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19 de Agosto del 2020
Historias
Lectura: 13 minutos
19 de Agosto del 2020
Redacción Plan V
Red delictiva de jueces y funcionarios benefició con prelibertades a 36 presos de El Rodeo
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Ocho personas están siendo procesadas en un juicio por asociación ilícita y concusión desde marzo pasado. Por la pandemia, la audiencia ha tenido varias suspensiones. Foto: Secretaría de DDHH

 

Nueva información sobre el caso El Rodeo salió a la luz en una reciente resolución judicial. Allí se da más detalles de cómo operaban jueces y funcionarios de la cárcel de Portoviejo para tramitar la prelibertad de los presos a cambio de dinero y whisky.


Un caso que implica a jueces, abogados y funcionarios penitenciarios de la cárcel El Rodeo, en Manabí, revela que al menos 36 reos de ese centro recibieron beneficios penitenciarios, como prelibertades, sin cumplir todos los requisitos. La cifra no es menor pues para llegar a esa conclusión un equipo técnico del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) revisó 101 expedientes que fueron enviados al Consejo de la Judicatura de Manabí para esos trámites. Es decir, más del 30% de esas solicitudes presentaron irregularidades.

El caso empezó el año pasado. El 24 de septiembre de 2019, la Unidad de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción y Antilavado de Activos de la Fiscalía efectuó un operativo dentro del caso llamado como El Rodeo que investigaba a cuatro funcionarios públicos de ese centro de rehabilitación social y a un abogado en libre ejercicio. Según la Fiscalía, pedían a las personas privadas de libertad la entrega de dinero para recibir beneficios penitenciarios. Más tarde, cuatro jueces fueron vinculados por pertenecer a la red delictiva, pero uno de ellos ya fue sobreseído. Las ocho personas restantes enfrentan cargos por asociación ilícita y concusión. El juicio inició en marzo pasado y aún no termina.

Justamente en esas audiencias, la Fiscalía presentó como primer testigo a la Coordinadora de Secretaría de los Juzgados de Portoviejo. Ella certificó la remisión realizada a la Fiscalía de las copias de 101 expedientes de los internos. "Es importante la certificación de esos 101 expedientes por parte de la Coordinación de Juzgados de Manabí, porque se habría determinado que –en la mayoría de casos–, las prelibertades habrían sido otorgadas por los jueces ahora procesados, a pesar de que faltaban requisitos para ser concedidas", indicó el Fiscal Provincial.

Pero la nueva información apareció en una de las últimas resoluciones del caso. El 6 de agosto pasado, la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí publicó, por escrito, su resolución sobre la apelación que hizo el Consejo de la Judicatura al sobreseimiento del juez Jhandry Gabriel S.G. Entre los argumentos que presentó el máximo organismo judicial fue el informe del SNAI. Allí se relata que esos 36 expedientes observados faltaban documentos como el índice de proclividad delictógena. Este es un informe que emite el Departamento de Diagnóstico y Evaluación del centro carcelario. Otros documentos que no estuvieron en las carpetas sospechosas fueron certificados de permanencia, de nivel de seguridad, informes psicológicos y jurídicos, declaraciones juramentadas, o documentos en los que se constate el lugar de vivienda y que acredite tener profesión u oficio que le permita vivir honradamente.

Los jueces involucrados daban beneficios penitenciarios sin que los presos hayan cumplido con toda la documentación. Durante el proceso se revisaron 101 carpetas y 36 de ellas tuvieron irregularidades. 

También se reportó que varios expedientes se judicializaron, pese a no estar incluido el informe de la Comisión Zonal 4 de Beneficios Penitenciarios. La Comisión es la que revisa el expediente remitido desde el Centro de Privación de Libertad y emite un informe de acuerdo a la documentación existente. Este reporte debe ser puesto en conocimiento de la unidad judicial correspondiente, para que un juez de Garantías Penitenciarias resuelva si da paso o no a una prelibertad. Pero una red de jueces omitía esos documentos a cambio de dinero y licor.


En la cárcel El Rodeo, los internos han sido protagonistas de varios intentos de fuga y sus funcionarios relacionados con corrupción. En junio pasado otro grupo fue desarticulado y acusado de cometer fraudes procesales para beneficiar a los privados de libertad. Foto: Policía Ecuador

Whisky para los jueces

Aunque las primeras detenciones se dieron en septiembre de 2019, las investigaciones empezaron un año antes. La Fiscalía llegó a conocer de la existencia de una presunta red delictiva en las cárceles de El Rodeo, en Portoviejo, y de Bahía de Caráquez.

En ambos centros se llegó a determinar que funcionarios de área jurídica del SNAI, en colaboración con un abogado en libre ejercicio, solicitaban dinero a los familiares de los presos que estaban próximos a cumplir el tiempo para solicitar algún tipo de beneficio penitenciario, a cambio de presentar las carpetas ante los jueces con quienes presuntamente concertaban previamente. Los magistrados, a su vez, exigían la entrega de dinero para aceptarlos a trámite. El pago debía hacerse en dos partes: un adelanto para señalar fechas de audiencia y la cancelación total el día de la audiencia en la cual se les otorgarían los beneficios. Además pedían botellas de whisky.

En El Rodeo, una funcionaria que trabajaba dentro del área de dactiloscopia era la encargada de entregar la información a los presos para acceder a los trámites. Un funcionario de la cárcel narró que a la oficina de la funcionaria llegaban presos a darle trozos de papel. "En donde ella apenas recibía el papelito en mención se refería al PPL diciendo 'mijito tranquilo que yo le digo a Rodrigo' (asesor jurídico de la cárcel)". En su casa se encontraron oficios dirigidos a distintos Centros de Rehabilitación Social y boletas de excarcelación.

