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21 de Octubre del 2019
Historias
Lectura: 14 minutos
21 de Octubre del 2019
Susana Morán
Paro: las cifras y la información no cuadran
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Foto: Luis Argüello / PlanV

Entre los heridos en las manifestaciones hubo mujeres, adolescentes y hasta bebés, que necesitaron atención médica.

 

En fallecidos, heridos y detenidos los datos y las versiones son contradictorias. Para el Defensor del Pueblo, durante las protestas hubo detenciones ilegales. Para la ministra María Paula Romo, la Policía actuó de forma disuasiva no letal. Informes aún reservados indican que sí hubo fuertes represiones y violencia contra los manifestantes. La Cruz Roja fue otro actor atacado en este paro al punto de suspender sus operaciones por primera vez en su historia.

Dentro del paro y las manifestaciones hay otra dimensión en disputa: la información. Fueron 12 días de protestas, entre el 3 y 14 de octubre pasados, pero lo que sucedió respecto a fallecidos, heridos y detenciones aún no está claro y cada parte tiene su versión. La ministra María Paula Romo fue la primera en la lanzar la vara con la que el Gobierno evaluará la protesta: “En todos los casos la Policía actuó con fuerza disuasiva. En ningún caso, en ningún contexto, la Policía usó fuerza letal”. Fue su respuesta del 15 de octubre a posibles violaciones de derechos humanos por parte de la institución. Pero 24 horas después, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, puso en duda la integridad con la que se habrían manejado los gendarmes y dijo: “Yo podría afirmar que ciertos episodios de la Policía Nacional, que incluso se encuentran debidamente respaldados por los medios de comunicación y las redes sociales, se evidencia que hubo un uso excesivo de la fuerza”. 

Ambas instituciones entraron a una confrontación velada sobre los resultados de las manifestaciones. Una de las cifras más visibles que no encaja es, por ejemplo, la de fallecidos. El Gobierno sostiene que existen 6 muertes que sucedieron durante el paro. La ministra Romo las describió como “muertes calificadas como accidentales o por precipitación” y ha dejado prácticamente exculpados a los uniformados. La autoridad sostuvo que esa es la conclusión a las que han llegado los expertos de Medicina Legal. “En ningún caso usó fuerza fuera de proporción o material que no esté dentro de lo certificado, calificado y autorizado para ser parte de esa fuerza y la Policía tiene la facultad de hacerlo”, agregó la Ministra. 

“NO SOLAMENTE FUE UNA MANIFESTACIÓN DE UNA INCONFORMIDAD RESPECTO DE MEDIDAS ECONÓMICAS, SINO TAMBIÉN ESA MANIFESTACIÓN SE CONVIRTIÓ EN EL ESCENARIO PARA QUE SE DESPLIEGUE UN INTENTO MÁS GRAVE DE DESESTABILIZACIÓN”, MARÍA PAULA ROMO, MINISTRA DE GOBIERNO.

La Defensoría, en cambio, se mantiene en que son ocho las víctimas. El Gobierno desconoció dos nombres de la lista de esa entidad de derechos humanos. Uno de ellos es el de Édison Eduardo Mosquera Amagua quien, según Romo, murió por un arma de fuego en un incidente en Cumandá, en el centro de Quito. La ministra agregó que la víctima fue llevada al hospital del Sur por su hermano. Y al no ser una muerte en la zona del Ágora y de la Asamblea, la ha excluido del contexto del paro. La Fiscalía y la Dinased investigan esa muerte. El otro nombre que dejó en duda es el de José Rodrigo Chaluisa que es similar al de José Daniel Chaluisa Cusco, quien murió en una persecución policial en San Roque.  

“Hemos verificado que si bien hay coincidencias en un nombre y un apellido, los contextos donde las personas fallecen son distintos, una en San Roque y otra en El Arbolito”, dijo Carrión y agregó que la información que posee la institución está documentada. José Rodrigo Chaluisa sería de la parroquia Guangaje, ubicado a hora y media de Latacunga, Cotopaxi. Cuando fue su funeral, el dirigente Leonidas Iza entregó un reconocimiento a su hermana. 

Uno de los episodios que falta por esclarecer es lo sucedido en la noche del miércoles 9 cuando se registró la muerte de Chaluisa y de Inocencio Tucumbi, otro líder indígena. Ambos, según sus familiares y la Defensoría, murieron durante los enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones del parque El Arbolito. Ese día también se documentó por medio de videos cómo bombas lacrimógenas fueron lanzadas al interior de la universidad Salesiana. La ministra Romo aseguró que ese ingreso fue de un “grupo de personas” y no de policías. No adelantó más detalle porque -dijo- hay una investigación en marcha. “Luego de los incidentes se dieron indicaciones expresas de mantener las operaciones fuera del sector de las universidades. Nadie impartió una instrucción de esa naturaleza”, sostuvo. Por esa retirada, según dijo, se armaron barricadas y un grupo de manifestantes hizo estallar un tanque de gas en el sector del parque de El Arbolito.

