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9 de Agosto del 2021
Historias
Lectura: 58 minutos
9 de Agosto del 2021
Redacción Plan V
Radiografía del crimen organizado: Ecuador es poco eficaz para luchar contra los mercados criminales (II Parte)
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¿Qué tan capacitado está el Estado ecuatoriano —y sus instituciones— para luchar contra el crimen organizado y sus actores? El Índice Global le da la Ecuador una calificación "moderada" en su eficacia contra los mercados criminales. El Índice reconoce tímidos avances hasta el año 2019 (gobierno de Lenín Moreno), y destaca los grandes abismos entre la normativa, que existe, y la aplicación de la misma por los agentes del Estado.



El Índice Global de Crimen Organizado define a la resilencia de los Estados como los tipos de mecanismos institucionales y sociales que los países tienen a su disposición para combatir el crimen organizado y la efectividad de cada una de esas medidas. Aunque cada peldaño es tratado como un indicador discreto de la resiliencia, las categorías de los bloques de resiliencia reflejan las esferas política, legal, criminal y de justicia, económica y social de la sociedad que tienen potencial de brindar respuestas holísticas y sostenibles al crimen organizado.

La capacidad de resiliencia y efectividad son evaluadas para medir el nivel en el que los estados han establecido marcos estratégicos, legales y políticos para abordar el crimen organizado.

Los 12 peldaños de la resiliencia exploran los tipos de mecanismos que los países tienen a su disposición para combatir el crimen organizado y la efectividad de cada una de esas medidas. 

La capacidad de resiliencia y efectividad son evaluadas para medir el nivel en el que los Estados han establecido marcos estratégicos, legales y políticos para abordar el crimen organizado.

Estos 12 peldaños analizados son: Liderazgo político y gobernanza, Liderazgo político y gobernanza Sistema judicial y detención, Capacidad de regulación económica, Transparencia gubernamental y rendición de cuentas, Cuerpos de seguridad, Apoyo a víctimas y testigos, Cooperación internacional, Integridad territorial, Prevención, Políticas y leyes nacionales, Lucha contra el lavado de dinero y Actores no-estatales. 

A continuación, los resultados del examen hecho a Ecuador (con información hasta el 2019) sobre su capacidad institucional para enfrentar los mercasos criminales y a sus actores.

Liderazgo político y gobernanza (calificación 5.0. Moderamente eficaz)

Interpretación: 

Un marco regulatorio o institucional existe, pero hay espacio significativo para mejorías en términos de cobertura e implementación, y hay esfuerzos para mejorar en estas áreas.

Definición:

El liderazgo político y la gobernanza se refieren al papel que desempeña el gobierno de un Estado para hacer frente a el crimen organizado, así como a la eficacia de sus medidas. Un liderazgo político y una gobernanza fuertes indican una mayor resiliencia del Estado frente al crimen organizado. Los gobiernos canalizan a los ciudadanos hacia la postura del Estado frente al crimen organizado, defendiendo su papel en la lucha contra ésta y sentando las bases para la aplicación de medidas. La plataforma utilizada para el discurso de lucha contra el crimen organizado refleja, en cierta medida, el nivel de prioridad del crimen organizado en la agenda nacional. La gobernanza corresponde a una función de la relación entre el Estado y sus gobernados. Los líderes envían mensajes que se consideran legítimos y, a su vez, unen a la sociedad. La confianza de los ciudadanos en los gobernantes puede estar directamente relacionada con los conflictos en una sociedad. La presencia de el crimen organizado puede reducir de forma tangible la capacidad de gobernar y la legitimidad del Gobierno a los ojos de la población. Cuando la confianza en el Gobierno es nula o escasa, la sociedad puede volverse inestable, creando (más) oportunidades para que el crimen organizado llene las brechas entre el Estado y sus poblaciones.


La Fiscalía General ha firmado diversos convenios de apoyo internacional para intercambio de información y capacitación de sus agentes. Foto: Fiscalía General.

En la última década, Ecuador pasó por un proceso de reorganización estatal que al parecer, ha mejorado su eficacia contra la delincuencia y ha reducido la tasa de homicidios de 17,5 % en 2010 a 5,8 % en 2019, la segunda más baja de Sudamérica. En 2008, el gobierno de Correa redactó una nueva Constitución con el apoyo masivo de un referéndum popular. La nueva constitución centralizó el poder en el organismo ejecutivo y limitó seriamente la responsabilidad horizontal, especialmente la judicial.

En febrero de 2018, el presidente Lenín Moreno, que asumió el cargo en mayo de 2017, restableció con un referéndum el límite de dos mandatos en el cargo presidencial y reestructuró el CPCCS, creando un consejo transitorio encargado de evaluar a todos los funcionarios del gobierno nombrados por el consejo anterior. Moreno también señaló que su gobierno está comprometido con la reducción de la oferta y la demanda de drogas, como se refleja en un nuevo Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas 2017-2021.

Mientras que las encuestas de 2016 y 2017 mostraban que el 51,90 % de la gente confía o tiene algo de confianza en el poder judicial y que el 48,8 % confía en la policía, más del 69 % de las personas encuestadas para un sondeo en 2018 señalaron tener poca o ninguna confianza en el gobierno, mientras que el 72,45 % no confía en las instituciones del Estado.

Ecuador ocupa una posición moderada en el Índice de Estados Frágiles (FSI) de 2020, con el puesto 89 a nivel mundial, lo que refleja la considerable fragilidad y vulnerabilidad del país. Aun así, el país ha mostrado una marcada mejora en su puntuación de fragilidad en los últimos 11 años. En 2019, se situó como el séptimo país que más ha mejorado en el mundo, subiendo 13 posiciones en la clasificación del FSI desde 2017.

Transparencia gubernamental y rendición de cuentas (5.5. Moderadamente eficaz)

Interpretación: 

Un marco regulatorio o institucional existe, pero hay espacio significativo para mejorías en términos de cobertura e implementación, y hay esfuerzos para mejorar en estas áreas.

