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10 de Junio del 2019
Historias
Lectura: 13 minutos
10 de Junio del 2019
Redacción Plan V
Plan V lanza Sobrevivientes, un especial multimedia sobre violaciones a DDHH
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Fotos: Luis Argüello

El especial reúne testimonios de activistas, líderes de comunidades, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros.

 

Hablar de derechos humanos en Ecuador es hablar de impunidad. Plan V armó durante siete meses una base de datos acompañada de historias y reportajes en video que buscan apelar a la memoria de un país, cuya mayor tragedia es el olvido de la historia.

Después de siete meses de investigación, revista Plan V publicará este miércoles, 12 de junio, el especial multimedia Sobrevivientes. Es un trabajo periodístico que incluye 101 historias de violaciones de derechos humanos en Ecuador, entre el 2007 y el 2017, uno de los periodos más restrictivos en cuanto a libertades bajo el régimen de Rafael Correa. Además tiene 21 reportajes en video, gráficos y bases de datos. El objetivo fue crear una memoria de aquellos hechos —gran parte aún impunes— y dar voz a sus protagonistas.

Un equipo de Plan V viajó por tres de las cuatro regiones del Ecuador para recoger testimonios y entender las secuelas que dejaron las afectaciones a la vulneración de derechos como el acceso al agua, a la protesta, a la vida, a la libertad de expresión o a la defensa de los derechos indígenas y de la Naturaleza, entre otros. Todo ese material gráfico fue condensado en 21 reportajes de video, de tres a cinco minutos de duración cada uno.

Esos videos estarán disponibles en el micrositio del especial, pero también serán lanzados por las redes sociales de Plan V (Twitter, Facebook y Youtube). Cada día serán publicados por esas redes dos videos. Este lunes, 10 de junio, fue lanzado el primero: la historia de Ángelo Ayol, un exestudiante del colegio Mejía que fue detenido y torturado por la Policía, en las protestas del 2014. Ayol y su familia se enfrentaron solos a todo el Estado y a una de las instituciones más poderosas del país. Es el único caso que ha alcanzado una sentencia por tortura en Ecuador. La condena contra dos policías fue ratificada por la Corte Provincial de Pichincha, el pasado 15 de abril. Pero las secuelas que ha dejado en la familia esa búsqueda de justicia son imborrables.

Los temas fueron seleccionados según varios criterios: su impacto nacional e internacional; su ubicación geográfica, es decir abrir la posibilidad de que habitantes de la Costa, Sierra y Oriente puedan contar sus historias, sus diferentes contextos y sus afectaciones. Los 21 videos fueron grabados en los siguientes lugares: Portoviejo (Manabí), Guayaquil, La Troncal (Cañar), Puerto Mestanza (Sucumbíos), Dayuma (Orellana), Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Turi (Cuenca), Saraguro (Loja), Loja, Lago Agrio, Cuenca, San Pablo de Amalí (Bolívar), Ambato y Puyo.

Pero también fue fundamental que el especial tenga enfoque y equidad de género. De hecho, en los 21 reportajes, las protagonistas son principalmente mujeres. Son defensoras de derechos humanos o líderes de su comunidad que han sido perseguidas. O son madres, hijas o hermanas a quienes les asesinaron un familiar y no han alcanzado justicia.

Aunque los reportajes en video usan fragmentos de los testimonios recogidos en el lugar de los hechos, Plan V también publicará las entrevistas completas a cada uno de protagonistas de las historias y a los expertos consultados. Ese material comprende 41 videos de entre 15 y 30 minutos cada uno.

Las 101 historias recogidas en Sobrevivientes son registros de cómo inició cada caso y su avance u olvido hasta la actualidad. Para ello, Plan V acudió a los archivos de la prensa nacional y a los expedientes de los casos en la Función Judicial, cuando estos avanzaron a un proceso legal. Pero encontrar información de la situación actual del caso no siempre fue posible.

