El 7 de abril de 2016 hubo festejos entre las comunidades GLBT de Colombia. La razón fue que la Corte Constiticional del país vecino dictaminó que las parejas de personas del mismo sexo podrán contraer matrimonio civil, pues, se estableció en el alto tribunal, no permitirlo viola el derecho a la igualdad.

Aunque en Colombia desde 2007 se hacían aceptado uniones civiles similares a las que permite la legislación ecuatoriana, y que han sido promocionadas por el Gobierno de Rafael Correa y sus grupos de activistas alineados como una opción válida, la Corte Constitucional del país vecino ha reconocido que tales uniones no permiten el ejercicio de los mismos derechos que en el caso de los heterosexuales. 

La decisión se tomó con seis votos contra tres, mayoría que rechazó la ponencia del magistrado conservador Jorge Pretelt, quien se confiesa como un católico de centro derecha, y que se oponía al tema. 

La Corte colombiana había tramitado cuatro tutelas (recursos presentados) en las que se pedía que el tribunal definiera si las uniones del mismo sexo se hacían por un contrato civil de matrimonio, que implica obtener los mismos derechos que los de una pareja heterosexual, o bien si seguían formalizándose por medio de uniones civiles, un mecanismo similar al que actualmente se aplica en el Ecuador.

La Corte colombiana determinó que "se vulneran derechos por parte de los notarios cuando se niegan a unir en matrimonio a las parejas del mismo sexo y por eso concedió las tutelas", lo que le dió luz verde al matrimonio igualitario en el país vecino, 

El  magistrado Alberto Rojas Ríos dio su aval al matrimonio igualitario al estimar que a pesar de que en el Código Civil colombiano define el matrimonio como el celebrado entre un hombre y una mujer, afirmó que "a todo ser humano le asiste el derecho a contraer matrimonio sin discriminación".

El magistrado Rojas dijo que la ponencia de su colega  Pretelt era "una oportunidad perdida para remediar una situación de discriminación secular contra una minoría sexual en Colombia, en términos de dignidad humana, libertad e igualdad para contraer matrimonio en las mismas condiciones que usualmente lo celebran las parejas heterosexuales”.

A favor del matrimonio igualitario votaron los magistrados Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle, Gloria Ortíz, Alejandro Linares, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas, mientras en contra votaron el mismo Pretelt, Gabriel Mendoza y Luis Guillermo Guerrero.

Derrotado, el magistrado Pretetl salvó su voto “frente a la sentencia que reconoce el matrimonio de parejas del mismo sexo” y criticó al “bloque mayoritario, progresista y ultra liberal de la Sala Plena de la Corte Constitucional”.

Para el magistrado, "la Corte usurpó las competencias del Congreso y ha traicionado al Constituyente al aprobar el aborto, la eutanasia, la dosis personal, la adopción y ahora el matrimonio de parejas del mismo sexo, a sabiendas de que no serán aceptados en el Congreso de la República porque son rechazados por la mayoría de los colombianos”.

Pretelt recordó que la Constitución colombiana establece que "el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y que en los países donde se ha aprobado el matrimonio igualitario se han dado sendos debates en los parlamentos".

“La modificación de la figura del matrimonio va a generar un funesto caos en el derecho de familia colombiano, pues de manera irresponsable se piensa que se puede borrar de un plumazo una figura centenaria, sin ajustarse aspectos esenciales tales de esa institución como sus contrayentes, su constitución y perfeccionamiento, sus requisitos, las nulidades matrimoniales, la disolución y el divorcio, las obligaciones y derechos, la filiación, la adopción, entre muchísimos otros”, señaló.

“En Colombia, no ser “progresista” y compartir valores cristianos, católicos o de centro derecha se está convirtiendo en una conducta criminalizada por sectores políticos y judiciales muy poderosos”, se quejó el juez. 

La  Corte Constitucional colombiana, en una sentencia de 2011, que definió que las parejas del mismo sexo son familia y dispuso que si el Congreso no regulaba el tema del matrimonio igualitario en un plazo de dos años, las parejas del mismo sexo podían acudir a notarios o jueces a solemnizar su unión.

La decisión fue celebrada por los activistas del país vecino, quienes apoyaron la decisión de la Corte. 

El caso ecuatoriano: el silencio de la Corte y la homofobia en las calles 

Mientras tanto, en el Ecuador, la activista lesbiana Pamela Troya recordó que los recursos que ha presentado junto con su pareja Gabriela Correa ante la Corte Constitucional apenas han sido admitidos a trámite, pero hasta el momento no hay ningún avance en el procedimiento. 

Desde junio de 2014, Pamela Troya y Gabriela Correa esperan respuesta de la Corte Constitucional sobre su derecho al matrimonio, sin que el tribunal tramite el tema hasta la fecha. 

Troya sostiene que en los países vecinos se está avanzando en la progresidad de los derechos, y que la decisión tomada en Colombia evidencia que no se trata de una "novelería" como sostiene la propaganda del Gobierno, sino del reconocimiento de que todas las personas, independientemente de su opción sexual, puedan acceder a los mismos derechos.