Definición: 

La transparencia gubernamental se refiere a la medida en que los Estados han puesto en marcha mecanismos de supervisión para garantizar que no exista colusión estatal en actividades ilícitas. En otras palabras, si el Estado ha creado o no oportunidades para la reducción de la corrupción estatal y para ocultar el control ilegítimo del poder o los recursos (incluyendo, por tanto, recursos provenientes de y destinados al crimen organizado). Como representantes de sus ciudadanos, los gobiernos reciben de éstos la potestad de supervisar y mantener el imperio de la ley y el orden de las sociedades. Cuando se abusa de estos poderes, se socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado (lo que puede conducir a una vulnerabilidad al crimen organizado) y puede implicar la colusión del Estado en el crimen organizado. Los esfuerzos por aumentar la transparencia, como destinar los recursos necesarios a las medidas anticorrupción, sirven para cerrar las oportunidades en las que los delincuentes organizados pueden ejercer su influencia. Así, cuanto más transparentes sean los gobiernos, más resistente será un Estado al crimen organizado.

Ecuador tiene una muy mala clasificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, con la posición 93 a escala mundial y una puntuación de 38. Los esfuerzos para contrarrestar la corrupción en el país han sido débiles, como se desprende de su puntuación de percepción de la corrupción, que prácticamente no ha cambiado, y que solo ha mejorado en seis puntos desde 2012.


Fotomontaje: PlanV

En Ecuador, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) regula y normaliza la publicación de datos públicos. Si bien la Defensoría del Pueblo es la principal institución encargada de velar por su cumplimiento, existen otras instituciones con autoridad legal para regular la rendición de cuentas y combatir la corrupción, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el Ministerio de Telecomunicaciones.

Desde la entrada en vigor de la LOTAIP en 2004, todos los organismos estatales deben publicar la siguiente información en sus páginas web: Información administrativa (estructura, teléfono institucional y lista de correos y los informes de movilización nacional e internacional); Información legal (marco legal y reglamentos internos); Información financiera (remuneraciones de todos sus funcionarios, información presupuestaria, procesos contractuales en curso y el plan anual de compras públicas); Información operativa (todos los formularios requeridos para los servicios que ofrece la institución); Información laboral (todos los contratos del personal de la institución); Información de planificación institucional (metas y objetivos institucionales, resultados, indicadores de desempeño); Información de regulación y control (auditorías internas, mecanismos de rendición de cuentas, lista de empresas o personas que han incumplido contratos con la institución) y declaración oficial de bienes e ingresos de la máxima autoridad. Además, en 2018, el CPCCS promulgó un nuevo reglamento que exige la publicación de información para garantizar la rendición de cuentas de todas las instituciones estatales. Sin embargo, en general, el acceso a la información en Ecuador es deficiente, ya que el país tiene una calificación de 74 en RTI, ocupando el puesto 85.

Además de los niveles ya deficientes de acceso a la información, la presión para reducir el tamaño del sector público en Ecuador había llevado al gobierno a eliminar instituciones particularmente importantes, como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), el Sistema Nacional de Información (SNI) y el SIG TIERRAS, entre otras autoridades responsables de la investigación, recolección y manejo de datos demográficos, socioeconómicos, productivos, ambientales y geográficos. Más aún, las acusaciones de corrupción contra actores políticos, que han dado lugar a la detención de figuras menores de las redes delictivas, han profundizado la desconfianza de los ciudadanos en el sector público y en el sistema judicial nacional.

Ecuador tiene una muy mala clasificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, con la posición 93 a escala mundial y una puntuación de 38. Los esfuerzos para contrarrestar la corrupción en el país han sido débiles.

Varias instituciones se encargan de combatir la corrupción, con una Secretaría Nacional Anticorrupción encargada de ejecutar la política anticorrupción del gobierno y desarrollar estrategias para investigar y denunciar los actos de corrupción en los que incurran los funcionarios. El organismo ha reportado una serie de logros, incluidos: la recuperación de 13,5 millones de USD como resultado de la trama de corrupción de Odebrecht vinculada a altos funcionarios del gobierno (entre ellos, supuestamente el expresidente Rafael Correa); la entrega de información a la Fiscalía para investigar los bienes no declarados de la exdirectora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, María Sol Larrea, ubicados en Estados Unidos y valorados en 440 000 USD; la denuncia de presuntos delitos de defraudación aduanera, tributaria, laboral y blanqueo de dinero en la siderúrgica china XINGLONG S.A., ubicada en el cantón Milagro en Guayas, entre otros.

La Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador (CEICCE), un organismo autónomo respaldado por la ONU y encargado de fortalecer las capacidades institucionales del Estado para luchar contra la corrupción; brindar asistencia técnica a las instituciones para tratar casos de corrupción; y trabajar con la sociedad civil, la academia y el sector privado para prevenir, sensibilizar y fortalecer la respuesta en los casos de corrupción, señaló en agosto de 2019 que aunque el país cuenta con una serie de iniciativas para combatir la corrupción, el sistema de compras y contrataciones públicas del Estado ecuatoriano sigue siendo un desafío. (NDLR. La CEICCE nunca pudo operar oficialmente debido a la desidia del gobierno de Lenín Moreno, cuyo gobierno dejó agotar el plazo de un año para que entre en operación con la firma y aprobación en la Asamblea Nacional de un estatuto de cooperación con Naciones Unidas. El gobierno nunca dio una explicación al país de porqué la Comisión de Expertos se disolvió)

Cooperación internacional (5.5. Moderadamente eficaz) 

Interpretación:

Un marco regulatorio o institucional existe, pero hay espacio significativo para mejorías en términos de cobertura e implementación.

