Al noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito la minería se superpone a una reserva de la biósfera reconocida por la UNESCO, el Chocó Andino. La sociedad civil ha logrado que se dé paso a una consulta popular para decidir si unas 20 concesiones pueden seguir operando en el sector. Las relaciones entre las empresas mineras y las comunidades locales han estado llenas de tensión y enfrentamientos durante años.

En San José de Ingapi los moradores han instalado un punto de resistencia. En el punto de control no se impide al paso a nadie, pero se controla el paso en dirección a la concesión minera. Fotos: Manuel Novik. PlanV

En este punto de control los moradores llevan más de cinco meses. Dedicidieron posicionarse aquí ya que es el punto más alto de la comunidad así que pueden controlar a todos quienes quieran pasar.

Se han conformado frentes anti mineros impulsados por los moradores y autoridades locales. Son seis parroquias en la zona: Nono, Calacalí, Nanegalito, Pacto, Gualea y Nanegal, en las que viven unas 18 mil personas. Hay procesos judiciales en los que las empresas mineras alegan daños a su propiedad. Los comuneros reclaman la falta de presencia del Estado.

En Pacto, una de las localidades con un activismo más organizado, opera la empresa Natural Resources que tiene como objetivo extraer oro de la zona. Diversas denuncias ciudadanas han llegado contra las operaciones de esta empresa por no contar con permisos de uso de suelo y agua, y por la destrucción de patrimonio arqueológico. 

La resistencia

En Ingapi, una comunidad de la parroquia rural de Pacto, un grupo de moradores se ha declarado en resistencia desde hace más de cinco meses. En lo alto de esta comunidad, al noroccidente de Quito, instalaron un punto de control por el que vigilan quienes pasan hacia la concesión minera operada por la empresa Natural Resources.

En el punto de resistencia los vecinos viven día y noche. Hacen turnos de 07h00 de la mañana a 19h00. En Ingapi son unos 800 pobladores, entre los vecinos se aseguran de que al menos cuatro moradores estén de guardia. Están organizados, los centinelas en la base de control aseguran que esta comunidad, en su mayoría, no quiere minería. Armaron una cocina hecha de columnas de caña y plásticos transparentes en el techo. Colocaron unos mesones de madera donde los vecinos traen alimentos. Un tanque de gas alimenta tres hornillas en donde tanto hombres como mujeres cocinan.

En la parte frontal instalaron una carpa que sirve como área de reposo y vigilancia. Entre la cocina y la carpa, tienen un bus del que solo queda la mitad de atrás. El vehículo fue donado y ahora lo usan como área de reposo. En el bus hay un televisor, los letreros de los recorridos de este vehículo que alguna vez estuvo operativo, todo funciona como si el autobús siguiera en movimiento. Es aquí donde conversan, ven las noticias, juegan cartas, y en las noches duermen en unos colchones que colocaron en la parte posterior.

Este autobús, o lo que queda de él, sirve como lugar de descanso para los moradores que pasan en el punto de resistencia. Fotos: Manuel Novik. PlanV

Las tareas de cocina las llevan a cabo tanto mujeres como hombres, aunque se ha instalado el día viernes como un día en que las mujeres toman la posta de la cocina. En el bús los vecinos trajeron un televisor para pasar el tiempo. 

Las noches son duras, en especial en épocas de invierno. La lluvia y la neblina los obliga a abrigarse incluso durante el día. Así lo asegura Wlady Durán, presidente de la comunidad. Pero para ellos no hay vuelta atrás, están determinados a evitar las actividades mineras. Por el punto de control pasan a diario moradores de las comunidades. Wlady dice que los trabajadores de la empresa minera pasan con gasolina, que presumiblemente iría a las maquinarias. Sin embargo, Natural Resources aún estaría en la fase de exploración inicial, por lo que no podría operar.

Wlady Durán es el presidente de la comunidad de Inapi. Actualmente enfrenta un proceso de investigación.

La concesión minera está lejos de este punto de control. Sin embargo, Ingapi es uno de los dos únicos puntos de acceso, el otro es por San Miguel de los Bancos, un camino donde es muy difícil acceder sin maquinaria pesada.

