El alcalde de Paute (Azuay) y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Raúl Delgado, es enfático: el anuncio del presidente Lenin Moreno sobre que los alcaldes deben tomar la decisión del color del semáforo fue "erróneo".

"Lamentablemente no tenemos una buena relación con el presidente de los ecuatorianos", dijo el alcalde en una entrevista con Teleamazonas. Paute es uno de los cantones que decidió cambiar a amarillo en el semáforo, pero Delgado reprochó que, sin ninguna consulta previa, el Comité de Operaciones de Emergencia decidiera cambiar los horarios del toque de queda para los cantones en amarillo, como en efecto decidió durante el fin de semana. "La falta de diálogo no nos permite hacer un buen trabajo y estamos asumiendo competencias que ni siquiera son nuestras", se quejó el presidente de los alcaldes. Expresó también su temor a glosas de la Contraloría "por usar dinero y competencias que no nos corresponden". 

El alcalde Delgado sostiene que el Gobierno no estuvo preparado, que no habían suficientes pruebas y que eso propició que la transmisión del virus sea comunitaria. En su cantón se comprarán más de mil pruebas rápidas para militares, policías, médicos y funcionarios municipales, destaca. "Los alcaldes ya no vamos a poner sostener esta situación de la forma en la que la están planteando", dijo Delgado, quien también recordó que continúan impagas las transferencias del Estado.

Delgado saludó que el Gobierno haya traído 430 mil pruebas rápidas, pero sostuvo que eso debió hacerse antes. Y ofreció que los municipios del país van a coordinar sus acciones con el Ministerio de Salud. Delgado cuestionó las cifras variables del Gobierno: "hemos pedido que se sinceren los casos en Paute", sostuvo, "es un error pensar que la vida de los ecuatorianos no está sobre cualquier otra situación". Pero desde el Gobierno, en cambio, se alega que buena parte de la información disponible está en internet y cualquiera la puede consultar, pues hay varias páginas en donde está publicada. 

El presidente de AME pidió al ministro no tener "miedo al diálogo" y "no permitir más muertes en el país que es lo que queremos los alcaldes". Dijo que en las últimas dos semanas no ha habido evaluaciones semanales con el Gobierno como había propuesto la AME.  Delgado señaló que no es totalmente cierto que los alcaldes tenga las herramientas para tomar las decisiones y, además, que en cada COE cantonal hay delegados del Gobierno central.

Rodrigo Mena, alcalde de El Carmen, Manabí, se había manifestado en los mismos términos en el programa PLANV EN VIVO con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca. Mena dijo que su cantón seguía en rojo por recomendación de los funcionarios del Gobierno en su COE y por su compromiso de llevar alimentos a los barrios más pobres del Municipio manabita. 

El ministro se defiende 

Pero en el mismo programa estaba el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. El ex decano universitario lucía cansado y algo ojeroso. Pidió la palabra para saber qué tipo de pruebas están aplicando en Paute. Luego acusó al alcalde hacer "declaraciones contradictorias" y defendió que el Gobierno "ha dado opciones" a los alcaldes, al poder determinar los colores del semáforo. El ministro explicó que las 430 mil pruebas que se han traído son "pruebas de anticuerpos" para determinar "quién ya se contagió". El ministro descartó que haya "miedo al diálogo" y llamó a "pasar la página". Defendió nuevamente "las cifras cambiantes" y la "reclasificación de los casos", que ha realizado el Gobierno. "Encontremos soluciones, las quejas no van más". 

