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24 de Agosto del 2020
Historias
Lectura: 21 minutos
24 de Agosto del 2020
Redacción Plan V
Las redes de ventas hospitalarias: un gran negocio desde antes de la pandemia
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Con apoyo del poder político nacional, redes de contratistas vendían insumos a los hospitales del IESS en Guayaquil. 

 

Años antes de que la enfermedad por coronavirus provocara una crisis sanitaria sin precedentes, las compras de insumos en los hospitales estatales eran un lucrativo negocio para un oscuro oligopolio, al parecer, con conexiones con el poder político nacional. Según denuncias de la Comisión Nacional Anticorrupción, varios grupos económicos participaban en los concursos para proveer insumos al IESS y al ministerio de Salud y siempre resultaban ganadores.

Antes de que la peste desembarcara en el Ecuador, vender insumos de todo tipo a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Salud ya era un lucrativo negocio.

Un negocio que, como muchos otros en el Ecuador, operaba como un oligopolio: unas pocas empresas controlaban el mercado y "competían" entre sí con ofertas cuando se producían las convocatorias de los hospitales de la red pública.

Las adjudicaciones estatales favorecían a algunos de los cinco o seis grupos económicos dedicados al negocio que, en una suerte de "pacto de caballeros", se iban alternando los contratos y los negocios. También contaban, al parecer, con el apoyo político del Gobierno, ya que las adjudicaciones no serían posibles sin la complicidad interna de los funcionarios de los hospitales, muchos de los cuales son cuotas políticas o familiares y no precisamente miembros de una burocracia técnica e independiente. 

Un ramo en el que se repiten los nombres y las empresas, como si todo estuviera bajo un coordinado control. 

Era junio de 2019 y la pandemia que azota al mundo era algo impensable, material solamente para esas series que narran un escenario apocalíptico. 

Contaban, al parecer, con el apoyo político del Gobierno, ya que las adjudicaciones no serían posibles sin la complicidad interna de los funcionarios de los hospitales, muchos de los cuales son cuotas políticas o familiares y no precisamente miembros de una burocracia técnica e independiente.

Pero en la Comisión Nacional Anticorrupción, recuerda el coordinador de la entidad, Germán Rodas, le pusieron a lupa a cómo funcionaban las compras en los dos grandes hospitales que el IESS maneja en Guayaquil: el Teodoro Maldonado y el hospital Los Ceibos. La Comisión había analizado la presencia de por lo menos seis grandes grupos de personas naturales y jurídicas, relacionadas entre sí, que participan en "pujas" en donde la sospecha de que estaban ya previamente concertadas crecía de manera insistente. 

Un gran botín

Los gastos en insumos médicos, sobre todo en Quito y Guayaquil, son millonarios. En 2018, solo el IESS destinó USD 88,12 millones para compra de medicinas en Guayas, de los que USD 70 millones (80%)  se gastaron en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. De los 195 millones gastados por el IESS en medicinas en todo el país, en 2018, el 36% se invirtió en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

El 25 de junio de 2019, la Comisión Anticorrupción presentó una denuncia ante el ex presidente del directorio del IESS, Paúl Granda. Ahí se evidenciaron casos de sobreprecios en la compra de medicinas e insumos. Según dijo entonces la Comisión, había sobreprecios de hasta el 1088% en algunos contratos, así como del 315% y del 98% en otros. Cinco procesos de contratación analizó la Comisión en el Teodoro Maldonado Carbo y estableció una pérdida para el Estado de USD 3 millones por valores en exceso.

En la Comisión han llamado "El Grupo de Guayaquil", uno de los seis grandes grupos, vinculado a una familia de apellido Llerena, que a sus vez tenía un parentezco por afinidad con Abdalá Bucaram Ortiz y sus hijos.

José Luis Llerena Candela, de 24 años, con el líder del PRE, Abdalá Bucaram. Llerena fue cuñado de Jacobo Bucaram Pulley.

