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30 de Junio del 2021
Historias
Lectura: 21 minutos
30 de Junio del 2021
Redacción Plan V
En Quito, las redadas continúan sembrando temor en los sitios LGBTI
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La Agencia Metropolitana de Control realiza operativos en varios sitios de la capital. .Foto: AMC

 

Los allanamientos realizados por la Policía, la Intendencia y la Agencia Metropolitana de Control contra sitios frecuentados por miembros de la comunidad LGBTI en Quito recuerdan el fantasma de los controles con dedicatoria contra la diversidad sexual. Los funcionarios aseguran que solo cumplen con las regulaciones aunque evidencian desconocer la naturaleza de los lugares que fiscalizan.

Allanamientos con policías, sirenas y patrullas. Agentes encubiertos infiltrados en busca de posibles delitos. Amenazas de encarcelamiento. Detenciones escandalosas. Pretextos legales para clausurar o multar. Clientes escarnecidos, avergonzados, vejados y, con mala suerte, encarcelados. Esa era más o menos la historia de los sitios de esparcimiento de la comunidad LGBTI desde por lo menos los años 60 del siglo pasado. Y, a juzgar por recientes denuncias, sigue pasando en el Quito del siglo XXI. 

Redada en Stonewall

De hecho, el día del orgullo LGBTI conmemora la redada realizada por la Policía de Nueva York el 28 de junio de 1969, cuando irrumpió en un sombrío y clandestino bar ubicado frente a la Plaza Sheridan y en medio de Greenwich Village. La clientela, maltratada por enésima vez por la Policía, se reveló. Una mujer lesbiana, llamada Stormé DeLarverie, llamó a la sublevación y los presentes, hombres gais, lesbianas, transexuales, tomaron objetos y empezaron a lanzarlos contra la policía. Los sorprendidos agentes del allanamiento se encerraron en el local, en donde los presentes empezaron a armar una barricada, hasta la llegada de las fuerzas antimotines que los rescataron. Durante tres noches, los policías reprimieron la protesta con toletes y gas lacrimógeno.

Hoy el que alguna vez fue un sórdido local totalmente oscuro y sucio, en donde no había agua corriente ni para lavar los vasos y en donde la gente LGBTI se ocultaba en medio de las sombras, el único en toda Nueva York en donde dos hombres o dos mujeres podían bailar juntos sin temor a ser detenidos por la Policía, es un momento nacional de Estados Unidos, por decreto del ex presidente Barack Obama. 


La revuelta de Stonewall comenzó el 28 de junio de 1969 en un bar de Nueva York. (AP)

La clientela, maltratada por enésima vez por la Policía, se reveló. Una mujer lesbiana, llamada Stormé DeLarverie, llamó a la sublevación y los presentes, hombres gais, lesbianas, transexuales, tomaron objetos y empezaron a lanzarlos contra la policía.

La revuelta de la clientela del Stonewall daría inicio al movimiento de liberación gay, y luego, a las reivindicaciones de la diversidad sexual que se conmemoran hasta hoy en todo el mundo. El colectivo adoptaría por esa misma época la bandera del arcoiris, con seis colores, que se diferencia de la bandera andina de origen peruano -la huipala- en que aquella tiene siete. 

Allanamientos en Quito

52 años después, en la Quito de 2021, la situación no parece haber variado mucho desde la revuelta de Stonewall. Hace varios meses, en medio de la pandemia, entidades como la Policía, la Intendencia de Policía de Pichincha y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) arremetieron contra los saunas gais, un tipo de sitios de encuentro y sexo casual de hombres gais. 

En la capital funcionan varios sitios de este tipo, algunos, desde hace varias décadas. Se trata de instalaciones que cuentan con las facilidades de un sauna: vapor, jacuzzi, casilleros y duchas. También hay varios en Guayaquil y en Cuenca. El detalle es que, al igual que en la mayor parte de Occidente, este tipo de establecimientos solamente reciben a hombres gais, y cuentan con espacios para sexo consensuado entre adultos. 

Con el pretexto de la pandemia y el control del aforo, varios de estos sitios fueron allanados en operativos con policías, agentes de control y funcionarios de la Intendencia de Pichincha, en febrero de 2021. 

Según fuentes cercanas a estos establecimientos -que declinaron ser identificados, pues aseguran temer ser víctimas de represalias por parte de los funcionarios municipales- los allanamientos del mes de febrero ocurrieron en por lo menos tres saunas gais de Quito.

