El 8 de junio de 2022, el asambleísta Luis Almeida inició su intervención en la Comisión de Seguridad de la Asamblea con una anécdota. “A mí y a mi familia nos robaron, hace 20 años, 60 reses de ganado en Vinces; 40 personas armadas hasta los dientes se robaron la ganadería y se llevaron casi todo. Entonces la defensa (sobre las armas) que hacíamos los ganaderos, los comerciantes o agricultores estaba dada por eso. Lamentablemente, dejaron sin efecto y los ladrones comenzaron a circular tranquilamente, ellos sí armados, mientras la gente honrada y honesta perdía sus bienes día a día, porque los únicos que andaban con armas (eran los delincuentes) y con carabinas de la Policía Nacional, porque se oía el sonido. Y todo el mundo perdió, porque la ganadería bajó, los negocios en las ciudades comenzaron a perder”.

Almeida, quien es asambleísta por Guayas del Partido Social Cristiano (PSC), llegó a esa reunión para justificar su proyecto de reformas al Código Integral Penal (COIP). Su propuesta tenía un único punto: el porte y tenencia de armas que consta en el artículo 160 de esa normativa. “El delincuente que sabía que en tan propiedad cacaotera había 500 quintales de cacao y cuatro buenas armas, entonces no entraban”, fue otro de sus argumentos.

El legislador socialcristiano dijo que el actual COIP impedía que los ciudadanos puedan defenderse en caso de grave e inminente peligro contra su vida. Y cuestionó el acuerdo ministerial del Ministerio de Defensa que limitaba el porte y tenencia de armas, que finalmente fue derogado por el presidente Guillermo Lasso en el Decreto Ejecutivo 707, el pasado 1 de abril.

La reforma que planteaba el asambleísta decía lo siguiente: “La persona que use un arma de fuego a consecuencia del ataque o riesgo inminente de ataque que amenace gravemente su vida o su integridad personal o sus bienes, no será responsable del delito de tenencia o porte según el caso, siempre y cuando demuestre la licitud de su propiedad”.

Es decir, buscaba que los portadores de armas lícitas no sean procesados siempre y cuando tengan un documento que los acredite como dueños de la misma. Su objetivo era “eliminar la criminalización de las personas que lícitamente han adquirido un arma, pero no han podido acceder al permiso correspondiente”.

En su exposición, sin citar las fuentes de los datos, Almeida afirmó que había casi 5.000 personas por tenencia y porte de armas que, según él, “no son delincuentes”, pero que sus casas habían sido allanadas por grupos especiales de la Policía y fiscales. “Que en algunas circunstancias no les entregaron 5.000 dólares y fue presa la gente sana y honrada”.

“La gente está detenida dentro de sus aulas de fierro que han tenido que armar para poderse defender”, agregó el legislador socialcristiano, quien impulsó su propuesta hasta en sus redes sociales con videos en Tik Tok. Su idea, sin embargo, tuvo eco en otro paquete de reformas que tramitaba la misma Comisión.

‘Todos quieren armas’

“Todo el mundo va a querer tener un arma en su bolsillo, eso es indudable”, dijo el Augusto Guamán, asambleísta por Sucumbíos, en la misma sesión donde Almeida presentó su iniciativa. Dijo que la Comisión debía analizar de manera profunda ese proyecto, pero adelantó: “yo lo veo bien planteado”.

La propuesta de Almeida -con modificaciones- finalmente fue agregada en la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, publicada el pasado 29 de marzo en el Registro Oficial. Pero hubo dudas sobre su incorporación.

En el informe para el primer debate sobre esas reformas, del 14 de junio de 2022, la Comisión consideró que este tema debía ser debatido en otra ley que estaba siendo tratada al mismo tiempo en ese grupo legislativo. Era la Ley de Armas, de iniciativa del asambleísta Esteban Torres, también PSC y que está aún en trámite en la Asamblea. Por lo tanto, excluyó la propuesta de Almeida.