Definición:

La cooperación internacional es un componente esencial de la lucha contra el crimen organizado porque sienta las bases de las respuestas nacionales. Las políticas y leyes nacionales se refieren a la acción legal del Estado y a las estructuras puestas en marcha para responder al crimen organizado. Las estrategias y la legislación nacionales en materia de crimen organizado se adaptan a las necesidades del Estado, a su tradición jurídica y a sus condiciones sociales, económicas, culturales y geográficas. Por ello, su presencia refleja una mayor resiliencia del Estado al crimen organizado.

La cooperación internacional se refiere a las estructuras y procesos de interacción, elaboración de políticas y su aplicación concreta por parte de los países, más allá del nivel nacional, para responder al crimen organizado. Una fuerte cooperación internacional indica una gran capacidad de resiliencia del Estado frente al crimen organizado. Dado que el crimen organizado es cada vez más un fenómeno transnacional en el que tanto los actores como las cadenas de suministro pueden traspasar las fronteras nacionales y continentales, es esencial que los Estados colaboren a escala mundial para combatir la amenaza. La ratificación (y, en especial, la ratificación a tiempo) de los tratados internacionales pertinentes en materia el crimen organizado implica la voluntad de los Estados de dar respuestas al crimen organizado de acuerdo con las normas internacionales. Estos tratados son:

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988)

La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes

El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 o El Tratado sobre el Comercio de Armas (2013) 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A escala internacional, para los Estados Partes, estos instrumentos constituyen un fundamento jurídico suficiente para llevar a cabo medidas de respuesta al crimen organizado. Estas respuestas incluyen la cooperación en materia penal, en particular la asistencia judicial recíproca, la extradición, el traslado de presos condenados y la confiscación transfronteriza de activos. La presencia de tales estructuras y políticas, y la evidencia de su uso efectivo, implica una mayor resiliencia del Estado al crimen organizado.

Ecuador ha firmado y ratificado diversos tratados y convenios para combatir la delincuencia organizada, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Sin embargo, el país no ha ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas.

Además, Ecuador tiene 16 acuerdos de extradición desde entonces, aunque es necesario actualizar algunos para que sean más eficaces. En 2018, la Corte Nacional de Justicia tenía 102 solicitudes de extradición activas a diferentes países y había recibido otras 38. Durante los primeros nueve meses de ese año, 10 personas fueron extraditadas a Ecuador desde Chile, Colombia y Perú.

Además, el país cuenta con una serie de acuerdos de cooperación para reforzar la lucha contra los mercados delictivos. En julio de 2016, Ecuador firmó en Brasilia un memorando para hacer frente a la delincuencia organizada, principalmente para prevenir los delitos de drogas, el blanqueo de dinero y la ciberdelincuencia. En 2018, Ecuador y España firmaron un acuerdo de cooperación en materia policial para la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada. El acuerdo pretende establecer mecanismos y protocolos adecuados para facilitar el intercambio de información sobre inteligencia policial, investigación y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Además, Ecuador ha firmado un memorando de entendimiento sobre cooperación entre la Fiscalía General de la República del Ecuador y estados como los Estados Unidos Mexicanos, Perú, Colombia, Palestina, y otros. En los últimos años, el país también ha vuelto a entablar una relación más estrecha con uno de sus socios más estratégicos, EE.UU., que en 2018 restableció su Oficina de Cooperación en Seguridad en la Embajada de Quito y reanudó algunos de sus fondos de USAID. La ONUDD también es muy activa dentro del país y está trabajando en una serie de proyectos relacionados con la delincuencia organizada, principalmente en lo que respecta a la amenaza de la violencia grave contra las mujeres y los niños.

Políticas y leyes nacionales (4.5. Moderadamente eficaz)

Interpretación: 

Un marco regulatorio o institucional existe, pero hay espacio significativo para mejorías en términos de cobertura e implementación.

Definición:

La cooperación internacional es un componente esencial de la lucha contra el crimen organizado porque sienta las bases de las respuestas nacionales. Las políticas y leyes nacionales se refieren a la acción legal del Estado y a las estructuras puestas en marcha para responder al crimen organizado. Las estrategias y la legislación nacionales en materia de crimen organizado se adaptan a las necesidades del Estado, a su tradición jurídica y a sus condiciones sociales, económicas, culturales y geográficas. Por ello, su presencia refleja una mayor resiliencia del Estado al crimen organizado.

Se considera que Ecuador cuenta con leyes adecuadas para combatir la delincuencia organizada, aunque los recursos para hacerlas cumplir son insuficientes y la corrupción es generalizada. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano sanciona la delincuencia organizada con penas de prisión superiores a cuatro años y en septiembre de 2018, el Fiscal General del país presentó a la Asamblea Nacional la propuesta de una Ley contra la delincuencia organizada transnacional específica.

En abril de 2018, como parte de una iniciativa de reducción en todo el gobierno, el presidente Moreno eliminó la Secretaría Técnica de Drogas (SETED), que anteriormente era responsable de coordinar la política general de control de drogas en Ecuador y destruyó 35 toneladas métricas (t) de sustancias ilegales incautadas durante los primeros seis meses de 2018. El Ministerio de Salud Pública asumió la coordinación y supervisión de los programas de prevención de drogas, reducción de la demanda y tratamiento para las drogas. El Ministerio del Interior es ahora responsable de luchar contra la producción, el tráfico, la venta y el consumo de drogas ilícitas, así como de regular el uso de sustancias controladas y destruir las sustancias incautadas.


Un total de 27 toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización fueron destruidas en el país a inicios del 2021. según informó el ministro de Gobierno de entonces, Grai (sp) Patricio Pazmiño

Se considera que Ecuador cuenta con leyes adecuadas para combatir la delincuencia organizada, aunque los recursos para hacerlas cumplir son insuficientes y la corrupción es generalizada.

Además, en junio de 2019, el Gobierno presentó su nueva política minera, que busca ser más amigable con el medio ambiente y el entorno social pero, al mismo tiempo, más severa contra la minería ilegal.