Los agentes realizaron en todos el mismo modus operandi: un joven que fingía ser cliente timbraba en la puerta y pedía ser admitido, aun cuando ya faltara poco para cerrar. Cuando le abrían la puerta, un grupo de agentes ingresaba a la fuerza al local asegurando que estaba en una actividad de control.

Equipos de prensa de las entidades grababan y hacían fotos de lo que ocurría, sin importantes que en el interior hubiera hombres de varias edades en toalla o en ropa interior. En los tres locales encontraron muy pocas personas, por lo que el supuesto control de aforo y bioseguridad quedó en nada. En alguno de los sitios, conocido por ser frecuentado por personas de mayor edad y por su escasa clientela, los agentes no encontraron a nadie y se fueron. 

La explicación de la irrupción de los agentes, según relató un joven cliente de uno de los lugares, era la búsqueda de "fiestas clandestinas" en los sitios. Pero los agentes tuvieron poca suerte: en ninguno de los lugares encontraron más de diez personas, por lo que no pudieron alegar problemas de aforo.

Entonces, funcionarias en tono amenazante, (curiosamente, varios de lo testigos destacan la presencia de mujeres muy agresivas comandando los operativos, aunque no pueden identificarlas) empezaron a revisar el local municiosamente.

El cliente relata que les dijo que no eran criminales y que no tenían por qué irrumpir de esa forma, pero la líder del allanamiento le amenazó, a gritos, con "meterle preso". Intimidado por la funcionaria y su nutrida escolta policial, parapetada tras la cual gritaba, el joven decidió ya no decir nada más.

"Buscamos menores o drogas", les oyó decir el cliente, a quien pidieron una identificación de manera apremiante. De eso tampoco encontraron los celosos agentes de la ley y el orden, pero, según el relato de un testigo, encontraron cerveza y una menú de bebidas, lo que ya constituyó un primer elemento para una sanción. El cliente relata que les dijo que no eran criminales y que no tenían por qué irrumpir de esa forma, pero la líder del allanamiento le amenazó, a gritos, con "meterle preso". Intimidado por la funcionaria y su nutrida escolta policial, parapetada tras la cual gritaba, el joven decidió ya no decir nada más. "Pensé qué pasaría con mi trabajo o mi familia si estas personas me detenían por estar en un sauna gay, cosa que no es ningún delito", dijo el cliente consultado. 

Pero adentrándose en el local, la funcionaria que capitaneaba el operativo encontraría la prueba reina que estaba buscando: en el área en donde tiene lugar el sexo consensuado, ubicó a dos hombres teniendo sexo. Y, además, encontró preservativos, que el local regala a los clientes para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y, sobre todo, de VIH. Paradógicamente, los preservativos usados para evitar la transmisión de la pandemia del VIH fueron la prueba de cargo de las funcionarias que intervenieron en el operativo. 

Para las funcionarias a cargo de las redadas, en donde no se produjeron detenciones, pero sí se exhibieron videos y fotos en redes sociales, los preservativos eran la evidencia de que los saunas gais hacían mal uso de las licencias de funcionamiento (LUAE) y procedieron a la clausura de los sitios. En los procesos no consta ninguna alusión ni a la bioseguridad, ni a la covid, ni al aforo, pero aunque no encontraron evidencia de prostitución en los lugares, declararon que se trataba de "casas de citas". Por lo menos tres de esos lugares han sido clausurados, y no han reabierto sus instalaciones. En el sector de La Mariscal, uno de los saunas gais más grandes de Quito luce cerrado y vacío desde hace semanas. Algunos de los propietarios han tenido que pagar multas de hasta USD 3000.

En los procesos no consta ninguna alusión ni a la bioseguridad, ni a la covid, ni al aforo, pero aunque no encontraron evidencia de prostitución en los lugares, declararon que se trataba de "casas de citas".

Este portal solicitó copias de los procesos seguidos contra éstos locales y el respaldo de fotografías y vídeos que la Agencia Metropolitana de Control dice tener de lo ocurrido en esos operativos. Tras admitir que la documentación es pública, los funcionarios de la AMC dijeron que, a pesar de ser público,  no se puede obtener copias de los expedientes ni pueden leerse en ningún sitio que no sea en las oficinas de la institución, por lo que no hemos tenido acceso a la documentación solicitada. Los funcionarios de la AMC alegaron también que se estaban tomando varios días para conseguir los expedientes, pero al final solo pudieron referirse a un solo caso. 

