Este 28 de septiembre, Ecuador vivió su peor masacre carcelaria. Según la última cifra oficial, en la Penitenciaría del Litoral los enfrentamientos entre presos han dejado hasta el momento 118 muertos -de los cuales solo 41 han sido identificados- y 79 heridos, algunos de ellos muy graves. Esta es la masacre más violenta que registra el país en el 2021 desde el pasado 23 de febrero cuando hubo 80 internos fallecidos.

Nuevamente, las redes sociales fueron el canal de difusión de la extrema violencia, esta vez, dentro de la Penitenciaría. Múltiples fotos y videos muestras cabezas decapitadas. La marca de agua “Redmi Note 9 Pro AI Quad Camera” en la esquina inferior izquierda delata que las fotos habían sido tomadas desde un celular.

Otra imagen muestra una cabeza sostenida por un victimario, que la alza como si fuera un trofeo. La toma por la nuca y la barbilla, como alineándola a la cámara. La sangre y las heridas ocultan el verdadero tono de piel de la víctima. En el fondo cuatro cuerpos en short y sin camiseta están tirados sobre un piso de cemento con un tono de luz que parecen venir de faros callejeros. El piso se ve también lleno de sangre.

En otra imagen se requiere de varios segundos de detenimiento para entender lo que sucede en la escena. Sobre un cuerpo sin camiseta y tirado en el piso se han colocado dos cabezas, una sobre el vientre y otra sobre la entrepierna del cadáver. De nuevo, son sostenidas desde el cabello como para que no se caigan y salgan de esa forma para la foto. Tres botellas de plástico están en medio. La sangre está por todos lados; sobre el cuerpo, sobre el pantalón, sobre las cabezas, incluso sobre los brazos de los victimarios que sostienen las cabezas.

Las cabezas que se muestran en las fotos tienen sus ojos cerrados. Algunas tienen expresiones faciales de desespero con bocas abiertas como si estuvieran gritando. Otras solo muestran una expresión de reposo. En general las víctimas parecerían estar entre los 30 y 40 años.

En las cárceles de Latacunga y de Turi han ocurrido episodios similares. Según cifras extraoficiales, solo en este año el saldo fatal ha llegado a los 234 presos muertos, según divulgó el periodista Diego Puente.

El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en todo el sistema penitenciario por sesenta días por grave conmoción interna. Es la segunda medida que toma para este sector desde que asumió la Presidencia. La primera fue declarar la emergencia después de otra matanza (22 muertos) en la cárcel de Latacunga y en la Penitenciaría, el pasado 22 de julio. En rueda de prensa, explicó que después de estos hechos, el Gobierno elaboró un plan estratégico para enfrentar la crisis carcelaria.

Sin embargo, más rápido llegó otra masacre antes que en la puesta en marcha del proyecto. En solo cuatro meses han pasado tres directores del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI): Edmundo Moncayo, quien fue reemplazado por Fausto Cobo después de la matanza del 22 de julio.  Cobo presentó ese plan en agosto pasado y anunció una inversión de 75 millones para mejoras en las cárceles del país. Pero no alcanzó a aplicar su propio plan y el 27 de septiembre fue designado como el secretario del Centro de Inteligencia Estratégica. Bolívar Garzón asumió la dirección del SNAI el mismo día de esta última matanza.

Aunque la aplicación del plan estaba prevista durante dos o cuatro años, Lasso informó que acelerarán la intervención en la Penitenciaría, que ha sido la protagonista de los principales hechos violentos. Dijo que se necesitará 24 millones para las obras civiles y la tecnología que requiere ese centro. “Me comprometo frente a los medios de comunicación que el director del SNAI tendrá esos recursos”, dijo Lasso.

Estas declaraciones las hizo en el ECU 911 de Samborondón, en Guayas, donde se instaló un comité de crisis. Participaron la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; el ministro de Defensa, Fernando Donoso; el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, entre otras autoridades. Desde allí se dirigió al país para explicar el decreto que minutos antes había firmado.

Sin embargo, más rápido llegó otra masacre que la puesta en marcha del proyecto. En solo cuatro meses han pasado tres directores del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI): Edmundo Moncayo, quien fue reemplazado por Fausto Cobo después de la matanza del 22 de julio.  Cobo presentó ese plan en agosto pasado y anunció una inversión de 75 millones para mejoras en las cárceles del país. Pero no alcanzó a aplicar su propio plan y el 27 de septiembre fue designado como el secretario del Centro de Inteligencia Estratégica. Bolívar Garzón asumió la dirección del SNAI el mismo día de esta última matanza.

Aunque la aplicación del plan estaba prevista durante dos o cuatro años, Lasso informó que acelerarán la intervención en la Penitenciaría, que ha sido la protagonista de los principales hechos violentos. Dijo que se necesitará 24 millones para las obras civiles y la tecnología que requiere ese centro. “Me comprometo frente a los medios de comunicación que el director del SNAI tendrá esos recursos”, dijo Lasso.

Estas declaraciones las hizo en el ECU 911 de Samborondón, en Guayas, donde se instaló un comité de crisis. Participaron la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; el ministro de Defensa, Fernando Donoso; el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, entre otras autoridades. Desde allí se dirigió al país para explicar el decreto que minutos antes había firmado.

