Back to top
29 de Enero del 2020
Historias
Lectura: 15 minutos
29 de Enero del 2020
Redacción Plan V
Paola Guzmán: 17 años para recibir una disculpa de Ecuador
0

Foto: CIDH

La lucha de Petita Albarracín se ha convertido en un referente en toda la región. En la imagen, está con la foto de su hija mientras expone su caso en la Corte Interamericana de DDHH.

 

Víctima de violación por parte del vicerrector de un colegio público, la estudiante de 16 años se suicidó. Sus padres lucharon inútilmente en contra de una sistema de justicia indolente. Acudieron a instancias internacionales, donde el Estado ecuatoriano fue incapaz de admitir sus omisiones; es más no asistió a una audiencia en 2015, cuando era presidente Rafael Correa. Finalmente, luego de 17 años, el Estado pidió disculpas a la madre de la joven, Petita Albarracín, ante la Corte Interamericana.

Una psoriasis repentina en Paola del Rosario Guzmán Albarracín llamó la atención de su madre, Petita. El médico le dijo que esas erupciones solo podían ser producto de estrés. Para entonces, la adolescente había cambiado: de una niña espontánea pasó a aislarse. Eso lo contó Petita ante la Corte Interamericana, este 28 de enero. Su relato fue escuchado por el máximo órgano judicial de derechos humanos de la región después de 17 años de la muerte de su hija. La menor se suicidó después de sufrir violencia sexual durante dos años en su colegio. Paola tenía 16 años. 

La historia de Paola es emblemática e importante para toda la región. Es la primera vez que la Corte discute un caso de violencia sexual contra niñas y adolescentes en el contexto educativo. Creará estándares internacionales que los Estados de América Latina deberán cumplir para garantizar los derechos de los menores, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. “Hará que la Corte decida acerca del derecho de la autonomía de las mujeres y cómo esta autonomía es un pilar fundamental de nuestros derechos sexuales y reproductivos”, manifestó a través de un comunicado.

“Todos los sabían”, dijo Petita levantando un poco la voz después de decir que todas la autoridades y los profesores del colegio supieron del abuso sexual que sufrió su hija. Mientras recordó la carta que su hija le dejó donde le decía ‘cuida a mi ñaña que yo te cuidaré en el cielo’, Petita se quebró. Una jueza de la Corte le pidió que se tomara su tiempo antes de seguir con su relato. A Petita aún le duele la pérdida de su hija, pero si existiera una forma de reparar en algo su dolor es que el Estado ecuatoriano tome acciones para que más niñas no sufran la tragedia que vivió Paola. 


Paola Guzmán fue abusada por dos años años en su colegio. Las autoridades del plantel sabían de la violencia que sufrió la menor, pero trataron de encubrir los hechos. 
 

En 2001, cuando tenía 14 años, Paola comenzó a tener problemas en dos materias en su colegio, por lo cual era posible que tuviera que repetir el año.

Petita tuvo que esperar 17 años para recibir una disculpa de parte del Estado ecuatoriano, después de vivir su propia tortura en la justicia ecuatoriana. La madre contó que fue humillada y en los juzgados hasta le perdieron los papeles. Es así que el l 2 de octubre del 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-Guayaquil) en la cual se alegaba la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por actos de acoso y abuso sexual, falta de atención médica y retardos en el proceso penal en perjuicio de Paola. 

Los peticionarios adujeron que el vicerrector de la institución de educación pública, en donde Paola cursaba estudios, aprovechó su posición de autoridad para acosar a la víctima sexualmente, lo cual resultó en su suicidio, y que la ineficacia del sistema judicial y administrativo mantuvo estos hechos en la impunidad. Trece años después, un informe de la Comisión, determinó que todo esto era cierto y que el Estado ecuatoriano debía responder por esta negligencia.

Los peticionarios alegaron en ese entonces que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos del niño, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial establecidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en concordancia con el deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de dicho tratado y de los artículos 3, 4 (incisos a, b, c, e), 5, 6(a), 7 (incisos a, b, c, e, f, g) y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belém do Pará”) en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín y sus familiares.


Activistas apoyaron a Petita con una protesta pacífica fuera del Ministerio de Educación, en Quito, mientras se desarrollaba la audiencia en la Corte Interamericana. 

El Estado alegó que los reclamos de los peticionarios eran inadmisibles, en vista de que se había incumplido el requisito del previo agotamiento de los recursos internos, previsto en el artículo 46.1.a de la Convención Americana y que éstos no configuraban violaciones a la Convención Americana.  El Estado asimismo sostuvo que el poder judicial había respondido debidamente a la denuncia de los hechos conforme a la ley y que no había incurrido en acción u omisión alguna que pueda comprometer su responsabilidad internacional.