Estas redadas ocurrieron durante la gestión en la AMC de Gabriela Obando, una polémica abogada que fue removida del cargo luego de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol denunciara una irrupción agresiva de la ex funcionaria y su equipo en el Estado Rodrigo Paz Delgado, en donde, según dijo la Federación, llegó inclusive a amenazar con la clausura del Estadio en pleno partido internacional. Tras las quejas de la Federación, el alcalde Jorge Yunda cesó del cargo a Obando. 

El operativo contra Pachaqueer

Hace pocas semanas, dos integrantes de la comunidad trans, MoTa & CoCa, conocidas como las Pachaqueer, denunciaron que su local de comunidad rápida, La Guarida Frita, fue allanado por una decena de agentes de Policía, Intendencia y Agencia Metropolitana de Control. El 28 de mayo, el pequeño restaurante de las Pachaqueer fue intevenido en busca de bebidas alcohólicas. Y, nuevamente, los funcionarios alegaron que se hacía "mal uso de la LUAE" por lo que se impondrían sanciones.  En su cuenta de Twitter, las dos denunciaron que la AMC "celebra el mes del orgullo oprimiendo a las travestis". 

El allamiento motivó que las dos activistas destacaran que no tienen más opciones de trabajo y por ello defendieron su emprendimiento de comida. “Para ellos somos personas de desecho, no de derechos. Para una persona heterosexual es fácil vivir en un mundo de oportunidades, la universidad se abre; les dicen: ven, matricúlate, hombre de negocios, mujer del futuro; nadie dice: ‘ven travesti ejecutiva’, eso no se ofrece, no existe en el mercado. Obviamente es una desigualdad total, no solo de derechos sino de accesos y de oportunidades”, le dijeron al diario El Comercio

Por su parte, el Consejo de Protección de Derechos de Quito emitió un pronunciamiento al respecto el pasado 24 de junio. 

"La Colectiva Pacha Queer, a través de sus redes sociales, denunció una presunta vulneración de sus derechos laborales y discriminación por parte de servidores municipales, lo cual impediría el ejercicio del derecho al trabajo de dos personas trans. Estos lamentables hechos, además de configurarse en una amenaza y vulneración de derechos, reflejan la persistencia de formas de discriminación y violencia sistemática y estructural que afectan a las personas de la comunidad LGBTIQ+ y, en mayor medida, a las mujeres y personas no binarias que conforman esta comunidad. También evidencia la preocupante situación de desempleo y precariedad en que viven ciertos grupos sociales en nuestro país", dijo el Consejo.

Según el Consejo, "es menester que las instituciones públicas puedan transversalizar los enfoques de derechos en toda la gestión a fin garantizar el goce de los mismos y, en este caso concreto, el derecho al trabajo digno a personas de diversidades sexo genéricas y promover la implementación de mecanismos que garanticen la no discriminación laboral por identidad de género y orientación sexual en el DMQ".

El Consejo solicitó "a los organismos de control asegurarse de actuar despojados de actitudes homofóbicas, transfóbicas o discriminatorias a la hora de realizar su trabajo".

Los agresivos allanamientos de las autoridades contra este tipo de centros de encuentro de hombres gais, lesbianas y transexuales ha provocado una ola de cautela en esos locales. Ahora no abren la puerta sino es a conocidos y desconfían de personas con aspecto de policías encubiertos, a los que tratan de identificar por su corte de pelo o aspecto.

Al igual que en la Nueva York de los años 60, los sitios a donde van muchos de los jóvenes gais quiteños están marcados por el estigma de la clandestinidad y por el control de policías y entidades civiles cuyos métodos agresivos parecen más adecuados para controlar delincuencia que diversidad o transgresión. 

                         

ENTREVISTA

Ricardo Yela, director de Resolución de la Agencia Metropolitana de Control: "generalmente los agredidos somos nosotros"

Ricardo Yela 

¿Cuáles han sido las motivaciones para los operativos en sitios como saunas gais y en el local de las Pachaqueer? Desde la comunidad LGBTI se alega discriminación en sus acciones, ¿qué les responde?