“ATACAR UN RASTRILLO MILITAR TIENE CARACTERÍSTICAS QUE ESTÁN DENTRO DEL TIPO PENAL DE TERRORISMO. VIVIMOS UNA VIOLENCIA SIN PRECEDENTES EN ECUADOR”, MARÍA PAULA ROMO, MINISTRA DE GOBIERNO.

Sobre el número de heridos las distancias son mayores. Para el Gobierno hubo 1.507 personas atendidas por el sistema de salud público, cifra que incluye a policías y periodistas. Mientras que la Defensoría afirma que existieron 1.340 ciudadanos afectados, sin contar a los policías heridos. Es más, Carrión afirmó que hay un subregistro de los heridos, pues aún no se han consolidado los datos de las atenciones que recibieron los manifestantes en los puestos de socorro que se ubicaron en las universidades Salesiana y Católica, así como en las carpas a cargo de los estudiantes de la Universidad Central en el parque El Arbolito. La Defensoría no ha documentado aún los tipos de lesión de los heridos. 


Un herido es atendido cerca a la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico.

Llama la atención además el cambio súbito de la cifra sobre policías afectados. Antes del 15 de octubre, a través del chat de prensa del Ministerio de Gobierno se informó sobre 270 policías heridos. Un día después, la ministra Romo presentó la cifra de 435 uniformados afectados. En ese dato se incluyeron las atenciones ambulatorias de los uniformados, así como también a los heridos más graves. Según Romo, dos policías perdieron un ojo cada uno, dos quemados (uno será atendido en el exterior) y otros que perdieron dientes. En civiles también hay heridos graves que siguen hospitalizados. Hasta el 14 de octubre, la Defensoría informó que habían cuatro heridos graves en el Unidad de Cuidados Intensivos de los hospitales Eugenio Espejo y Carlos Andrade Marín, de Quito. Hay una persona que ha perdido su ojo en las protestas y otros tienen impactos de perdigones en sus cuerpos. 

“ESTAS OCHO PERSONAS MURIERON Y LO HEMOS DOCUMENTADO DEBIDAMENTE. MURIERON EN EL CONTEXTO DE LAS PROTESTAS, NO PODEMOS DECIR CUÁL FUE LA CAUSA, SI FUE ACCIDENTAL O PRODUCTO DE UNA ACCIÓN POLICIAL”, FREDDY CARRIÓN, DEFENSOR DEL PUEBLO.

Los hechos alrededor de los detenidos no solo varían en números, sino que las posiciones están más confrontadas. El Ministerio de Gobierno arrojó la cifra de 1.330 aprehendidos a escala nacional, de los cuales 57 son extranjeros. Defensoría ha registrado, en cambio, 1.192 personas que fueron llevadas ante la justicia, pero que el 76% salió libre casi inmediatamente en menos de 24 horas. Para Carrión, en este aspecto hay graves violaciones, pues ha calificado esas detenciones como arbitrarias e ilegales. Por edad, el mayor grupo de aprehendidos tenía entre 15 y 24 años, representan el 25% del total. Les sigue el grupo de 25 a 29 años (12%) y el de 30 a 34 años (11%). Del 24% que fue procesado, 20% está con prisión preventiva. 

Informes reservados a lo que tuvo acceso Plan V, dan cuenta de personas “brutalmente agredidas” durante sus detenciones en Quito. Tenían lesiones en su rostro y cuerpo. Dos aprehendidos tenían una discapacidad. Asimismo, hubo una menor de 16 años que fue hallada con su cabeza rota tras su aprehensión. En Cañar se registraron 17 jóvenes golpeados, en Cotopaxi una persona perdió su ojo presuntamente por el disparo de un perdigón y tres heridos graves en las confrontaciones con la Policía. Se han denunciado fuertes represiones también en El Oro, en Milagro, Imbabura (sobre todo en Zuleta y Yahuachi), en Loja y en Pastaza. 

“LA DEFENSORÍA LEVANTÓ ESTA INFORMACIÓN CUANTITATIVA A EFECTOS DE TENER TRANQUILIDAD, INFORMACIÓN VERAZ, COMPLETA Y CUANTIFICABLE”, FREDDY CARRIÓN, DEFENSOR DEL PUEBLO.

