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3 de Noviembre del 2015
Historias
Lectura: 11 minutos
3 de Noviembre del 2015
Katiuska King

Ex ministra coordinadora de Política Económica, ex catedrática e investigadora de Flacso. Actualmente trabaja en consultoría y asesoría económica independientes.

¿Quién paga la crisis?: el ajuste del gasto público

Fotos: Presidencia de la República

La Unidad Educativa del Milenio Carlos Romo Dávila en Santa Martha de Cuba (Carchi) La pregunta sobre el presupuesto fiscal es cuáles son los ajustes desde el lado social.

 

Mientras sigamos estigmatizando al gasto social, sin ni siquiera discutir cómo mejorarlo, estamos implícitamente aceptando el argumento de que el sector privado ha sido desplazado, necesita más impulso vía rebajas tributarias y no se ha beneficiado de la bonanza de los últimos años. Lo cual es todo lo contrario.

Hacer pasar las decisiones económicas como técnicas neutrales es una forma encubierta de defender visiones determinadas del entendimiento de la economía que parecen simples pero que distan del comportamiento social de sus habitantes.

Cabe mencionar que las decisiones económicas tienen en el fondo discusiones y acuerdos de poder. Por ello, las políticas económicas son políticas y no se puede dejar de analizar quienes ganan y quienes pierden con ellas.

En Ecuador, en los últimos meses se escucha sin cesar que el gasto público ha sido el causante de la situación económica que vive el país. Sin embargo, no se distinguen tipos de gastos ni se explica con mayor detalle lo que está sucediendo, y también se escuchan voces que se alegran de lo que sucede.

Las explicaciones simples de procesos complejos se parecen a los recetarios de la economía neoclásica en torno a que el mercado resolverá todos los problemas. Cuando en la realidad existe abundante evidencia en el mundo hoy, pero también en la historia de Ecuador en las últimas décadas, demostrando que esto no es cierto.

Estigmatizar al gasto y sobretodo al gasto social como un causante de la crisis puede encubrir políticas que benefician a pocos en detrimento de los más necesitados.

Pero ¿qué es el gasto social? y ¿por qué la economía no solo puede pensar en crecer sin considerar para quién? El gasto permite la redistribución de recursos hacia quienes no tienen oportunidades y de otra manera por ejemplo no podrían acceder a salud y educación. Estos derechos están consagrados en la Constitución del 2008, aprobada por la mayoría de ecuatorianos, que establece un Estado de derechos que debería conducir una sociedad más justa.

Empiezo exponiendo algunos hechos que creo explican el empeoramiento de la situación económica del Ecuador en el último período:

1. Se privilegiaron obras de infraestructura por encima de inversiones intangibles,  cualitativas o que mejoren lo existente, en una suerte de política visual de las obras. Por ejemplo, en el sector educación se empezó la construcción masiva de escuelas del Milenio en todo el país.

2. En el último trimestre del 2014 la situación externa y fiscal se vieron afectadas por la reducción del precio del petróleo y la apreciación del dólar que incide en la balanza comercial y en la cuenta corriente.

3. El agravamiento de debates, presiones y posicionamientos generó un clima de expectativas enrarecido, en gran medida sobredimensionado por una mala comunicación y oportunidad en el envío de cambios normativos, que generó movimientos negativos en el sistema financiero y de cierre del crédito  deteriorando la actividad económica.

4. A esto se suman el fenómeno del Niño y el aumento de la actividad en el volcán Cotopaxi, de los cuales no es posible imputar responsabilidad pública alguna.

Sin pretender exhaustividad y reconociendo que cada punto merece un análisis más detallado, privilegio una visión global para poder analizar las salidas que se están planteando actualmente en estas condiciones y su relación con el gasto.

En situaciones de shocks externos (precio de petróleo, apreciación del dólar, fenómeno del Niño, actividad en el Cotopaxi) se requieren recursos para poder aplicar políticas contra cíclicas, es decir que mitiguen los efectos de estos eventos. Esto permite que los shocks puedan ser amortiguados sobre todo en sus efectos en el nivel de empleo.

La posibilidad de una situación externa adversa en la economía ecuatoriana fue discutida y analizada al interior del gobierno en el año 2011 y se plantearon algunas propuestas como reducir las inversiones, mantener un seguro propio con los recursos excedentarios del petróleo (un ahorro no para el pago de la deuda, como lo hicieron en el gobierno de Lucio Gutiérrez) e impulsar mecanismos regionales de respuestas conjuntas a la crisis. Ante lo último se conformó en agosto 2011 el consejo económico de UNASUR y pese a un entorno regional muy heterogéneo se generaron acuerdos que lamentablemente luego no se continuaron porque se prefirió seguir con una senda de endeudamiento de corto plazo. Respecto a los otros puntos, el Presidente se mostró renuente a reducir su ritmo de inversión visible.  Como nota al margen se puede mencionar que complacer al poder puede resultar útil para mantener micro poderes.

