Ya es hora de hablar de esto. Es sorprendente el silencio mediático que ha rodeado el tema de la persecución a los accionistas del diario Hoy y del conjunto de decisiones, a cual más arbitraria, que el gobierno de Correa ha tomado, a través de un inspector de Trabajo, en las últimas semanas.

Y es necesario hacerlo porque, como dijo aquel pastor protestante Martin Niemoeller (1892-1984), “primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”. La cita, erróneamente atribuida a Bertolt Brecht, nos recuerda la obligación de hablar. Porque, y esto sí lo dijo Brecht (1898-1956), “cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad”.

Estuve en la creación del diario en 1981 siendo el cuarto empleado de la nueva empresa Edimpres, cuando no sabíamos ni el nombre que tendría el periódico. Colaboré en reclutar el personal de redacción y entrenarlo, y lanzamos el primer número el 7 de junio de 1982. Fui editor económico y luego subdirector del diario. Lo dejé en junio de 1988 cuando Rodrigo Borja me nombró miembro de su equipo de transición y, luego, alto funcionario de su gobierno. Al terminar su administración, salí al exterior como director latinoamericano de una agencia de noticias.

No es mi currículum vitae lo que quiero contar aquí, sino que, en aras de la transparencia de lo que voy a decir, quiero dejar claro que no volví a ser trabajador de planta del Hoy, aunque sí fui su columnista después de que dejé de ser vicealcalde de Quito en 2009. Por lo tanto, solo gané sueldo de Edimpres entre 1981 y 1988 y, como pago parcial de ese sueldo, en los años de persecución de Febres Cordero (1984-1988), recibí unas acciones del diario. Tras la dolarización estas se convirtieron en 159 dólares.

Como dice Jaime Mantilla, principal promotor y directivo del diario Hoy (fue su gerente por años y luego gerente-director), Edimpres “se fundó con el objeto de crear y sostener un medio libre, independiente y plural”, pero “desde su nacimiento, la empresa enfrentó varios problemas que atentaron contra su capacidad financiera y que, en su momento, pudimos resolver sin que los accionistas hubieren tenido que intervenir para solucionarlos”.

Jaime, el Gringo, Mantilla, exdirector y exgerente del diario Hoy. Foto: El Universo

Esos problemas se iniciaron, diría yo, en el gobierno de Febres Cordero. Fue entonces que se produjo el asalto de Alfaro Vive Carajo (AVC), cuando secuestraron a dos funcionarios, pero sobre todo fue entonces que el propio Febres Cordero y sus funcionarios acosaron al diario y a los miembros de la redacción con calumnias, como que éramos miembros de AVC, a veces nombrando en concreto a Benjamín Ortiz o a Felipe Burbano, otras veces a “los Ortiz del diario Hoy”. A más de ello vino el boicot publicitario total, no solo del gobierno sino las amenazas a los anunciantes para que retiraran la publicidad del diario.

Ya desde fuera del diario, y como accionista con menos de cinco centésimas del capital, vi el efecto que tuvo la dolarización, en la que, según me recuerda Jaime Mantilla, la empresa tuvo que absorber casi un millón de dólares en cuentas por pagar a proveedores de papel y de promociones.

Los problemas del diario no terminaron: una tormenta de granizo destruyó su edificio principal en octubre del 2004. El diario no detuvo su publicación; los miembros de la redacción trabajaron en instalaciones improvisadas y los ejemplares se imprimieron en la rotativa de un diario colega, hasta que no solo que se reconstruyó sino que se amplió su edificio principal.

Aunque en el acto de celebración de los 25 años del periódico, en junio de 2007, el presidente Rafael Correa (quien para entonces no tenía sino cuatro meses y pico en el cargo) habló en la planta del diario, y en su discurso pidió a Jaime Mantilla, ante numeroso público, ser el principal juez de su Gobierno, en octubre de ese año cambió radicalmente: prohibió a todas las dependencias oficiales y empresas del Estado poner un centímetro de publicidad en Hoy; las obligó a cancelar todas las suscripciones al periódico e, inclusive, a impedir que se lo distribuya en sus instalaciones a empleados públicos que quisieran adquirirlo, así como en la línea aérea nacional.

No solo eso, sino que condujo un boicot sistemático para que Edimpres no tuviera contrato alguno de impresión de nada oficial e, inclusive, impidió, a través de presiones del Ministerio de Educación que se siguieran imprimiendo textos escolares de idioma inglés, que, por acuerdo con la Embajada Británica, se venían elaborando por 22 años consecutivos. Como no lo pudieron hacer pues existía un contrato de derechos exclusivos con Edimpres, según recuerda Jaime Mantilla, “tuvieron que eliminar del pensum escolar la enseñanza del idioma inglés, para romper el contrato pues los derechos los tenía Edimpres. Hace un mes el Ministerio de Educación anunció que volvían esa materia al pensum y reiniciaban, a partir del próximo año, la enseñanza del inglés”. A estos extremos paranoicos llegó la persecución a la empresa.

