El exjuez José Tamayo Arana no asistió a la audiencia de formulación de cargos el pasado 18 de junio. Por ley no está obligado a asistir, pero sus abogados tampoco se hicieron presentes aunque enfrenta un proceso por presunto prevaricato, cuya pena va entre tres y cinco años. Tamayo Arana se excusó por estar enfermo. Un defensor público asumió su defensa. Pero al final de la audiencia, el juez resolvió ordenar la prisión preventiva y su búsqueda. Aún no es encontrado por las autoridades.

El proceso contra Tamayo Arana se inició por una denuncia del Consejo de la Judicatura. La entidad lo acusa por haber modificado la pena de 20 a 8 años de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder del temido grupo de Los Choneros. El delito de Tamayo, según la Judicatura, fue cambiar una sentencia ejecutoriada.

Zambrano fue sentenciado en primera instancia a una pena de 8 años por el Tribunal de Garantías Penales de Manta como cómplice. La Fiscalía apeló y este recurso lo conoció la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí que ratificó la sentencia, pero modificó el grado de participación del sentenciado de cómplice a coautor y le impuso una pena de 20 años. Zambrano presentó un recurso de casación que fue rechazado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Entonces, el sentenciado presentó un recurso de garantías penitenciarias, que fue tramitado por Tamayo Arana, quien cambió la pena. Lo hizo el 7 de febrero de 2019 y argumentó una vulneración al principio de ‘congruencia’, pues a su criterio el fiscal que intervino en la audiencia de juzgamiento debía intervenir en las siguientes etapas. Las sentencias anteriores tanto de Tribunal como de Sala y Corte Nacional, según su opinión, incurrieron en una mala aplicación de la norma vigente.

Aunque esa resolución se dio en febrero de 2019, la Judicatura recién presentó la denuncia en la Fiscalía contra Tamayo el 31 de julio de ese mismo año. Y las investigaciones demoraron seis meses más, aunque los indicios recogidos básicamente eran las sentencias contra alias Rasquiña. El 17 de enero pasado, se hizo un sorteo y le correspondió por fuero conocer la causa a la Fiscalía Provincial del Guayas. Esta abrió, a su vez, una investigación previa en la que Tamayo Arana rindió su versión en presencia de su abogado Pedro Arana Palacios.

Esta fase terminó el pasado 18 de junio cuando se le formuló cargos por prevaricato. Es decir, pasaron cinco meses más. En total, la Fiscalía presentó 12 indicios contra el exjuez, que incluyen las sentencias de primera, segunda y tercera instancia, así como el proceso a través del cual Tamayo Arana modificó la sentencia de alias Rasquiña. Todos esos documentos están disponibles en el sistema Satje de la Función Judicial.

Tamayo era un juez de primer nivel que no tenía la facultad de modificar una sentencia ejecutoriada, desde el 14 de marzo de 2018, por instancias superiores. La Fiscalía ahora acusa al magistrado de haber afectado la seguridad jurídica y haber violado la Constitución, específicamente el artículo 226 respecto a las competencias que les atribuye a ley a los servidores públicos.

“El señor Juez se atreve a reformar una sentencia ratificada por la CNJ vulnerando el principio de cosa juzgada; solo un órgano superior puede revisar y modificar una sentencia. En régimen de garantías penitenciarias reformó una pena, reduciendo a una prisión de 8 años, esto es cometer delito de prevaricato”, afirmó la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos.

En esa misma diligencia se mencionó que el investigado no tiene arraigo laboral. El 4 de febrero del 2020 el Consejo de la Judicatura destituyó a Tamayo, quien no tiene trabajo estable de lo comprobado en la investigación penal y por eso la Fiscalía solicitó la prisión preventiva.

Las otras piezas del entramado judicial

El 2 de mayo del 2018, Wilson Castillo, juez de Garantías Penitenciarias (fallecido), le correspondió hacer el cálculo de la pena impuesta y resolvió que alias Rasquiña debía estar en la cárcel hasta el 18 de junio del 2032, cuando se cumplían los 20 años por el delito de asesinato.  Dispuso notificar al Director del Centro de Privación de la Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la ley Guayaquil N. 1, a fin de que registre su decisión en los libros correspondientes.

El 14 de diciembre del 2018, se sorteó una petición de Zambrano de rebaja de pena por la ley más benigna. Esa causa recayó en el despacho del entonces juez Tamayo Arana, quien laboraba en la Unidad Penal Norte N. 2 de Guayaquil. Pero la competencia del caso ya estaba radicada en el juzgado del juez Castillo. Tamayo avocó conocimiento y continuó con la causa.