Las políticas sobre la trata y el tráfico de personas —que incluyen disposiciones en el Código Penal para imponer la pena de prisión a los culpables de tráfico de personas, tráfico de órganos, explotación sexual y laboral, adopción ilegal, mendicidad y reclutamiento forzoso para las milicias, y un Plan Nacional contra la Trata de Personas vigente desde 2006— han sido criticadas por ser obsoletas e ineficaces.

La legislación relativa al tráfico de armas distingue entre la posesión y el porte de un arma. La posesión de un arma requiere de una autorización y no tenerla es un delito castigado con entre seis y doce meses de prisión. El porte de armas está más restringido y si una persona no tiene autorización para hacerlo, puede ser sancionada con una pena de prisión que oscila entre tres y cinco años. Por otro lado, la fabricación y el tráfico ilegal de armas se castigan con un período de entre cinco y siete años de prisión. Además, la persona u organización delictiva que patrocine estas actividades puede ser enviada a prisión entre siete y diez años.

Los delitos contra la flora y la fauna se sancionan con penas de entre uno y tres años de prisión. La pena máxima se aplica cuando los delitos se cometen dentro de una reserva nacional. Los delitos contra los recursos no renovables, dentro del Código Penal, pueden ser castigados con penas de prisión que van de cinco a siete años por la explotación y el comercio ilegal de recursos mineros. Asimismo, la pena por almacenamiento, transporte, comercio y distribución de derivados de hidrocarburos oscila entre dos meses y cinco años de prisión.

El tráfico de drogas se sanciona en función del peso y el tipo de droga que se lleve, y las autoridades afirman que el objetivo no es castigar a los consumidores.

Sistema judicial y detención (5.5. Moderadamente eficaz)

Interpretación: 

Un marco regulatorio o institucional existe, pero hay espacio significativo para mejorías en términos de cobertura e implementación, y hay esfuerzos para mejorar en estas áreas.

Definición: 

El sistema judicial y detención se refiere a la capacidad del poder judicial de un Estado para tratar de ejecutar efectivamente las sentencias de casos relacionados con el crimen organizado. La capacidad del sistema judicial de un país para hacerlo depende de que cuente con los recursos adecuados y funcione de forma independiente y eficaz en todas las etapas de la cadena jurídica.

Si bien dictar sentencias es su función principal, la capacidad de ejecución es también un componente esencial de las actividades de un poder judicial. Aspectos como la evidencia de que los principales delincuentes son enjuiciados con éxito y, en particular, el grado de influencia del crimen organizado dentro del sistema penitenciario, son buenos factores a tener en cuenta para evaluar la capacidad judicial de un Estado. Un sistema penitenciario que se encuentra notoriamente en manos del crimen organizado debería afectar considerablemente la puntuaciónPor consiguiente, si bien disponer de más recursos e independencia para juzgar los casos de crimen organizado implica una mayor resiliencia del Estado, una elevada impunidad implica una menor resiliencia del Estado.

Ecuador obtuvo una puntuación de 0,48 en el Índice de Estado de Derecho 2019 del WPJ, mientras que para Justicia penal obtuvo una puntuación de 0,35. El poder judicial ecuatoriano carece de independencia, lo que debilita el Estado de derecho y limita su capacidad para llevar a cabo eficazmente las investigaciones sobre corrupción y blanqueo de dinero, incluidas las relacionadas directamente con la delincuencia organizada. Estos desafíos se reflejan en el hecho de que 19 jueces han sido destituidos por infracciones graves. Además, entre 2019 y 2020, el Consejo de la Judicatura ha presentado 14 denuncias ante la Fiscalía por malversación, perjurio, cohecho, enriquecimiento ilícito, prevaricación y asociación ilícita, y avanza en otras dos. Asimismo, desde enero de 2019 hasta la fecha, el Consejo de la Judicatura ha destituido a 45 jueces que han incurrido en faltas disciplinarias graves, incluido el tráfico de drogas.

En 2018, el Consejo Nacional de la Judicatura creó la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Lucha contra el Crimen Organizado y el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Lucha contra el Crimen Organizado, con sede en la ciudad de Quito. Durante los primeros 10 meses de 2018, 10 144 personas fueron detenidas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, en comparación con 9054 durante el mismo período de 2017, un aumento del 12 %. En mayo de 2019, se informó que había un total de 40 006 personas encarceladas en el país.


Los presos ejercen tal nivel de control en las cárceles que pueden ordenar asesinatos, robos, violaciones y extorsiones desde sus celdas, dice el informe del Índice Global. Foto: SNAI

En cuanto al sistema penitenciario, el hacinamiento pasó del 38 % al 40 % entre 2018 y 2019, con una proporción de 1 guardia por cada 24 presos, cuando el estándar internacional es de 1 por 10. En 2019,
todas las prisiones del país fueron declaradas en emergencia debido a las revueltas provocadas por grupos mafiosos que luchan por el control. El Ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, admitió que el sistema penitenciario está bajo la influencia de al menos siete bandas criminales que impiden cualquier presencia estatal para mejorar estas condiciones. Los presos ejercen tal nivel de control en las cárceles —donde pueden acceder fácilmente a teléfonos móviles, armas y drogas con la complicidad de guardias y directores— que pueden ordenar asesinatos, robos, violaciones y extorsiones desde sus celdas. Uno de los casos más icónicos tuvo lugar en 2018, cuando la Directora de la Cárcel de Mujeres de Guayaquil fue asesinada tras una orden proveniente del interior de la cárcel.

(NDLR. El Índice evaluó las condiciones del sistema penitenciario ecuatoriano hasta el 2019, antes de que se dieran las masacres de febrero del 2021 —con 80 asesinados en las cárceles— y de julio del 2021 —con 22 asesinados—. Tampoco evaluó la salida de prisión de algunos líderes de bandas criminales por decisiones polémicas de los jueces ecuatorianos. El Índice sostiene que la evidencia de que los actores criminales en prisión controlan las actividades ilícitas tanto dentro como fuera de las prisiones afectaría gravemente la calificación de un país).