El 12 de diciembre de 2002, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, estando aún en su casa, Paola ingirió 11 diablillos, conteniendo fósforo blanco, como consecuencia de la situación de abuso en la que se encontraba. 

Paola era estudiante de tercer año de educación básica en el Colegio Nacional Técnico de Comercio y Administración “Dr. Miguel Martínez Serrano”, establecimiento de educación pública dependiente del Ministerio de Educación de la República del Ecuador, ubicado en Guayaquil.  En el año 2001, cuando tenía catorce años y cursaba el segundo año de educación básica, Paola comenzó a tener problemas en dos materias, por lo cual era posible que tuviera que repetir el año. La familia alegó que el vicerrector del plantel le ofreció ayuda, “con la condición de que salga con él”.  Paola contó a su madre sobre la ayuda ofrecida, sin especificar la condición del vicerrector. La madre se reunió con el vicerrector y decidió que su hija debía repetir el año escolar, lo que así ocurrió.

Paola continuó siendo acosada por el vicerrector durante el resto del año escolar, le dijo la familia a la CIDH.  Como ejemplo, mencionaron cómo Paola del Rosario contó a una compañera que el vicerrector “la obligó a tocarle los genitales arrinconándola contra su escritorio” y cómo sostuvo relaciones sexuales con Paola del Rosario desde octubre del 2002.  Otras estudiantes y profesoras de la institución anteriormente habían declarado y denunciado al vicerrector por actos de acoso sexual. Una maestra fundadora del colegio denunció ante las autoridades que el vicerrector intentó encerrarla una vez en noviembre de 1988 en su oficina y que en virtud de ello, éste fue retirado brevemente de su cargo pero que fue reinstalado “casi inmediatamente”.

La familia dijo que Paola fue víctima de los delitos de acoso sexual y estupro por parte del vicerrector del plantel y que, como resultado, quedó embarazada.  El 20 de noviembre del 2002, ella contó a sus compañeras de colegio y amigas que había decidido interrumpir su embarazo utilizando una inyección que le colocaría el médico de la escuela.  Según el testimonio de Eloísa Troncoso, amiga de Paola, el médico de la escuela condicionaría su ayuda a que Paola también accediera a tener relaciones sexuales con él.

El 12 de diciembre de 2002, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, estando aún en su casa, Paola ingirió 11 diablillos, conteniendo fósforo blanco, como consecuencia de la situación de abuso en la que se encontraba.  En el autobús a la escuela, ese mismo día, Paola comunicó lo sucedido a sus compañeras, quienes la llevaron a la enfermería del plantel y llamaron a su madre. Según la familia, las autoridades del colegio no informaron a la madre de Paola lo que había sucedido y tampoco tomaron las medidas pertinentes para arreglar su traslado hospitalario, a pesar de que ésta se encontraba bajo cuidado estatal en la enfermería del plantel.

Los denunciantes aseguraron que el Estado ecuatoriano favoreció la impunidad de las violaciones alegadas y la invisibilización de la violencia de género contra Paola.

No es sino hasta que la madre llegara al plantel, treinta minutos después, que Paola del Rosario fue trasladada a un hospital, “donde murió horas más tarde”.  Alegaron que según consta en el proceso penal, el llamado de un taxi por parte del conserje del plantel —a orden expresa del vicerrector de la escuela— fue la única ayuda que recibió la madre de Paola para trasladar a su hija.  Ese mismo día Paola murió en la Clínica Kennedy, Guayaquil, como consecuencia de una intoxicación con fósforo blanco voluntariamente ingerido. 


Petita Albarracín contó que el sistema educativo culpó a Paola de su propio suicidio. 

Los padres de Paola del Rosario interpusieron todos los recursos de la jurisdicción interna, en la vía penal, civil y administrativa, y ninguno de estos recursos fue efectivo para remediar las violaciones alegadas.   “El proceso penal se encuentra suspendido desde hace más de dos años, la resolución del proceso administrativo invisibiliza por completo la agresión sexual contra Paola y el proceso civil no es el idóneo para reparar de manera integral los daños sufridos por Petita y su familia, ni será efectivo mientras [el vicerrector] continúe prófugo de la justicia”, dijeron los padres en la petición a la CIDH. 

Los denunciantes aseguraron que el Estado ecuatoriano favoreció la impunidad de las violaciones alegadas y la invisibilización de la violencia de género contra Paola —debido a irregularidades y demoras injustificadas, particularmente en el proceso penal y administrativo—, lo cual había obstruido la legítima aspiración de justicia de su familia. 