El 21 de febrero del 2019, dentro de la causa que llevaba el juez Castillo, César Castro, director encargado del Centro de Privación de Libertad Regional Guayas Zonal 8, informó que a Zambrano le fue modificada la sentencia de 20 a 8 años. El juez Castillo dijo desconocer ese beneficio que presuntamente ha tenido el privado de la libertad. En su lugar dispuso que se diga a Tamayo Arana, que la competencia para el control del cumplimiento de la pena impuesta a Zambrano, así como para el conocimiento de cualquier beneficio penitenciario que pretenda hacer valer a su favor el condenado, la tenía ese juzgador. Pero para Tamayo eso fue un impedimento para hacerse con una causa en la que no era competente y que al poco tiempo permitió que Zambrano saliera con prelibertad.

Zambrano es líder de una temida banda, cuyos miembros han sido relacionados o juzgados por delitos como asesinato hasta narcotráfico. Este 7 de julio, la Fiscalía informó de un nuevo operativo contra integrantes de esa organización. La Unidad Antilavado de Activos, con apoyo de la Policía, hicieron allanamientos esta madrugada en Manabí y fueron detenidas tres personas. Tres días después de la salida de Zambrano de la cárcel de Latacunga, en ese centro hubo una disputa entre Los Choneros y Los Lagartos que dejó dos fallecidos. Uno de ellos habría sido decapitado.

Salida de alias Rasquiña de la cárcel de Latacunga, el pasado 6 de junio. 

Una familia de abogados

Tamayo Arana es miembro de una familia de abogados particulares. Es tío de Xavier Alexander N.A., quien es procesado por el delito de asociación ilícita y está a la espera de la decisión de los jueces. En ese caso están involucradas la exfiscal Angélica Beltrán y la exjuez Ana Posligua, de Manabí, con quienes se habría asociado para a cambio de 300.000 dólares favorecer a los nueve detenidos (ecuatorianos, colombianos y mexicanos) cuando pretendían enviar 600 kilos de cocaína en una avioneta hacia México desde el aeropuerto los Perales, en San Vicente, según la Policía Antinarcóticos. Esta organización, que incluye abogados, fiscal, jueza, tendría nexos con los líderes del cartel de Sinaloa en Ecuador, según la Policía.

En esta causa también fueron sentenciados sus líderes, alguno de ellos funcionarios activos de la Dirección General de Aviación Civil, de acuerdo a fuentes relacionadas con el caso. La defensa de Xavier Alexander N.A. fue asumida por su tío Tamayo Arana, quien aún era juez en Guayaquil. Ese juicio aún no termina, aunque lleva meses en el tribunal. Empezó el pasado 12 de diciembre de 2019.

En ese caso, las evidencias que presentó la Fiscalía contra Xavier Alexander N.A. fueron escuchas telefónicas y el peritaje de cotejamiento de voz, en los que los investigadores pudieron conocer sobre los supuestos planes con las funcionarias judiciales para dejar en libertad a la banda de narcotraficantes. Su abogado dijo que no hubo autorización judicial de las escuchas y que estas grabaciones no tuvieron cadena de custodia. Pidió que se le levanten las medidas cautelares. Este juicio se suspendió el pasado 13 de junio y se reinstalará este jueves 9 de julio.

Pero esta familia también aparece en otra causa. Zambrano tenía un proceso por tenencia ilegal de armas, que tiene sanciones entre seis meses y un año de prisión. El 17 de marzo pasado, pese al encontrarse en estado de excepción y haberse suspendido los plazos y términos por la pandemia, se instaló la audiencia de juzgamiento en contra de Zambrano en la sala de audiencias de la Unidad Penal Albán Borja. El Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil lo declaró inocente por la abstención de la fiscal Tania Gualoto. En ese proceso, la defensa de Zambrano estuvo a cargo del abogado Xavier Alexander N.A., que como ya se mencionó es procesado por asociación ilícita en un caso relacionado con narcotráfico.

La fiscal Gualoto también ha tenido decisiones polémicas. Por ejemplo, el 31 de marzo de 2017 ella se pronunció a favor de cambiar la prisión preventiva de Hugo Fernando López por medidas sustitutivas, que le permitieron salir de la cárcel y enfrentar un proceso por narcotráfico en libertad. López, quien dijo ser un empresario y comerciante de mariscos y madera, fue sentenciado a 17 años y cuatro meses de prisión. Los agentes lo consideran líder de una organización narco delictiva que pretendió enviar 766 kilos de cocaína hacia Europa a través del puerto marítimo. Pero López aún no ha sido encontrado para que pague su condena. Uno de los abogados de López también fue Xavier Alexander N.A., cuyo nombre consta en los expedientes judiciales desde 2017.

En julio de 2017, la fiscal Gualoto fue suspendida por la Judicatura. La sanción fue por abstenerse de acusar a una mujer que fue detenida en marzo de ese mismo año por transportar 5.177 gramos de cocaína, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. En ese entonces se conoció que se le abrió un expediente disciplinario por no ratificar el dictamen acusatorio de la fiscal titular del caso, Fanny Castro.