El ministro hacía referencia a un lote de 430 mil pruebas rápidas de anticuerpos compradas a la Abbott, que llegaron en un avión de carga la tarde del domingo a Quito. Se trata de la prueba rápida Base Point "una prueba de diagnóstico rápido para la detección cualitativa de los anticuerpos IgG e IgM del SARS-CoV-2 en sangre completa venosa, sangre completa de punción digital o suero/plasma", según explica el fabricante en su página web y que el ministro quiere utilizar para determinar quiénes ya tuvieron COVID19 casi sin síntomas y por tanto serían inmunes (algo sobre lo que no hay todavía consenso científico). La fabricante de las pruebas precisa también que "la prueba se utilizará como ayuda para el diagnóstico de la enfermedad infecciosa por coronavirus (COVID-19), causada por el SARS-CoV-2. La prueba proporciona resultados preliminares. Los resultados negativos no descartan la infección del SARS-CoV-2 y no se pueden utilizar como el único fundamento para un tratamiento u otra decisión de gestión".

Pero el duelo verbal entre el ministro y el alcalde puso en evidencia algo más de fondo: la información confusa, "variable" y cambiante que entrega el Gobierno, en la mayoría de los casos en una infografía similar a la que publican, parece ser un dolor de cabeza para los alcaldes del interior del país, convertidos en responsables políticos de las restricciones en sus cantones. 

"Los datos deben estar abiertos"

Para el profesor de la Universidad de Cuenca, Daniel Orellana, es evidente que el Gobierno no ha entregado a los alcaldes el acceso total y libre a los datos con que cuenta y que esa es la causa de la confusión y desconfianza de las que hablan los alcaldes. Una muestra de eso es que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dio una cifra sobre cuántas personas contagiadas supuestamente no cumplen con las restricciones en la ciudad capital, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo dio otra. 

Orellana precisó que en ese caso, en su opinión, ambos hablaban de los mismos datos, obtenidos por medio de seguimientos de los celulares de los pacientes por medio de las antenas telefónicas. "No sé cómo analizaron, si uno habló de un promedio semanal y la otra del día anterior". "Ningún sistema de geolocalización es cien por ciento precisó", recordó, y hay que tener en cuenta el error probable de la ubicación. Por ello, en ese tipo de monitoreos lo que hay es una probabilidad de que se está moviendo el teléfono y no la persona.

Y estas confusiones se producen, precisa el catedrático, porque "no hay una política de acceso abierto a los datos". Esto, a pesar de los anuncios de Romo de que eso se iba a facilitar a los alcaldes tal acceso. 

Para Orellana, se debe insistir en que se debe permitir el acceso a datos claros y anonimizados, y afirmó que si, por ejemplo, el sistema de datos de los casos estuviera abierto y se pudiera conocer cómo se están procesando esos datos, se evitarían las confusiones que alegan los alcaldes. "Si los datos estuvieran abiertos no habría desconfianza ni impresiones", explica el académico. 

Aunque algunos alcaldes han decidido pasar al amarillo, Orellana cree que hay "falta de acceso a los datos por parte de los COEs cantonales", para poder tomar decisiones adecuadas. "Ese es un gravísimo error en la gestión de la emergencia. No le veo ninguna lógica a que no se les de acceso a los COEs locales a los datos para que tomen decisiones. Y cuando se les da los datos solo se entregan PDFs o infografías que no permiten hacer un análisis a profundidad de los datos". 

"Es un error muy grave que nos va a traer consecuencias en las próximas semanas", advierte el catedrático. Orellana, quien participa en un grupo de expertos conformado por el Instituto Geográfico Militar, varios ministerios y académicos como Marcelo Aguilar, de la Universidad Central, dijo que se está preparando un nuevo informe sobre la situación epidemiológica de los cantones del país. 

El alcalde de El Carmen, Rodrigo Mena, señaló también sus reservas sobre la información que le entrega el Gobierno y afirmó que, del total de diagnosticados en ese cantón, el 50% ha muerto, lo que contrasta con la cifras de letalidad oficiales. 

El médico salubrista Fernando Sacoto, en diálogo con este portal, también se mostró escéptico sobre la calidad de las cifras que entrega el Gobierno a los cantones, y puso el ejemplo del cantón Sucre en Manabí en donde la cifra de diagnosticados por el Ministerio no tiene ninguna relación con el aumento de la mortalidad en la zona en las últimas semanas. 