Cuerpos de seguridad  (5.5. Moderadamente eficaz)

Interpretación: 

Un marco regulatorio o institucional existe, pero hay espacio significativo para mejorías en términos de cobertura e implementación, y hay esfuerzos para mejorar en estas áreas.

Definición:

Cuerpos de seguridad se refiere a la capacidad del Estado de investigar, reunir información, proteger y hacer cumplir sus normas y procedimientos contra el crimen organizado. Como primera línea del sistema de justicia penal de un Estado, las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia suelen estar en contacto directo con las actividades de crimen organizado. Para llevar a los delincuentes ante la justicia, la capacidad de las fuerzas de seguridad de un Estado para luchar contra el crimen organizado depende de aspectos tales como si cuentan con los recursos adecuados y si el Estado ha invertido en mecanismos de aplicación de la ley centrados específicamente en el crimen organizado. Por lo tanto, puede decirse que una mayor capacidad de aplicación de la ley hace que un Estado sea más resiliente al crimen organizado.

En la actualidad, la policía ecuatoriana cuenta con 50 000 oficiales, pero para alcanzar el promedio internacional recomendado de 1 policía por cada 250 habitantes, aún debe incorporar a 20 000 oficiales más. Además de la Policía Nacional, existen 1579 Unidades de Policía Comunitaria, 457 Unidades Móviles Comunitarias y 13 Unidades de Vigilancia Comunitaria que operan en todo el país. La Policía Nacional también cuenta con una Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, cuya misión es realizar operaciones de inteligencia policial para prevenir actos criminales en contra de la delincuencia organizada nacional e internacional, que se cree que se han reforzado en los últimos años. Los problemas que obstaculizan los esfuerzos de las fuerzas del orden son: la falta de recursos, la escasa presencia en algunas partes del país, los retrasos burocráticos y la frecuente rotación de la policía especializada.

Los problemas que obstaculizan los esfuerzos de las fuerzas del orden son: la falta de recursos, la escasa presencia en algunas partes del país, los retrasos burocráticos y la frecuente rotación de la policía especializada.

La Policía Nacional de Ecuador ha sido reconocida como una de las instituciones más profesionales de América Latina. En 2016, desmanteló 69 redes delictivas en el país y detuvo a 400 delincuentes. Los logros más importantes de esta institución han sido la reducción de la tasa de homicidios de 17,5 % en 2010 a 5,8 % en 2019 (la segunda más baja de Sudamérica) y el aumento de las incautaciones de drogas. Solo en agosto de 2018, varias unidades de la Policía Nacional de Ecuador en colaboración con agentes de la DEA llevaron a cabo una serie de operaciones altamente efectivas que dieron como resultado la incautación de 4,7 t de clorhidrato de cocaína, 14 t de cloruro de calcio, 9,45 kg de heroína y 21 detenciones. En 2018 se detuvo a 12 764 personas y se desarticularon 178 organizaciones delictivas relacionadas con el narcotráfico, mientras que hasta octubre de 2019 se ha aprehendido a 4552 personas y se han desarticulado 178 bandas; ambos datos muestran un incremento sustancial en comparación con 2016.

A pesar de sus logros y su reputación, el aumento de la producción de cocaína andina podría haber aumentado la vulnerabilidad de la policía y el ejército a la corrupción. Entre 2013 y 2017, casi 1000 funcionarios fueron despedidos de la Policía Nacional, 441 por presuntas conductas delictivas con delitos que van desde cargar cocaína en un vehículo policial hasta liderar redes de extorsión. También se ha detenido a miembros de la marina ecuatoriana por su presunta implicación en tráfico de drogas.
Además, el presupuesto anual de la institución se ha reducido de 1303 millones de USD en 2018 a 1256 millones de USD en 2019, lo que no refleja el aumento de la delincuencia en las zonas donde opera la delincuencia organizada.

Integridad territorial  (5.5. Moderadamente eficaz)

Interpretación:

Un marco regulatorio o institucional existe, pero hay espacio significativo para mejorías en términos de cobertura e implementación, y hay esfuerzos para mejorar en estas áreas.

Definición:

La integridad territorial se refiere al grado en que los Estados son capaces de controlar su territorio e infraestructura contra las actividades criminales organizadas, incluyendo la capacidad del personal de control de fronteras. La ubicación física y la geografía de un país pueden aumentar el riesgo de explotación por parte de grupos delictivos organizados. Dado que las fronteras largas tienen menos posibilidades de ser controladas, es más probable que los delincuentes se aprovechen de su gran extensión para introducir en el país productos ilícitos y personas pasando desapercibido. Además, el nivel de compromiso económico de un Estado a escala internacional, que se traduce por el número de puertos y aeropuertos, puede aumentar la viabilidad de mover bienes y personas (tanto legítima como ilegalmente) entre países. Por ello, cuanto más recursos y estructuras pongan los Estados para gestionar su integridad territorial frente al crimen organizado, mayor será su capacidad de resiliencia.

Ecuador se ubica entre Colombia y Perú, dos de los principales productores de cocaína del mundo. Desde el año 2000, cuando el país adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial, se convirtió en un refugio para que los traficantes de drogas y los carteles, especialmente de Colombia, blanquearan dinero. Además, por ser un país de bajo perfil, con un bajo índice de criminalidad y sin presencia de grandes organizaciones criminales transnacionales, Ecuador se ha convertido en una parada clave en las rutas de tráfico de drogas y de personas de las redes delictivas.