Rodas, en diálogo con este portal, recuerda que ahí aparecieron los primeros indicios de las operaciones de lo que en la Comisión han llamado "El Grupo de Guayaquil", uno de los seis grandes grupos, vinculado a una familia de apellido Llerena, que a sus vez tenía un parentezco por afinidad con Abdalá Bucaram Ortiz y sus hijos. Según un gráfico elaborado por la Comisión, en el llamado "grupo de Guayaquil" que se ha convertido en el más famoso por sus grandes contratos y lo que parecen evidentes influencias políticas con el gobierno de Lenin Moreno, aparecían personas de las familias Erazo Tortonella y Llerena Candela, así como empresas como Cordovelsa y Jeremías Corp. 

Así, uno de los proveedores señalados por ser uno de los beneficiarios con contratos con sobreprecios fue José Luis Llerena Candela, de 24 años. “Se ha podido investigar que el proveedor es hermano de María Gabriela Llerena Candela, actual esposa de Jacobo Bucaram Pulley”, dijo la Comisión en 2019.

Aunque Jacobo Bucaram precisó que se divorció de María Gabriela, el hermano Llerena Candela obtuvo un contrato por casi USD 800.000 con el hospital y su patrimonio pasó en menos de tres años de USD 13.000 a USD 226.000, según se pudo establecer en la época. Muchos de los contratos pasaron por las manos de Luis Jairala Zunino, primo de Jimmy Jairala y amigo de los Bucaram, quien ejerció la gerencia del hospital en el actual gobierno. Actualmente, tanto Jacobo Bucaram Pulley cuanto Jairala Zunino tienen una orden de captura en relación con este caso. 

El gobierno de Moreno y el reparto

Jorge Rodríguez, entonces coordinador de la Comisión, responsabilizó de los prósperos negocios del "grupo de Guayaquil" a su influencia en el Gobierno de Lenin Moreno: “El gobierno sigue repartiendo prebendas a los políticos. Esta es la corrupción de nunca acabar”, dijo Rodríguez, quien agregó que "El familiar es solo uno, pero varios de los demás proveedores también dependen de la familia Bucaram. Y algunos de ellos ya están contratando en otras ciudades, como en Santo Domingo y Manta”. “A la larga, este tipo de repartos políticos se deciden desde la Presidencia y les entregaron así, sin ningún recato”, enfatizó.

“A la larga, este tipo de repartos políticos se deciden desde la Presidencia y les entregaron así, sin ningún recato”, advirtió en 2019 Jorge Rodríguez, ex coordinador de la Comisión nacional anticorrupción. 

Aunque entonces aún  no se acuñaba la frase "reparto de los hospitales", las sospechas sobre que los prósperos comerciantes de Guayaquil tenían padrinos en el poder político nacional estaban ya sobre la mesa. Rodríguez sostenía que Paúl Granda, uno de los hombres fuertes del morenismo conocía de lo que ocurría: “Movieron algunas fichas internas en el hospital, sacaron a unos tres o cuatro, pero los reemplazaron por otras personas también sugeridas por los mismos políticos. Todo quedó igualito”.  “Se hacen los pendejos y no me haga decir nada más”, dijo Rodríguez.

Según una investigación publicada por este portal y otros medios colegas en noviembre de 2019, llamaba poderosamente la atención como las "pujas entre proveedores" se realizaban entre personas naturales, entre empresas cuyos titulares eran hermanos entre sí y entre grupos de personas que, al parecer, no habían tenido ningún tipo de relación previa con el ramo de los insumos médicos. 

"Bastaba ser una persona natural, tener las ganas de intervenir y ofrecer al cliente —el hospital Teodoro Maldonado Carbo— todos los insumos requeridos a los precios más convenientes para el vendedor. Ejemplos hay muchos. En tales concursos de precios del hospital se daban “pujas” hasta entre hermanos, como los Giler Carrera, que participaron por sendas compañías para ganar un millonario contrato. Gastón Andrés Giler Carrera ofertó por USD 1.244.538 por medio de la compañía Idimsa S.A. mientras que su hermana Andrea Leticia Giler Carrera, ex reina de Guayaquil en el año 2005, pujó por la compañía Vascutech S.A. con una oferta de USD 1.245.078. Ganó, por convenir a los intereses de la institución debido a que representaba un ahorro de USD 540 entre una oferta y la otra, la presentada por el joven Gastón Andrés".

