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10 de Diciembre del 2019
Historias
Lectura: 12 minutos
10 de Diciembre del 2019
Redacción Plan V
Prejuicios y riesgos: experiencias de mujeres en la lucha contra la corrupción
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Fotoilustración: PlanV

 

La Secretaria Anticorrupción, Dora Ordóñez y la asambleísta Mae Montaño expusieron las dificultades que enfrentan las mujeres en cargos decisorios, la desigualdad de poderes y relataron sus experiencias personales. La gran ausente fue la fiscal Diana Salazar.

Mujeres en la lucha contra la corrupción. Ese fue el panel más esperado de la noche, pero quedó desdentado apenas inició el evento porque la fiscal General de la Nación, Diana Salazar, canceló su participación. Adujo problemas de agenda. Un ambiente de desencanto se notó en la audiencia que llegó al Swissôtel, el pasado miércoles, para escuchar sobre el rol de las mujeres en la lucha contra la corrupción. Hasta la moderadora del panel, la periodista Carmen Andrade, comenzó lamentando la inasistencia de Salazar. Era imprescindible, dijo, conocer de ella los nudos críticos para lograr mayor agilidad en la justicia en delitos de corrupción. Las inquietudes quedaron en el aire. 

Con ese preámbulo, que sonó a reclamo, el foro comenzó. Dora Ordóñez, secretaria Anticorrupción, contó que su acercamiento a esta tarea inició cuando fue concejal de Cuenca, donde buscó fiscalizar los fondos públicos en las obras destinadas a la ciudad. Esa experiencia le abrió las puertas a la Secretaría, que es una entidad de la Presidencia, creada hace apenas 11 meses. Su antecesor fue Iván Granda, quien encabezó denuncias sobre irregularidades en la Acería china XINGLONG S. A., el financiamiento del Gobierno de Venezuela a la Fundación Eloy Alfaro, las coimas de la Constructora OAS, entre otros. 

Ordóñez reemplazó a Granda cuando este fue designado Ministro de Inclusión Económica y Social. Ordónez era subsecretaria Anticorrupción así que ascendió a la titularidad de la entidad. Una de sus denuncias ha sido la importación de fármacos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la que se habría utilizado empresas fantasmas. En ese caso, informó, estarían relacionados el expresidente del directorio del IESS, Ramiro González, y la excoordinadora del IESS, María Sol Larrea, entre otros. 


De izquierda a derecha: Carmen Andrade, Dora Ordónez y Mae Mondaño. Faltó la fiscal Diana Salazar. 

Pero la tarea no ha sido fácil. La funcionaria reveló que en un despacho donde analiza e investiga actos de corrupción su criterio no es último. Para tomar una decisión siempre se "repregunta" a alguien más para continuar por esa línea, apuntó Ordóñez. "Son las decisiones que se dan al interno de la oficina, en el equipo de trabajo, que quieren fortalecerá el apoyo desde otros criterios masculinos", cuestionó. 

Pero dijo que pese a esas situaciones, también hay oportunidades. Mencionó estudios internacionales como los de Transparencia Internacional aseguran que las mujeres son más honestas que los hombres, según la percepción de la gente. Los indicadores concluyen que las mujeres son menos corruptas, pero al mismo tiempo son más vulnerables al denunciar corrupción. "¿Por qué no se corrompe la mujer?, ¿porque no tiene la oportunidad de llegar a cargos directivos tal vez?, ¿porque somos muy pocas en estos espacios de decisión?", planteó como preguntas.  Andrade atenuó esa tesis: "también hemos tenido sumisas en el Ecuador" en referencia a las tres exlegisladoras de Alianza País que votaron en contra del aborto en el 2013

"Encontramos millones de dólares desviados y no solamente por sobreprecios (de obras) sino compras ficticias. Hemos llegado a un punto sin retorno" 

Dora Ordónez

La asambleísta nacional Mae Montaño fue otra panelistas. Contó que cuando fue candidata a la Alcaldía de Esmeraldas a su oficina llegaron contratistas que le ofrecieron dinero a cambio de contratos si llegaba a ganar. Nunca los aceptó, pero se dio cuenta de los compromisos que tienen los políticos desde las campañas. Es un mal que no ha cambiado, aseguró. Agregó que no solo los cargos tienen un precio sino que hay un sistema transnacional de mafias, cómo lo visto en el caso Odebrecht. Por eso invitó a los ciudadanos a unirse también a la lucha contra la corrupción. La ciudadanía es insensible frente a este tema, aseguró. 

Como asambleísta ha llegado a conocer actos sorprendentes. Un fiscal, a quien no identificó, le dijo que funcionarios habían creado un portal de compras públicas paralelo. Hay redes que a través del tráfico de influencias usan las instituciones del país para la corrupción. "Las instituciones están comprometidas que ameritan acciones urgentes desde la sociedad civil". “Este es un tema colectivo y social. Hay países que han logrado construirse desde la honestidad”. Cree que la educación debe empezar por la formación de valores. 

