Las investigaciones del paro van a cuenta gotas 

Durante el paro nacional, que duró del 3 al 13 de octubre, la Fiscalía recibió 823 denuncias. De ellas 670 se encuentran en investigación previa. Es decir, el 81% no ha pasado a un proceso penal a más de tres meses de las manifestaciones. Dentro de ellas están las denuncias por delitos contra la seguridad pública. Por ejemplo, se investiga una acusación por supuestos grupos subversivos. La Fiscalía la inició de oficio el 22 de octubre después de las declaraciones que hiciera el presidente de la Conaie, Jaime Vargas. El líder indígena hizo un llamado a la creación de un ejército propio el 19 de octubre, aunque luego negó esa afirmación. Vargas y otros líderes han sido llamados a dar su versión por esta y otras indagaciones. Pero sobre subversión, este es el único caso que es investigado por la justicia. 

Eso a pesar de que las autoridades militares hicieron fuertes declaraciones al respecto. Dos días después de la declaración de Vargas, Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, habló de una nueva matriz para afrontar la insurgencia. El 29 de octubre, Fabián Fuel, director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se refirió a las protestas y dijo que existe una “nueva amenaza de delincuentes, de terroristas. Donde nuestra nueva misión será identificarles, aislarles, neutralizarles para ser entregados a las autoridades competentes”. Lo dijo en un ceremonia militar. La CIDH, en su informe sobre el paro, manifestó que fue informada de esas declaraciones “en las que se asociaría a las organizaciones y movimientos que participaron de las protestas con grupos ilegales”.

Pero en la Fiscalía hay mucho aún por indagar. Otros delitos como el sabotaje están en la fase inicial. Hay 42 denuncias, de las cuales 41 siguen en investigación previa; solo una ha llegado a instrucción fiscal y tiene que ver con el incendio de la Contraloría. Hay dos denuncias por rebelión, una de ellas contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. 

Equipos antimotines, usados por la Policía, han sido adquiridos por los militares. Foto: PlanV

Pabón fue detenida el 14 octubre cuando finalizó la protesta. Su abogado, Freddy Ron, explicó que esa aprehensión fue ilegal. Argumenta que se trató de una detención con fines investigativos y por lo tanto llamar de forma inmediata a una audiencia de formulación de cargos no cabe en derecho penal. Esa audiencia solo corresponde cuando una persona es detenida en delito flagrante lo que no pasó en el caso de Pabón, agregó. 

Pabón es procesada por el delito de rebelión. Primero fue acusada de promover un movimiento armado para alterar la paz del Estado. Pero luego la Fiscalía reformuló los cargos y la acusó por rebelión sin agravantes. Según el abogado, los elementos que ha presentado la Fiscalía han sido dos mensajes de Pabón por Twitter, seguimientos e interceptaciones telefónicas. En opinión de Ron, la Fiscalía no tiene una sola evidencia que corresponda al delito que acusa a su cliente. “No hay un solo video, ni una sola versión”. 

Pabón salió de prisión el 25 de diciembre pasado después de 71 días. La instrucción fiscal está por cerrar en 16 días. Hasta el momento, las diligencias se han centrado en llamar a versiones, entre ellos a líderes indígenas y pericias a documentos encontrados en el allanamiento a la casa de Pabón. La tesis de la Fiscalía es que la supuesta subversión fue preparada desde hace dos años atrás. “Eso es un invento”, según el abogado. Hace más de 40 años no existe una sentencia en Ecuador por rebelión, aseguró Ron a Plan V. 

En otros casos, a la Fiscalía llegó diez denuncias por incitación a la discordia entre ciudadanos, de ellas tres han llegado a juicio. Por instigación, una de las 12 denuncias ha avanzado a juicio. Asimismo, de las 169 denuncias por paralización de un servicio público, 18 están en juicio. Las investigaciones que más se han adelantado tienen que ver con ataque y resistencia. 

Las FF.AA. se arman para nuevas manifestaciones 

Mientras las investigaciones han arrojado pocas luces a los hechos de octubre, el Ejército ha realizado millonarias adquisiciones tras el paro. La institución aseguró que las manifestaciones evidenciaron la falta de material no letal. 

La Fuerza Terrestre aseguró que la última compra de ese material se realizó en 2008 y en octubre esas reservas no fueron suficientes para el personal militar. La institución argumentó que eso afectó “al cumplimiento de los principios logísticos como la oportunidad, continuidad, previsión para la entrega de abastecimientos durante el desarrollo de las operaciones contra disturbios y acciones delincuenciales”. Eso se encuentra en la justificación emitida el 25 de noviembre pasado para la compra de los equipos. En el documento se señala que ese material es importante para las operaciones contra disturbios, motines y contrainsurgencia porque permite disuadir a grupos de manifestantes que pretenden alterar el orden público. 

Por ello, el Ejército hizo compras para 204 equipos de combate, cada uno formado por 20 personas. Es decir para 4.080 militares, lo que representa el 15% de la totalidad del personal que se emplea en las operaciones militares internas. 

Los militares y los equipos que usaron durante las protestas de octubre. Foto: AFP

En una primera compra adquirió 12.000 cartuchos calibre 12 esfera de goma, 30.000 cartuchos calibre 12 perdigones de goma, 22.070 cartuchos calibre 12 tipo saquete y 15.000 cartuchos calibre 12 aturdidores. También 100.000 granadas lacrimógenas de tres tipos: 50.000 de 150 yardas 37/38, 20.000 de 150 yardas de 40 MM y 30.000 granadas de mano 3 fases/cuerpos. Esto por un costo de USD 2'956.558. El Ejército firmó el contrato con la empresa Sourcing Group Corp, el 12 de diciembre pasado. 