Parte de la concesión de la empresa está sobre un zona protegida denominada como Área de Conservación Hídrica y Arqueológica Río Pachijal (ACUS), en una de las cuencas del río Pachijal. Según la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador (ADHE) la empresa no cuenta con el certificado de uso y aprovechamiento de agua, ni han realizado el proceso de consulta ambiental. La ADHE confirmó que la empresa ha deforestado al menos tres hectáreas de bosque nativo en la zona. Inclusive habrían construido caminos y campamentos sobre patrimonio arqueológico, pues toda la zona del norccidente es rica en vestigios de comunidades prehispánicas, como el conocido complejo de Tulipe. El Ministerio de Ambiente sancionó a la empresa por la tala, el Instituto Nacional de Patrimonio también aplicó una sanción por la destrucción de patrimonio en Pachijal, que alguna vez perteneció al pueblo de los Yumbos, pero para los vecinos las sanciones son irrisorias.

En Ingapi viven unas 800 personas. Esta comunidad es un paso necesario si se quiere llegar a la concesión de Natural Resources. Foto: Manuel Novik. PlanV

Un tejido social dividido

En noviembre, un video que circuló en redes sociales mostró a los moradores de Ingapi agrediendo un vehículo de un miembro de la empresa minera. El presidente de la comunidad afirma que los provocaron. “La gente de la empresa nos insulta, se ríe en nuestra cara, nos trata de ignorantes” dijo. Este evento ocurrió en vísperas de una inspección que se iba a realizar en las inmediaciones de la empresa, a la que ni los moradores ni sus representantes legales pudieron entrar. Según confirmó Wlady, los miembros de la empresa los declararon personas no gratas.

Según la ADHE, ese día la zona fue rodeada de 200 policías del GOE y UPC, y se habría impedido el acceso de la Secretaría de Ambiente del DMQ, la Dirección de Ambiente de la Prefectura y las comunidades y sus representantes. Los comuneros reclamaron que la información de dicha inspección nunca les llegó.

Milton Arciniégas, líder del Frente Antiminero, cree que la minera ha dividido el tejido social de esta comunidad: “las empresas mineras pagan a infiltrados dentro de las comunidades, ellos programan auto atentados”. Milton ha estado presente en varias inspecciones, denuncia que funcionarios de la empresa le han acosado o le han dicho que sus inspecciones no sirven para nada. Diversos videos muestran los enfrentamientos no solo entre la comunidad y la empresa, sino entre los propios comuneros. Hay 15 comuneros que están siendo investigados por daño al bien ajeno, sabotaje, violación a la propiedad e intimidación.

Este episodio no ha sido el único. En Ingapi cada día están vigilantes de las personas que pasan. Los vecinos de este retén dicen que hay “infiltrados” que llegan a conversar para informar a la empresa lo que sucede.

La minería que se da en la zona es de carácter metálico y aurífero. Implica el uso de explosivos, como la dinamita, que puede llegar a contaminar las fuentes hídricas. La abogada Yuli Tenorio, quien reside en la Mancomunidad del Chocó Andino, asumió la defensa de las comunidades de Pacto y también enfrenta un proceso de criminalización. Yuli ha hecho varios pedidos de información pública a los ministerios de Energía y Ambiente, a lo que le respondieron con una serie de requisitos fuera de los mecanismos legalmente establecidos en la Ley de Acceso a la Información.

En las inmediaciones de la parroquia rural de Pacto hay un clima húmedo. Pacto se encuentra dentro del Chocó Andino, a dos horas del cono urbano de Quito.

Vigilantes ante consulta popular

Mientras sigue la polémica por la actividad minera en esta zona, la sociedad civil logró impulsar una consulta que involucra a todo el Distrito Metropolitano de Quito. La Corte Constitucional dio luz verde al pedido, que se plasmaría en una papeleta de esta consulta junto con las de las elecciones seccionales de 2023. La consulta se conformaría de cuatro preguntas relativas a minería artesanal, pequeña, mediana y gran escala.

Beno Bonilla, vocero de comunicación de la Fundación Pachamama, está siguiendo el proceso de la campaña para la consulta popular. Bonilla explicó que después de que la Corte Constitucional calificó las preguntas le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptar la figura de un procurador, un representante entre la sociedad. Una vez que sea aceptado por el CNE se deben entregar los formularios y hacer capacitaciones sobre cómo llevar adelante el proceso. Desde la entrega de los formularios tendrán seis meses para recopilar unas 200 mil firmas, correspondientes al 10% del padrón electoral.

