Las cámaras de seguridad de las bóvedas del Banco Sudamericano muestran a tres personas, una hora antes de la llegada de las autoridades, llevándose todo el efectivo de esa entidad. Absolutamente todo el dinero que quedaba en las bóvedas, según la filmación, es retirado por quienes parecen ser dos funcionarios y el hijo de uno de los accionistas. Cuando llegó la Policía escoltando a los funcionarios de la Superintendencia de Bancos, ya no había ni un solo centavo en efectivo. 

La denuncia la hizo, públicamente, el superintendente de Bancos, Pedro Solines Chacón, quien reveló también que el Sudamericano no había pagado multas por valores cercanos a los USD 92 mil producto de una serie de irregularidades e incumplimientos legales, que van desde anomalías en la contabilidad hasta la evidente falta de liquidez. 

La mañana del 25 de agosto de este año, las autoridades llegaron a la matriz del Banco, ubicada en la avenida Amazonas, al norte de Quito, y colocaron un cartel indicando que la entidad había sido cerrada por órdenes de la Superintendencia. Los 11.100 clientes cuyos depósitos eran inferiores a 32 mil dólares fueron cubiertos por el Seguro de Depósitos, y el dinero se les devolvió por medio del Banco del Pacífico durante el mes de septiembre pasado. Apenas 14, que tenían una cantidad más grande, deberán esperar a que se realice la liquidación del Banco para poder cobrar sus acreencias. La devolución de depósitos  fue cuantificada en USD un millón 800 mil, según informó la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede).

Pero, ¿cuáles fueron las pecados del Banco Sudamericano? Un informe de la Superintendencia al que tuvo acceso PLAN V revela las irregularidades de esta entidad, que han sido ya remitidas a la justicia, pues, en criterio de la Superintendencia, hay graves indicios de fraude bancario penado por la ley. 

El documento de la resolución SBS-2014-720 por medio de la cual la Superintendencia de Bancos dispone la liquidación del Banco Sudamericano, establece que se habrían violado, de manera evidente, por lo menos dos artículos de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero: el 148 y el 149, que se refieren a la obligación que tienen las instituciones financieras de acatar las disposiciones emanadas de la autoridad de control, así como adulterar o distorsionar los estados financieros, obstaculizar la supervisión, cometer actos ilícitos o cualquier acción que haga temer por su estabilidad. 

La resolución de la Superintendencia enumera todas y cada una de las irregularidades que habrían cometido los administradores del Banco Sudamericano, entre estas, la concesión de créditos vinculados; irregularidades en la entrega de créditos, muchas veces concedidos sin garantías o sin una adecuada calificación de los deudores; incumplimiento de normas sobre lavado de activos; obstaculizar los pedidos de la Superintendencia de Bancos; no entregar los documentos de respaldo de sus balances y las justificaciones de sus cifras; un total de 66 multas desde noviembre de 2001 hasta abril de 2014 impagas por un valor de USD 91.121, 79; presentación de balances con la supuesta firma del auditor interno, cuando este declaró que no los había suscrito; presentación de informes de avaluación de inmuebles en los que la firma del perito avaluador también habría sido usada dolosamente; irregularidades en el manejo de las cuentas corrientes del Banco; concesión de créditos a compañías que se encuentran en estado de disolución y liquidación; la realización de actividades distintas al negocio bancario, como son la comercialización de bienes inmuebles, entre otras. 

El grueso del faltante, determinado por la Superintendencia de Bancos en esa entidad financiera, sería de USD 6 millones 384 mil 726, que fue la cantidad que la Superintendencia pidió a los accionistas del Banco que aportaran en dinero físico con el fin de seguir operando, cosa que no hicieron hasta el 18 de agosto de 2014, por lo que se dispuso la liquidación del Banco. El origen del faltante, según explica la resolución de la Superintendencia, es una serie de "ajustes contables" que se deben a "clasificaciones erróneas de cartera de crédito, inconsistencias en la clasificación de sujetos de crédito, falta de soporte en las capitalizaciones efectuadas por los accionistas, irregularidades en la valoración de bienes inmuebles, activos no provisionados", entre otros. 

Aunque el Banco Sudamericano pidió más tiempo para poder capitalizarse, si bien nunca estuvo de acuerdo con la valoración del faltante hecha por la Superintendencia, este pedido le fue negado, y el Banco entró en liquidación forzosa, nombrándose a Luis Armando Pólit Herrería como liquidador de la entidad. 

¿Quiénes serían los responsables?

Pero, ¿quiénes eran los responsables del Banco Sudamericano? Según un documento de la Superintendencia de Bancos, el Directorio estaba presidido por Carlos Paredes Secaira, el vicepresidente era Nelson Burbano Landázuri, los vocales fueron Milton Chávez Velasco, Luis Gonzalo Ocaña Gavilanez (quien sería también el principal accionista), José Ribadeneira Núñez, y  Marco Grandes Andrade, siendo la gerente general y representante legal Nieve Vera Sánchez. 

En un oficio fechado el 24 de agosto, el superintendente de Bancos, Pedro Solines, pidió a un juez de lo Penal que "dado que aparecen indicios de fraude bancario y financiero, dicte medidas cautelares sobre los bienes de los directores, administradores, accionistas privados y representantes legales" del banco cerrado.  En una entrevista en Radio Democracia, el superintendente declaró que el patrimonio de ocho millones que decía tener el Banco "no era real" y agregó que los funcionario del Banco "fueron tan burdos" al llevarse el dinero de las bóvedas que ni siquiera desconectaron las cámaras de seguridad, por lo que las grabaciones serán presentadas como posibles indicios penales en su contra. El superintendente dijo que los ex accionistas del Sudamericano "deben ingresar a la cárcel" por la serie de irregularidades encontradas en la entidad financiera. 

De su lado, en una rueda de prensa, Carlos Paredes, ex presidente del Directorio, se limitó a decir que "la posición de iliquidez del Banco es falsa" y afirmó que no pudo realizar el aumento de capital que le dispuso la autoridad de control porque le dieron un plazo demasiado corto. Paredes reveló también que el principal accionista del Banco es Gonzalo Ocaña, en cuyas oficinas, según denunció el superintendente Solines, "se encontraron dos pistolas".