Es un libro de 280 páginas que pintan un cuadro triste: la frontera entre Ecuador y Colombia, específicamente en San Lorenzo, está olvidada y bajo el dominio de grupos disidentes y de narcotráfico y bajo ese contexto de abandono absoluto murieron Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. En Rehenes, la investigación publicada la semana pasada por los periodistas y esposos Arturo Torres y María Belén Arroyo, se revelan detalles detrás del secuestro y posterior ejecución del grupo periodístico de El Comercio. Pero además es un retrato de una realidad compleja y cambiante, que solo tiene forma después de horas de reportería y lectura de documentos.

La publicación vuelve a insistir en las continuas contradicciones de las declaraciones oficiales de Ecuador y Colombia durante las trágicas horas que terminaron en el asesinato de los colegas. Pero aquello se ven con contundencia en una de las revelaciones de los autores: hubo operaciones combinadas entre fuerzas de ambos países en la frontera durante el cautiverio de los periodistas, lo que habría precipitado su asesinato. En la extensa rueda de prensa de 15 de abril de 2018, dos días de que se confirmara la muerte de los comunicadores, el ministro del Interior, César Navas afirmaba: “En cumplimiento a la disposición del señor Presidente y del Cosepe se reanudaron las operaciones de carácter ofensivo y de control en la zona. Estas operaciones fueron suspendidas durante todo el tiempo que duró el secuestro de nuestros compatriotas”.

Pero en Rehenes, los autores confirman que aquello no ocurrió. Las operaciones se dieron bajo el acuerdo de Pereira, suscrito entre Ecuador y Colombia, que permitía realizar acciones conjuntas. La firma ocurrió el 15 de febrero de 2018, es decir a dos semanas de la explosión de un coche bomba en la Estación Policial de San Lorenzo y un mes y medio antes del secuestro de los periodistas de El Comercio.

La Declaración de Pereira fue firmada por los presidentes Lenín Moreno y Juan Manuel Santos al término del VI Gabinete Binacional Ecuador-Colombia. En su punto 9 se establece: “El cumplimiento en un 90 % en la ejecución del Plan Operativo Anual Binacional 2017 y el establecimiento de mecanismos que garantizan el intercambio de información, la coordinación operacional y la evaluación permanentemente de las acciones contras las amenazas y factores de riesgo en la frontera común”.  La declaración completa también está publicada en el libro.

Los autores aseguran que la firma de ese acuerdo fue una de las razones para que Guacho respondiera de forma violenta. Al recordar las últimas palabras de Javier en un video, enviado como prueba de vida, él mencionó que entre los pedidos de Guacho para su liberación era “la anulación del convenio que tienen Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo”. Así como el intercambio con tres detenidos en Mataje, integrantes del Frente Óliver Sinisterra.

Torres y Arroyo entrevistaron a cinco fuentes que detallaron tales acciones encubiertas: un miembro de tropa y cuatro oficiales, dos de ellos altos oficiales. Todos coinciden en que se trataban de miembros élites de la Policía colombiana provistos de equipos de alta tecnología que entraron a territorio ecuatoriano, escoltados y abastecidos por la Policía ecuatoriana, para rastrear a alias Guacho. Los agentes habrían ingresado por Rumichaca y cruzado toda la provincia de Carchi hasta Esmeraldas donde hacían los rastreos en la frontera común. Para ese entonces, tras varios atentados y secuestros, Guacho era objetivo número 1 en ambos países. Los periodistas sostienen, con base en sus fuentes, que los operativos se intensificaron después del coche bomba y se mantuvieron durante el secuestro de los periodistas. Pese a que ambos gobiernos informaron lo contrario. Un documento del 29 de octubre de 2018, el Ministerio de Defensa de Colombia lo confirma:

“En el lapso del 26 de marzo al 13 de abril, por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación “Hércules”, se ejecutaron dos operaciones militares sostenidas: i) operación de acción ofensiva San Mateo que incluye las veredas Montañita, Brisas de Mataje, Corriente Larga, Mata de Plátano, entre otras zonas de Nariño, que tenía como propósito la garantía de la defensa del área asignada incluyendo tropas y recursos, así como la de neutralizar los fenómenos de criminalidad, y II) operación de acción ofensiva Arcángel sostenida en los municipios de Barbacoas, Magüi Payan, Roberto Payan y el sector oriental de Tumaco en el Departamento de Nariño, orientada a ejecutar operaciones de acción directa y reconociendo (sic)”.

Según una fuente consultada por los periodistas, “la coordinación de las operaciones habría estado a cargo de la Dirección General de Inteligencia, entonces encabezada por el general Pablo Aguirre”. “General Aguirre es hora que salga y digo lo que usted conoce”, instó Ricardo Rivas, hermano de Paúl, en rueda de prensa este 4 de febrero. Los investigadores al consultar a Navas, este negó saber de tales acciones conjuntas, al igual que sus sucesores Mauro Toscanini y María Paula Romo. Conocer sobre si hubo o no operaciones ha sido una ardua tarea para los medios y colectivos periodísticos que han investigado el asesinato de los colegas. Tanto el Ministerio del Interior como el Defensa se han negado a contestar pedidos de acceso información. Han dicho que ese tema no les corresponde o simplemente han evadido responder los puntos relacionados con operativos. O simplemente se han sumido en el silencio.

