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31 de Octubre del 2016
Historias
Lectura: 24 minutos
31 de Octubre del 2016
Redacción Plan V
ONU: Ecuador pierde el año en discapacidades

El Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad hizo 36 recomendaciones al Ecuador para solventar los 32 motivos de preocupación que tiene el alto organismo.

 

El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad presentó, hace ya dos años, las Observaciones Finales sobre el informe inicial del Ecuador, relativas a los motivos de preocupación y recomendaciones respecto al incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité entregó 32 motivos de preocupación e hizo 36 recomendaciones al Estado ecuatoriano. El Ecuador debe rendir un nuevo examen en mayo del 2018.

Documento completo de las Observaciones Finales sobre el Ecuador, 2014, por parte del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Léalo aquí.

En un informe oficial, llamado Observaciones Finales sobre el Ecuador, emitido en octubre del 2014, el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, mostró decenas de preocupaciones sobre las falencias en las políticas públicas que el Estado ecuatoriano ha incurrido en torno al tema de las discapacidades.

Entre los principales ámbitos de preocupación y recomendaciones, el Comité de la ONU dice que "preocupa que la Ley Orgánica de Discapacidades, publicada con posterioridad a la ratificación de la Convención por el Estado (ecuatoriano) parte, "conserva una definición y una aproximación a la discapacidad desde un enfoque médico. La definición de persona con discapacidad enfatiza la restricción de capacidades y soslaya la dimensión social y relacional de la discapacidad". El Comité, en este punto, recomendó la reforma a la Ley de Discapacidades para la implantación plena de un modelo basado en la no discriminación y en derechos humanos. En el documento Observaciones finales sobre el informe inicial del Ecuador, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, de las Naciones Unidas, mostró decenas de motivos de preocupación sobre la política pública del Estado ecuatoriano en torno a las discapacidades.

Las observaciones del Comité fueron emitidas el 27 de octubre del 2014, hace dos años. El Comité notificó al Estado ecuatoriano nada menos que 32 motivos de preocupación sobre la situación de los discapacitados en el Ecuador -en relación con el incumplimiento de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- y realizó 36 recomendaciones para mejorar prácticas en temas como: obligaciones generales, derechos específicos, mujeres con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, toma de conciencia, igual reconocimiento ante la ley, acceso a la justicia, libertad y seguridad de la persona con discapacidad, protección contra la explotación, la violencia y el abuso, libertad de desplazamiento y nacionalidad, derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, salud, trabajo y empleo, nivel de vida adecuado y protección social, participación en la vida cultural, recopilación de datos y estadísticas, aplicación y seguimientos nacionales de la Convención y cooperación y asistencia técnica. 

Al Comité le preocuparon situaciones consideradas graves que persisten en el Ecuador, como el abuso sexual contra niñas y niños con discapacidad.

Al Comité le preocuparon situaciones consideradas graves que persisten en el Ecuador, como el abuso sexual contra niñas y niños con discapacidad: "Preocupa al Comité el alto nivel de embarazos en adolescentes y jóvenes de entre 12 y 19 años de edad, de acuerdo con el último censo de población y vivienda del 2010 y que la edad en que la mayoría de mujeres con discapacidad tuvieron su primer hijo haya sido entre los 15 y 19 años de edad, lo cual es indicativo de un alto grado de incidencia de abuso sexual contra mujeres con discapacidad, particularmente con discapacidad intelectual".

Para las Naciones Unidas y su Comité, casi ninguna institución responsable del bienestar, salud y cuidado de personas con discapacidad en el Ecuador se salvan de la crítica. Del acceso a la justicia se dice: "Preocupa al Comité que los operadores judiciales desconozcan los derechos de las personas con discapacidad previstos en instrumentos nacionales e internacionales y que no existan programas específicamente diseñados para dar servicio a las personas con discapacidad por parte del sector justicia, así como la inaccesibilidad de las instalaciones judiciales. Preocupa al Comité que los ordenamientos procesales en Ecuador en materia penal, civil, laboral y administrativa no prevean como obligación de las autoridades judiciales la implementación de ajustes de procedimiento cuando las personas con discapacidad intervengan en los distintos procedimientos". 