Pero esa decisión duró poco tiempo. En la sesión del 31 de octubre pasado, la Comisión solicitó autorización al Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea para la unificación de la propuesta de Almeida con las reformas a la seguridad integral. Ocho de los nuevos asambleístas que conforman la Comisión aprobaron su incorporación. Ellos fueron Ramiro Narváez, Augusto Guamán, Rodriga Fajardo, Patricia Núñez, Jorge Pinto, Simón Remache, José Luis Vallejo y Geraldine Weber.

De esta manera se sumó la idea del legislador a los cambios que pidió el Ejecutivo. Este último planteó el incremento de la pena al delito de tenencia y porte de armas, que consta en el artículo 360 del COIP, de 6 meses a 1 año a una condena más dura de 1 a 3 años. El cambio del Ejecutivo no pasó, pero sí el de Almeida, quien tuvo como aliado al asambleísta Xavier Jurado.

Jurado, al igual que Almeida, es cercano a los sectores ganaderos. En 2018, fue subsecretario de Ganadería en el Ministerio de Agricultura, en el gobierno de Lenín Moreno. Ahora es legislador por la provincia del Guayas y llegó a esa curul por la alianza de los movimientos Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Él propuso que no se sancione cuando la persona tiene un permiso caducado.

En las discusiones sobre estas reformas, Jurado se mostró a favor que los clubs deportivos de tiro capaciten civiles y se quejó de la limitación a la importación de armas. Contó, por ejemplo, en la sesión del 8 de junio, que él estaba en una importación de armas en ese momento “la cual no ha sido efectiva y nuestra plata está retenida”. Jurado informó que había pedido a sus asesores que coordinen la comparecencia del gerente de la empresa pública Santa Bárbara, que se dedica a la fabricación de armas y municiones.

En el informe para el segundo debate, que la Comisión presentó el 16 de diciembre pasado, el artículo 360 quedó con el siguiente agregado: “No comete delito de tenencia o porte no autorizado de armas, la persona que demuestre que ha presentado la solicitud de renovación del respectivo permiso al organismo de control correspondiente y que este se encuentra en trámite. La aplicación de esta disposición requerirá que la solicitud de renovación haya sido presentada con una anterioridad que no supere los noventa días”.

A diferencia de la propuesta de Almeida, la Comisión insistió en que era necesario tener el permiso de porte y tenencia de armas y no solo un documento que avale la propiedad del mismo. También le puso un techo de tres meses a la solicitud de renovación para no incurrir en un delito. 

“Se clarifica el tipo penal de tenencia y porte de armas, estableciendo que no comete delito la persona que porte o tenga un arma con el permiso caducado, sin embargo, para garantizar el bien jurídico protegido que es la seguridad pública y del Estado, se establece que esta exención procede siempre y cuando la persona evidencia que ha iniciado el trámite de renovación con anterioridad de hasta 90 días previos”, fue la justificación del grupo legislativo.

Ese fue el resultado de una amplia discusión que se dio el 3 de diciembre pasado, previo a la finalización del informe para segundo debate. En esa sesión, la Fiscalía rechazó la propuesta de Almeida. “Solo el hecho de tener un arma sin permiso configura el tipo penal”, dijo la representante de la Fiscalía.  “Si está con el permiso caducado, lo siento, igual configura el tipo penal. Sino vamos a tener un montón de casos que estén en trámite y estén haciendo uso de armas de fuego, cuando eso está prohibido”, dijo.

Melania Carrión, asesora de la Comisión de Justicia de la Asamblea, recordó que el porte y tenencia de armas se encuentra bajo el capítulo de los delitos contra la seguridad pública. “Las legislaciones internacionales tratan de restringir el tráfico o porte ilícito de armas” y agregó que la propuesta de Almeida y Jurado abría la posibilidad de que existan más armas ilegales. Los representantes del Ministerio del Interior y de Defensa también se opusieron a la propuesta de Almeida y Jurado.