Aproximadamente un tercio de la producción de cocaína de Colombia se envía desde el país. Las drogas pueden tomar dos caminos a través de Ecuador: la ruta del Pacífico y la ruta del Amazonas. En el primero, la droga entra a Ecuador en pequeñas embarcaciones que navegan por las intrincadas vías fluviales de la selva que convergen en el río Mataje, que separa Colombia de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, o bien oculta en vehículos que cruzan el puente internacional de Rumichaca hacia la provincia de Carchi, en los Andes. Después de ser almacenada y recogida, la droga se traslada en barcos a través de la costa hasta los puertos de embarque o en camiones comerciales, vehículos privados o incluso en transporte público. En la ruta del Amazonas, la droga entra por la provincia de Sucumbíos, cruzando los ríos San Miguel y Putumayo, donde pequeños botes depositan las cargas en escondites ubicados en puestos sin ley. Desde esta provincia, los traficantes toman las carreteras principales hacia los puntos de despacho.


Las Fuerzas Armadas, por su misión de vigilancia de fronteras para resguardar la soberanía, sirven también como contención del mercado criminal de la droga. Foto: Archivo El Universo

La frontera norte con Colombia es difícil de vigilar para el Estado ecuatoriano porque es mayoritariamente selvática. Aunque en la actualidad hay 13 000 soldados ecuatorianos patrullando la frontera, los departamentos de Nariño y Putumayo, donde se produce la mayor parte de la cocaína, son territorios totalmente controlados por carteles de la droga. Como medida contra este problema, se aprobó un Plan Integral de Desarrollo Fronterizo, que contiene una serie de estrategias a largo plazo y también dos objetivos anuales. El plan busca aumentar la presencia del Estado en la frontera con Colombia y en parte con la presencia de 193 unidades policiales fijas y 209 móviles a las que hay 4715 policías asignados. Se calcula que el gobierno realizará una inversión de unos 520 millones de USD para lograr los objetivos del Plan.

En cuanto a la frontera sur con Perú, aunque la delincuencia es menor, el tráfico de gas y combustibles nacionales sigue siendo un problema importante que demuestra la porosidad de las fronteras ecuatorianas. En mayo de 2018, con el fin de proteger todas las fronteras, el gobierno ecuatoriano firmó un Plan Operativo Binacional 2018 con Perú, que busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combatir la delincuencia en los dos países andinos. El documento incluye 10 compromisos, 27 actividades y 78 tareas para reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, el contrabando, la minería ilegal, la tala de árboles, la trata de personas y el tráfico de migrantes, entre otros delitos.

El control fronterizo se ha vuelto cada vez más difícil desde 2018, especialmente como consecuencia de la afluencia de migrantes venezolanos.

Lucha contra el lavado de dinero (7.0. Suficientemente eficaz)

Interpretación:

Un marco regulatorio o institucional está presente y aborda de manera suficiente la situación de crimen organizado en el país y existen esfuerzos para mejorar.

Definición:

Lucha contra el lavado de dinero se refiere a la capacidad de un Estado para aplicar medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el blanqueo de dinero y otras amenazas relacionadas con la integridad de su sistema financiero. Los beneficios que los delincuentes obtienen del crimen organizado suelen quedar ocultos al canalizarse a través de empresas legítimas. Mediante el desarrollo de mecanismos de lucha contra el blanqueo de dinero, los Estados se vuelven más resilientes a la amenaza del blanqueo de dinero, en la que se basan potencialmente todas las formas de crimen organizado. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un "organismo normativo" que ha elaborado una serie de recomendaciones reconocidas como norma internacional en materia de la lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Constituyen la base de una respuesta coordinada a estas amenazas para el sistema financiero. Los Estados son examinados mediante evaluaciones mutuas de países para determinar su nivel de cumplimiento de estas normas internacionales. Cuanto mayor sea el cumplimiento, más resilientes serán los Estados al crimen organizado.

Desde 2005 está en vigor en Ecuador una ley contra el blanqueo de dinero y el Código Penal castiga el blanqueo de activos con penas de prisión que van de uno a trece años, según la cantidad de dinero blanqueado y el nivel de implicación en el delito.

Las instituciones encargadas de la política y la regulación en esta materia son el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (CONCLA), encabezado por la Fiscalía General; y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que recoge y analiza toda la información de las transacciones de los sectores económicos susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de dinero. En este sentido, la UAFE vigila sectores como la minería, el sector inmobiliario, la venta de vehículos, la banca, el turismo y las ONG, entre otros, y analiza las transacciones sospechosas, incluidas las que superan los 10 000 USD.

En el 2016, Ecuador fue catalogado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una de las 88 naciones con más lavado de activos en el mundo.

El país cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera que forma parte del grupo EGMONT, cuyo objetivo es estimular la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, concretamente en las áreas de intercambio de información, formación y conocimiento. Además, el país es miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, (antes conocido como Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, GAFISUD), cuyo objetivo es trabajar para desarrollar e implementar una estrategia global integral para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, como se establece en las Recomendaciones del FATF.

Ecuador registró 62 casos de blanqueo de dinero entre enero de 2014 y abril de 2018. De ellos, las autoridades consideran que los "flagrantes" solo han sido 26, mientras que los otros 36 no han tenido la característica de flagrancia. Solo 8 de los 26 casos acabaron en condena. En cuatro de los casos hubo una sanción pecuniaria, mientras que en dos el importe superó los 100 salarios base, y en cinco casos el importe superó los 200 salarios base.

En el 2016, el Ministro del Interior señaló que el Estado obstaculizó el lavado de 600 millones de USD provenientes del narcotráfico. Sin embargo, ese mismo año, Ecuador fue catalogado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una de las 88 naciones con más lavado de activos en el mundo. En 2018, la directora de la UAFE admitió que la unidad aún no puede medir cuánto dinero se blanquea en el país; sin embargo, reconoció la estimación del académico Fernando Carrión, que oscila entre 3500 USD y 4000 millones de USD anuales.

Actualmente, Ecuador no figura en una lista negra de blanqueo de dinero. Sin embargo, presenta un elevado riesgo de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo, ya que el país ocupa el puesto 29 en el Índice AML.

