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5 de Marzo del 2018
Historias
Lectura: 15 minutos
5 de Marzo del 2018
Redacción Plan V
Ramiro García: "quedarse callado también es una postura política"

Fotos: Luis Argüello

En una antigua mansión frente al Palacio Legislativo funciona el Colegio de Abogados de Pichincha. 

 

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, a las puertas de una nueva elección en la entidad gremial, señala los temas por los cuales la entidad ha dado un giro total hacia una gestión encaminada a la defensa de derechos, gestión no exenta de polémica.

"Hemos trabajado en diferentes sectores, desde diferentes áreas. Hemos entendido que el Colegio de Abogados no puede ser solo un club social y deportivo, que es el lugar donde generalmente se ha dirigido el accionar de los profesionales. Para nosotros, como abogados, el tema de derechos, de la lucha contra la corrupción y el desarrollo académico han sido fundamentales. Entonces en estas áreas hemos tratado de hacer una trabajo potente y coordinado, generado desde el Directorio" dice, en su despacho del Colegio de Abogados, Ramiro García. El penalista, profesor de la Universidad Central y abogado litigante, pasa revista a las reformas que ha realizado al gremio, desde un nuevo enfoque.

Hay algunos temas que el Colegio de Abogados de Pichincha ha tomado en defensa de los derechos

Nos hemos enfocado mucho en defensa de la libertad de expresión, de los periodistas perseguidos, de quienes han denunciado corrupción y por eso han sido perseguidos. Por eso el Colegio aparece como abogado defensor tanto de la Comisión Anticorrupción como de Fernando Villavicencio. Igual nos hemos involucrado mucho en lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta que nuestra administración ha coincidido con los escándalos internacionales y nacionales más graves que se han dado en la esfera pública. El Colegio de Abogados se ha convertido en una plataforma de denuncia de los temas de corrupción, lo cual nos ha traído más de un problema.

Y más de una crítica: se les ha acusado de politizar la acción del Colegio.

Les damos toda la razón, no somos políticos partidistas, pero creemos que la misma existencia de un gremio es un acto político. 

Esto implica un involucramiento en ciertas causas que para unos sectores es una toma de postura o tomar partido...

No es una postura partidista. Exigir independencia judicial, por ejemplo, o una adecuada designación de jueces es una postura política, pero no es partidista, más allá de que pueda llegar a coincidir con un sector u otro. Otro ejemplo, hemos coincidido con el correísmo en que debe haber una tabla mínima de porte de droga, porque eso permite diferenciar entre consumidor y narcotraficante. Es más, hemos criticado al correísmo cuando este redujo los niveles permitidos en la tabla. Es decir, no nos importa con quien coincidamos ni a quien afectemos, si esto va dirigido a la protección de derechos humanos, de las garantías constitucionales. Ha habido una orientación clara, no exenta de errores, hacia la defensa de derechos. Que esto ha sido polémico, por supuesto, pero quedarse callado también es un acto político. Si vemos que hay una violación enorme y flagrante de derechos y como Colegio de Abogados nos hacemos de la vista gorda, es un acto político. 

Hay temas que más allá de la coyuntura son polémicos.

Así es, nosotros hemos solicitado a la Asamblea, por ejemplo, la despenalización del aborto en ciertas causales, y esto obviamente va a traer la crítica de sectores que defienden la penalización del aborto.

¿Ahora, en este tipo de temas, dónde radica el peso del Colegio de Abogados?

A esto está llamado al Colegio de Abogados. Antes, cuando teníamos el monopolio de la matrícula profesional, antes del 2008, la función del Colegio era básicamente el registro de los profesionales activos. Ahora que ya no lo tenemos, el Colegio tiene que justificar su existencia. Pero además tiene que regresar a ver a su esencia: el Derecho. Nosotros somos el grupo profesional encargado de la defensa de los derechos. Entonces, como gremio no podemos desentendernos de eso.

"No es una postura partidista. Exigir independencia judicial, por ejemplo, o una adecuada designación de jueces es una postura política, pero no es partidista, más allá de que pueda llegar a coincidir con un sector u otro".

¿Cómo sientan las bases para que esto sea una cultura institucional, más allá de la impronta de un dirigente del gremio?