El 16 de diciembre de 2002, el padre de Paola, Máximo Guzmán, interpuso una denuncia penal contra el vicerrector de la escuela ante el Ministerio Público del Guayas y Galápagos, a la cual se le dio trámite ante la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Guayas.  El 12 de junio del 2003, luego de finalizadas las investigaciones pre procesales, la fiscal decidió imputar al vicerrector por el delito de acoso sexual. El 15 de julio del 2003, el Juez Vigésimo de lo Penal del Guayas avocó conocimiento del caso, y el 22 de agosto del 2003, la Fiscal solicitó al juez que dictara prisión preventiva en contra del imputado.  El 10 de septiembre del 2003, el Juez negó la solicitud de prisión preventiva, argumentando que la documentación agregada no variaba la situación jurídica del imputado. 

Esta decisión fue apelada por la fiscal y el 18 de diciembre del 2003, la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia revocó la decisión del juez a quo y ordenó la prisión preventiva del imputado.  El 5 de enero del 2004 se ordenó girar oficio a la Policía Judicial para proceder a la detención del imputado. Esta orden de detención permaneció incumplida a la fecha de presentar la denuncia en la Comisión. Nunca sería detenido.

En la audiencia de octubre del 2015, el Estado ecuatoriano, representado por el gobierno de Rafael Correa, no asistió. Las disculpas recién llegaron este 28 de enero de 2020.

El 13 de octubre de 2003, la madre de Paola formuló acusación particular en contra del vicerrector en el marco del proceso penal, acusándolo además por violación e instigación al suicidio.  El auto de llamamiento a juicio omitió pronunciarse sobre esta acusación, fijando la materia del proceso penal únicamente en el delito de acoso sexual, lo que minimizó la gravedad de lo sucedido.  En virtud de ello, la madre de la víctima interpuso un recurso de recusación en contra del Juez Vigésimo de lo Penal del Guayas el 11 de noviembre del 2003, y este fue finalmente separado de manera definitiva del proceso penal el 4 de mayo del 2004.

El 23 de agosto del 2004, se dictaron autos de llamamiento a juicio y detención en firme en contra del imputado. Sin embargo, a octubre del 2006 no se le había hecho comparecer en juicio y no había constancia de que el imputado hubiera depositado caución necesaria para garantizar su libertad durante el proceso.  Asimismo, se suspendió el auto de llamamiento a juicio hasta que el imputado no fuera aprehendido o se presente voluntariamente. El 22 de septiembre del 2004, el acusado interpuso recursos de apelación y de nulidad contra el auto de llamamiento a juicio, alegando que se violó el trámite previsto en la ley y el 2 de septiembre del 2005, la Corte Superior de Justicia resolvió desechar el recurso de apelación —confirmando así el auto de llamamiento a juicio contra el imputado— y reformó parte de la imputación, por considerar que el tipo penal era estupro agravado y no acoso sexual.

El Estado ecuatoriano negó ante la CIDH todas las acusaciones de negligencia y violación de derechos de justicia a la familia de Paola. Pidió que no se admita a trámite la petición de la familia. La CIDH admitió a trámite la petición. En la audiencia de octubre del 2015, el Estado ecuatoriano, representado por el gobierno de Rafael Correa, no asistió. Las disculpas recién llegaron este 28 de enero, cuando María Fernanda Álvarez, directora de derechos humanos de la Procuraduría General de Ecuador, habló de las “acciones y omisiones del Estado” que permitieron los abusos de la menor y su muerte.

GALERÍA
Paola Guzmán: 17 años para recibir una disculpa de Ecuador
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Chats involucrarían a asambleísta Daniel Mendoza en caso de corrupción en Pedernales
Redacción Plan V
Ecuador se acerca a los 6.000 fallecidos por COVID-19
Redacción Plan V
Andrea y su madre, una sola canción
Gabriela Muñoz
Daniel Mendoza, asambleísta por Manabí, se suma a la lista de detenidos por la Fiscalía
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Contratación pública: tarimas, trajes de baño y hasta cursos de francés en plena pandemia
Leonardo Gómez Ponce - Observatorio de Gasto Público
Coronavirus: Ecuador es el país con mayor letalidad en Sudamérica; Santa Elena tiene el mayor aumento de muertes
Redacción Plan V
Las historias desconocidas de la pandemia en Manabí
Redacción Plan V
El COVID-19 y la grave amenaza de la disolución social y nacional
Redacción Plan V