahora se vuelve a agudizar la violencia, pero los perpetradores han cambiado: hay muchos grupos que se enfrentan entre sí. En Guayaquil, hay pabellones que están dominados por organizaciones criminales. Pero hubo un periodo muy especial al que es necesario dedicarle atención. Fue inmediatamente después del nuevo régimen carcelario, cuando no había este nivel de homicidios, eran muy pocos en comparación a los de ahora. Es un periodo que vale la pena estudiarlo y encontrar qué sirvió para desacelerar el incremento de homicidios.

Pero en los últimos tres años esto se ha disparado y se han vuelto a usar los estados de excepción para evitar los enfrentamientos. Una primera característica es la diversificación de los actores violentos. La segunda es la crueldad con la que actúan. El año pasado hubo decapitados y esto fue grabado y publicado. Eso fue parte de la planificación del crimen. Hay un fenómeno de exhibición de la violencia en las cárceles, que pone en evidencia la incapacidad del Estado. Lo que logran las autoridades es declarar estos crímenes como ajustes de cuentas, donde el Estado no interviene y con los efectos que la impunidad provoca. ‘Los ajustes de cuentas’ es una muletilla que si no se controla, crece. Es tremendamente peligroso.

También los controles se fueron flexibilizando premeditadamente. Me refiero a la clasificación de las personas privadas de libertad por delitos. Quienes han cometido y tienen un historial largo de violencia necesitan un tipo de tratamiento. Pero poco o nada ha implementado el Estado, salvo ese primer periodo. Obviamente esta clasificación de separar a los más violentos, no incluía su incomunicación absoluta, que parece que se quiere retomar.

En estos días, La Roca ha vuelto a ser mencionar a propósito del auge de los homicidios de Guayaquil. Esta cárcel fue construida hace 15 años y su uso duró muy poco. Era un panóptico, que estaba en los predios de la cárcel de Guayaquil. El Puerto Principal tiene dos cárceles: la Penitenciaría y la Regional. Entre ambas suman la mayor cantidad de población carcelaria del país. La Roca era para los más buscados y más temibles. Dentro de la lógica Plan Más Seguridad del Municipio de Guayaquil, que corre del 2000 hasta el 2006, se incluyó aislar a los criminales más peligrosos. Esta cárcel que seguía la lógica de Guantánamo, planteaba el aislamiento total de estas personas sin ninguna garantía para los derechos humanos. Esas condiciones de encierro se vivieron en La Roca. Fue muy criticada, porque ese aislamiento no contuvo la violencia que siguió dentro y fuera de ella.

Esto porque el aislamiento no es la respuesta a la inseguridad. Debe estar acompañada de un control por parte del Estado. Los guardias son los que deben garantizar la prohibición de ingreso de armas y drogas a las cárceles. Si esos anillos de corrupción se desmontaran se podría tener un proceso de rehabilitación más certero. El tener personas con influencias dentro de las cárceles es muy lucrativo para el guardia. Si no detenemos la corrupción, vamos a fracasar siempre.

La crisis sanitaria ha agravado la situación de las cárceles. Desde antes de la pandemia había negligencias y deficiencias para atender la salud de los privados de libertad. El pariente estaba imposibilitado de ingresar medicina y los presos con tuberculosis fallecían. Es una enfermedad muy común en las cárceles. Desde antes de la pandemia, hubo una ausencia de atención de salud y esto se ha agravado por el aumento de la población carcelaria.

Tanto el año pasado como este, el Gobierno ha usado el estado de excepción para controlar las cárceles. Esto provocó finalmente la incomunicación prolongada de los internos con sus familias. Los que han padecido han sido las familias de los privados de libertad y eso con los agravantes que tiene en lo emocional y psicosocial. En los periodos que ya se pudo acceder a las visitas ha continuado el cateo íntimo, que es una práctica de violencia contra la mujer. Y es constante.