La que tampoco se detuvo allí. El Gobierno se dedicó a la miserable tarea de boicotear todas las fuentes de financiamiento del diario. Amenazó a los anunciantes para que no pusieran publicidad, igual que Febres Cordero pero yendo más allá que aquel, ejerció presiones a los bancos para que no le concedieran créditos.

Después, o al mismo tiempo, se ensañaron con Jaime Mantilla. Solo en los canales oficiales, transmitieron 76 noticieros acusándolo de haber atropellado a una adolescente estando en estado etílico, creando una impresionante telenovela. “Luego de seis meses, habiendo soportado injustas medidas cautelares, el Juez Noveno de Tránsito archivó el caso porque demostré mi inocencia y, sin haber tenido alguna responsabilidad, hice atender a la menor, la que al cabo de cinco días de ese atropellamiento, egresaba completamente sana del Hospital Metropolitano”, donde, agrego yo, fue atendida a costa de Jaime Mantilla.

Las cosas se empezaban a poner color de hormiga y hasta los accionistas del diario dejaron de aparecer o interesarse por el futuro de la empresa. Muchos otros problemas tuvieron que afrentar Jaime Mantilla y la empresa para sobrevivir 32 años. haciendo un medio libre que siempre molestó a los poderes autoritarios.

Hay que recordar que la empresa realizó importantes inversiones para su crecimiento. Puso dos radiodifusoras (Hoy la Radio y Clásica Digital), un canal de TV (HoyTV), y si en 1982 había sido el primer diario de América Latina en elaborarse íntegramente en computadora, en 1994 fue el primer diario en Internet de América.

Todo esto se hizo, a pesar de los ataques de Febres Cordero, el derrumbe del edificio y los efectos de la dolarización, con los propios recursos de la empresa. “Tras tres incrementos de capital, la empresa en el ejercicio 2006, produjo utilidades que la Junta de Accionistas celebrada en marzo del 2007, decidió enviar a reservas”, cuenta Jaime Mantilla.

Ya en medio de los ataques del correato, “la junta general extraordinaria en diciembre de 2013, decidió un nuevo aumento de capital  de 4,6 millones a 7,5 millones de dólares”. Este aumento se encontraba en trámite cuando la Superintendencia de Compañías, sin contestar ninguna de las cartas enviadas por Edimpres, tanto por el aumento de capital, como respondiendo a observaciones que había hecho dicha entidad tras una  rápida  inspección de dos días en el mes de junio, comunicó el 21 de agosto de 2014 que decidía la liquidación de oficio de la empresa ‘por haber superado  sus pérdidas la totalidad de sus activos’ y nombraba a la liquidadora, representante legal”, dice Jaime.

La opinión pública sabía de una manera vaga de los problemas que atravesaba el periódico, que había dejado de circular diariamente en formato impreso a finales de junio, después de 32 años de publicación ininterrumpida. Ya para entonces se habían vendido las radios y la estación de televisión; se habían hecho milagros para subsistir en medio de una persecución tan implacable. Y solo por una voluntad férrea, que hay que reconocer en Jaime Mantilla, seguía sacándose una edición diaria en Internet y las impresas del fin de semana.

La noticia del cierre cayó como una bomba. Y Jaime precisa que “no se permitieron contabilizar el aumento de capital en trámite ni la valoración que, justamente antes de la Junta de diciembre del 2013, la firma auditora Deloitte and Touche realizó de los archivos fotográficos (más de 700.000 fotografías propias y todo el archivo digital de las publicaciones de Hoy y otros diarios desde abril de 1989 hasta diciembre del 2013) valoradas según los auditores en 4,6 millones de dólares”.

Todos supimos de la liquidación ordenada por la Superintendencia, pero poco se siguió informando en los medios de las irregularidades que siguieron. Al representante legal, Jaime Mantilla se le separó con fecha 25 de agosto, y se le prohibió entrar a la planta, que quedó al cuidado de la liquidadora y de pocos trabajadores pertenecientes al Comité de Empresa. Luego de ello, la liquidadora nombrada como nueva representante legal, sin escuchar los consejos de Mantilla, decidió cesar a todos los trabajadores a partir del 31 de agosto. Tras recibir el inventario de los activos, empezó a liquidarlos, lo que continúa hasta hoy día por parte del liquidador sucesor.

El 19 de septiembre, el Comité de Empresa de Edimpres, que antes del cierre venía negociando la renovación del contrato colectivo, negociación que quedó trunca, presentó un pliego de peticiones al Ministerio de Trabajo (¿un pliego de peticiones contra una empresa en liquidación?). En enero del 2015 se reunió por primera ocasión el comité de conciliación y arbitraje. Jamás se comunicó a los accionistas o ex administradores de este evento. Como representante legal de la empresa en extinción compareció la liquidadora.

“Por lo que me enteré más tarde ––relata Jaime Mantilla––, en primera instancia el ministerio negó el pliego que, en dos nuevas reuniones en el primer semestre del 2015, fue aceptado por la representante legal, primero, y por su reemplazo más tarde”.

“Mientras tanto, los dos representantes legales, en sus respectivos mandatos, hasta la fecha, continúan vendiendo activos, algunos inclusive con la participación de ciertos ex empleados y en algunos casos, la ayuda de mi persona”, continúa el relato del empresario y periodista, que aclara que “jamás durante mi administración existió algún conflicto colectivo”.

En enero de 2016 se resuelve en el tribunal de conciliación y arbitraje en el Ministerio de Trabajo que el monto a liquidar a los ex trabajadores de Edimpres es de US$ 3’236.882,77.

El inspector de Trabajo, Álex Cordovez, dentro del procedimiento de ejecución del Pliego de Peticiones Concretas, emite una providencia a fines de mayo de este año, que es comunicada el 9 de junio, en que se condena a 11 accionistas, supuestamente relacionados con Jaime Mantilla, haciéndoles cargo del monto reclamado.

De pronto, el 12 de septiembre, este inspector emite otra providencia, en que aduciendo que los accionistas se pusieron de acuerdo en perjudicar a terceros ––una barbaridad jurídica puesto que el cierre de Edimpres no fue fraudulento o de propia iniciativa sino por orden de la Superintendencia de Compañías––, descorre el velo societario y hace cargo a los 264 accionistas de la deuda laboral en proporción al monto invertido.

Pero la arbitrariedad no queda allí: apenas dos días más tarde, el 14 de septiembre se emite una tercera providencia haciendo a los mismos 264 accionistas, solidarios por el total del monto reclamado. Es decir que este servidor era responsable de US$ 3’236.882,77, a pesar de tener solo el 0,0034% del capital (exactamente 34 diezmilésimas del capital, porque a eso se había reducido mi participación por no haber podido aportar en los aumentos del capital social de la empresa). Las medidas cautelares dispuestas por el inspector incluían la incautación y puesta a disposición del Ministerio de Trabajo de todos los activos líquidos (depósitos en los bancos) de todos los accionistas, la congelación de la totalidad de sus cuentas, depósitos, inversiones y la prohibición de enajenar cualquier bien.

En realidad, sin importar cuánto se tuviera de capital, mil dólares, 20 o, como consta en el cuadro de accionistas, nueve, cuatro o 1,50 dólares, cada uno era responsable por US$ 3’236.882,77, lo que implicaba para decenas de nosotros la pérdida de todo el patrimonio familiar hecho con sacrificio durante 50 años de trabajo honrado nuestro y de nuestras cónyuges.  

Los abogados de muchos de los accionistas presentaron sus reclamos airadamente. Cinco importantes funcionarios del gobierno (tres de ellos embajadores) son accionistas de Edimpres en proceso de liquidación. También lo son empresas de gran tamaño por el número de sus trabajadores y su importancia en la economía nacional, como Reybanpac, Rey Leche, Negocios Industriales Real (Nirsa), Conservas Isabel y otras. También a ellas, igual que a los individuos, se les retuvo sus cuentas, se prohibió cualquier movimiento financiero o cualquier enajenación (es decir, ni siquiera podían vender sus productos).

De toda la prensa nacional, solo el diario Expreso publicó notas a día seguido en la semana del 19 de septiembre sobre este atropello, que impedía que miles de trabajadores de estas empresas pudieran recibir sus salarios el 30 de septiembre. El ministro de Trabajo, con quien se habló, se negó a dar pie atrás, mientras otros altos funcionarios rehuían el bulto y hasta se negaban a contestar llamadas. Pude percibir el miedo que tenían de contaminarse en este caso, y confirmé la mediocridad de sus vidas entregadas al servicio de un autócrata.

Por fin, esas empresas grandes de Guayaquil, por un lado, y la Cámara de la Industria y la Producción de Pichincha, por otro, lograron hacer conocer a otros ministros esta barbaridad. Supongo que entre los argumentos estarían que una medida como esta destruía cualquier discurso de atracción de capitales. En realidad, lo más peligroso en el Ecuador era poseer una acción, porque, literalmente, por un dólar con cincuenta uno era responsable de una deuda de más de tres millones de dólares.