En el caso ecuatoriano, sin embargo, Troya admite que "mientras tengamos a este régimen (de Rafael Correa) gobernándonos el matrimonio igualitario no será una realidad".

Según Troya, el caso planteado por ella y su pareja ante la Corte Constitucional lleva ingresado en el tribunal desde junio de 2014, es decir, casi dos años, aunque desde el 5 de agosto de 2013 iniciaron su lucha.

La activista relata que presentaron una acción de protección que fue negada por la jueza Karla Sánchez, quien invocó el nombre de Dios en la Constitución y el respeto de "costumbres y tradiciones". En la segunda instancia se les volvió a negar la acción de protección, sosteniendo que "ante personas diferentes leyes diferentes", lo que viola el principio de igualdad. 

Ante la negativa de estas dos instancias, las activistas presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que es la que actualmente se encuentra ingresada en el tribunal y de la que no obtienen todavía ninguna respuesta.

Aunque se aceptó a trámite en diciembre de 2014, "hasta el momento no hay un ponente", dice. Por ello, "Colombia nos lleva años luz de ventaja en temas de derechos", y asegura que la Corte Constitucional "es un vergüenza que solo agilita procesos pedidos por el régimen, pero en el caso de personas discriminadas solo están quemando tiempo". 

Troya recordó que la Corte Constitucional colombiana también ha permitido la adopción por parte de personas del mismo sexo, mientras que la Asamblea Nacional ecuatoriana no ha dado paso a los pedidos que se formularon de reformas al Código Civil y a la Ley del Registro Civil sobre el tema de la doble maternidad, en especial, de madres lesbianas. Troya sostiene que en el país pudo establecerse la doble maternidad o paternidad con ocasión de las reformas realizadas, ya que la Constitución de Montecristi también prohíbe expresamente la adopción por parejas del mismo sexo, pero esto fue bloqueado en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.

En la Corte Constitucional también se tramita el caso de las lesbianas inglesas Helen y Nicola, quienes piden que el Registro Civil ecuatoriano inscriba a su Satya, hija biológica de una de ellas, como hija de ambas, lo cual obtuvieron en su país de origen. El pedido ha provocado el rechazo de grupos católicos y el respaldo de varios sectores del feminismo local. 

Pero en Colombia, destaca Troya, se logró que parejas homosexuales puedan adoptar, y que parejas de mujeres puedan tener doble maternidad, lo que ha permitido el registro de identidad. Esto permitió llegar al siguiente paso: "los grupos fundamentalistas se oponen por el tema de los hijos, pero se logró protección vinculante y jurídica para las criaturas, lo que les ha quitado el argumento a los fundamentalistas. La Corte Constitucional colombiana no ha visto por los intereses de un régimen o de una ideología, ni por los de una cultura moralista y prejuiciosa, sino que ha sentenciado por la progresividad de los derechos".

Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ambos tribunales, y es que, en criterio de Troya, no hay independencia del Poder Judicial ecuatoriano con relación al Ejecutivo. "Toda democracia sana, que respeta a los ciudadanos, debe tener independiencia en las funciones del Estado. En el Ecuador hay una absurda obsecuencia al régimen y ninguna función quiere hacer nada que vaya en contra de Correa". Al respecto, la activista recuerda que el presidente de la República se ha pronunciado en varias ocasiones contra el matrimonio igualitario: "fue a besarle la mano al Papa y a jurarle que en Ecuador el matrimonio es entre hombre y mujer" con lo que desconoce algunos artículos de la propia Constitución de Montecristi, que reconoce la familia en sus distintos tipos. 

Para Troya, la Corte Constitucional puede generar una sentencia que establezca que el artículo 67 de la Constitución de Montecristi, que prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, es discriminatorio, y que debe ser interpretado a favor de los derechos de las personas. La Corte, dice Troya, con un fallo de interpretación podría conceder el matrimonio igualitario. 

Otro camino, admite Troya, es recoger firmas para una enmienda constitucional, o lograr el apoyo de las dos terceras partes de la Asamblea, pero también es realista en el sentido de que el actual Gobierno y su mayoría en el Legislativo no darían paso a estas opciones.  "La democracia es que todas las personas tengamos acceso a los mismos derechos", afirma, y recuerda que las personas de opciones sexuales distintas no están teniendo una relación igualitaria con el Estado ecuatoriano. Recordó que, al igual que cualquier otra persona que vive en el territorio del Estado del Ecuador, paga sus impuestos, pero no tiene los mismos derechos. 

¿Cuál es la salida? "Me atrevo a decir que mientras siga este Régimen miope, es posible que haya matrimonio igualitario en todos los países de América y del mundo, pero el Ecuador seguirá en la misma posición. Nos gobierna una persona que no comprende el respeto mínimo hacia los demás, y Correa tiene un grupo LGBTI gobiernista que solo recita un discurso de la Secom". 