Capacidad de regulación económica  (5.5. Moderamente eficaz)

Interpretación:

Un marco regulatorio o institucional existe, pero hay espacio significativo para mejorías en términos de cobertura e implementación, y hay esfuerzos para mejorar en estas áreas.

Definición:

La capacidad de regulación económica se refiere a la capacidad de controlar y gestionar la economía y de regular las transacciones financieras y económicas (tanto a nivel nacional como internacional) para que el comercio pueda prosperar dentro de los límites del Estado de derecho. En otras palabras, si un actor ha implementado y puede supervisar eficazmente los mecanismos que garantizan que las transacciones económicas y las empresas funcionen de forma predecible y justa, libres de distorsiones, incluyendo las actividades criminales como la extorsión y los impuestos ilícitos. Cuando los actores son capaces de formular y aplicar políticas y normativas sólidas que permiten y promueven el desarrollo del sector privado, se abren opciones y oportunidades para la expansión de negocios legítimos y regulados. Esto, a su vez, reduce el incentivo para que surjan negocios informales e ilegales, o para que los grupos delictivos influyan indebidamente en las fuerzas económicas a través de la regulación alternativa, la extorsión o la práctica delictiva. Se ha demostrado que los Estados sometidos a sanciones prolongadas por parte de la comunidad internacional desarrollan medios ilícitos para eludir o suavizar el impacto de dichas sanciones Cuanto mayor sea la solidez de las regulaciones económicas vigente y menor sea la cantidad (y la duración) de sanciones impuestas a un Estado, mayor será la capacidad de resiliencia de un país ante el crimen organizado.

Ecuador obtuvo una puntuación de 57,7 en el Índice de Facilidad para Hacer Negocios y se sitúa en el puesto 129 de 190 países. Según la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los principales sectores económicos utilizados para las actividades delictivas son la minería, el sector inmobiliario, la venta de vehículos, la banca, el turismo, las ONG, los servicios de transferencia de dinero, las empresas de valores, las casas de empeño, las joyerías, las notarías y los servicios de mensajería. En Ecuador, los derechos sobre la tierra y la propiedad se mantienen con eficacia y las actividades ilícitas tienden a ocultarse. En 2019, la Agencia Tributaria confirmó que existen 850 empresas fantasmas en el país, utilizadas para blanquear dinero o evadir impuestos. Estas empresas han obtenido unas ganancias de 2996 millones de USD y en su mayoría se registraron en las provincias de Guayas y Manabí, donde el tráfico de drogas es frecuente.


Minería ilegal: las operaciones de este mercado criminal siguen siendo el mayor desafío de las autoridades de control del Ecuador. En la foto, mineros ilegales en La Merced de Buenos Aires, Imbabura. Foto: API

En cuanto al entorno económico, Ecuador ha visto una disminución de su tasa de crecimiento económico desde 2015. Esto se debió a una desaceleración de la inversión y el gasto del Estado en el país, que se financió principalmente con deuda externa. Incapaz de sostener el nivel de gasto y con menos opciones de financiación, el gobierno de Lenín Moreno adquirió diferentes préstamos del FMI y del Banco Mundial que han exigido reformas económicas.

En este sentido, en 2019 se han adoptado recortes fiscales e incentivos crediticios para los emprendedores, relajando las regulaciones económicas para que los negocios legítimos progresen, en comparación con el gobierno anterior. Sin embargo, estas reformas no implican necesariamente una mejora de las condiciones sociales y económicas, ya que Ecuador está calificado por las agencias internacionales de evaluación de riesgos como un país de riesgo moderado.

El FMI está brindando apoyo a las reformas económicas del gobierno enmarcadas en un amplio programa de reformas propuesto en el Plan de Prosperidad 2018-2021, que incluye medidas para asegurar la sostenibilidad fiscal, fortalecer las bases de la dolarización y promover la inversión privada, garantizando al mismo tiempo la protección social de la población más vulnerable.

El Banco Central del Ecuador (BCE) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 0,3 % en el segundo trimestre de 2019, en comparación con un período similar de 2018. En Ecuador, el 47,5 % de la población económicamente activa trabaja en la economía informal.

Apoyo a víctimas y testigos (5.0. Moderadamente eficaz)

Interpretación:  

Un marco regulatorio o institucional existe, pero hay mucho espacio para mejoría en términos de cobertura e implementación.

Definición:

El apoyo a víctimas y testigos se refiere al hecho de que se proporcione una asistencia a las víctimas de diversas formas de crimen organizado (por ejemplo, la trata de personas, el tráfico de drogas, la extorsión o el fraude). Los mecanismos de apoyo, programas de tratamiento para las víctimas y los recursos asignados a estas iniciativas crean un entorno en el que los ciudadanos pueden recuperarse más rápidamente de los efectos de las actividades del crimen organizado. Además, iniciativas como los programas de protección de testigos son esenciales (y a menudo la única manera) de enjuiciar con éxito a los delincuentes organizados. Así, cuanto más se invierta en tratamientos y asistencia y más se implementen, mayor resiliencia tendrán los estados ante el crimen organizado.

En el 2019,  1442 personas se beneficiaron del sistema nacional de protección y asistencia a víctimas y testigos, de las cuales el 74 % eran mujeres.

Desde 2014, existe un sistema nacional de protección y asistencia a víctimas y testigos, que incluye una unidad de la Fiscalía General en cada provincia del país para ofrecer protección policial permanente o semipermanente y asistencia judicial, psicológica y de planificación de vida. En 2019,  1442 personas se beneficiaron del sistema, de las cuales el 74 % eran mujeres. Aproximadamente el 50 % de las usuarias corría riesgo por violencia de género (violación, agresión, trata de personas, etc.), mientras que el 30 % recibía protección contra la delincuencia organizada (asesinatos por encargo, intentos de asesinato). El porcentaje restante formó parte del programa debido a otros tipos de delitos.