No podemos hablar de discriminación, en estos meses de pandemia se ha realizado una gran cantidad de operativos, solo en junio vamos con 773 operativos de control de este tipo, 40 clausuras en mayo y 11 en junio. Yo estoy totalmente de acuerdo con estas personas en que ellos tienen los mismos derechos que cualquiera, estoy seguro que es así, pero también tienen las mismas obligaciones. En el caso de los saunas, ellos tienen su LUAE, pero como es nuestra potestad, hacemos verificaciones y ahí encontramos elementos que no constituyen parte de la actividad económica que ellos declaran. Se seguió todo el procedimiento, se tomaron medidas cautelares, se sustanció el procedimiento y se tomó una resolución por parte de los funcionarios decisores. Se emitieron multas porque había bebidas alcoholicas, se encontraron gran cantidad de condones usados y no usados, y ahí hubo mal uso de la LUAE. La LUAE no permite otras actividades distintas a las descritas ahí. Solo tengo un expediente de un caso a la mano,  nos estamos integrando a la gestión y esto pasó en la gestión anterior. La AMC realizara controles en todo el Distrito y no está direccionado contra nadie. Las licencias para bares están suspendidas en la pandemia. Este es un tema de cumplimiento, sea quien sea. Hay grupos que tienen derechos y estoy a favor de eso, pero por esa situación no vamos a dejar de cumplir esa normativa. 

¿Director, ustedes saben qué es un sauna gay?

(Incómodo) No necesitamos saber para qué sirve. Lo que hacemos es verificar el permiso y si se está usando adecuadamente. Si quiero tener un sauna o un bar, debo tener un permiso, nosotros no entramos al transfondo del asunto. Es como si yo quiero poner una iglesia con licencia de restaurante. Solo buscamos que se cumpla con los protocolos de bioseguridad. Nuestro supervisor metropolitano ha señalado que estamos a favor de la reactivación económica y a trabajar con todos los grupos, pero lo que queremos es que se cumpla la ley y la normativa. Si en un espacio de restaurante hay más alcohol que comida se está haciendo un mal uso de la LUAE. 

"En los expedientes y en los partes policiales no se han reportado altercados ni problemas, la Policía debe hacer respetar los derechos de las personas y cualquier persona que se sienta maltratada puede concurrir ante las instancias pertinentes".

¿Le reitero, saben ustedes que en esos sitios hay sexo casual consensuado y no prostitución debido a que no hay dinero de por medio? ¿En qué marco legal podrían funcionar según las normas de uso de la LUAE?

En los expedientes tenemos una carta de bebidas que evidencia que vendían alcohol, como un bar, hay una lista de precios, de cervezas. Lo que queremos es que las actividades se hagan correctamente y en especial en medio de la pandemia. Estamos en una situación de emergencia y la AMC solo busca que se respete la normativa. No podemos hacer actividades diferentes. No se puede juntar sauna con casas de citas ni vender condones, porque no son sex shop. Y las casas de citas también están con las licencias suspendidas por la pandemia. 

Quiero recalcar que no solo vamos nosotros a estos operativos, sino Policía Nacional, Policía Metropolitana  y en el caso del operativo en el local de Pachaqueer de las 11 personas presentes solo una era funcionaria nuestra. 

¿Qué fue lo que pasó en el local de Pachaqueer?

Se puso una medida cautelar de clausura, pero ya se levantó. Ellos tienen un permiso para responsables, el expediente está a la espera de resolución, aquí somos el director y los funcionarios decisores que analizamos en el plazo de un mes el caso. Estamos esperando que salga la resolución y aún no se les ha sancionado. Ahí pasó justamente lo mismo, llegamos en toque de queda y al ingresar no se encontró comida sino solamente cervezas. Ellas tienen una LUEA de restaurante y estaban vendiendo cerveza y no comida. Lo que nuestros inspectores encuentran tiene valor probatorio y además hay un parte policial que está en el expediente. Este caso aún está en proceso y vamos a emitir una resolución motivada. La resolución sancionatoria puede ser impugnada. Los derechos de estos locales están siendo respetados y se les ha otorgado el derecho a la legítima defensa y también podrán impugnar.

Testigos consultados hablan de una incursión violenta, policial y vejatoria contra la clientela de estos lugares. ¿Le parece que esa es la forma adecuada de hacer lo que es un control administrativo?

Si se lo contaron así la respuesta es obviamente no. Nosotros no tenemos nada que ver con drogas ni con menores de edad, pero sí la Policía que puede pedir cédulas de identidad y revisar documentos. En los expedientes y en los partes policiales no se han reportado altercados ni problemas, la Policía debe hacer respetar los derechos de las personas y cualquier persona que se sienta maltratada puede concurrir ante las instancias pertinentes. No hay constancia de ninguna agresión en estos casos. En la AMC capacitamos al personal, generalmente los agredidos somos nosotros, el trabajo de control es difícil y hemos sufrido ataques, botellazos, lesiones. Vamos con autoridad a los sitios y no con fuerza. Nosotros tenemos potestad de control de manera respetuosa y adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERÍA
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