Según el reporte, "Por proponer un ahorro incluso menor a los USD 540 anteriores, ganó el contrato el joven José Luis Llerena Candela, quien tuvo una apretada puja con la proveedora Blanca Teresa Tucunango Minchala, quien ofertó por USD 782.272, en tanto que Llerena redujo su utilidad y presentó los mismos insumos por USD 782.122, es decir, USD 150 menos que sirven como ahorro a la institución del Seguro Social. Al menos, en los papeles. Llerena, cuñado de Jacobo Bucaram, en julio de 2018 vendió en su contrato materiales de curación de uso general, repartidos en USD 733.000 por 98.798 litros de alcohol potable de 70 grados, USD 14.000 en agua oxigenada y tintura de benjuí por USD 34.000".

El reporte publicado en la época daba cuenta de que, a pesar de que en el papel se cumplía con los supuestos "concursos de precios", las operaciones del "grupo de Guayaquil" dejaban mucho que desear en cuanto a precio: "las grandes cantidades de alcohol compradas —casi 100 mil litros— llaman la atención a quienes conocen este mercado y sobre todo el costo que se pagó por litro: USD 7,42 cuando en cualquier farmacia se lo vende al público a no más de USD 3,20. Se dice que para muestra basta un botón: en este caso el sobreprecio es superior al 100%. En el mismo contrato se vendió 2724 frascos de 120 ML de agua oxigenada. Por cada uno se pagó USD 5,5 cuando en cualquier farmacia se encuentra por no más de un dólar. El sobreprecio es del 500%".

La Comisión Anticorrupción entregó una denuncia al contralor general del Estado sobre los proveedores en el IESS y el cuestionable mecanismo de convenios de pago que se había implementado en hospitales como el Teodoro Maldonado.

"La puja entre rivales oferentes son cuestiones de puro formalismo dentro del Teodoro Maldonado. Muchas veces representan los mismos intereses. En el reciente proceso SIE-HTMC-101-2019 para la contratación del servicio preventivo y correctivo, incluyendo repuestos de equipos de anestesia, por un monto de USD 1.327.246, llegaron a la final la empresa ProlandCorp, representada por Juan Barba Macías, en disputada puja con la empresa Cordovelsa S.A., cuyo presidente es por Carlos Vélez Flor. Resulta que al representante de ProlandCorp, Juan Barba, le fueron entregadas acciones por parte de Carlos Vélez Flor y el mismo Barba es comisario de la empresa Cordovelsa, con la que competía por este contrato. Los intereses comunes están a la vista y los intereses del hospital por tener un concurso real quedan a un lado", se informó en su momento.

El joven Llerena volvió a contratar en 2019, pero en mayor cantidad: USD 2.075.000, en el mismo hospital Maldonado Carbo.

En septiembre 2019, destaca Germán Rodas, la Comisión Anticorrupción entregó una denuncia al contralor general del Estado sobre los proveedores en el IESS y el cuestionable mecanismo de convenios de pago que se había implementado en hospitales como el Teodoro Maldonado. "Eran pagos directos a dedo, hubo favorecidos con un sistema extraordinario", explica Rodas, quien destaca que . en 2018 hubo 141 convenios de pago en el Carbo y en Los Ceibos 244 convenios de pago. Por lo menos se movieron 138 millones de dolares. La misma información llegó a la Fiscalía, enviada por la Comisión, en noviembre de 2019. 