Sobre un tema básico como es la accesibilidad, preocupa al Comité que "las redes de transporte público en el Ecuador no sean todavía accesibles para personas con discapacidad, tal como se dispone en la Observación general N.º 2 (2014) del Comité, y que estas personas tengan que optar por alternativas de transporte más onerosas para realizar sus actividades cotidianas".

Así, en temas como la construcción de viviendas fiscales sin formas de acceso, la criminalización del aborto para familiares o representantes legales de una mujer con discapacidad intelectual que haya decidido abortar un feto producto de una violación....

El Comité dio 12 meses de plazo al Estado ecuatoriano para que le presente las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones. Le pidió también que trasmita las observaciones finales a todos los miembros del Gobierno, de la Asamblea Nacional, a los funcionarios de los ministerios competentes, a los miembros de la Judicatura, a los grupos de pertinentes, a los profesionales de la educación, medicina y derecho, así como a las autoridades locales, el sector privado y a los medios de comunicación, utilizando estrategias de comunicación social accesibles. 

El Comité pidió al Estado que diera amplia difusión, en formatos accesibles, a estas observaciones finales, entre otras solicitudes.

Ecuador debe presentar su informe periódico, donde debería mostrar el cumplimiento de las recomendaciones, hasta mayo del 2018. ¿Cuántas de estas recomendaciones han sido cumplidas por el gobierno ecuatoriano y el Estado en su conjunto? ¿Cuánto de ello se ha informado y socializado a todo el país sobre este documento de la UNO?

Entre los aspectos positivos, el Comité ha destacado las normativas constitucionales y normas menores sobre los derechos de las personas con discapacidad. Destaca además al realización de la Misión Solidaria Manuela Espejo. El Comité resaltó además "con beneplácito la creación en el 2013 de la Secretaría Técnica de Discapacidades, a instancias de la Vicepresidencia de la República, como ente que complementa el marco institucional sobre la discapacidad". Secretaría cuya desaparición fue anunciada en mayo de este año por el presidente Rafael Correa.

Una crónica del maltrato

Estas observaciones y recomendaciones las viven en su día a día personas como K. Ella es una madre y académica (quien pidió que se omita su nombre y apellido para no causar vulnerabilidad a su hijo y a su familia), con posgrados en temas de discapacidad, que tiene uno de su hijos con discapacidad. Ella y su familia regresaron al Ecuador en el 2014, luego de una estadía en el exterior y empezaron de inmediato a hacer los trámites para obtener el carné de discapacidad para su hijo. Lo necesitaba, si es que no presenta el carnet de discapacidad en una escuela, por ejemplo, esta no hace las adecuaciones que debe hacer para la inclusión. Este es su testimonio:

"Nos demoramos cinco meses en sacar el carné. Desde que empecé fue terrible. Fui primero al centro de salud de Tumbaco, me hizo una entrevista una trabajadora social que me envió a la consulta de un neurólogo, en Conocoto. Es decir, al otro valle de donde vivimos. Es un centro de especialidades neurológicas infantiles. La cita la dieron luego de pedirla casi dos meses. Fuimos a la cita y estuvimos todo un día porque no atienden de inmediato. Ahí el neurólogo hace una evaluación del individuo, diagnostica, receta, maltrata... Cuando llegué a la cita había un grupo de adolescentes con discapacidad intelectual, quienes se hallan internados un lugar al lado de este centro, y que iban a su chequeo rutinario, y eso ya es preocupante, porque están excluidos, no están ni trabajando ni educándose. Había muchos padres y madres esperando a ser atendidos por el neurólogo. Empezaron a reclamar porque se demoraba mucho y entonces el médico salió de su consultorio y nos gritó a todos que 'la última vez que una madre le había reclamado que él iba tarde, le hizo tragarse la lengua'.

