El pasado 9 de enero de 2019, mediante Decreto Ejecutivo 663 el Presidente Lenín Moreno aprobó la Política de la Defensa Nacional. El texto señala que la política de Defensa tendrá cinco objetivos estratégicos: 1) ejercer el control efectivo del territorio nacional, 2) apoyar a las instituciones en la protección de la población, 3) fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, 4) contribuir a la cooperación internacional y, 5) contribuir al desarrollo nacional. Estos objetivos se encuentran incluidos en el Libro Blanco que es un documento de política pública donde se exponen conceptos relativos a la defensa nacional del Gobierno de turno. Estos libros blancos están destinados a reflejar consensos de amplia base relacionados con el papel que deben cumplir las Fuerzas Armadas de un país.

El Grad (r) Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, durante el lanzamiento del tercer libro blanco justificó la Política de Defensa (la Política) como “una respuesta de la sociedad respecto a la defensa y que sirve para enfrentar con estrategia las amenazas de los grupos irregulares fronterizos, al terrorismo y al narcotráfico”; sin embargo, esta Política, construida a contrarreloj y “parchada” con insumos de anteriores libros blancos, retoma viejos contenidos y conceptos sobre seguridad y defensa, en especial el rol de las FFAA frente al narcotráfico y el crimen organizado. En efecto, en agosto de 2006 y bajo iniciativa del propio Jarrín, cuando fuera ministro de Defensa Nacional del ex presidente Alfredo Palacio, se presentó el documento al público cuando estábamos regidos por la anterior doctrina y Ley de Seguridad Nacional, la cual fue eliminada en el año 2009.

El anuncio de la actual Política de la Defensa no llega por mera casualidad y cae como anillo al dedo para determinados intereses en el presente escenario político nacional e internacional. Si bien la conducción de la Defensa en el último período de Correa fue patética y nociva para las instituciones, especialmente por la desacertada presencia de F. Cordero y R. Patiño en ese Ministerio y sin dejar de ex culpar a miembros de las cúpulas militares, el aparecimiento de actual Libro Blanco coincide más bien con una estrategia comunicativa tendiente a reducir los daños colaterales producidos por la pérdida de legitimidad de las FFAA ante los casos de infiltración del crimen organizado en varios de sus elementos e instalaciones. Esto no implica desconocer la necesidad imperiosa de contar con una política de seguridad y defensa actualizadas que se sometan a las exigencias de las, estas sí, nuevas realidades y retos regionales y globales. 

Una de las características de la ‘nueva’ Política de la Defensa busca la justificación del retorno protagónico de los Estados Unidos para la cooperación en temáticas de seguridad interna que por misión constitucional y legal corresponden a la Policía Nacional. ¿No debe, acaso, liderar ese tema Cancillería y el Ministerio del Interior? De hecho, la misma política menciona la necesidad de contar con los estadounidenses para “contrarrestar acciones de Narcotráfico y sus delitos conexos, de delincuencia organizada transnacional, de delitos a la seguridad marítima, entre otros”. ¿Estamos regresando al tutelaje militar sobre seguridad interior y desplazando el control civil?

En la actualidad, el análisis sobre economía política del crimen organizado implica necesariamente considerar una diversidad de factores que intervienen en un contexto nacional específico; pero de ahí, trasformar doctrina militar y asignar “nuevos roles” a las FFAA en el combate contra el crimen organizado aparecería como una apuesta peligrosa porque ni siquiera en la misma Escuela de Inteligencia Conjunta existen materias o asignaturas que capaciten a los militares en este conocimiento que está desarrollado por la Policía Nacional. En este campo es imprescindible no dejar de mencionar e insistir en que se requiere una revisión urgente y una actualización de la formación en inteligencia militar debido a sus fallos de contrainteligencia. El reciente y bochornoso episodio de infiltración de redes logísticas del narcotráfico en la base aérea militar de Manta es un potente llamado de alerta. ¿Y si no era un camión de cocaína el que ingresaba a esa base, sino un cargamento con explosivo plástico? De seguro las consecuencias serían fatales en pérdidas de vidas humanas y en equipo muy costoso como los aviones Embraer EMB 314 y Super Tucano.        
    
Repetir recetas pretéritas, basadas en el sobredimensionamiento militar para afrontar crimen organizado y narcotráfico vuelve a privilegiar la interdicción por sobre la correcta investigación, inteligencia criminal y estratégica; denota el desconocimiento sobre el carácter interdependiente, multifacético, de rápida transformación y alta capacidad de infiltración del narcotráfico en las instituciones del Estado. Preocupante la situación porque el escenario del 2019 sorprende a este Libro Blanco con unas FFAA distintas a las del 2006, regidas por una Ley de Seguridad Integral, con una composición social diferente a la años anteriores y con una experiencia no muy satisfactoria al haber ingresado en el juego político del ex presidente Correa. A su vez, este escenario presenta también a una Policía con síndrome de crecimiento malthusiano, eclipsada por distintos hechos de corrupción y golpeada institucionalmente por los efectos nocivos del gobierno anterior al querer jugar nuevamente al “pesquisa” o policía política como lo hicieron antaño diferentes partidos.