El "grupo de Guayaquil" y la pandemia

La pandemia estaba por llegar, pero había otras personas del llamado "grupo de Guayaquil", al parecer relacionado con los Bucaram que verían en la tragedia que sufrió su ciudad una nueva "oportunidad de negocios". Así aparece en el radar Daniel Salcedo, otro joven del entorno de los Bucaram, quien aparece involucrado en otra venta al IESS.

Daniel Salcedo se convirtió en proveedor de insumos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Ya en plena peste del coronavirus, se reveló que el hospital del IESS Los Ceibos pagó USD 148 por cada funda para cadáveres, un insumo que se podría comprar hasta en USD 12. El 4 de mayo de 2020,  se allanó el hospital Los Ceibos, así como la empresa Silverti S.A. y casas xde los presuntos involucrados en Quito, Guayaquil y Daule.


Las compras hospitalarias en el hospital Los Ceibos están siendo analizadas por la Contraloría. 

Era, al parecer, una operación de otro brazo del llamado "grupo de Guayaquil" hasta entonces poco conocido, liderado por Daniel Salcedo, otro joven del entorno de los Bucaram que no había participado en los negocios de 2018 y 2019 con el Teodoro Maldonado. 

Era, al parecer, una operación de otro brazo del llamado "grupo de Guayaquil" hasta entonces poco conocido, liderado por Daniel Salcedo, otro joven del entorno de los Bucaram que no había participado en los negocios de 2018 y 2019 con el Teodoro Maldonado.

La empresa Silverti S.A. vendió las fundas para cadáveres por USD 594.000. Otras empresas vinculadas a este pago fueron Bioim y Ecap-Mediq, empresa de la que era accionista Daniel Salcedo hasta el 7 de mayo de 2020. Ya en la mira de las autoridades, Daniel Salcedo transfirió sus 400 acciones de Ecap-Mediq a su socio Jorge San Lucas. El resto de esa empresa es de Alejandro Barahona, ex contador de Bioim.

Salcedo se hizo famoso cuando, acorralado por las indigatorias, intentó huir al Perú a bordo de una avioneta de la familia de Alfredo Adum, un histórico militante del roldosismo. Cuando la nave se aprestaba a aterrizar en una carretera desierta cerca de Tumbes, se estrelló, lo que impidió su fuga. Ahora está preso en la Cárcel 4 de Quito. 

Al igual que en los casos denunciados en el Teodoro Maldonado, se cree que esta rama del "grupo de Guayaquil" contaba con el apoyo de los propios funcionarios del IESS. Se ha sindicado a los ejecutivos de las empresas, como Sandra Ortega Romo y Lenín Romo, pero también a ex funcionarias del hospital como Susana Mera, Cristina Goya o Johanna Vinueza. 

Las operaciones de los otros "grupos"

Pero si bien la trama de negocios con los hospitales del IESS en Guayaquil, que, desde el principio, se sostiene que habría sido imposible sin contactos con el Gobierno nacional, es la más escandalosa, hay por lo menos cinco "grupos" más que han hecho negocios. Ya en este año, el 7 de mayo la Comisión Anticorrupción presentó un nuevo reporte, en el marco de una vídeo conferencia con el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. 

La Comisión invesrtigó por lo menos 23 contratos realizados por siete hospitales de la red pública de salud en Quito y Guayaquil  y concluyó que podrían haber sobreprecios y la presencia de los mismos "grupos" de proveedores consabidos. 

El estudio, realizado entre mayo de 2019 y marzo de 2020 puso la lupa en 23 contratos con un monto de USD 32´550 223. "Los 23 contratos están vinculados a siete hospitales de la red pública y en ellos nos ha quedado claro que se ha favorecido a once proveedores: siete son personas naturales y cuatro son personas jurídicas", le dijo vía Zoom al ministro Rodas. 

La Comisión invesrtigó por lo menos 23 contratos realizados por siete hospitales de la red pública de salud en Quito y Guayaquil  y concluyó que podrían haber sobreprecios y la presencia de los mismos "grupos" de proveedores consabidos.

Rodas precisó sobre la denuncia realizada en mayo de este año que se pudo establecer que 11 proveedores del oligopolio de compras médicas fueron beneficiados con contratos.

