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17 de Marzo del 2021
Historias
Lectura: 17 minutos
17 de Marzo del 2021
Redacción Plan V
Panela vs. minería: la batalla escondida en el noroccidente de Quito
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Los habitantes de Pacto aseguran que su principal sustento es la agricultura, específicamente el cultivo de caña y la producción de panela.
Fotos: Luis Argüello / PlanV

En Pacto, los comuneros mantienen un plantón desde hace más de 80 días para evitar la salida de material aurífero. Piden a las autoridades que reviertan las concesiones mineras y se incaute decenas de costales con piedras mineralizadas que, aseguran, están en esos campamentos. Prefieren que la agricultura, en especial el cultivo de caña y la producción de panela, sean el principal sustento de estas familias. Una de las empresas mineras señaladas se defiende.



En el noroccidente de Quito se libra una batalla desconocida. Cientos de familias de Pacto dedicadas al cultivo de caña y a la producción de panela temen que sus medios de sustento sean afectados por la minería. Desde hace más de 80 días, las comunidades de esta parroquia rural están en vigilia. Se han organizado para evitar la salida de vehículos con rocas extraídas de las minas.

Todo comenzó cuando pusieron un puesto de control al ingreso de unas de las comunidades para fumigar los vehículos, en la pandemia, como medida de prevención para los contagios del virus. Observaron el ingreso y salida de volquetas con rocas. No era la primera vez que sucedía eso, pero sí la primera vez que decidieron hacer un plantón en la comunidad La Victoria para no dejar pasar los vehículos. Cada organización panelera y las juntas de agua tienen un turno de 24 horas para hacer la guardia. Desde una pequeña carpa dan las alertas.


Desde hace más de 80 días, los comuneros se mantienen en un plantón para evitar el paso de vehículos de las compañías mineras.

Estas comunidades proponen vivir de actividades más sustentables alejadas de la minería. Pacto está asentada en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino, declarada así por la Unesco en  2018. La extensión de ese reserva alcanza las 286.805 hectáreas, lo que representa el 30.31% del territorio de Pichincha. Se encuentra entre dos hotspots o zonas de alta importancia para la conservación de la biodiversidad. Tiene hasta cuatro climas distintos pues va desde los 360 hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar. Sus habitantes lo consideran como el jardín botánico de Quito. Pacto está rodeado por un extenso manto verde y es cálido, un clima propicio para el cultivo de la caña.

Por eso, decenas de familias han preferido la panela antes que la minería, una industria que ha tentado a sus habitantes desde hace 20 años. Este sector se considera la capital de la panela orgánica, pues han logrado exportar directamente a Europa. Países como Italia y Francia consumen su producto. Su panela se caracteriza por su color miel claro.


Copropap es una cooperativa que se dedida a la exportación de panela a Europa. Este proyecto empezó en 1992.

Pero el avance de la minería, según estas comunidades, ha empezado a contaminar los afluentes y si esto sigue así, deberán dejar de exportar porque nadie querrá comprar panela producida en zonas mineras. Una de las empresas mineras se defiende.

13 concesiones mineras en Pacto

Al conversar con los habitantes de Pacto, una empresa aparece como la fuente principal de sus preocupaciones. Se trata de la compañía ecuatoriana Melina Changó Santa Bárbara.

Según los habitantes de Pacto, esta empresa opera sin una licencia ambiental y un plan de manejo ambiental. La gente ha retenido volquetas con material minero que aseguran pertenece a esa empresa y organizaciones como Acción Ecológica ha denunciado que la policía ha escoltado a estos vehículos.

En enero pasado, según contó Acción Ecológica, la comunidad encontró más de una tonelada de material aurífero e incluso una construcción de infraestructura aérea para el transporte de las piedras. El último hallazgo ocurrió el pasado 13 de febrero, cuando en la noche y madrugada, fueron encontrados 130 sacos de material aurífero en el sector de San Luis de Gualea. Según narraron, esto ocurrió en la concesión de La Conquista, una de las dos concesiones que tiene Melina Changó. Una persona fue detenida y entre las evidencias halladas constan un motor, esmeril y cables de tensión para extraer el material aurífero.

Pero Robert Erazo, propietario de la empresa minera, aseguró que ese material fue sacado por mineros ilegales que estaban instalados en La Conquista. Manifiesta que a su compañía no le ha sido incautado ningún material y que los materiales que están visibles en sus concesiones “tienen que ver con la prefactibilidad del proyecto, no tiene que ver con ninguna explotación”.

Erazo afirma que la empresa funciona desde el 2010 y tiene calificación como pequeña minería. Explica que por Pacto atraviesa el cordón mineralizado Imbabura que va desde Pichincha hacia el norte de la provincia de Imbabura.


En la Y de La Victoria, los comuneros instalaron una pequeña carpa para vigilar la entrada y salida de camiones con material aurífero.

El pasado 12 de marzo, decenas de habitantes de poblaciones como Pacto, Intag y Buenos Aires se reunieron en la Y de la comunidad La Victoria para compartir experiencias sobre la minería legal e ilegal. Se oponen a esas actividades.