Para Troya, estos grupos satélites del Gobierno están "vendiendo los derechos" de la diversidad sexual en el Ecuador por posibles prebendas personales. Denunció, en ese sentido, el acaso que sufre en Twitter y en otros ámbitos, por parte de un Gobierno "persecutor de activistas de manera general".

Sobre los recientes destapes de homofobia en las manifestaciones de opositores al Gobierno en la Avenida de Los Shyris, Troya sostiene que el caso colombiano evidencia que, a pesar de que la sociedad del país vecino puede seguir siendo homofóbica, es necesario que haya jueces que administren justicia de acuerdo con los derechos de las personas. La activista confiesa que se retiró del plantón de la Shyris ante los gritos de "Correa maricón" que evidencian que la sociedad ecuatoriana, en todos los sectores, tanto en el oficialismo cuando en la oposición, evoluciona muy despacio con relación a la homofobia. 

 Entrevista                  

Luis Larraín, presidente de Fundación Iguales de Chile

¿Cómo interpretar el avance de la región en el tema del matrimonio igualitario, tomando en cuenta lo que acaba de ocurrir en Colombia?

Pienso que la región es bastante diversa, hay países en donde hay mayores niveles de democracia en donde se avanza hacia mayores derechos para parejas del mismo sexo. Pero también hay países que están muy lejos de eso, como los países de Centroamérica y el Caribe, y también en algunos como Bolivia y Paraguay. No hay una conclusión, sino que la región es muy diversa. 

¿Hay una relación entre el pleno funcionamiento del Estado de Derecho y estos procesos? ¿Es resultado de la separación de poderes en Colombia, mientras en Ecuador se denuncia la presión del Gobierno sobre la justicia? ¿Qué funcionen bien las instituciones es clave para los derechos de las minorías sexuales?

Creo que es un factor, pero no el único. La separación de poderes y el Estado de Derecho contribuyen hacia la apertura para la igualidad de derechos, por eso vemos en países como los del ALBA que no hay ningún avance en ese sentido. En el caso argentino, sin embargo, a pesar de la corrupción y el control de poder judicial por parte del Gobierno de los Kirchner se logró implementar el matrimonio igualitario por la vía judicial. Por eso sostengo que es un factor, sin duda, pero hay otros como el nivel de desarrollo de la sociedad y de la opinión pública. 

América Latina, se dice, es un continente religioso, en donde la Iglesia Catolica sigue teniendo gran influencia y donde el Estado laico es relativizado constantemente. ¿Es ese otro factor?

Creo que hay que cuestionar ese principio de que América Latina es tan religiosa. Sostengo que no es tan así, tal vez es más religiosa que Europa, pero menos religiosa que Estados Unidos y que el mundo musulmán. En el caso de Chile, menos del 30% de la población considera que la religión es importante en la vida cotidiana. Afirmar eso sin cuestionarlo le da a la Iglesia un poder que no necesariamente tiene. En Chile, la Iglesia Católica ha perdido autoridad moral por el pésimo manejo de encubrimientos de casos de abuso de menores. Creo que hay muchos latinoamericanos que pueden sentirse parte de la fe, pero no creo que le hacen caso a la Iglesia que se opone a los anticonceptivos, a las relaciones prematrimoniales. Los católicos de Latinoamérica no siguen al pie de la letra lo que dicen los jefes de la Iglesia. Dentro del mundo cristiano hay una diversidad de interpretaciones y cada vez hay menos católicos, por lo menos en Chile.

En una reciente visita a Santiago de Chile, el cantante Ricky Martin expresó su total apoyo a los activistas GLBT del país austral que promueven una reforma legal para implementar el matrimonio igualitario. 

Pero en el caso ecuatoriano, la Constitución no solo invoca el nombre de Dios, sino que prohíbe el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Cómo contrarrestrar las normas constitucionales?

Es complicada la situación de Ecuador. En Chile se está promoviendo una Asamblea Constituyente. Pienso que cosas como el matrimonio no deben constar en ninguna Constitución, para que no ocurran cosas como las que ocurren en Ecuador. Supongo que de acuerdo con el futuro político de ese país, es posible que se modifiquen esos aspectos, pues considero que es poco inclusivo invocar el nombre de Dios y restringir el matrimonio solo a parejas heterosexuales lo es todavía menos. Se deben abandonar prácticas retrógadas, populistas y opuestas al desarrollo.

Ustedes recibieron la visita de Ricky Martin en Santiago, quien dio su apoyo a la lucha por el matrimonio igualitario en Chile. ¿Cómo se concretó esa visita?

Nosotros nos habíamos ya reunido con Ricky en 2011 en el marco de una de sus giras, y su agencia nos contactó por su interés de apoyar a la diversidad sexual. Creo que después de su salida del clóset hace algunos años está jugando un rol muy importante como embajador de la causa en el mundo. Es uno de los gais más conocidos del mundo, por lo que fue una excelente oportunidad para nosotros de contar con su apoyo. Esto lo mostró como un artista preocupado por causas que afectan a personas de todo el mundo.