El Gobierno y la Defensoría solo coincidieron en que no tienen registros de desaparecidos hasta el momento. Lo que se presentó, según Carrión, fueron extravíos de familiares durante las protestas. Ambas instituciones prometieron investigaciones. Sus técnicos se reunieron el pasado miércoles. De Gobierno llegaron alrededor de 15 personas, encabezados por la Secretaría de DDHH, a la Defensoría para contrastar las cifras. Pero tras esa reunión, el Defensor no cambió ningún dato difundido por su institución y se ratificó en sus siete informes. También anunció la conformación de una comisión que trabajará durante 90 días para el esclarecimiento de los hechos. 

‘La gente cree que pertenecemos al gobierno, pero somo una entidad privada’

Tathiana Moreno

Gerente de áreas esenciales de la Cruz Roja Ecuatoriana 

Ustedes tuvieron varios momentos críticos durante el paro. ¿Cuál fue el peor?

Fue difícil decidir suspender el servicio de forma temporal. Como institución fue bastante dura. Lo que protege a nuestros voluntarios es nuestro emblema. La Cruz Roja es una organización internacional que trabaja en tiempos de paz, pero nuestra misión es proteger en conflictos armados. Lo que nos protege con un carácter jurídico y legal es el emblema. La gente piensa que por ser un doctor o una farmacia puede coger nuestro emblema porque lo relacionan con la salud. Pero no es así. Este emblema tiene un carácter protector internacional.

Nosotros no llevamos armas ni nada que ponga en peligro la vida. Pero cuando de repente se emblema no me protege, ni ambulancias ni personal médico, hay que hacer un alto. La Cruz Roja ampara su accionar en la neutralidad. Con la finalidad de conversar el acceso y la confianza de las partes, la Cruz Roja se abstendrá siempre de emitir un criterio a favor y contra de un gobierno o de las instancias que estén vinculadas en un conflicto. Pero en este caso las partes estaban quitando ese acceso a nuestras operaciones. Nosotros tenemos 7.000 voluntarios, que entran con un seguro, una capacitación y un distintivo.

¿Qué les pasó exactamente a sus voluntarios?

El problema no fue solo en Quito sino en todo el país. La gente cree que la Cruz Roja pertenece al Estado, pero es un ente privado. Entonces por eso varias de nuestras sedes fueron atacadas. Luego tuvimos 18 ambulancias dañadas. Tengo desde llantas pinchadas, rotas, vidrios rotos. El sábado tuve voluntarios ajusticiados con cables de luz en el Azuay. La comunidad creyó que en la ambulancia se llevaba armas, abrieron el vehículo, pero la turba cogió el cable de luz y les pegaron. Fue necesario marcar una distancia y sino hay una garantía no íbamos a entrar. 

¿Cuánto tiempo dejaron de operar?

Algunas horas del lunes 7 de octubre. Pero en las tres primeras horas ya tuvimos las cartas oficiales de las partes (Gobierno, Policía, Ejército, Conaie, FUT) que reconocían a la Cruz Roja y nos pedían que actuemos. Y volvimos. Entendemos que hay grupos autoconvocados o personas que actúan solas. 

Ahora el primer principio de la Cruz Roja es la humanidad y aliviar el sufrimiento humano en cualquier circunstancia. En las provincias de Guayas, Azuay, el servicio se siguió dando. 

¿Es la primera vez que hacen una suspensión temporal?

Creo que es la primera vez en el mundo que la Cruz Roja suspende sus operaciones. 

¿Ni en los conflictos más graves como en Medio Oriente?

Hay un respeto por el emblema. Cuando la ambulancia pasa, se abren para brindar el socorro. En la guerra hay un respeto por la gente que utiliza ese emblema, hay personal voluntario y médico. 

Un buen trato que acá se perdió...

En alguna parte se perdió. Lo bueno es que se pudo recuperar. La Cruz Roja siempre ha estado en El Arbolito. 

¿Qué pasó con el banco de sangre?

En Quito, está el hemocentro. Es una fábrica de sangre, que permite abaratar los costos. En las provincias están los centros de fraccionamiento y mandan siempre a Quito el análisis de la muestra, para ver qué sangre es la adecuada. Como se bloqueó Carchi, Imbabura, Chimborazo y no se podía ni usar los aeropuertos, entonces enviamos las muestras por el helicóptero de los bomberos y Avianca.  Chimborazo, por ejemplo, se quedó con 0 de sangre. Entonces suspendidos la entrega de sangre para operaciones planificadas y se redujo a lo mínimo. Fue una emergencia en varios niveles de escala. 

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