Dice que en el 2017, solicitó al Ministerio de Ambiente la licencia ambiental. “Pero no da ninguna celeridad y se toma tiempos enormes para despachar cualquier trámite”. Reconoce que no tiene esa licencia y dice que en este momento la empresa se dedica a hacer trabajos de prospección y limpieza. Agrega que deberían estar en la fase de exploración y explotación, pero asegura que no lo están por la oposición de los comuneros. “En realidad no es la comunidad de Pacto. Es el presidente de Pacto que asusta a la comunidad”. “De ninguna manera somos minería ilegal, nosotros estamos apegados a la ley”.


La Reserva de la Biósfera del Chocó Andino fue declarara como tal por la Unesco en 2018. Cada hectárea de su bosque tiene un reservorio para aproximadamente 250 toneladas de carbono.

El empresario también negó que estén contaminando el agua. Asegura que cuando tengan todos los permisos usarán túneles para sacar el material y estos usan “muy poca agua, que son controladas y se devuelven al cauce descontaminadas”. En su opinión, las aguas negras, la agricultura y la ganadería contaminan más.

La comunidad estima en 30 y 40 metros los túneles mineros y más de 3.000 costales de rocas extraídas en Pacto. Cuando los comuneros hicieron el plantón para evitar la salida de vehículos, observaron otros métodos para sacar el material. Por ejemplo, encontraron una tarabita que era usada para enviar los costales hacia otra vía que no estaba bloqueada. También han visto que se han usado mulas para sacar el material. Estiman que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) ha hecho 20 inspecciones, pero no ven una acción de las autoridades en el lugar. Durante la pandemia, aseguran, ha aumentado la actividad minera.


Las comunidades de Pacto han registrado sacos de ruta con material minero en su zona. Piden que sea incautado y que de retiren las concesiones a las empresas mineras. Foto: Acción Ecológica

Esta no es la única empresa en la reserva del Chocó Andino. De acuerdo al catastro minero, hay 21 concesiones para la explotación sobre todo de yacimientos de oro, de las cuales 13 están en Pacto. Siete de estas concesiones están en la fase exploración-explotación, entre ellas Melina y La Conquista, de la empresa Melina Changó; 5 de Junio, concesionada a la Compañía Minera Aurífera Pacto (Marpsa); Chirape, de Asterio Velásquez; Raquel, de Jorge Calderín; Rufo 2, de Eduardo Salgado; y Ezequiel, de Leobaldo Cabrera.


La zona es megadiversa, además de la caña de azucar, es rica árboles frutales y variedad de orquídeas, tambien gran cantidad de aves.


Entre 2018 y 2019, cientos de árboles de balsa fueron cortados en Pacto. En la actualidad, casi ha desaparecido esa especie.
 

A finales de febrero, funcionarios del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, la Defensoría del Pueblo, Arcom y Enami (porque también hay una concesión estatal en la zona) hicieron una inspección. Dispusieron a Melina Changó que limpie el material regado, según Erazo.

Una semana después, acudió el Viceministro de Ambiente a un recorrido. “No nos avisan a nosotros y entran con los mineros”, dijo Eddy Cortez, uno de los habitantes de la zona. Pero el funcionario no llegó a las zonas impactadas porque no fue con botas, relató Cortez quien estuvo en conversaciones con los funcionarios en las instalaciones del Ministerio en Quito.

“El Ministerio del Ambiente ya se pronunció y ha dicho que no están con todos los requisitos en regla. El Municipio también nos entregó documentación diciendo que ellos no tienen la licencia para actividades económicas”, afirma Milton Arciniegas, ingeniero forestal y presidente del Frente Antiminero. “Como no tienen las licencias, todo lo operado ha sido ilegal de estas empresas. Por lo tanto, estamos exigiendo al Estado que los más de 3.000 sacos de material aurífero (que están en zonas mineras) sean incautados”. Explica que esos sacos están en varios lugares y que han sido identificados por los comuneros en un mapa.

Richard Paredes, presidente del Gobierno Parroquial de Pacto.

El pasado 12 de marzo, Pacto fue la sede de una reunión antiminera. Llegaron representantes de otras poblaciones afectadas por la minería como Intag, Apuela y Buenos Aires. Compartieron experiencias y coincidieron en que la minería ilegal ha dividido a las comunidades, ha afectado a los ríos y bosques. Además, relataron que hay intimidación a líderes locales. Richard Paredes, presidente del Gobierno Parroquial de Pacto, contó que él tiene un proceso judicial por un supuesto robo de material aurífero, amenazas personales y demandas de destitución por presuntamente perseguir a los mineros.

Pacto, contó Paredes, tiene 27 comunidades. Pero la división ocurre entre los habitantes que están en el centro poblado. “Hay personas que se benefician de manera temporal de las empresas mineras. El resto se dedica a la agricultura, el turismo, las artesanías. Se le ha propuesto al Gobierno que se haga un estudio para que demuestre si el extractivismo supera esas actividades como fuentes de ingreso”. Agregó que pedirán a las autoridades que realicen una consulta popular a los habitantes de Quito sobre si están de acuerdo o no con la minería metálica en las parroquias rurales del cantón. Juan Carlos Ochoa, viceministro de Minas, se ha comprometido a suspender las actividades mineras e incautar el material aurífero, según Paredes. Cuando ello ocurra, los manifestantes del plantón se retirarán. 