Lo que procuro clarificar es que las decisiones, circunstancias y causas de la situación son más complejas de lo que se pretende al afirmar que el gasto público es el causante de la crisis.

Este exceso de optimismo y la subida del precio del petróleo en el 2012 y 2013 hicieron suponer que el precio del petróleo no bajaría. Esto a su vez le dio un poder discrecional importante al equipo económico (Coyuntura macroeconómica y perspectivas 2015) que facilitó la creación de nuevos ministerios y dinamitó la reforma institucional del Estado realizada al inicio del Gobierno que fortalecía el rol rector de los Ministerios y definía tipologías institucionales que eliminaban instituciones dependientes directamente de la Presidencia.

Lo que procuro clarificar es que las decisiones, circunstancias y causas de la situación son más complejas de lo que se pretende al afirmar que el gasto público es el causante de la crisis.

En primer lugar, porque hay un gasto que beneficia a los sectores sociales con menor poder adquisitivo y me refiero a la posibilidad que tienen hogares ecuatorianos de educarse y mantenerse sanos, derechos consagradas en la Constitución. Y aquí si cabe una discusión más extensa de cómo hacer más efectivo este gasto social. Si se busca un proceso sostenible y con cambios reales entonces la población debería exigir sus derechos y no suponer que estos son dádivas. En los últimos años las coberturas de primaria, educación básica y acceso a servicios de salud sin duda se incrementaron. Por lo que estigmatizar el gasto es irse en contra logros que se han alcanzado y sobre todo con la posibilidad de contar con una sociedad más justa.

En segundo lugar, porque mirar el gasto implica también mirar lo que no se recauda o se regala y que se conoce como gasto tributario. En el Código de la Producción (diciembre 2010) se introdujo una reducción de la tasa del impuesto a la renta de las sociedades de tres puntos así como otras deducciones tributarias por varios motivos. Se recurrió al argumento de que no se daba suficiente peso al sector privado, el mismo argumento que se utiliza hoy para impulsar las alianzas público privadas. De este gasto se escucha poco hablar, porque las personas se quejan cuando el gasto no les beneficia y ese gasto beneficia al otro, el pobre, pero cuando se reciben reducciones en el pago de los tributos cunde el silencio.

Esa reforma tributaria implicó que luego se deban hacer más reformas tributarias para compensar la perdida de recursos fiscales provenientes de ingresos permanentes (impuestos) y que financiaban gastos permanentes, es decir el pago de sueldos y salarios de profesores, médicos y enfermeras (para ponerlo en términos sencillos).

En tercer lugar el cambio en el tipo de gasto dando mayor peso a la política visual de las obras implicó poner más recursos en obras que en personal. El caso de educación es evidente, el peso de la infraestructura educativa en relación a la inversión en calidad de la docencia empezó a tomar otras proporciones. Esto pese a que de la evidencia disponible no se conoce que las inversiones en infraestructura mejoren la calidad de la educación.

¿Ustedes han escuchado de un análisis más detallado de parte de ciertos analistas del gasto público o de cómo el sector privado se benefició de las reducciones impositivas y de la construcción de obras?

Los puntos dos y tres hacen más compleja una política social sostenible, pues por un lado se invierte en obras sin conocer realmente sus efectos  y por el otro se debilitan las fuentes de financiamiento de quienes hacen que estas obras sean funcionales.

¿Ustedes han escuchado de un análisis más detallado de parte de ciertos analistas del gasto público o de cómo el sector privado se benefició de las reducciones impositivas y de la construcción de obras?

Pues evidentemente no, porque quienes salen perjudicados son las clases que necesitan imperiosamente enviar sus hijos a escuelas y hospitales públicos. Quienes se  beneficiaron de enormes reducciones impositivas o regales fiscales, no reconocen por supuesto que han sido privilegiados  y,  piden nuevamente exenciones  y beneficios.

Lo que es cierto es que mientras sigamos estigmatizando al gasto social, sin ni siquiera discutir cómo mejorarlo, estamos implícitamente aceptando el argumento de que el sector privado ha sido desplazado, necesita más impulso vía rebajas tributarias y no se ha beneficiado de la bonanza de los últimos años.

Ahora se quiere entrar directamente a las privatizaciones con la aprobación de la Ley de incentivos a las alianzas público privadas, inversiones que no pagarán impuestos en el período de duración del contrato y que por tanto erosionan la base tributaria necesaria para el gasto social.

Antes de aceptar un nuevo impulso al sector privado se requiere una evaluación seria del impacto del Código de la Producción, caso contrario caeríamos nuevamente en un rentismo de parte de cierto sector privado.

Así que la próxima vez que escuchen que la economía se debe manejar de forma “técnica” háganse la pregunta ¿técnica a favor de quién? ¿Estigmatizar el gasto en perjuicio de quién y a favor de quién? ¿Victimizarse para conseguir qué?

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