Bonilla contó que se está diseñando una campaña para recolección de firmas presenciales en restaurantes, bibliotecas, bazares y librerías donde se podrán recolectar las firmas. Se recogerán firmas a través de brigadas en barrios, puntos estratégicos y una campaña digital. También hay voluntarios jóvenes que estarán activados, la gente podría firmar desde casa, en la página web de Quito sin Minería se podrá descargar el formulario y entregarlo en un centro de acopio.

Para Bonilla deben estar vigilantes de que la consulta se cumpla dentro del marco de la ley, “por el caso de la consulta en el Yasuní para el bloque ITT sabemos las trampas del Estado, el CNE es la misma institución de hace 5 años cuando nos trampearon 400 mil firmas", más del 50% de los registros recopilados. Sabemos que vamos a tener dificultades cuando se acerque gente que entregue información falsa, estamos trabajando en un sistema de muestreo para determinar el porcentaje de firmas inconsistentes” afirmó Bonilla.

Pero, ¿Cuáles eran los argumentos del CNE para anular miles y miles de firmas? Bonilla explicó un ejemplo con el tema del gramaje del papel y el color del esfero. “A veces las personas ponían en desorden el nombre o firmaban con otro color, de esta manera trataron de eliminar miles de registros. Otro proceso fue en la verificación de firmas, al escanear las firmas los verificadores del CNE habrían impedido el acceso de veedores del colectivo Yasunidos. “Apenas permitían el acceso de 3 o 4 personas que tenían que verificar a 10 funcionarios del CNE” dijo Bonilla. Debido a las miles de firmas que podrían ser anuladas en este nuevo proceso, Bonilla estimó que deben recopilar al menos unas 400 mil firmas, el doble de lo necesario.

Según el vocero de la fundación Pachamama, el proceso no será fácil, “sabemos que va a haber una campaña fuerte tratando de difamar a los colectivos, tratando de encontrar líderes con intereses en algún otro tema cuando esto no ocurre”. Según contó el activista, al colectivo Yasunidos le sucedió un caso similar, habrían detectado a infiltrados que en realidad no querían recolectar firmas. Pidieron las cédulas de los voluntarios, consultaron en bases de datos y encontraron que muchos eran policías o trabajaban en el Ministerio del Interior.

El Frente Anti minero

Según cuentan los moradores del sector la minería se realizaba en la zona de Pacto desde hace más de tres décadas. Un relato presente en los vecinos es de un sacerdote de Pacto que habría estado al mando de la minería debajo de la parte más urbana de la parroquia. Con la influencia de la doctrina religiosa presionaba para extraer recursos, hasta que la población advirtió que un parque se venía abajo. Con el tiempo lograron detener la minería en el casco urbano de la parroquia. Según activistas de la zona Pacto estuvo cerca de ser “un nuevo Zaruma”.

Con el tiempo se fueron otorgando concesiones a empresas de pequeña y gran escala. Actualmente hay 14 concesiones inscritas y 7 en proceso de trámite. En 2008, con la nueva Constitución, se aprobó el Mandato Minero. La medida buscaba ordenar el panorama minero nacional. El Gobierno debía declarar la caducidad de concesiones con obligaciones pendientes, o que estén en áreas protegidas, entre otras condiciones. Para Inti Arcos, coordinador de la mancomunidad del Chocó Andino, las concesiones sólo cambiaron de nombres, “Natural Resources antes se llamaba CuriMining, cambió de mano y continuó” dijo.

Inti Arcos es el coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino. Creció en esta reserva de la biósfera.

Inti ha sido testigo de las obras de Natural Resources en San Francisco de Pachijal, que fueron fruto de la sanción del Instituto de Patrimonio. “Destrozaron los caminos, las tolas, yo he entrado varias veces. Contaminaron el río San Francisco, la sentencia dice que tienen que arreglar” agregó. Arcos, quien ha crecido en la zona y su biosfera, asegura que las empresas han operado sin ningún control.

Varias de las concesiones otorgadas a lo largo y ancho del Chocó Andino están sobre ecosistemas frágiles, fuentes de agua o corredores biológicos del oso andino, áreas que para ser declaradas biosfera tienen que ser intangibles.

