El Perú atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. Según el informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se registraron cerca de 46 ejecuciones extrajudiciales, 912 civiles heridos y al menos 65 fallecidos, incluyendo menores de edad, a causa del uso excesivo de la fuerza y la represión de las movilizaciones, sin un atisbo de que se vayan a realizar las investigaciones para establecer responsables. Las consecuencias de la desigualdad estructural y las notas racistas se hacen palpables en la polarización de la ciudadanía. De un lado, quienes creen en un futuro próspero gracias al modelo de desarrollo neoextractivista, superponiendo el beneficio de algunos sobre el colectivo. Del otro lado, quienes viven en carne propia la explotación de sus territorios, quienes históricamente han sido silenciados y olvidados; a quienes solo les queda las calles, para exigir escucha y representación.

En medio de esta tormenta, los actuales congresistas manifiestan una descarada desconexión de la realidad y niegan —en el mejor de los casos— las demandas expresadas en las manifestaciones. Por el contrario, apresuran los pasos para conseguir la aprobación de proyectos de ley groseramente lesivos, detrás de los cuales se desenmascaran cabildeos de grupos económicos poderosos, que han desatado actuaciones ilegales contra los bosques, la Amazonía y los territorios de los pueblos indígenas.

Entre ellos resalta el PL Nº 3518/2022-CR que busca modificar la Ley que protege a los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial - PIACI (Ley Nº 28736), estos son conocidos como “pueblos ecosistémicos o autonómicos”, por lo cual, debilitar dicha ley representa un complejo  cuadro de posibles vulneraciones. El proyecto de ley pretende retroceder en los derechos específicos que los PIACI tienen reconocidos en Perú. Por ejemplo, habilita que se sometan a “revisión” los reconocimientos oficiales de la existencia de los 25 pueblos en aislamiento y contacto inicial así como las reservas indígenas existentes (al momento son siete), para evaluar su extinción o revocación. Así también, dispone que se “suspendan” los procesos en curso que buscan lograr el reconocimiento de otros pueblos PIACI y suspender la creación de nuevas reservas indígenas (son cinco las que se encuentran en trámite, con cerca de 20 años de retraso).

En el Perú hay unos 5 mil indígenas en aislamiento o contacto inicial. El Ministerio de Cultura informó sobre los últimos avances del Estado en la protección de estos pueblos remotos. Foto: Sociedad Zoológica de Frankfurt / El Comercio de Lima

Actualmente, los gobiernos regionales en Perú participan en la toma de decisiones en los procesos de reconocimiento de PIACI y para la creación de sus reservas, pero el PL 3518 propone que pasen a liderarlos, restando facultades al Ministerio de Cultura. De aprobarse este proyecto de ley, sin duda ocasionará el exterminio de estos pueblos, puesto que varios de los gobiernos regionales manifiestan estar en contra de la protección de los PIACI ya sea porque niegan que existan, por interés particular sobre los recursos naturales de sus territorios o porque ya han otorgado ilegalmente derechos a terceros para la explotación de recursos. 

Otra preocupante alarma la activa una autógrafa de ley que plantea modificar la Ley Forestal. Con esta se disminuyen los requisitos técnicos para cambiar los bosques en pie por el de uso agrícola, actualmente la norma establece que este cambio se realiza de forma excepcional y sustentada. De insistirse en la aprobación de esta Ley, la feroz invasión de la Amazonía beneficiará a quienes ya afectaron bosques con monocultivos, y actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, quienes serán regularizados y sin duda atraerá nuevos emprendimientos de esta naturaleza. Estos actores serían los reales promotores de esta norma.

Los primeros afectados, los pueblos indígenas amazónicos, protestan en torno a esta iniciativa al ser criminalizados y asesinados al defender sus territorios y los bosques frente a las invasiones, los que se incrementarán con esta modificación a la Ley Forestal. La tragedia a la que se enfrentan los pueblos es que mientras ellos disponen de mecanismos lentos e ineficaces para proteger sus derechos y a los defensores ambientales, quienes afectan e invaden la Amazonía apelan a la ágil actuación del  Congreso de la República para contar con proyectos de ley que se amolden a sus intereses, aprovechando la grave crisis de partidos políticos y de los vacíos que estos manifiestan para adaptarse a las nuevas necesidades que trae la catástrofe climática.

Sede del Congreso de Perú. Foto: Reuters

Al rechazo de estos proyectos de ley, se han sumado entidades estatales como los Ministerios de Cultura y de Ambiente, la Defensoría del Pueblo, además de diversas organizaciones indígenas y de sociedad civil. A su vez, advierten irregularidades en su proceso legislativo puesto que no han sido derivados a la comisión del Congreso competente para su estudio.

Además se identifican otros cinco proyectos de ley que conllevan amenazas para la protección de los recursos naturales, los territorios y la gobernanza de los pueblos indígenas y que han sido elaborados al gusto y la medida de actores e intereses que depredan la Amazonía.

Es por ello que organizaciones representativas de la amazonía peruana como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Alianza Cuencas Sagradas y organizaciones de la sociedad civil siguen de cerca, actúan frente a estos procesos legislativos y han emitido alertas ante su oculto avance a ojos de la opinión pública. Dicho avance se aprovecha de un turbio contexto para la defensa de derechos humanos, en medio de la movilización ciudadana, la captación política por parte de un gobierno con matices autoritarios o dictatoriales, cada vez más indolente en el uso excesivo de la fuerza para la represión de las libertades ciudadanas.

* Lorena Mendoza Egúsquiza. Activista y comunicadora de la Iniciativa Cuencas Sagradas. Es graduada en Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú con Estudios de Género en Flacso Argentina.

* Guisela Loayza Alvarez. Asesora legal de la Iniciativa Cuencas Sagradas. Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid.