La crisis económica ha puesto nuevamente en la agenda de debate el tema del financiamiento de la educación superior. Frente a la aguda contracción de ingresos fiscales el Gobierno ha adoptado una política de austeridad que se traduce en el recorte del presupuesto asignado a la educación superior.

Las universidades públicas y cofinanciadas argumentan que tal medida es ilegal porque la Constitución estipula que ni en estado de excepción se pueden afectar los fondos asignados a salud y educación. Planteado el problema en esos términos, el espacio para un debate sobre la universidad, pospuesto por muchos años, queda sumergido en la aritmética económica y la argucia legal. La reforma universitaria iniciada en el año 2008 abrió muchas expectativas para iniciar un amplio foro de debate y reflexión sobre la educación superior, su función social, su articulación en el contexto de nuevos escenarios políticos y tecnológicos marcados por el fenómeno de la globalización educativa.

En realidad, el debate nunca se abrió y, de manera inexplicable, la universidad se sometió a los dictámenes del poder con un proyecto de reforma, a la vez neoliberal y neoconservador, orientado a convertir la universidad ecuatoriana, la universidad pública en particular, en la institución productora de profesionales y conocimientos prácticos funcionales al orden existente y el mercado.

Quizá uno de los problemas que enfrenta la universidad es la pérdida del sentido de lo político. Los discursos neoliberales estrechos de calidad y excelencia, el andamiaje ideológico sobre el cual se trató de construir una nueva institucionalidad, han quedado ya pulverizados, simplemente porque, de acuerdo a esta ideología, el cumplimiento de los estándares de calidad y excelencia, con sus connotaciones de exclusividad y elitismo (el caso de las llamadas universidades emblemáticas) presuponían abundantes recursos. La precarización de la docencia, el fin de la escasa investigación y una competencia destructiva entre las instituciones de educación superior van tomando cuerpo.

Entramos en una fase de rupturas que exige nuevas visiones, nuevas legitimidades, nuevos repartos de poder; no se trata simplemente de cuestiones de “gestión” sino de cuestiones de política pública en cuyo ámbito el bien público educación superior tiene su mayor sustentación tanto conceptual como histórica.   

¿En qué consiste el bien público educación superior? Recordemos que toda la agenda de la reforma universitaria emprendida ya hace más de una década, desde la creación de las universidades emblemáticas hasta los reglamentos-instructivos que impuestos a las universidades, se justificó, en última instancia, por la necesidad y obligación del  Estado de rescatar para la sociedad el bien público que representa la educación universitaria. A lo largo de la historia, la universidad como bien publico se conformó como un valor o principio y un objetivo social, también como un rol del Estado. Aunque siempre ha estado latente la confrontación entre lo público y lo privado, en el campo de la educación universitaria terminó por resolverse en el carácter sin fines de lucro de las instituciones educativas.

La idea de bien público tiene que ver con las tres funciones básicas comúnmente asignadas a la universidad: 1) la formación de graduados altamente entrenados con las competencias necesarias para desempeñar las múltiples funciones que demanda una sociedad moderna; 2) la investigación como base para el desarrollo tecnológico y productivo de la sociedad; y 3) promover la movilidad social como un mecanismo  de redistribución del ingreso. Se asume que estas funciones generan efectos o externalidades positivas, alguna forma de bien público, que no puede ser apropiado o acaparado por agentes privados y que, por consiguiente, benefician a la sociedad en conjunto. Esta es la razón fundamental que justifica el financiamiento de la universidad pública por parte del Estado.

Es cierto que como actores de un sistema nacional de innovación y desarrollo tecnológico, las universidades proveen el ‘capital humano’ especializado que la industria y el sistema productivo requieren para su funcionamiento y constante renovación. Los centros de educación superior proveen la instrumentación necesaria para avanzar en el proceso de desarrollo tecnológico e innovación y, en principio, pueden contribuir con invenciones que pueden ser patentadas como mecanismo de transferencia de tecnología hacia el aparato productivo. Estas serían las funciones primordiales de la universidad y su contribución al desarrollo económico y al avance de los procesos de innovación. Sin embargo, la transferencia del conocimiento y la tecnología vía el sistema de patentes no es, por definición, un bien público. El mecanismo de patentes no cumple sino una función de regulación de la competencia, constituye un mecanismo de distorsión de los mercados y un monopolio sancionado por los gobiernos. De igual manera,  la formación de capacidades podría ser internalizada por los estudiantes quienes podrían financiar su formación, capacitación y entrenamiento en escuelas vocacionales mediante sus ingresos futuros; práctica  común en varios países. En la misma línea de razonamiento, la investigación también podría ser internalizada por las empresas con la perspectiva de recuperar los costos vía comercialización de sus innovaciones. Entonces, ¿dónde queda el bien público si la enseñanza, la investigación y sus aplicaciones pueden ser suministradas mediante circuitos comerciales y sus resultados apropiados por determinados agentes económicos?

Una frase de protesta fue colocada por activistas estudiantiles en las faldas del volcán Pichincha, en Quiro, como protesta a los recortes a las universidades por más USD 100 millones.  Desde el Margen

Se podría argumentar que las universidades están interrelacionadas de diferentes maneras con  otras entidades del sistema social y económico  y seguramente contribuyen de otras formas al bienestar de la sociedad. Por ejemplo, la promoción de la movilidad social como un mecanismo de redistribución del ingreso justificaría el financiamiento público de la enseñanza superior; sin embargo, en este caso no se requeriría de universidades sino simplemente de escuelas vocacionales que perfectamente podrían cumplir esta función. Por otra parte, se debe también tener en cuenta que el principio de igualdad de oportunidades y de la movilidad social a través de la universidad en la práctica contribuye a consolidar e incluso a agravar un orden social desigual e incoherente.