El Chocó Andino no solo es una zona de alta biodiversidad sino también de relevancia en la agricultura y el turismo. Gianina Moreno, presidenta de la mancomunidad del Chocó Andino, aseguró que la ganadería es una de las principales actividades de la zona. Los cultivos también existen en diversidad, desde los 4500 hasta los 560 MSNM, hortalizas y panela en las tierras altas, alto, yuca y café en las bajas. En turismo también hay un gran potencial con hoteles o “aviturismo”, debido a la gran cantidad de pájaros.

En la Mancomunidad del Chocó Andino se elabora panela para exportación y consumo local. Hay emprendimientos que exportan con un sello ecológico, que está siendo amenazado por la actividad minera. Foto: Inti Arcos

La tangara de montaña es una de las tantas aves que se pueden observar en el lugar. En el Chocó Andino le apuestan al turismo ecológico, que oferta este tipo de servicios. Esta tangara habita espacios desde Colombia hasta Bolivia. Foto: Inti Arcos

En la pandemia lograron sostenerse a través de la agricultura y la ganadería. La industria agrícola del sector abastece al Distrito Metropolitano, pues la mayoría de los productos se venden en los mercados y supermercados quiteños. En Pacto, una de las parroquias del Chocó Andino, viven 7000 habitantes. Según Richar Paredes, presidente del GAD Parroquial, el 85% de la población se dedica a la agricultura. “De Pacto sale la naranja, la mandarina, el limón, el plátano, la panela, salen a La Ofelia, La Floresta, al norte de Quito” aseguró.

Richar Paredes ha declarado públicamente su rechazo a la minería en su comunidad. Se siente victorioso de que se pueda dar la consulta, pero su defensa por la naturaleza le ha traído problemas. “A mi me acusan de haber extraído material aurífero, de incitar a la violencia” dijo. Paredes contó que en una consulta comunitaria que hicieron en administraciones anteriores el 93% de la comunidad no quería minería. “La minería es pan para hoy, hambre para mañana”, sentencia.

Richar Paredes es el presidente del GAD Parroquial de Pacto. Declaró que el presidente de la República está invitado para presenciar la situación de su comunidad. 

Paredes recordó que en las inspecciones conducidas por diversas instituciones gubernamentales ha peligrado su integridad física: “las empresas permiten solo un miembro anti minero, dicen que por temas de pandemia. Aparecen por los bosques trabajadores de la empresa con el fin de hostigar y amenazar. Una compañera del GAD tuvo que escapar para no ser alcanzada por el personal de la minera”.

Según el dirigente, las empresas mineras violentan a su personal, en su mayoría hombres jóvenes, “el gobierno no sabe la explotación de trabajo que tienen allí” dijo Paredes. Además, agregó, “les dan una moto y les pagan noches de libertinaje, pero no se dan cuenta de que corren el riesgo de ser sepultados en las minas, no tienen ni afiliación laboral”.

El bosque del Chocó Andino protege a unas 400 mil personas en Quito de posibles aluviones. La reserva alberga páramos y bosques andinos. Abajo, una Boana Boans, una de las ranas arbóreas más grandes que existen. Fotos: Inti Arcos

El tejido social en Pacto y las otras cinco parroquias de la zona se encuentra fracturado y hay, como en otras comunidades del país donde llega la minería, polarización. Algunos moradores del casco urbano de Pacto se benefician gracias al personal de las mineras que vienen en busca de alimento o material de ferretería. En las partes rurales no existe la misma aceptación. “Los productores están conscientes desde hace generaciones de que no quieren minería” dijo Paredes. Dentro de las mismas familias hay miembros a favor y contra de la minería.

Como otros dirigentes en todo el país, Richar Paredes ha tenido que enfrentar procesos en la justicia, demandado por las empresas mineras y sus abogados. “La empresa minera Melina Changó auspició una causa para seguirme un proceso de remoción, una denuncia ficticia y mal infundada. No lograron removerme del cargo. Me acusaban de extraer el material aurífero y violentar a la ciudadanía”. Paredes aseguró que fue por iniciativa ciudadana que se conformó el Frente Antiminero. El proceso de remoción ya se archivó, “tuve que demostrar que los miembros de la comisión de mesa que me siguieron el proceso estaban siendo utilizados, el juicio también se archivó” dijo. Al momento también hay un proceso de investigación contra otros moradores por supuestos daños al bien ajeno, incitación a la violencia, entre otros cargos.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta ante un proceso de criminalización de defensores de derechos humanos y la Naturaleza de Pacto, e hizo un llamado al Estado a garantizar los derechos de los afectados.

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