"Luego de eso veías el maltrato del personal del ministerio a los chicos con discapacidad. Los tenían sentados horas, no les permitieron moverse ni pararse. Un régimen militar o de prisioneros. Es el modo en que tratan, con compasión, con autoridad extra. Me quejé, fui a hablar con una persona a decir que nos atendían muy tarde y luego el neurólogo vio a mi hijo a regañadientes. Luego dijo: la próxima vez piense bien a dónde se va a quejar. Como una amenaza. 

"Con el informe volví al centro médico en Tumbaco. Lo hice tres veces por tres semanas porque el médico no estaba, porque no había sistema... Ese informe  neurológico tenía que revisarlo ese médico. Puedo decir dos cosas que me llamaron la atención: una, que no sabía qué diagnosticar a mi hijo. Sacó un vademécum del Ministerio de Salud y me preguntó: le ponemos epilepsia o le ponemos autismo. Lo que usted quiera, le contesté, ambas le combinan... Luego me preguntó si tenía otros hijos, que sí, y si era mayor o menor, que menor. Me dijo: y así y todo ¿usted se atrevió a tener otro hijo? Le dije que yo tenía los hijos que me daba la gana. Supongo que esa violencia debe ser mucho peor con otras personas. Y luego él dijo que debía volver a retirar el informe. Volví, no había sistema, empecé a buscar al psicólogo del centro porque debía firmar el informe. Pero antes mi familia debía ser entrevistada por el psicólogo. Lo busqué hasta por debajo de las piedras, que por favor nos entreviste. Fue una entrevista muy superficial, no dijo nada. Preguntó que cómo es mi hijo, que cómo nos llevamos y me preguntó ¿tú que haces? Y eso sería todo, nada más. No vi una evaluación de la familia, y me tocó volver porque me tocaba retirar el carnet pero se había dañado el aparato. Cuando fui había mucha gente, siempre esperando, y ese día había una familia muy joven antes que nosotros, con un niño con parálisis cerebral, que no podía moverse. Y a ese niño le pusieron el 30% de discapacidad, que no le alcanza para recibir el bono Joaquín Gallegos Lara ni para un montón de beneficios. A mi hijo, que se mueve, que habla medianamente, le pusieron el 63% de discapacidad, porque el psicólogo me dijo que le había caído bien".

K. reflexiona: ¿qué es esto del porcentaje de discapacidad? ¿Calificar a un ser humano? ¿No es un criterio que aplicaban los nazis? ¿Qué significa tener el 0% de discapacidad, qué significa el 100%? ¿Que estás muerto? ¿Qué es lo que consideran en ese rango, cómo puede ser que se acepte de manera perversa medir seres humanos con un porcentaje?

Esto, dice K, continua siendo un criterio desde consideraciones exclusivamente médicas, qué tanto funcionas y qué tanto no. Qué tan útil y qué tan inútil. ¿Qué están midiendo exactamente? Qué tan apto están para producir, o para ser una carga para la sociedad. El porcentaje del carnet de discapacidad se daba antes en otros países. En el Perú, por ejemplo, y ahí calificar la discapacidad por porcentajes es una práctica que fue abolida hace tres años, porque además está violando derechos, estigmatizando, es una práctica cruel y perversa. 

Lo que el carné debiera señalar, simplemente, el tipo de discapacidad que tiene la persona, dice K. Y esto no tiene que ver solo con un diagnóstico médico sino -sobre todo- con una consideración de accesibilidad. Debe decir si tienes una capacidad física, sensorial o intelectual, para que las personas que tienen que dar servicios de inclusión sepan qué tipo de accesibilidad necesitas. Nada más, el porcentaje sirve al Estado solamente para saber quién accede al bono y quién no.

Y con esto de la recalificación, que empezó cuando el Conadis dejó de dar los carnés y pasó a responsabilidad del Ministerio de Salud, lo que hicieron fue bajar el porcentaje de discapacidad a mucha gente o decir a otras personas que ya estaban curadas. Como estamos en crisis, se pregunta K, ¿había que reducir el monto de personas que reciben el bono? 