Construir culturas institucionales toma años. No significa que si no estoy esto no ocurrirá, no es así. Pero hemos asumido la responsabilidad de ir a una reelección en el Colegio, la última, pero también hemos involucrado en la candidatura del nuevo Directorio a personas que no estaban en la actividad gremial y que tienen un gran nivel académico y de compromiso con la defensa de derechos.

¿Por ejemplo?

Farith Simon, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco. René Bedón, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Dos Hemisferios. Yolanda Yupangui, la primera mujer decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Solo por dar algunos nombres, hay muchos más. Si me voy, con seguridad ellos harán un mejor trabajo que yo. Lo importante es construir esa cultura institucional. En el pasado, se construyó una cultura de un Colegio de Abogados promotor de campeonatos de fútbol, y en la cual se guardó silencio en los temas de defensa de derechos. 

 

"Nos hemos involucrado en medios, tenemos un programa semanal en Telesucesos, Debate Jurídico, al cual invitamos a dos expertos sobre un tema específico para analizarlo desde lo jurídico. Es un programa muy para abogados y así queremos que sea".

Uno de los ejes del Colegio ha sido impulsar el tema académico, que al parecer muchos profesionales dejan casi de lado en el ejercicio de su profesión.

El tema académico pasa por dos ejes: capacitación e investigación jurídica. Antes, la capacitación estaba limitada a congresos ocasionales, en los cuales un expositor hablaba 50 minutos, diez minutos de preguntas y hasta luego. Sobre la investigación jurídica puedo decir que jamás existió. El Colegio dejó de publicar revistas jurídicas hace más de 30 años, y cuando se las publicó eran de muy dudoso nivel. Hemos continuado con los congresos, pero nos hemos asegurado de elevar muchísimo su nivel. Tenemos expositores de talla mundial, pero además hemos creado la escuela de formación permanente. Es una estructura de formación con cursos más estables, con un profesor que dicta dos semanas de clase. Hemos recuperado la capacidad académica de formar mediadores. Queremos tener también la capacidad de formar árbitros, cuando tengamos el Centro de Arbitraje. Nuestra relación con las universidades ha sido muy cercana, y es una cercanía obvia, todos somos catedráticos y algunos decanos. Estos cursos son la única oferta de formación continua que tenemos los abogados en nuestro ejercicio profesional. Las universidades están dedicadas a su pregrado y a sus posgrados; las instituciones públicas tienen estructuras de formación permanente, dirigidas básicamente a los funcionarios. El abogado no encuentra una formación intermedia donde catedráticos del más alto nivel mundial den clases sobre un tema específico; por ejemplo, la prueba en el nuevo código general de procesos. Es uno de los temas fundamentales del ejercicio profesional, pero como recién se implantó en el Ecuador hay pocos expertos aquí. Hemos formado también capacitadores. 

Ustedes tienen también un programa de televisión.

Nos hemos involucrado en medios, tenemos un programa semanal en Telesucesos, Debate Jurídico, al cual invitamos a dos expertos sobre un tema específico para analizarlo desde lo jurídico. Es un programa muy para abogados y así queremos que sea.  Nos hemos impresionado por la cantidad de visualizaciones que tienen estos programas, en el canal Youtube del Colegio. Queremos darle otro vuelo, un debate jurídico internacional, para tener en pantalla a los mejores juristas del mundo. Esto puede convertirse en un espacio de difusión jurídica insignia a escala latinoamericana.

¿Qué es la investigación jurídica?

Tiene diferentes niveles. Normalmente se lo hace a través de libros y artículos indexados y artículos de difusión. Esto es lo que más falta en el Ecuador. Las universidades del Ecuador acaban de pasar procesos de acreditación, y donde estaban flojas todas era en investigación. Esto porque la política impregnada en las universidades tuvo como resultado que se llenaran de profesores políticos. Entonces los profesores de Derecho habían sido diputados o magistrados, ministros de Estado, pero eso no garantiza calidad académica. Y las universidades en lo último que invertían era en investigación jurídica, porque ni siquiera sabían lo que era. Ahora todas las universidades están obligadas a generar plataformas de investigación y a generar investigaciones cada semestre o anuales. Pese a no ser un organismo académico decidimos generar una revista jurídica y, de ser posible, que sea indexada. Para indexar una revista necesitas aprobar 33 criterios o estándares y esa en la más baja, que es Latindex, pero tienes otras más arriba, como Scopus. La gran ventaja es que la lista que hicimos hace dos años era muy académica y tenía gente que ya estaba involucrada en procesos de investigación jurídica internacional. Por ellos decidimos hacer una revista jurídica y hacerlo bien desde el primer número. Llevamos tres y hemos logrado la indexación, es decir está incluida en el listado de ese index. Ahora queremos subir el nivel del index.