Ese mismo día se firmaron dos contratos más. Uno con la empresa M.G. Suber & Associates, LLC, de Carolina del Sur, por USD 483.000. A ella le compró 1.000 escopetas semiautomáticas de bomba marca Mossberg, modelo 500 Tactical 8, calibre 12. Cada arma debía tener grabado el escudo del Ecuador y la numeración de fábrica.  La entrega está prevista para el 5 de febrero próximo. 

Un tercer contrato, de esa misma fecha, fue con la empresa Sourcing Group Corp por USD 234.000 por 1.200 máscaras antigás. Las tres compras sumaron un total de USD 3’673.558. El Ejército tenía previsto también adquirir 3.000 escudos  y 3.753 trajes antimotines (robocops). 

El objetivo, dice la justificación de la contratación, es incrementar la “capacidad operativa de las unidades tácticas en la ejecución de las operaciones militares en caso de nuevos disturbios”. Eso en apoyo a la Policía Nacional en caso de emergencia nacional. El documento reveló que los equipos con los que contaba el Ejército estaban caducados. 

El 13 de enero, Luis Lara, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, informó de la compra de estos equipos. Volvió a asegurar que en octubre hubo supuestos grupos con formación paramilitar. Por eso aseguró a Ecuavisa que se están preparando en los campos doctrinario y logístico. Según Lara, los equipos les permitirá tener unidades móviles y flexibles para que den una respuesta rápida. Dijo que el armamento es multipropósito para “enfrentar las amenazas y los riegos”. En el reporte del medio se sostuvo que en las FF. AA. se investiga supuestos grupos insurgentes. 

¿Hay grupos insurgentes o subversivos en Ecuador?

El ministro Jarrín ha sostenido que el país se enfrenta a amenazas asimétricas después de la crisis en la frontera en el 2018. Estas amenazas se refieren a la delincuencia organizada transnacional y a los grupos irregulares armados, según el Libro Blanco o política de Defensa Nacional. Esas amenazas fueron mencionadas de nuevo tras el paro. El general Lara dijo que existen grupos que pretenden destruir a la nación y sus instituciones. 

Pero un informe reservado en conocimiento del alto mando militar, al que accedió Plan V, sostiene que la confluencia de actores y factores no permiten tener claridad respecto a las acciones y propósitos específicos de esas amenazas. También menciona la debilidad del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES, antes Senain) como organismo de inteligencia, pues no ha cumplido con su rol de emitir alertas tempranas. 

Tras el paro de octubre, en el documento se recomienda de forma urgente la creación de un sistema de contrainteligencia militar con el objetivo de evitar el ciberespionaje. El documento es una guía de qué hacer en cuanto a labores de inteligencia, por ejemplo seguir información clave de redes sociales, analizar el discurso indígena, mapear actores dentro y fuera de institución y sus intereses, cooperar en inteligencia con otros países y hasta sugiere acudir a expertos académicos nacionales e internacionales que den pistas sobre las causas e implicaciones de las protestas en toda la región. 

Pero mientras el Ejército avanza en la compra de equipos para operativos contra disturbios, motines e insurgencia, ¿qué investigaciones hay sobre la supuesta formación de esos grupos en Ecuador? Además de la investigación en la Fiscalía por las declaraciones de Vargas no hay indicios de otras pesquisas en curso. 

Sin embargo, el coronel (r) Mario Pazmiño sostiene que al menos dos grupos estarían en formación en el país. Pero cree que el término subversivo no es el adecuado. Él asegura que se tratan de grupos de “terrorismo urbano y sedición”. Uno de ellos se estaría formando en El Tingo, en las afueras de Quito. Tendría formación militar. El segundo grupo se llamaría “colectivo insurgente” y tendría miembros en cuatro provincias (Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura), aunque también tendrían aliados en Pichincha y Azuay. Según el experto, integrantes de ese grupo habrían salido a Cuba y Venezuela. Además tendrían acuerdos con el ELN y se estarían formando en campamentos del Valle del Cauca, en Colombia. En Ecuador, uno de sus campamentos estaría en Lita. 

Pazmiño, quien fue director de Inteligencia del Ejército, contó a Plan V que el presidente Lenín Moreno supo de esa información a finales del año pasado. Pero estos informes son de septiembre de 2018. El experto no puede asegurar qué ha pasado con esos grupos, pues coincide que uno de las falencias es la falta de Inteligencia y de seguimiento a esas alertas. A su criterio, cada subsistema de Inteligencia trabaja de forma independiente y el CIES debería ordenar, centralizar y analizar toda esa información. 

El nuevo comandante de la Policía, Patricio Carrillo, reconoció la semana pasada la falta de normativa y de mayores conocimientos sobre esas amenazas híbridas. “Creo que poco a poco iremos desarrollando mayores capacidades en este sentido, iremos entendiendo mejor cuáles son las amenazas y cuáles son los riesgos a los que se está exponiendo la seguridad de los ciudadanos”. Afirmó que en este escenario Ecuador necesita una ley de Inteligencia. “Estamos fortaleciendo y potencializando la Inteligencia del Estado, conjuntamente con otros actores como el CIES y defensa para hacer una gran frente de lucha contra esta amenaza”.