Ella además daba a los internos el número de teléfono de su conviviente, quien laboraba en el SNAI. Este a su vez exigía a los presos la entrega de dinero en efectivo y las botellas de whisky para que estas cuotas sean entregadas a través de un asesor jurídico de la Coordinación Zonal 4 de la Secretaría de Derechos Humanos a los jueces de Garantías Penales de Portoviejo. Ellos son Banny Rubén M.B., Jhandry Gabriel S.G., Javier Vicente L.V. y Omar Vinicio O.S. Además el abogado Marcos Felicísimo A.I. también exigía dineros para la concesión de beneficios penitenciarios. Los jueces fueron vinculados al caso el 9 de diciembre del 2019.

JUECES PEDÍAN HASTA USD 2.000 PARA OTORGAR LA PRELIBERTAD A LOS PRESOS DE LA CÁRCEL, SEGÚN NUEVA INFORMACIÓN DEL CASO.

En el expediente están las versiones de varios privados de libertad o de sus familiares. Una testigo dijo: "Yo estuve esperando la fecha para la audiencia y me abordó personalmente en la Unidad Judicial de Portoviejo el abogado Rodrigo M., quien trabaja como funcionario jurídico de El Rodeo y me manifiesta que por la suma de 400 dólares podían adelantar la audiencia a los dos días siguientes".

Un preso manifestó: "Yo estoy privado de la libertad aproximadamente 10 años, estoy sentenciado a 18 años por el delito de asesinato, hace unos meses atrás mi esposa se acercó donde el abogado Ecker G. (asesor jurídico de la cárcel) para que me ayude con la carpeta para acceder al beneficio de la prelibertad, él le había manifestado que necesitaba 500 dólares para la unificación de penas".

Otro interno relató: "Se acercó hasta mí en el patio del CPL-El Rodeo, el abogado Ecker G. que trabaja como funcionario jurídico en el centro, manifestándome que mi carpeta había salido hasta la planta central del Ministerio de Justicia en la ciudad de Quito y había sido aprobada para el beneficio penitenciario del quinquenio, pero el abogado me indicó que se necesita una cierta suma de dinero para que los jueces de la provincia de Manabí me dieran el beneficio". Según los testimonios que constan en el expediente, los montos solicitados a los presos llegaban hasta los 2.000 dólares. Incluso la red solicitaba dinero para la gasolina del auto y llevar los papeles a Quito.

Polémica por el juez sobreseído

El 15 de mayo, la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí rechazó el recurso de apelación que puso el Consejo de la Judicatura contra la decisión del Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí de sobreseer al juez Jhandry S.G. La resolución escrita se publicó el 6 de agosto pasado con detalles de la decisión.

Para el Presidente de la Corte Provincial, que conoció la causa por el fuero de corte de los jueces, la Fiscalía nunca pudo probar un vínculo entre los procesados y el magistrado. Por eso le ratificó la inocencia durante la audiencia preparatoria de juicio. Los otros ocho procesados fueron llamados a juicio.

Pero la Judicatura reclamó y sostuvo que en las pruebas se establece que Jhandry S.G. tuvo una conexión directa con los demás miembros de la red delictiva y actuó de la misma forma que los otros jueces. "Por la premura del tiempo no se me ha otorgado poder detallar cada proceso de garantías penitenciarias en los que actuó el juez Jhandry S.G., pero en todas las causas analizadas, señalan que estos procesos tienen anomalías", dijo el abogado de la Judicatura.

Jhandry S.G.,uno de los cuatro jueces procesado, fue sobreseído durante el proceso. El Consejo de la Judicatura apeló esa decisión, pero no la Fiscalía. Por esa razón, la Corte de Manabí le ratificó su inocencia.

Mientras que el abogado de Jhandry S.G. manifestó que el sobreseimiento se dio por la falta de impugnación de parte de la Fiscalía General del Estado. "Con dicho antecedente debemos partir que la premisa de que la Fiscalía es la única recurrente de una resolución cuando no está de acuerdo el fondo resuelto, la ausencia de impugnación a un acto resuelto por parte de la fiscalía pone fin a la acusación fiscal".

Los jueces, en su resolución escrita, retoman ese argumento. "Si la Fiscalía General del Estado no presentó recurso de apelación, consecuentemente no se consideró agraviada con el sobreseimiento dictado por el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, es decir se conformó con dicha resolución, consecuencia de aquello no decidió recurrir". La Sala de lo Penal dijo que al no existir los elementos de convicción suficientes en la que se pudiese determinar su conexión con los delitos de asociación ilícita y concusión ratificó la inocencia del juez.

Los otros ocho procesados se enfrentan a un juicio que arrancó el pasado 17 de marzo justo al inicio de la declaración de la emergencia sanitaria. Después del segundo día de audiencia se suspendió porque varios testigos no pudieron llegar por problemas de movilización. El pasado 6 de julio estaba previsto que se reinstale, pero no ocurrió porque uno de los jueces procesados no se presentó. Es Javier Vicente L. V. sobre quien su abogado dijo que un día antes conversó con su patrocinado, quien le informó que estaba delicado de salud. Sin embargo, no presentó un certificado médico, no contestó el celular, ni está en su casa, reportó la Fiscalía. Todos los jueces procesados enfrentan en libertad el juicio pues no tienen orden de prisión preventiva. Hasta el momento 12 de los 28 testigos que tiene la Fiscalía han asistido a la audiencia.

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