Muertes no aclaradas es una de las cuatro secciones que compone este trabajo periodístico. Esta sección incluye los siguientes subtemas:

  • Por denuncias de corrupción

  • Por denuncias de narcotráfico

  • Los muertos del 30S

  • Activistas contra la minería

  • Por ejecución extrajudicial

Las otras tres son: Derecho afectado, sector social y región. Los lectores tendrán la posibilidad de hallar ordenadas las 101 historias bajo esos criterios. En el caso de Derecho afectado, los subtemas que lo conforman son:

  • Al acceso a la justicia

  • A la vida

  • A no ser sometido a la tortura

  • A la libertad de expresión y asociación

  • A la tierra y a la vivienda

  • A la privacidad

  • Al libre tránsito

  • Al trabajo

  • De los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y de la Naturaleza

  • Derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y LGBTIQ+

En Sector social, las historias fueron ordenadas de las siguiente manera:

  • Mujeres, niñas (os), LGTBIQ+

  • Indígenas, campesinos, afrodescendientes

  • Defensores de DDHH

  • Periodistas, medios

  • Funcionarios, políticos, agentes estatales

  • Trabajadores

  • Estudiantes, profesores

  • Ciudadanos

En Región, están las categorías de Costa, Sierra, Amazonía y Todo el país. Esta última contiene los casos que afectaron a personas en varias zonas del Ecuador.

Los hallazgos de Sobrevivientes

En la investigación quedó claro que la impunidad es un eje transversal en los casos de violaciones de derechos fundamentales. Por ejemplo, dentro de la sección Muertes no aclaradas, hallamos que de los 37 casos que logramos registrar, 21 no tuvieron un proceso judicial o penas llegaron a la investigación previa. Dentro de estos casos están, por ejemplo, las muertes al borde del río San Miguel, en Lago Agrio, que involucra a militares ecuatorianos y que su investigación está suspendida por falta de cooperación de las fuerzas militares. Ese es el caso de Rubén Darío Santander Guerrón, un adolescente que fue impactado por una bala en su comunidad, Puerto Mestanza, en 2011. Este es uno de los reportajes en video que será lanzado a partir de este miércoles.

También fue evidente que en los crímenes donde están señalados policías y militares, la justicia escasea. Es el caso de Francisco Javier Cajigas Botina, un ciudadano colombiano que se lo vio por última vez con vida cuando estaba bajo custodia de la Policía, el 17 de noviembre de 2015. Días después fue encontrado muerto. Su caso ha pasado por episodios que ninguna autoridad ha dado respuesta. Dentro de las investigaciones, se procedió a la exhumación del cadáver: el cuerpo apareció sin cabeza. Los primeros médicos legistas que hicieron la autopsia a Cajigas impidieron a la familia ver el cuerpo. Ellos fueron acusados por alteración de evidencias. Un tribunal los declaró inocentes. Hasta el momento no hay procesados por el asesinato de Cajigas ni por la alteración de evidencias.

También quedó claro que en los crímenes contra defensores de derechos humanos y de la naturaleza, las investigaciones han quedado en el limbo. Es el caso de Marlon Rafael Lozano Yulán, activista de la organización campesina Unión Tierra y Vida, quien fue acribillado al salir de su oficina en Guayaquil, en el 2011. Esta organización se dedicaba a la defensa de los derechos campesinos a la tierra y la reforma agraria y estaba dirigida por su tío, Milton Yulán Morán. Al parecer, el crimen estaba dirigido contra él. Pero no hubo una investigación al respecto.

Otro caso similar y que ha quedado en el olvido es el de Germán Antonio Ramírez Herrera. Era un reconocido médico legista especializado en casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Fue asesinado en Quevedo y hasta ahora su crimen sigue en la impunidad. Ni la intervención del entonces relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, destrabó el caso. Alston calificó al caso de “alarmante” e incluyó en su informe esa muerte. Ese crimen —dijo— ilustraba “vínculos entre la policía y unas muertes a manos de sicarios en Los Ríos”.