"Mas que sobreprecio -precisó- hay una sistema de contratación irregular por la presentación de varias empresas. Se beneficiaron Andrade Lara, con cinco contratos 5.5 millones. El rumano Chirulescu con tres contratos de cuatro millones o Karina Ayala con millón 850 mil. Son parte del grupo Zoldan". En este estudio que pone en evidencia los contratos inadecuados, enfatiza Rodas, también apareció la empresa Silverti, que luego se haría famosa por el contrato de las fundas para cadáveres, en asocio con Daniel Salcedo. 

Y es que a más del "grupo de Guayaquil" el reporte de la Comisión identifica a grupos como Viaproyectos, vinculado a empresas como Garbocorp, Accesmedical, o Magnamedical, con la que también esta relacionada la ya mencionada Silverti, que se convirtió en socio de Daniel Salcedo. 

Según la Comisión, otro de los "zares" de las empresas proveedoras es José Antonio Marazita Espinar, a quien relacionan con empresas como Digercorp, MFG, Loupit, Starmedix, Medical Plus, Peanfra, entre otros. 

Otro grupo es el llamado Zoldan, encabezado por la empresa Zoldan Corporeishon (SIC), de Erika Zoldán y relacionada con un entramado de firmas conformado por JRAL Medical, Acu Medical, Medical Suplies, Asesores Legales del Ecuador, Vidak Medical, ArtHomed, y a personas como Horea Chirculescu (rumano), Javier Andrade Lara, Karina Ayala, Vicente Giler, Nelson Toapanta, Juan Carlos Andrade, Julio Roberto Arce, entre otros. 

Otra figura clave en el oligopolio, según Germán Rodas, es la de Vladimir Paredes Álava. Con él estarían relacionadas firmas como Nutrimed, Biosalud, Import Export Ecuantech, Invimedic, Comdispomed, Corpomedec, entre otras, así como personas como Francisco Alejandro Maruri, Denisse Echeverría, Vicente Arévalo Cañarte, entre otros. 

Finalmente, otro "grupo" idenficado es el articulado en torno a la empresa Alfaredes de Mario Asán,  y a personas como Raúl y Suny Peña Triviño. En ese grupo aparecen firmas como Laboratorio Romayual, Mercatti S.A., Distribuciones Almun, Cuppharma S.A, Danifarmajas y personas como Alicia y Víctor Muñoz. 

"Nuestra investigación destapó la olla", dice Rodas, pero lamenta que no se actuó a tiempo y se esperó que la tragedia de la pandemia golpee al paós: "si hubieran actuado en 2019 se hubiera evitado", destaca Germán Rodas. 

Según destaca Rodas, las denuncias de la Comisión Anticorrupción han dado algunos resultados hasta el momento. Las indagatorias de la Fiscalía que se realizan contra la familia del ex presidente Abdalá Bucaram tienen como sustento la primera denuncia de la Comisión formulada el año pasado, cuando se mencionó por primera vez a los Llerena Candela, ex parientes políticos de Jacobo Bucaram Pulley. 

Por su parte, el contralor subrogante, Pablo Celi, también remitió la denuncia que recibió en 2019 a la Fiscalía, mientras que en la reciente denuncia formulada al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, el secretario de Estado se comprometió a investigar los procesos de compras, sobre todo en los hospitales que dependen directamente del Ministerio de Salud, pues los del IESS, dada la autonomía de la Seguridad Social, dependen de las autoridades del Instituto.

Rodas confirmó que recibió una carta del ministro Zevallos el mes pasado, en donde agradeció por la denuncia y anunció que "ha tomado correctivos". También han tenido reuniones con la Contraloría.  

"Nuestra investigación destapó la olla", dice Rodas, pero lamenta que no se actuó a tiempo y se esperó que la tragedia de la pandemia golpee al paós: "si hubieran actuado en 2019 se hubiera evitado"finaliza. 

 

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