Un reportaje del portal fraterno www.milhojas.is advirtió que sorpresivamente, el número oficial de personas con discapacidad en el Ecuador había bajado de 1'653.000 a 415.500. Eso significa el 2,5% de la población del Ecuador, cuando la media internacional, de la que no escapa el Ecuador, supera el 10% de la población. K piensa, al respecto, que no todas las discapacidades tiene que ver con enfermedades. Hay enfermedades discapacitantes, pero no todo discapacitado es enfermo. Así, hay personas que no tienen piernas y son campeones mundiales de natación, o atletismo. Tener síndrome de Down o autismo no significa que se esté enfermo. Que se necesite un tipo de atención con ciertas particularidades no significa que estén enfermos. Es una condición, no una enfermedad. Ahora, si se dice que eres un individuo enfermo, que la discapacidad es una enfermedad, entonces están esperando que se curen. Si no se puede entrar al sistema de educación regular y se entra a escuelas especiales donde se da a los discapacitados terapias todo el día, lo que se esperan es que las discapacidades se curen. 

Esa fue una de las preocupaciones del Comité frente al Ecuador: "Preocupa al Comité que el Estado parte considere que ciertas personas con discapacidad, específicamente las personas en situación de abandono calificadas como 'casos oligofrénicos de gravedad y de cronicidad', permanezcan institucionalizadas y no cuenten con los apoyos necesarios para vivir en comunidad". El Comité recomendó, en este aspecto, "elaborar un plan integral que permita la desinstitucionalización de las personas que se encuentran en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara, proporcionándoles condiciones de seguridad personal y de garantías para que puedan ejercer su derecho a ser incluidas en la comunidad".

Si este país reduce dramáticamente el número de personas con discapacidad, significa que es un gobierno que hace ver a los ciegos, caminar a los tullidos, piensa K. Pero se teme que este hecho vaya a ser justificado política y propagandísticamente así: que las políticas de salud lograron curar discapacidades. Hasta ahora eso es inexplicable. La Organización Mundial de la Salud dice que la población mundial con discapacidad ha aumentado en un 15% de la población ¿y solo en Ecuador se reduce al 2,5% de la población?

Las discapacidades como propaganda y manipulación

Para K, el problema de las discapacidades está mucho más allá de las denuncias de la plata que Lenín Moreno ganaba en Ginebra o qué hacía en la sede de la ONU en el tema de discapacidades. El problema es que estas denuncias no dejan ver el tema de fondo: una manipulación del tema de las discapacidades desde el principio. Eso tiene que ver con una manipulación de la Convención de las Naciones Unidas y de un manejo enredado con respecto a los informes que se presentan a Naciones Unidas. 

Si se compara al Ecuador con lo que pasa con Colombia y Perú, las políticas en los países vecinos están mucho más avanzadas. Hay una discusión de la sociedad y medidas claras para entender que el tema de discapacidad se toma desde los derechos humanos y no desde una concepción médica. Ese es uno de los asuntos más complicados de manejar en el Ecuador. Un ejemplo de ello es la emisión del carné de discapacidad se hace con criterios estrictamente médicos. Y ese tipo de manejos fue una de las preocupaciones u observaciones que el Comité hizo al Estado ecuatoriano; que tanto la normativa legal como la práctica institucional asumen aún la discapacidad únicamente como un tema médico. Eso hace del individuo con discapacidad un sujeto de mera asistencia y no un sujeto con derechos. Ni se asume una noción intersectorial ni multidimensional del tema. 