También podría justificarse el financiamiento público de la universidad sobre la base de principios de eficiencia económica. Al sostener que la universidad es parte del sistema productivo, implícitamente se afirma que la universidad tiene un papel económico y por lo tanto su financiamiento puede justificarse por razones de eficiencia. El desarrollo tecnológico, y en general los procesos de innovación, generan externalidades cuyos beneficios sociales son mayores que los beneficios que puede alcanzar una empresa a nivel individual. Por consiguiente, el nivel de inversión privada tiende a ser insuficiente desde el punto de vista social y de ahí la necesidad de intervención del Estado para corregir esta ineficiencia y asegurar niveles óptimos de inversión en investigación y desarrollo. Esta perspectiva corresponde a una visión de la universidad como un agente generador de prosperidad con las aulas y laboratorios como centros de creación directa de riqueza susceptible de multiplicarse y filtrarse a través del aparato productivo, beneficiando de esta manera a toda la sociedad. Pero, la desgastada idea de la filtración, el mecanismo de la mano invisible, uno de los soportes más preciados de la ideología neoliberal,  no tiene asidero. Tampoco puede  considerarse un bien público los resultados de la investigación, ya sea en forma de patentes o licencias, financiadas con fondos públicos y gradualmente apropiadas vía mecanismos de mercado por agentes privados. Nuevamente surge la pregunta: ¿Y dónde queda el bien público?    

El filósofo norteamericano B. Readings, en su obra póstuma La Universidad en Ruinas, acuñó la frase "universidad de la cultura" para argumentar que la universidad se encuentra en una posición única para proveer un sentido de cultura nacional.  Por medio del estudio y de la enseñanza de la historia social y cultural de una nación, esta cultura es proyectada en el tiempo. Sostiene este autor que la función de enseñanza de la universidad  permite formar profesionales en una misma tradición cultural. Ellos tienen una misma visión de sus raíces sociales y culturales, comparten una visión del mundo y si la universidad cumple a cabalidad con sus objetivos, sus graduados se insertan satisfactoriamente en la sociedad y están en capacidad de promover sus objetivos en el futuro. Todo esto tiene indiscutibles ventajas sociales, administrativas y económicas.

He aquí la respuesta a la pregunta formulada anteriormente. La universidad, como repositorio de la cultura y, por consiguiente, como elemento sustancial de cohesión social y construcción de la idea de comunidad, crea un bien público que no es apropiable por agentes individuales o grupos de agentes socioeconómicos. Se trata de un bien que beneficia de manera simultánea a todos los miembros de una comunidad y, a pesar de que no todos pueden valorar de igual manera los beneficios, este hecho no afecta su presencia ni disponibilidad. Nadie puede ser excluido de sus beneficios. En el lenguaje de la economía, no existe rivalidad ni exclusión en el consumo del bien y por consiguiente, es efectivamente un bien público.

Es así como la universidad, ella misma ha estudiado y por consiguiente ha ido definiendo y moldeando la cultura. Históricamente, el Estado ha tenido un mínimo papel en este proceso. Esta independencia ha sido crucial para el sistema universitario y es precisamente esta independencia y autonomía de la universidad las que hoy en día están en juego. Al entrar la universidad, concretamente la investigación universitaria, en el ciclo de generación de innovaciones con fines productivistas y comerciales, necesariamente condiciona su capacidad autónoma de generación de conocimiento a los dictados de las empresas y del mercado: los patrocinadores de la investigación (agencias gubernamentales o agentes privados) estarán en condición de comprar los resultados que ellos quieren o suprimir los resultados que no les convienen; es decir, intereses externos a la universidad estarán en capacidad de dictar las políticas de investigación y, en general, el quehacer de la universidad.

Los estudiantes universitarios protestaron por los anunciados recortes del Gobierno al presupuesto de las universidades públicas y subvencionadas. El Mercurio

Cualquier tema puede ser válido para un deliberado y lúcido análisis crítico y la universidad siempre ha sido el lugar donde esta actividad es reverenciada. Esta idea de que alguien en algún lugar pueda resistir las presiones de tratar algún tema, bajo un determinado marco de referencia o aun con algún particular resultado en mente, ha sido considerada como una parte fundamental del buen funcionamiento de la sociedad y es inherente al ethos universitario. 

Es este el bien público que la universidad debe rescatar como su función primordial. Esta función constituye la fuerza, la razón de ser de la universidad que la burocracia está lejos de entender y asimilar. Con un profundo sentido de la realidad, el filósofo francés J. Derrida señalaba que esta fuerza de la universidad exhibe impotencia, fragilidad de sus defensas frente a todos los poderes que la rigen, la sitian y tratan de apropiársela. “Porque es ajena al poder, porque es heterogénea al principio de poder, la universidad carece también de poder propio. … Por eso hablamos aquí de universidad sin condición: el derecho primordial a decirlo todo, aunque sea como ficción y experimentación del saber, y el derecho a decirlo públicamente, a publicarlo”.