De acuerdo al catastro minero, hay 21 concesiones para la explotación sobre todo de yacimientos de oro, de las cuales 13 están en Pacto. Siete de estas concesiones están en la fase exploración-explotación.

Milton Arciniegas, ingeniero forestal y presidente del Frente Antiminero.

Milton Arciniegas, ingeniero forestal y presidente del Frente Antiminero, afirma que los gobiernos han entregado concesiones mineras desde hace décadas. Por ejemplo, en la administración de Rafael Correa se entregó la autorización para Melina Changó y a la compañía canadiense Natural Resources. Agrega que él está inscrito en el Ministerio del Ambiente como inspector honorífico y conoce que esa cartera de Estado ha adjudicado concesiones a las mineras para el uso de agua.

“Para nosotros es una bendición el oro porque en su estado natural es un mineral que en los suelos es nutriente para las plantas y de eso nos alimentamos. Por eso estas tierras son productivas. Las empresas mineras llegan y hacen sus huecos, bocaminas, en los lechos de los ríos, en las quebradas. El mandato 6 de la Constitución dice que está prohibido hacer minería en áreas protegidas, bosques protectores y nacientes de agua. Aquí han dañado las nacientes de agua y las han contaminado”, manifiesta Arciniegas.

En Pacto, junto a la minería han aparecido otros problemas como la tala de bosque primario. Sus habitantes cuentan que entre 2018 y 2019, la fiebre por la balsa arrasó con cientos de esos árboles. Pero la minería también ha deforestado. Arciniegas asegura que Natural Resources ha tumbado árboles en una finca que ha comprado. “Cuando un finquero tumba un árbol sin permiso, lo multan. Y estas empresas, ¡qué corona tienen!”. Los comuneros han pedido que la madera de los árboles derrumbados sea donada a una escuela del sector.

Panela de Pacto para el mundo

“Aquí el 90% de la población somos cañicultores”, dice Daira Peringuez, habitante de Pacto y secretaria de la red de cañicultores de la parroquia. “Esta es la capital de la panela orgánica, somos productores y exportadores”.  Asegura que la principal amenaza que tienen es que les quiten los sellos que avalan que son productores orgánicos. Eso sucede cuando hay minería en las zonas agrícolas. Afirma que este problema ya los ha afectado: les han suspendido los pedidos de la panela que llegaban hasta los 150 quintales semanales. 

Ella explica cómo les afecta la minería: “al momento que perforan las montañas, el agua que sale por las vertientes se filtra hacia abajo. Eso le pasa a la finca de mi tío. Había dos vertientes de agua, pero cuando hicieron un orificio (túnel) hace 22 años, ahora toda el agua sale por el conducto del túnel. Ya no existen las vertientes. Es agua contaminada”.

“La certificación orgánica y la minería no son compatibles”, coincide Rubén Tufiño, gerente de la Cooperativa de Producción de Panela El Paraíso (Copropap).  Dice que la panela es el sustento de muchas familias del sector y la considera como el futuro de Pacto. Copropap empezó con esa producción en 1992 y ahora está conformada por 45 empresas familiares, cada una compuesta por tres o cuatro familias. Es decir, más de 150 familias y más de 1.500 trabajadores, entre mano de obra familiar y contratada, laboran en esta cooperativa y producen alrededor de 400 quintales por semana.


Más de 150 familias y más de 1.500 trabajadores, entre mano de obra familiar y contratada, laboran en esta cooperativa y producen alrededor de 400 quintales por semana.


La panela pasa por proceso especializado en el que se analiza la calidad del producto. Luego es empacado y enviado al exterior.

Es la única organización que exporta directamente a Europa, es decir trabaja directamente con compradores de Italia y Francia desde hace ocho años. Esperan abrir un nuevo mercado en Alemania. Para ello se han capacitado y obtenido la certificación orgánica. En la fábrica, que está ubicada en Pacto, los controles de calidad son estrictos. Los paneleros dejan su producción allí y luego pasan por un análisis para revisar la humedad y los sólidos insolubles del producto. En esas instalaciones se empaca la panela granulada.

El viernes 12 de mayo, un gran cargamento se alistaba para ir a los contenedores de exportación. Las fundas con la panela se empacan en cartones con la marca de la Copropap. Han exportado al extranjero la panela con marcas de las empresas compradoras, pero también han desarrollado una marca propia, llamada Yumbaro Yumba, que apela al pueblo Yumbo que habitó Pacto.

Tufiño afirma que han tenido que capacitar tanto a los productores como a los directivos. Se han convertido en referentes en su sector. La minería amenaza con eliminar estas fuentes de trabajo, sostiene y asegura que las empresas europeas incluso enviarán una protesta a las autoridades contra la minería, pues apoyan a los productores. “Es la actividad que da más ingresos a la población”.

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