¿Por qué es necesaria la investigación jurídica para un abogado?

Tanto en el mundo de las leyes como fuera de él los aspectos jurídicos conceptuales, consten o no en la ley, tienen que ser adecuadamente determinados. Cuando hablan del dolo, y dicen que implica conocimiento y voluntad, cabe preguntarse qué es esa voluntad. Cómo se determina, y qué pasa si es atenuada y cómo lo trato jurídicamente y ahí viene la discusión entre dolo directo y dolo indirecto. Qué pasa si una persona quiere robar a otra y para eso quiere noquearla pero termina matándola. Hablamos de dolo eventual... Así que para eso sirve la investigación: para generar teoría jurídica sobre aspectos puntuales del Derecho. Uno de los grandes problemas que tenemos en el Ecuador es que no tenemos donde publicar, porque como tenemos tan poquitas revistas, y además cada revista privilegia a sus profesores, porque mientras más artículos indexados tenga una Facultad, mejor se le califica, voy a preferir publicar a mis profesores que a profesores de otras universidades o a quienes no son profesores. Habrá excepciones, por supuesto.

¿El que el Colegio no sea organismo académico no ha sido un problema?

En absoluto. Y se puede especializar en áreas, por ejemplo estamos interesados en impulsar una revista jurídica centrada en el Derecho Penal. A parte de eso, hemos publicado seis libros, más que cualquier Facultad de Derechos; además son libros sometidos a dictamen.

Respecto al trabajo del Colegio en torno a la defensa profesional de sus afiliados, cuando hay regímenes que atentan contra la independencia judicial y por ende limitar el ejercicio de una abogacía comprometida con los derechos. 

Si hay algo que fastidia a los gobiernos autoritarios son los abogados. 

O le ayudan...

Hablo de los abogados como defensores de derechos, porque también hay de los otros. En todas las profesiones es así, pero para nosotros como abogados ver cómo se reconstruyó la administración de justicia fue terrible. Porque eso afecta a toda la sociedad y al ejercicio profesional del Derecho. Porque entonces que el resultado del caso que defiendes no dependía de la buena disposición argumental que tuviera el abogado sino si le daba la gana o no al poder de darte la razón. Entonces bastaba una llamada del ministerio del Interior, del Consejo de la Judicatura, que además lo hicieron de una manera descarada, tan descarada que enviaban equipos de presión desde el Consejo, sobre todo en los casos de interés directo del gobierno, para presionar a los jueces. Entonces, en temas supuestamente reservados, como el Los 10 de Luluncoto, aparte de los abogados, fiscales y defensores, estaban equipos del Consejo de la Judicatura, asegurándose que los jueces no se muevan un milímetro. 

¿Cómo afectó esto al ejercicio profesional? Porque si un abogado no puede defender a su cliente frente al Estado está destinado a perder y finalmente a desaparecer como profesional...

Muchos abogados tuvieron que cerrar sus oficinas, otros las cerraron por asco. Porque dijeron que de esa manera era imposible ejercer, pero muchos nos quedamos viendo las caras y nos preguntamos qué nos estaba pasando; de un día al otro resulta que los abogados que hacíamos derecho constitucional no podíamos presentar acciones de protección porque el señor Alexis Mera ya había enviado una carta circular a todos los jueces del país diciéndoles que contra el gobierno no se metan y si lo hacían serían sancionados, como en efecto ocurrió. Y se creo una cultura institucional del miedo. A muchos nos afectó desde lo personal, pero empezamos a regresar a ver a las instituciones, y nos encontramos con facultades de Derecho —sobre todo las públicas—  que no dijeron una sola palabra de todo esto. En general la academia estuvo callada, porque se aseguraron a través del proceso de acreditación de las facultades de que se mantengan haciendo papeles y aterrorizadas con la posibilidad de no ser calificadas. Generaron un esquema de miedo por todo lado. Y también regresamos a ver a los colegios profesionales, y por eso decidí hace seis años involucrarme en el Colegio de Abogados. 

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