En la rueda de prensa, los familiares de los comunicadores afirmaron que esas operaciones encubiertas desencadenaron el asesinato. “La noche del 28 de marzo (de 2018), las autoridades nos aseguraron que una incursión policial sería la última posibilidad y que solo las familias, los legítimas interesados,  tomaríamos la decisión de que se permitan operativos policiales en la zona. Lamentablemente la investigación de Rehenes da cuenta que los operativos nunca pararon y que inclusive se hicieron operativos combinados con Colombia que fueron clandestinos”. Yadira Aguagallo, pareja de Rivas, instó al Ministerio del Interior y a la Policía a que se reúnan con ellos para que las autoridades les expliquen sobre los operativos. “Tiene que ser investigados, no es un hecho menor”.

Rehenes ha respondido a muchas de las preguntas sobre el crimen. Pero son los estados los que deben transparentar cada hecho y protagonista detrás de esa tragedia. Aún está en deuda con las familias y con sus naciones. 

Otras revelaciones de Rehenes:

1. Uno de los refugios de alias Guacho fue la isla Tortuga, cerca de Campanita, entre Ecuador y Colombia. Es una isla muy pequeña donde existe un cementerio. Allí agentes encontraron lo que sería su mausoleo y en este una tumba que habría sido uno de sus escondites. El lugar, narran los autores, tiene gigantografías con alegres países.

2. Guacho fue un disidente de las FARC lleno de supersticiones. El disidente es descrito como un hombre de sangre fría que creía en la brujería. Un desertor del Frente Óliver Sinisterra narra que efectivamente cuando Guacho se quedaba solo “leyendo un libro, como haciendo brujería”. En uno de sus escondites se halló una imagen de él vestido de blanco.

3. El 22 de marzo de 2018, 4 días antes de secuestro de Javier, Paúl y Efraín, un activista social junto a un periodista recorrieron la frontera entre ambos países, específicamente se dirigían hacia El Pan. El libro profundiza en la experiencia que tuvieron ambos donde notaron una zona completamente dominada por la disidencia. El relato es minucioso y permite al lector sentir la tensión en esos territorios. Después de nueves meses, la Fiscalía ha dado paso al pedido de los familiares de tomar versiones a los periodistas que estuvieron en la frontera los mismos días que el equipo de El Comercio e intentaron pasar a Mataje. Un equipo de El Telégrafo pasó dos días antes del secuestro.

4. En el libro, los autores afirman que los mensajes que intercambiaron Guacho con el mayor de policía, Alejandro Zaldumbide, no fue conocido por el Mando Único de la zona, al mando del contraalmirante John Merlo. Desde marzo, el Mando era el responsable de la seguridad de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.

5. Merlo fue quien autorizó al equipo periodístico para que pase a Mataje. El grupo había llegado para dar seguimiento periodístico al atentado contra una patrulla militar que dejó cuatro soldados muertos días antes de su arribo. Los autores reafirman que los periodistas no fueron para entrevista a Guacho, como las fiscalías de ambos países lo han manifestado.

6. El presidente de la Junta Parroquial de Mataje, Jairo Cantincús, confirmó a los periodistas que Javier Ortega le llamó para conocer cómo estaba la zona. Pero Cantincús estaba fuera de San Lorenzo por lo que no pudo verse con el periodista, pero que Javier buscaba tomar fotografías y conversar con la gente de la zona.

7. El libro tiene una riqueza documental y fotográfica. Pero destacan las imágenes en blanco y negro captadas desde el aire por un aparato de espionaje. En una de ellas se observan las siluetas de tres hombres en posición de espera. Los autores creen que ellos pudieron ser Javier, Paúl y Efraín, basados en las informaciones que les dieron analistas. También hay otras imágenes de personas armadas. Las imágenes fueron tomadas dos días después del secuestro.

8. Alias Reinel les confirmó que Guacho sí iba a liberar a los periodistas el 28 de marzo y que se frustró por las operaciones que militares y policías mantenían en la zona. Los operativos, dijo, que fueron en Colombia y que fueron secuestrados por casualidad y por ‘error’. Navas reconfirma a los autores que hubo un operativo listo para su rescate. En la investigación Frontera Cautiva, un fiscal confirmó el despliegue de un helicóptero y un avión para su esperado retorno a Quito.

9. También informan que el secuestro fue conocido por Gustavo Samaniego, alcalde de San Lorenzo, a través de un asistente que recibió una llamada, pero al informar a las autoridades no recibió la atención necesaria.    

10. Los periodistas también revelan los mensajes poco claros e incluso desalentadores por el canal de comunicación abierto entre el negociador Carlos Maldonado y Guacho. Ante la insistencia de Guacho de que el Gobierno libere a sus ‘muchachos’ como llamaba a alias Cuco (ecuatoriano) y dos colombianos más, la respuesta que recibían no le concretaba nada. Guacho en muchas de esas conversaciones amenazó con matar a los periodistas si no se daba ese intercambio. Cuco, detenido en la cárcel de Latacunga, tuvo comunicación permanente con Guacho hasta el 12 de abril, según los periodistas. 

11. Los autores sostienen que lo más problable es que los periodistas hayan sido asesinados el sábado 7 de abril. Ese día, Guacho se comunicó por última vez con los negociadores. Además, ese mismo sábado, el negociador Maldonado abandonó el Comité de Crisis y fue a trabajar después de la extinta Senain. La muerte fue confirmada el 13 de abril. Y recién el 10 de abril se empezó oficialmente el trámite legal para el canje con los tres hombres de Guacho.