La mayoría de los Estados parte toman el tema de la discapacidad como un asunto de políticas públicas, dice K. Pero hay temas más de fondo: el tema del estereotipo de la discapacidad y el manejo y manipulación de la imagen de las personas con discapacidad. Este gobierno, dice K, viene haciendo campañas y usando de manera indiscriminada la imagen de personas con discapacidad, vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

La Convención de la ONU habla de no perpetuar esos estereotipos: un manejo emocional para causar lástima, compasión. Y lo consideramos normal, dice K, porque llevamos siglos de pensar así, y lo que quiere la Convención es cambiar el paradigma sobre la discapacidad. Tampoco se trata, dice K, de hacer apología de la Convención, hay muchas cosas cuestionables, pero hoy por hoy, es el único documento que ha facilitado cambios en muchos países, y es donde desemboca el activismo por las discapacidades desde hace décadas. 

Otra de las cosas que llama la atención y preocupa a las Naciones Unidas, en el documento de las Observaciones Finales sobre el Ecuador, es que no haya organizaciones de la sociedad civil que trabajan propuestas alternativas a las del Estado en el tema de discapacidades. En otros aspectos sobre derechos humanos, se presentan los llamado Informes Sombra, en este caso no. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil del Ecuador involucradas en el tema trabajan de la mano con la Vicepresidencia de la República. Son, en todo caso, respetables enfoques de fundaciones solidarias, creadas y manejadas por padres de familia, parientes de personas con discapacidad y es una forma de manejo del tema.

A estas organizaciones, dice K, cuesta aún manejar el enfoque social de las discapacidades, desde el cual está hecha la convención de la ONU. Es comprensible, dice, porque es un cambio de paradigma, pero esto sigue postergando derechos, manteniendo un enfoque asistencialista como el programa Manuela Espejo.

Ella considera que lo primero que se debe hacer es reformar la Ley Orgánica de Discapacidades, en los aspectos que se contradicen con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la carta mundial de derechos en este tema y de la cual el Ecuador es signatario. K pone dos ejemplos: el manejo de las leyes que tienen que ver con las mujeres. Las mujeres con discapacidad son de los grupos más vulnerables. Hay leyes que afectan a estas mujeres, como la excepción al artículo del COIP contra el aborto. Una de las excepciones es permitir que terceros decidan sobre el aborto de una mujer con discapacidad mental. Eso viola el derecho de autodeterminación, del cual habla la Convención: por más discapacidad severa, hay modos de comunicación que permitan la toma autónoma de decisiones de esa persona. La mayoría de estas mujeres son agredidas sexualmente por personas cercanas. Y además los casos de aborto terapéutico en el Ecuador son muy altos pero no se toman en cuenta. Se refiere ella a los casos de aborto prediagnóstico, como en el caso del síndrome de Down. Es decir, la discapacidad en los derechos sexuales es muy delicado, distinto y la ley no lo observa.

El otro elemento es que la Ley del Ecuador aboga por un plan de prevención de las discapacidades, y cuando se plantea eso, como los exámenes que ha implementado el gobierno para los recién nacidos, estamos hablando de las discapacidades desde un prejuicio. Una de las observaciones del Comité de la ONU dice, al respecto, que "preocupa al Comité que la prevención de la discapacidad sea considerada una política de Estado en materia de derechos de personas con discapacidad. La prevención de las discapacidad no es una política que deba incluirse en el área de promoción de los derechos de las personas con discapacidad en tanto tiende a crear una imagen negativa hacia las personas que viven con discapacidad". 

Hay otras cosas perversas en el tema de discapacidades en el Ecuador, dice K. Por ejemplo, uno de los requisitos para solicitar ayuda técnica de la Misión Manuela Espejo es presentar una solicitud personal dirigida al Vicepresidente de la República. Antes era a nombre de Lenin Moreno, ahora es a nombre de Jorge Glas. Ahí se solicita una ayuda técnica y se supone que si el ciudadano tiene un derecho por qué tiene que pedirlo en una carta. K sabe de madres que le han contado que han hecho el trámite de carnetización o han pedido ayuda técnica y "les pedían que firmara la adhesión para que se entregue a Moreno el Premio Nobel de la Paz". De eso hay mucho, y esa carta personal tiene que ver con esa noción de que el Estado, el Vicepresidente nos está haciendo un favor.

 

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