Las varias páginas en las que se publica la información oficial 

Pero la información que el Gobierno entrega se encuentra subida en varias páginas web, por lo que cualquiera puede acceder a ella, si bien, con cierto retraso y con los constantes "ajustes" que se realizan.

Una de ellas es del ministerio de Salud. Esta página, que se actualiza con demora (a la fecha de redacción de esta nota presentaba datos del 15 de mayo) permite consultar los datos de confirmados, fallecidos, muestras tomadas, grupos etáreos de los casos confirmados, tendencia acumulada de casos, tendencia de fallecimientos, casos confirmados por provincia, cantón y parroquia, así como el grupo ocupacional de los enfermos, en donde se desglosa sobre todo personal médico, militares, policías y recolectores de basura, entre otras personas relacionados con servicios básicos. El grueso de la población se clasifica en el apartado "otros". En esta página es posible consultar que, por ejemplo, en Paute, Azuay, habría 25 casos, y ningún fallecido. De los 25 positivos, dice la web del Ministerio, 24 son civiles y una enfermera. De ese mismo cantón se habrían tomado 47 muestras, dice la web.

En el caso de El Carmen, en Manabí, la página del Ministerio precisa 77 casos confirmados, 17 fallecidos y 268 muestras tomadas. Los fallecidos en El Carmen habrían sido 69 civiles, tres médicos, cuatro enfermeras y un policía. 

En la web del ministerio de Gobierno se puede obtener otra información, que se quedó sin actualizar desde el 8 de mayo. Ahí se subieron algunos cuadros de varias ciudades del país (no necesariamente las capitales provinciales) una evaluación de delitos cometidos realizada por la Policía Nacional y el informe original del grupo de expertos del que formó parte Daniel Orellana, cuyo corte es al 18 de abril. 

Otra página del Gobierno muestra otros datos. Se trata de una web que presenta las aglomeraciones en cada ciudad y también el número de casos por provincia. Los casos aparecen filtrados en cinco escalas, de las que la primera va de 1 a diez y la última de por sobre los 500 casos. Al consultar Pichincha, por ejemplo, se pueden observar los casos por provincia y por parroquia. 

Las limitaciones de la información constan en las notas respectivas. En el caso de las aglomeraciones, se consigna que  se trata de "zonas de aglomeraciones (definidas como más de 40 personas) en lugares públicos focales de interés. Monitoreados y reportados por videovigilancia del ECU 911. Es para puntos focales de atención donde también se han reportado disturbios. Se consideran los 7 días pasados", lo que indica que no se trata de actualización diaria. 

En el caso de Quito, esa página muestra una gran aglomeración (podrían ser 41 personas o 500, en realidad no se sabe) justo en el centro del parque de La Carolina, otra sobre la avenida Jorge Cáceres, en el corazón del Comité del Pueblo y otro foco en en el sector del mercado de San Roque, en el Centro Histórico. En teoría, esta herramienta debería permitir que las personas eviten esos lugares concurridos, aunque  las concentraciones en el caso de Quito parecen darse en sitios obvios, como calles comerciales, mercados y espacios de recreación.

Sobre los casos confirmados por provincia, la página indica que "los datos de confirmados por provincia se obtienen con una mayor frecuencia de actualización que el resto de la información. A esto se pueden deber pequeñas diferencias con otras capas". 

El COE provincial de Pichincha, en el caso de Quito, publica su propia página web. Ahí se replican y desglosan los datos oficiales que entrega el Gobierno. Es posible conocer, en el caso de Quito, en qué barrios están los casos, destacando por ejemplo los barrios populares del norte, centro y sur de la ciudad capital. La página permite consultar la misma información desagregada por cada cantón, pero tiene un retraso de por lo menos un día en su actualización.