“Nuestro objetivo está en preservar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, por lo tanto dentro de las acciones investigaremos estos hechos con la debida diligencia y ponerlo en conocimiento de todo el pueblo ecuatoriano”, expresó el Mandatario.
En el decreto se dispone la movilización hacia todos los centros de privación de libertad, de  tal manera que todas las entidades de la administración pública coordinen esfuerzos para restablecer el orden en las cárceles. Esas acciones estarán lideradas en especial por el SNAI, las FFAA y la Policía Nacional. Estas últimas, dice el decreto, deberán reforzar la seguridad interna y externa de las cárceles, las vías y zonas de influencia de estas.

“En caso de existir incidentes flagrantes que puedan  atentar en contra de los derechos de cualquier persona en el interior de los centros de privación de libertad, sus zonas perimetrales, vías y zonas de influencia, la Policía de manera coordinada con las FFAA deberá intervenir de modo urgente, dentro del marco constitucional y legal vigente, y en respeto de los derechos humanos”, dice el decreto.

En el documento también se explica que la participación de las FFAA se enfocará en el restablecimiento del orden de la seguridad interna en los centros penitenciarios, además del control de armas y objetos prohibidos. Las FFAA controlarán no solo el perímetro de las cárceles y sus zonas de influencia sino también el interior de los centros en coordinación con la Policía. Esto deberá enmarcarse en el respeto a los criterios de “necesidad, razonabilidad y proporcionalidad”. La Comandancia General de la Policía deberá instruir al personal sobre esos criterios, agrega el decreto.

También se dispone requisiciones para mantener el orden y la seguridad en el interior y exterior de las cárceles de todo el país.

Asimismo, se suspende el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. Es decir, se prohíbe el ingreso de cartas o misivas en cualquier soporte, que no hayan sido revisadas por la Policía o por las FFAA en los filtros de seguridad. Esta restricción se aplicará para el envío de información, comunicaciones, misivas, fotos o videos desde el interior de los centros carcelarios.

El decreto también suspende el derecho a la libertad de asociación y de reunión para limitar las aglomeraciones y las reuniones dentro y fuera de los centros, durante las 24 horas del día. Se exceptúan las reuniones entre los presos y sus abogados, o las que tengan que ver con las actividades que formen parte del Plan de Vida.

También dispone que el Consejo de la Judicatura informe, en un plazo no mayor de 10 días, sobre el uso de la prisión preventiva en los procesos penales iniciados en el 2019, así como de las acciones tomadas para garantizar su calidad de medida de ultima ratio; de igual manera sobre el uso de penas no privativas de libertad en las sentencias condenatorias expedidas desde julio de 2019 hasta la fecha; y sobre la implementación de los juzgados de garantías penitenciarias y los tiempos promedio para la tramitación de los casos.

El decreto dispone al Ministerio de Economía que provea los recursos suficientes para atender el estado de excepción y realizar estudios para la distribución de recursos necesarios para los planes de acción en el sistema penitenciario.

Poca información y tragedia para las familias

En los exteriores de la morgue de Guayaquil, las familias vivían su propia tragedia. Un funcionario de esa entidad gritaba los nombres de las personas fallecidas como si estuviera en una feria. Decenas personas, principalmente mujeres, lloraban al pie del funcionario que se había subido a uno de los muros que están en los exteriores de la morgue. Esto fue registrado en un video publicado por la periodista Carolina Mella. 

En la rueda de prensa, Lasso dijo que los familiares de los fallecidos recibirán atención psicológica y se les entregará alimentos. Anunció que se habilitará un centro en el Parque Samanes, para que los parientes esperen allí información y no estén fuera de la cárcel o en las morgues.

Foto: Policía 

El nuevo balance oficial distó de los primeros datos que se entregaron pocas horas antes de la rueda de prensa. En un comunicado, el SNAI había difundido la muerte de 30 presos fallecidos sin dar mayores detalles sobre lo sucedido. Esa misma cifra la difundió en la noche del martes la Policía. El general Fausto Buenaño, comandante de la Zona 8, informó pasadas las 22:00 que a esa hora habían terminado el operativo para retomar el control en los pabellones 1, 3 y 5 donde hubo la mayor cantidad de muertos. Pero pocos minutos después ya había otra alerta de incidentes en ese mismo centro. 

“Gracias al ingreso de la Policía se evitó que existieran más muertes al interior”, dijo el general. Buenaño contó que los policías fueron atacados con armas largas y cortas, pero los uniformados no respondieron con disparos y que no usaron ninguna arma letal.

Todo empezó hacia las 09:00 por el enfrentamiento entre dos bandas: unas en los pabellones 8 y 9, contra otra en el pabellón 5, según la Policía. En este último se registró la mayor cantidad de muertos por impactos de armas de fuego y hasta de granadas. Cobo, quien también estuvo en la rueda de prensa, no quiso referirse a las bandas que protagonizaron los incidentes. “Es una apología del delito”, dijo ante la pregunta de una periodista. “No es el momento para dar popularidad o apología a quienes cometieron el delito”.

Esa misma noche hubo una requisa. Encontraron un fusil, una pistola, varias armas blancas, celulares y gran cantidad de droga, dijo el jefe policial.

Fotos: Policía