Estos elementos, si bien no parecen de gran importancia para la ciudadanía, sí implica gravedad en términos de planificación y prospección estratégica del Estado. Resulta evidente la incertidumbre de los posibles resultados de la aplicación de la política porque no cuenta con objetivos medibles, y fundamentalmente, es poco clara la manera cómo se destinarían recursos económicos —que son escasos en estos momentos— para mitigar problemas de seguridad interna y policial. Ello no significa, de ninguna manera, restar la importante colaboración entre ambas instituciones para el manejo de fronteras, puertos y lugares de interés estratégico para el país.   

Además de la dificultad conceptual para definir correctamente las amenazas dentro del campo de la Defensa, al igual que definir metas de cumplimiento, la “renovada” Política trae nuevas preocupaciones que van más allá del campo militar, tales como al Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y fundamentalmente el manejo de las relaciones internacionales en lo que corresponde a integración regional. La vieja tríada, seguridad-desarrollo-seguridad, posiciona una vez más al sector castrense y desconoce el problema de la movilidad como derecho humano al situar a los “flujos migratorios irregulares“ —un concepto por lo demás inexistente en nuestra Ley Orgánica de Movilidad Humana y Código Orgánico Integral Penal— como un riesgo que afecta a la seguridad y defensa del Estado. Una cosa es el fenómeno y otra la causa interdependiente. Una cosa es la migración como expresión de flujos por movilidad humana, y otra las causas que pueden presentar distintas caras, una de ellas las de crimen organizado vinculado con el tráfico y trata de personas.

Otra de las sorpresas es incorporar como amenaza para el Estado conceptos como “grupos irregulares armados”, GIA, denominación que no era utilizada desde el último Libro Blanco de 2006 y que, fundamentalmente, genera importantes riesgos para la diplomacia ecuatoriana. Al reconocer la presencia “especialmente en la zona de frontera” de los GIA, el Estado ecuatoriano públicamente aceptaría la existencia, acción y control por parte de grupos residuales de las FARC y otras agrupaciones clandestinas en territorio ecuatoriano. Si bien este asunto es un desafío para el Derecho Internacional Humanitario y para nuestra Cancillería, la Política de Defensa de manera colateral reconocería la incapacidad del Estado para garantizar la integridad del territorio.

Mataje. Militares y policías resguardan al personal médico del centro de salud de la zona. Foto: Periodistas sin Cadenas

Parte de la institucionalización del mando civil en áreas de la seguridad y la defensa constituye la correcta priorización de las políticas en base a una claridad de gestión, rendición de cuentas y transparencia de gastos por parte del personal civil y militar.  Estos elementos son importantes para la determinación de objetivos y estrategias en cualquier campo de política pública y especialmente en el sector de seguridad. Sin embargo, a lo largo de las 154 páginas del documento se denota la dificultad para elaborar una planificación con base en objetivos medibles y adaptables a un mediano plazo que incluye mencionar las condiciones necesarias para lograr eficiencia. Es cierto que estamos en austeridad económica, pero al observar que cerca del 80% del presupuesto de las FFAA se destinará a gasto corriente, constituye un factor que nos hace pensar en la operatividad y funcionalidad institucional. Por lo menos así está escrito en los textos de Economía de la Defensa que fueron estudiados por parte de varios de los actuales miembros de la cúpula militar, y por el propio Ministro en su larga estadía en la National Defense University, Washington, D.C. 

Finalmente, una sorpresa relevante de la Política está ligada a la ideologización de la política exterior mediante temáticas sobre Defensa. Sin mencionar directamente al gobierno de Rafael Correa, el Libro Blanco plantea que para el 2030 habrá una “reducción de la injerencia ideológica en los organismos de integración regional”. Este argumento no solo carece de un ejercicio de corte académico e histórico, sino que desconoce iniciativas de importante validez, como la creación del Consejo Suramericano de Defensa de UNASUR, que trató de impulsar el rol civil en la conducción de la Defensa, la incorporación de una perspectiva de género, el desarrollo de la industria militar, así como un protocolo suramericano de respuesta frente a desastres naturales. Así mismo, si bien el texto fomenta la importancia de la integración regional en todos sus niveles, la Política carece de una estrategia concreta para el fortalecimiento del sector Defensa a escala sub regional, más allá de la incorporación conceptual sobre amenazas elaborado por la OEA. Por estas y otras razones, tenemos la impresión que el proceso de diálogo y consulta, efectuado a varios “importantes actores” para la elaboración del Libro Blanco 3.0, se realizó más como un ejercicio de buenas relaciones públicas en momentos de crisis y no como un efectivo acto consensual y sectorial.

A diferencia del 2006, cuando existió un ejercicio más constructivo e inclusivo que abrió espacios para la posterior conducción civil de la Defensa, el actual 2019 parece estar cerrado a esta forma gubernativa con un reforzamiento castrense que ha logrado sacar provecho de los desaciertos del anterior régimen. De todas maneras, tenemos la impresión que asistimos a un período político de consensos restringidos en seguridad y defensa que nos pretende vender vino viejo en botellas aparentemente nuevas.