¿Qué inversión puede venir al Ecuador si los accionistas de una compañía anónima son perseguidos judicialmente para responder una deuda que el derecho societario claramente establece que debe solventarse con activos, activos que no se habían terminado, que continuaban vendiéndose?

¿Qué inversión puede llegar si es que existe un auto de pago que no es conocido ni por Jaime Mantilla a quien se negaron a proporcionársele aduciendo que constaba de mil fojas?

¿Qué inversión puede llegar si el auto de pago es contra Edimpres pero un inspector de Trabajo se arroga funciones exclusivas de un juez y levanta el velo societario e involucra a 264 accionistas?

Estos o argumentos parecidos penetraron, finalmente, en el magín de algún o algunos miembros de las esferas superiores, que hablaron con el empecinado ministro de Trabajo. Como este no cedía, durante el fin de semana del 24 y 25 de septiembre, se produjo, según ha trascendido, una reunión al más alto nivel en la que se ordenó cambiar la providencia.

Lo cierto es que, al mediodía del 26 de septiembre, el inspector de marras emitió una cuarta providencia, en la cual, aduciendo que ha recibido un pedido de los trabajadores de Edimpres en que le sugieren que la manera más justa de cobrar la deuda laboral es distribuirla proporcionalmente entre los accionistas, prácticamente vuelve a lo ordenado en la segunda providencia, es decir que estos paguen de acuerdo a su participación accionaria.

Después del terror de ver cómo desaparecían por orden del Estado sus fondos en las cuentas corrientes y de ahorros; después de contemplar con espanto todos sus activos congelados; después de palpar lo que significa la prohibición de enajenar bienes, accionistas de todo tamaño aceptaron esta ilegal providencia y hemos pagado, algunos bajo protesta, la parte proporcional, a fin de librarnos de las medidas cautelares fijadas. Hemos pensado que sería absurdo quedarnos con cuentas cerradas y prohibiciones contra nuestros bienes por una eventualidad de tumbar la ilegal medida o incluso por defender un principio de legalidad que no existe en el Ecuador.

Aun pagando, hemos tenido que soportar una gran demora de parte del inspector para comunicar a la Superintendencia de Bancos y a los bancos el levantamiento de dichas medidas. Y, aunque ahora podemos mover las cuentas, ¿cómo se recobra el dinero que se cogieron?

Por fin, en esta danza de providencias, el inspector emite una quinta, con fecha 30 de septiembre, levantando las medidas cautelares (prohibición de enajenar a todos los accionistas…).

Es patente el caos y la danza de influencias. “¿Es o no es una demostración de la injerencia política con que se ha manejado este caso?”, se pregunta Jaime Mantilla.

Reitero: las dos únicas razones para proceder en contra de los accionistas era o que la empresa hubiere cerrado por prácticas fraudulentas, o que se hubieran terminado los activos, lo cual es falso por cuanto, como Jaime asevera, “el liquidador actual continúa vendiendo activos y desde la acción de la anterior liquidadora, con esos ingresos de ventas han ido abonando a las liquidaciones del personal”. Más aún, indica, “en la providencia del 12 de septiembre, el inspector reconoce la existencia de activos, pues ordena el secuestro de parte de ellos (equipos y accesorios) que en balance alcanzan aproximadamente a un millón de dólares”.

Cinco providencias contradictorias solo pueden deberse a un afán político. Solo pueden nacer de la decisión política de acabar con el diario Hoy, acabar con Jaime Mantilla, y perjudicar como se pueda a los que tuvieron algo que ver con la empresa que publicaba el diario.

¿Por qué es ilegal la disposición de pagar proporcionalmente al capital? Porque, como lo dice el artículo 1 de la llamada Ley Orgánica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores (expedida después del referendo de los casinos), se puede llegar al último nivel de la propiedad, es decir a los accionistas, solo en el caso en que la persona jurídica haya sido usada para defraudar (abuso de personalidad jurídica), es decir que los accionistas hubiéramos pactado perjudicar a terceros, lo cual jamás podría haber sucedido,

El caso del diario Hoy, que debería llamar la atención del mundo entero, y sobre el que ni siquiera ha habido notas en los diarios y canales de televisión del Ecuador, es una muestra de la ambición del poder omnímodo de Correa y del terror que quiere sembrar, incluso en los estertores de su mandato.

En estas providencias y en otras actuaciones contra Edimpres y Jaime Mantilla, se han violado sin número de leyes. Inclusive se han violado derechos elementales como la retención de los pagos de jubilación de Jaime, cuando la jubilación es inembargable según la Constitución.

Callarse sería más cómodo. Pero callarse ante esta hipocresía de mala calidad, sería cobarde. Y para eso no hemos nacido.