Hay algunos esfuerzos privados que también se nutren de esta misma información. Por ejemplo, la página desarrollada por la Escuela Politécnica Nacional llamada "Salvidas" que replica la información oficial. La página requiere de crear una cuenta y declarar la ubicación en un mapa. La página publica la información oficial sobre casos confirmados por provincia, cantón y parroquia que entrega el Ministerio de Salud.  Y con la misma información, nuestra la ubicación del usuario en un mapa, por ejemplo de Quito, en donde aparecen los casos registrados en cada parroquia urbana.  La página clasifica en "poco" en color verde los casos en los barrios y "mucho" con amarillo y rojo.

Curiosamente, la página de "Salvavidas" contiene un formulario que pide todos los datos personales, como nombre, edad, número de celular, correo electrónico, y buena parte del historial médico privado, como si se padece o no cáncer o hepatitis. 

Dos apps para celulares 

Además de estas páginas que difunden información, el Gobierno trabaja en por lo menos dos aplicaciones para celulares. Una de ellas es SaludEC, lanzada al inicio de la pandemia, que es gestionada por una empresa privada, Prichsouth Tecnologías de Sur, que ya tiene más de 100 mil descargas y 2,2 de calificación de cinco estrellas posibles. La aplicación incluye unos términos de confidencialidad que establecen que la información personal que ahí se entrega puede ser usada por el Gobierno y obliga al usuario a entregar su ubicación precisa en un mapa. Por lo demás, incluye un formulario de triaje con preguntas como ¿Tiene tos?

El Gobierno realiza pruebas de otra aplicación, junto con Grupo Link y Kin Analytics (esta última especializada en analítica de datos) y con la cooperación del BID. Por lo menos 35 personas han trabajado a tiempo completo, entre desarrolladores, project manager, científicos de datos, analistas y econometristas. La aplicación funciona por medio del bluetooth del celular, emitiendo una alerta anómina a las personas cercanas de que están en contacto con alguien que ha dado positivo. Da una alerta a las personas que estuvieron en contacto con el contagiado hasta 15 días antes de que lo comunique vía el app.

Su funcionamiento requiere de la colaboración de quien ha dado positivo, cuyo celular debe estar configurado para dar la alerta. La aplicación estará próximamente en las tiendas de descarga y ha entrado en su etapa de pruebas. Las empresas que participan en el proceso declinaron dar más detalles, alegando que trabajan directamente para el COE nacional.

Al respecto de esta última aplicación, utiliza la trazabilidad de los contactos que tuvo un contagiado, con data anonimizada. Solo se envían las notificaciones a las personas que estuvieron en contacto días antes con alguien que ha dado positivo, cuando el usuario que ha dado positivo decide comunicarlo vía la app. No se les envían notificaciones a las personas que han tenido contacto luego de que el contagiado lo comunica vía el app. Así un usuario contagiado no desactive el bluetooth, no se puede saber que esa persona está o estuvo contagiada.

Daniel Orellana sostiene que habría algunos matices en el uso de la aplicación. Por ejemplo, si una persona ya no es contagiosa por haber pasado la enfermedad (algo sobre lo que todavía no hay consenso científico), ya no debería seguir usando el mensaje de alerta en su celular. 

"Lo que hace la aplicación es que el momento que tengo un diagnóstico positivo debo aislarme. La aplicación puede ayudar a dar a las personas que han estado conmigo en las últimas semanas reciban una alerta. Ese es el sentido de esa aplicación", precisa. 

La aplicación no podría usarla una persona que deba estar aislada y qur salga aunque emita la alerta de que está contagiada. "Hay una confusión que es creer que estas aplicaciones dan una solución policiaca para perseguir a los contagiados. Estas aplicaciones no ayudan para eso y no deben centrarse en eso. Si alguien quiere romper el aislamiento solo desactivaría el bluetooth y podría evadir ese control. Estas apps no son un grillete electrónico, sino sirven para lograr una comunidad informada, responsable y consecuente con lo que está sucediendo", finaliza el catedrático.