¿Cómo agilizar las investigaciones? Ordóñez dijo que en la Secretaría hay algunos retos. El primero es que la gente no cree en las entidades políticas. Lo segundo es el límite entre las funciones de esa dependencia y la Fiscalía. En sus investigaciones, dijo, hallaron acciones inhumanas dentro del IESS y de la Red Pública de Hospitales del Ministerio de Salud, que trabajan básicamente para salvaguardar la vida de los ecuatorianos. "Encontramos millones de dólares desviados y no solamente por sobreprecios (de obras) sino compras ficticias. Hemos llegado a un punto sin retorno". También han encontrado funcionarios que con un sueldo de 2.500 dólares registran aumentos de su patrimonio por más de 2 millones de dólares. Esas denuncias, dijo, están en Fiscalía. 

"Yo he dicho siempre que las mujeres y los jóvenes deben ser actores de cambio. Pero no basta con ser mujer", manifestó Montaño. En su opinión, cuando se quiere hacer cambios profundos no importa el género ni la edad sino los valores y la transparencia. Consideró que en la lucha contra la corrupción se necesitan cuatro pilares fuertes: el Gobierno, la Asamblea, la Justicia y las instituciones de control. Si no actúan de manera coordinada la acción falla en esa tarea. Estos a su vez deben ser controlados por la ciudadanía, reclamó. 

Ordóñez dijo que hay barreras interinstitucionales difíciles de romper o que se sumergen en largos procesos de coordinación. Montaño lamentó que existan agendas ocultas que impiden la articulación de las instituciones. Citó como ejemplo el juicio político contra la exministra de Salud, Verónica Espinosa, que una vez que salió, el presidente Lenin Moreno nombró como ministra a una funcionaria de "la misma gallada". "Ya van varios meses de juicio político y no hemos logrado que la Contraloría responda. La Fiscalía no ha recibido a la asambleísta proponente del juicio político". Lo mismo ha ocurrido en el caso del excontralor Carlos Pólit, agregó. 

"Siempre me han calificado como una mujer jodida, jodida quiere decir que siempre sigo mis principios y valores" 

Mae Montaño 

Volviendo al tema género, la asambleísta narró que cuando fue gerente del puerto de Esmeraldas buscó perfiles adecuados para los cargos. "No porque sea mujer está blindada de la corrupción y de la ineficiencia", aseveró. Su criterio fue escoger con base en los principios. "Pero me llegaron a acusar de tener un matriarcado", ironizó. 

Ordóñez dijo que en Cuenca, los concejales eran seis hombres y nueve mujeres. Pese a ello no pudieron imponer una agenda femenina por intereses del Alcalde durante cinco años. Es real que existe sumisión de las mujeres al poder, recalcó. En la Secretaría, dijo que el 67% son mujeres y en cargos directivos ocho de 12 los ocupan mujeres. Aclaró que con esto no quiere desmerecer el trabajo de los funcionarios hombres en su oficina. 

Pero no han estado exentos de riesgos. Dijo que el pasado martes, recibió en su celular mensajes anónimos con información personal de su familia, lo cual puede ser tomado como una amenaza. Montaño dijo que también ha sido amenazada, pero prefirió no hablar de aquello. Pero nunca se ha dejado llevar por el miedo, sostuvo. "Siempre me han calificado como una mujer jodida, jodida quiere decir que siempre sigo mis principios y valores". 

Hablar sobre la lucha contra la corrupción

Por el día internacional contra la corrupción se desarrolló el evento “Diálogos Anticorrupción: Financiamiento Político, Transparencia y Género” el pasado miércoles. Este evento fue coorganizado por el Observatorio Anticorrupción de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo; contando con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF). 

En la cita participaron expertos nacionales e internacionales que a través de tres paneles abordaron las siguientes temáticas: financiamiento de campañas políticas, nuevos estándares de acceso a la información pública y el rol de las mujeres en la lucha contra la corrupción.


De izquierda a derecha: Mauricio Alarcón, Juan Carlos Calderón, Carlos Arroyo y Sol Borja. 

Durante el primer panel, Mauricio Alarcón, Director Ejecutivo de FCD, Juan Carlos Calderón, Director de la revista Plan V y Carlos Arroyo de Proética Perú, trataron  los riesgos de la corrupción causados por el financiamiento político y las iniciativas ciudadanas para transparentar esta práctica. En este contexto, Alarcón anunció al nuevo proyecto de  de FCD: el Observatorio de Financiamiento de la Política. 


De izquierda a derecha: Christian Bahamonde, Martha Roldós, Federico Legal y Marcelo Espinel. 

El segundo panel, llamado “Nuevos Estándares de Acceso a la Información Pública”, contó con la presencia de Martha Roldós, directora de Fundación Mil Hojas, Federico Legal de IDEA Paraguay y Christian Bahamonde, director de Política Pública de la Defensoría del Pueblo. Los panelistas trataron sobre los retos de acceso a la información pública que han enfrentado desde sus diferentes esferas, las tendencias y estándares internacionales en la materia y sobre el proyecto de nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En ese espacio Bahamonde compartió algunas cifras sobre la respuesta de las instituciones a los pedidos de información. Dijo que en promedio, las entidades públicas reciben por año 140.000 solicitudes de la cuales el 89% son respondidas. El 11% restante entra en conflicto porque las peticiones estuvieron mal elaboradas o se pidió información reservada. Pero Roldós preguntó a la autoridad si las instituciones están respondiendo adecuadamente a las inquietudes de los ciudadanos. 

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