Pero nada de esos argumentos convenció al asambleísta Simón Bolívar Remache. “El pueblo ya no soporta más, esta necesidad nace del pueblo para defenderse de la delincuencia”, dijo tras escuchar las intervenciones de los representantes de las instituciones del Estado. Remache fue el más entusiasta y participativo en las sesiones sobre este tema. Es asambleísta por la provincia de Santa Elena y empresario transportista. Mencionó la situación de los pescadores en altar mar y cómo estos son víctimas de una “guerra”. “Ya mismo va salir la Fiscalía, que pobrecitos hay que bajarles las penas”.

Ramiro Narváez, presidente de la Comisión, quiso bajar los ánimos y sostuvo que no se amplía la tendencia y porte de armas a la ciudadanía. Pero una vez que fueron aprobadas las reformas, expertos consideraron que sí hay flexibilización, como el académico Luis Córdova. A esto se sumó el Decreto 707 que autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal.

Se reforma el Art. 360 del COIP y se FLEXIBILIZA la tenencia y porte de armas de fuego.

A esto agrédele que #Lasso ya eliminó los IMPUESTOS para la importación de armas.

Vieja demanda de la Aso. de Ganaderos del Litoral, cuyo expresidente ahora es Gobernador del Guayas.

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— Luis Córdova A. (@LuisCordovaAlar) March 31, 2023

El Decreto 707 y la Ley Reformatoria a varios cuerpos legales relacionados con la seguridad complican la posibilidad de identificar a los propietarios de las mismas y abren una puerta riesgosa a un mayor tráfico de armas, según los analistas que consultó Plan V en un reportaje previo sobre este tema.

La Ley de Armas, en discusión

Otro asambleísta impulsor en el tema de armas es Esteban Torres, del PSC. El 5 de diciembre de 2020, presentó un proyecto de ley reformatorio a la Ley de Armas, que contempla modificaciones a seis artículos. Su principal propuesta estaba enfocada a la autorización de la tenencia y porte de armas para uso civil para quienes cumplan algunos requisitos como pasar una prueba psicológica, así como el uso de gas pimienta. Ambas propuestas, de manera coincidente, están recogidos en el Decreto 707 de Lasso.

“Esa propuesta sirvió como antesala para la propuesta electoral de quienes hoy son gobierno y que jamás movieron un dedo sino recién hasta ahora, y por otras razones”, dijo Torres en un comunicado tras la publicación del Decreto Presidencial. “Dos años le tomó al gobierno hacer algo en materia de seguridad ciudadana y, aunque parcialmente, intentar cumplir una de sus promesas de campaña: la tenencia y el porte de armas con restricciones y controles para civiles. Y no lo hizo por convicción y promesa sino por desesperación y hasta malicia”, agregó.

Pero las reformas de Torres van más allá. “A los agricultores, ganaderos y camaroneros agremiados se les renovará sus permisos de tenencia y porte sin necesidad del curso de capacitación”, dice su texto. Esta ley está en debate también en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. El 1 y 15 de marzo pasados, los legisladores recibieron a diversos representantes ganaderos y del sector de armas para escuchar su posición.

Por ejemplo, esto uno de los representantes de la Asociación de Montubios Loma de Mamey, una asociación agropecuaria de la provincia del Guayas. Contó que en las zonas rurales en Guayas se han incrementado los robos y el abigeato. En 2022, los conductores de 20 vehículos con arroz fueron maniatados y les robaron su producción, narró ante la Comisión. “Ahora van y se meten a las casas y como agropecuarios no tenemos una herramienta para defender a nuestras familias”. Manifestó que la Policía no llega a esta zona, que comprende más de 5.000 hectáreas, por lo lejano y el acceso que solo se da por canoa o caballo.

Asimismo, Jaime Enrique Villarreal, importador de armas y municiones desde hace 22 años, dijo que cuando vende una pistola entrega una factura y los documentos de importación. Con esos documentos, el cliente debe ir al Comando Conjunto de las FFAA para solicitar el permiso. Una vez que lo obtiene, entrega una copia al vendedor y en ese momento le entregan el arma. “Comprar un arma no es tan fácil”, aseguró y agregó que existe un control absoluto. Desde su punto de vista, cuando vendía armas en un local “no había tanta delincuencia como la que existe ahora”. “Una persona de bien -concluyó- no va a matricularla para ir a delinquir con ella”.