Sin embargo, el programa tiene algunos problemas, sobre todo en materia de recursos. Aunque la ley establece que los soldados militares o guardias de seguridad privados deben proporcionar la protección, son los agentes de la Policía Judicial los que suelen desempeñar esta función. En la provincia de Azuay, por ejemplo, la oficina de protección de víctimas y testigos solo cuenta con ocho funcionarios para todas las tareas del territorio. Además, hay quejas de que la asistencia depende del nivel de participación de las víctimas o testigos en el proceso judicial, lo que explota su situación. Por último, los expertos afirman que el sistema no cumple la norma internacional de accesibilidad porque no todas las víctimas pueden acogerse a él y la aprobación depende del criterio subjetivo de los funcionarios públicos.

Además, los servicios especializados para las víctimas de la trata siguieron sin estar disponibles en la mayor parte del país y el gobierno ha disminuido la financiación de los refugios por segundo año consecutivo. A pesar de esto, el Gobierno tiene un marco bastante sólido para proporcionar apoyo a las víctimas de la esclavitud moderna y ayudarlas a salir de ella: según el Índice Mundial de Esclavitud, Ecuador cumple con el 61 % de los mecanismos identificados para apoyar a las víctimas a salir de la esclavitud moderna.

Prevención (5.0. Moderamente eficaz)

Interpretación:

Un marco regulatorio o institucional existe, pero hay espacio significativo para mejorías en términos de cobertura e implementación, y hay esfuerzos para mejorar en estas áreas.

Definición:

La prevención se refiere a la existencia de estrategias, medidas, asignación de recursos, programas y procesos destinados a impedir el crimen organizado. Si bien la prevención considera principalmente las iniciativas estatales, estos marcos a menudo adoptan un enfoque holístico de medidas preventivas, a través de la divulgación comunitaria y el reconocimiento de que los ciudadanos que participan en la prevención del crimen organizado ayudan a mejorar la resiliencia Estado. A través de la prevención, los Estados pueden crear salvaguardias para proteger a la población del crimen organizado, logrando cambios de comportamiento en los grupos vulnerables y reduciendo la demanda de actividades ilícitas. Por lo tanto, cuanto más robusto sea el esquema de prevención de un Estado, más resiliente será al crimen organizado.

La Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, marcan las prioridades de la agenda pública en materia de prevención.

La policía implementa constantemente campañas de prevención relacionadas con estos dos temas, pero también contra la compra de bienes robados y la cultura de la ilegalidad en el país, la trata de personas, la violencia en los estadios de fútbol y la usura, entre otros, incluso trabajando con las comunidades a través de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que operan en todo el país. Según el Director Nacional Antinarcóticos, el modelo de gestión de las UPC combinado con la logística, el patrullaje georreferenciado, el uso de botones de emergencia en las casas del barrio y el control del sistema integrado ECU-911, han permitido reducir las tasas de homicidio y delincuencia en los últimos años.

Actores no estatales (7.0. Suficientemente eficaz)

Interpretación:

Un marco regulatorio o institucional está presente y aborda de manera suficiente la situación de crimen organizado en el país y existen esfuerzos para mejorar.

Definición:

El criterio de los actores no estatales se refiere a la medida en que estos intervienen en la lucha contra el crimen organizado en complemento de las medidas del gobierno, así como su papel de "contrapoder" frente a los gobiernos para garantizar la resiliencia al crimen organizado. También se refiere al grado en que las organizaciones de la sociedad civil pueden y están autorizadas a responder al crimen organizado en todo su espectro, desde el apoyo a las víctimas hasta la prevención de los delitos. Las organizaciones de la sociedad civil trabajan con las comunidades locales, surgiendo así una participación local contra el crimen organizado, lo que conduce a medidas de respuesta más sostenibles. Del mismo modo, los medios de comunicación son fundamentales para exigir cuentas a los gobiernos y dar voz a las comunidades, movilizando a la sociedad civil contra la amenaza del crimen organizado entre la población local. Así, cuanto mayor capacidad tenga la sociedad civil en un Estado, más resiliente será ante el crimen organizado.

La sociedad civil es muy activa en Ecuador y, aunque en 2017 el presidente Moreno sustituyó los controvertidos decretos aprobados por su predecesor para la regulación de las ONG, el Gobierno sigue teniendo un poder regulador excesivo sobre ellas, incluida la facultad de disolverlas por participar en política o realizar actividades diferentes a las de sus objetivos declarados.

Las comunidades indígenas pueden aplicar sus propios sistemas de justicia para castigar a los delincuentes. Foto: La Prensa de Chimborazo

Además, las comunidades indígenas pueden aplicar sus propios sistemas de justicia para castigar a los delincuentes. Si bien esta justicia no apunta a la delincuencia organizada, ya que las comunidades viven en lugares parcialmente aislados, es una medida importante para mantener el control en áreas de difícil acceso para el Estado.

Por otra parte, los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la investigación de los delitos, incluida la corrupción, especialmente a manos del Estado. Con las reformas introducidas en la Ley Orgánica de Comunicación, el actual gobierno ha otorgado garantías políticas a los medios de comunicación para que hagan su trabajo de forma independiente. Según la Clasificación de la Libertad de Prensa 2020, Ecuador ocupó el puesto 98 de 180 países, subiendo 21 puestos en el Índice desde 2013.

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 establece la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una entidad autónoma. Su principal objetivo es promover el ejercicio de los derechos de participación y control social de la ciudadanía, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, y designar u organizar los procesos de designación de las autoridades correspondientes de acuerdo con la Constitución y la ley. Recibió críticas porque sus miembros son cercanos a Rafael Correa, y no han producido resultados eficaces.

GALERÍA
Radiografía del crimen organizado: Ecuador es poco eficaz para luchar contra los mercados criminales (II Parte)
 


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