"Yo para el Estado soy el peor ciudadano, porque el Estado me ha acusado de todo. Quizá ni a un animalito han tratado de esa forma. Pero a nosotros nos han tratado así", Manuel Trujillo, líder de la comunidad San Pablo de Amalí.

Quienes hicieron denuncias de corrupción o sobre narcotráfico fueron asesinados o murieron en circunstancias no esclarecidas. Uno de esos casos icónicos es el del abogado esmeraldeño, Wellington Alcívar. Él fue uno de los primeros en denunciar la presencia del cartel mexicano de Sinaloa en Ecuador. Fue asesinado en 2012 y hubo un procesado, César Vernaza, conocido con el alias del ‘Empresario’. Pero este fue declarado inocente en tres instancias judiciales. Así la muerte del jurista lleva más de seis años impune. Su hija, María José Alcívar, habló con Plan V. Para ella, el Estado es el asesino de su padre.

Los testimonios de este especial no solo reflejan el sufrimiento de las víctimas, sino de cómo el Estado no solo es un actor indolente, sino también —muchas veces— es el propio agresor o cómplice de múltiples violaciones de DDHH en Ecuador. Es el caso de los líderes indígenas y defensores de derechos. En uno de los reportajes en video está la historia de Manuel Trujillo y de su comunidad San Pablo de Amalí, que lucha por la legalización al acceso del agua contra Hidrotambo, una hidroeléctrica privada. Pero esta bandera le ha traído como consecuencia ser acusado de terrorista y la irrupción de militares en la zona para detener a los reclamantes.

Está el caso también de Saraguro y sus líderes Luisa Lozano y Servio Amable Angamarca. Ellos junto a otras personas de la comunidad fueron detenidos y procesados bajo los cargos de paralización de servicios, durante el levantamiento indígena de 2015 contra el gobierno de Correa. Los manifestantes fueron reprimidos: viviendas allanadas y hombres y mujeres arrastrados. Este es otro de los reportajes en video que contiene este especial. Sus protagonistas recuerdan aquellos momento de violencia estatal.

En este especial relatamos 22 casos de personas que fueron detenidas, procesadas y vulnerados sus derecho a la justicia y a la defensa por denunciar corrupción, protestar, defender los derechos de su comunidad o simplemente por reunirse.

Hicimos énfasis en los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y LGTBIQ+. Aunque existen miles de casos que reflejan la innumerables tipos de violaciones a sus derechos fundamentales, buscamos uno o dos casos emblemáticos que ilustren los siguientes problemas: los ataques y estigmas contra defensoras de DDHH, políticas y educadoras; cómo actúa la justicia ante los femicidio y la violencia sexual en las instituciones educativas; la censura y la violencia simbólica; la maternidad forzada de niñas y la judicialización de mujeres por abortar; los delitos como la trata de personas; y el matrimonio igualitario como una de las principales luchas de los grupos LGTBIQ+ en Ecuador. Cada historia nos lleva a la misma conclusión: en Ecuador, el aparato judicial y legal tiene enorme deficiencias para garantizar los derechos de estos sectores.

El nombre del especial, Sobrevivientes, nace de las conversaciones con los protagonistas de las historias. Las familias que buscan que el crimen de un ser querido no quede en la impunidad han sobrevivido a una justicia lenta, indiferente y cómplice. Quienes han sido perseguidos por el Estado, sobre todo los líderes de comunidades y defensores de DDHH, han logrado mantener su lucha, pese a ser procesados y acusados de terroristas. Los que han buscado defender su derecho a la libertad de expresión y asociación no dejaron que sus voces sean acalladas. Todos, de alguna manera, son sobrevivientes.  Este especial también es una secuela de la exitosa experiencia del Museo de la Corrupción, que fue otra gran base de datos publicada en Plan V en el 2017, que apela a la memoria en un país donde el olvido de la historia es su peor fracaso.

 

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