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4 de Febrero del 2020
Historias
Lectura: 19 minutos
4 de Febrero del 2020
Nathalya Salazar y Salim Zaidán
Reforma al Código de la Niñez: ¿interés superior del niño o derecho mercantilizado?
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A propósito de un reciente diálogo de este portal con el ministro de Inclusión Social, Iván Granda, dos abogados analizan la propuesta de reforma al Código de la Niñez que plantea el Gobierno y retoman la polémica por la coparentalidad.

Ya no sorprende que el Derecho sea el instrumento de la política para defender intereses gremiales y partidistas, teniendo una nociva influencia en la actividad legislativa. Esta vez, una vez más, fue el turno del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) cuerpo normativo que en su libro sobre relaciones familiares, lejos de precautelar las cuatro categorías de derechos de las niñas, niños y adolescentes, se ha convertido en un manual de sometimiento económico y de extorsión para el alimentante que deriva en dos extremos: pensiones mínimas o pensiones exorbitantes.

La excusa para justificar tanta arbitrariedad e incompatibilidad normativa podría ser que se trata de un Código preconstitucional, aprobado en 2003, con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 2008, sin embargo, no debemos olvidar que en 2009 fue reformado, en lo único que parece interesar a actores políticos en año electoral: las mal llamadas pensiones alimenticias.

Amplia discusión en torno a los parámetros para su fijación, arbitraria decisión al considerar únicamente los ingresos del progenitor no custodio. Catorce pensiones alimenticias al año percibiendo trece sueldos o sin trabajar bajo relación de dependencia. Doble pensión alimenticia recibiendo únicamente un sueldo y una remuneración básica unificada por concepto de décima cuarta remuneración. Posibilidad de solicitar la prohibición de salida del país del “alimentante” por la sola solicitud de la madre, prohibición que en muchos casos se ha levantado con garantes, estando al día en el pago de pensiones alimenticias o que ha derivado en frustrados viajes de trabajo que complican la situación de los padres,  llegando a la pérdida de su trabajo y consecuente mora en el pago de pensiones alimenticias. Con el agravante de que la rebaja de una pensión, rige desde la resolución y no desde que se lo pide, mientras el incremento rige desde su solicitud. Otro absurdo ya normalizado.

Estamos ya en 2020 y el debate presenta los mismos temas, actores y vetos de 2003. 

La rendición de cuentas

Imposible incorporar en el “debate” la rendición de cuentas. La objeción siempre es categórica, sin matices. Propusimos su procedencia a partir de ciertos montos: negado. La administradora de la pensión (generalmente la madre) cuando no destina el dinero para cubrir necesidades del beneficiario (hijo) pues no tiene consecuencia. Plantearlo fue calificado como “violencia patrimonial contra la mujer.” 

La preferencia legal a favor de la madre para la custodia de hijos menores de doce años abiertamente inconstitucional sigue vigente. Hay una demanda de inconstitucionalidad que la Corte Constitucional aún no resuelve desde 2015. Lo constitucional: la preferencia legal por la custodia compartida. La Asamblea y la Corte Constitucional parecería no tienen tiempo para tratar estos importantes asuntos.

Los padres deben tolerar sus derechos-deberes mermados al lidiar con procesos de visitas dilatados, visitas “controladas” justificadas en la violencia psicológica contra la madre comprobada con el solo testimonio de la supuesta víctima y resoluciones inejecutables para poder ver a sus hijos; 

Los alimentantes que adeudan más de dos meses de pensión alimenticia sí pueden ser sujetos de apremio personal implacable, pero es imposible pensar en la privación de libertad de madres que obstruyen vínculos e incumplen el régimen de visitas.

Los principios constitucionales de interés superior del niño y de corresponsabilidad parental son desplazados por esta cadena de abusos. Las pensiones por sobre las visitas, las necesidades materiales por sobre las afectivas.

Los principios constitucionales de interés superior del niño y de corresponsabilidad parental son desplazados por esta cadena de abusos. Las pensiones por sobre las visitas, las necesidades materiales por sobre las afectivas.

La corresponsabilidad parental se encuentra en varios artículos de la Constitución pero es letra muerta. La responsabilidad económica también debería ser asumida por la madre trabajadora y la responsabilidad de crianza debe ser asumida por el padre, caso contrario lo que se promueve es la objetivización y desvalorización de la figura paterna, reduciendo a nada el bienestar emocional de hijos y sus padres, privándolos del vínculo parento filial. 

Sobre el proyecto del ministro

El Ministro de Inclusión Social afirma en la entrevista del portal Plan V que su propuesta tiene 137 artículos pero públicamente resalta solo uno, el de las pensiones alimenticias. El proyecto no ha sido socializado con todos los sectores. Señala que “24 mil jóvenes dejaron la universidad por problemas con pensión alimenticia” en una visión simplista y atribuyendo la causa únicamente a uno de los progenitores. 

El portal Plan V formula una pregunta que para nosotros es una afirmación: ¿Parece que el paquete de reformas se ha reducido al debate sobre la pensión alimenticia hasta los 24 años de edad? Granda responde que la discusión debe darse “sin traumas” y “lo que hay ahora es una discusión que gira en torno a un artículo y no en la generalidad de la propuesta” insensible respuesta que olvida la discusión fue propiciada por una declaración del propio Ministro en la que se limitó a defender la extensión de la titularidad del derecho a la pensión alimenticia.

Granda agrega “Se ha dicho que los padres son un cajero, pero la realidad es que el 53% de padres o madres paga una pensión de 101 a 200 dólares mensuales.” Habrá, sin duda, padres que pagan pensiones de $101 a pesar de contar con ingresos altos, sin embargo no se puede generalizar y asumir que las pensiones bajas únicamente responden a ello. Estas pensiones también se explica con cifras laborales preocupantes: Según el INEC, la tasa de empleo adecuado registró una reducción de 40,6% en diciembre 2018 a 38,8% en diciembre de 2019.

Preocupa que el Ministro, siendo un padre que seguramente conoce de cerca la problemática, pretenda reducir todo a lo económico  apelando a expresiones como “el mayor legado de un padre es la educación” excluyendo a la madre de su responsabilidad sobre el legado.

Preocupa que el Ministro, siendo un padre que seguramente conoce de cerca la problemática, pretenda reducir todo a lo económico  apelando a expresiones como “el mayor legado de un padre es la educación” excluyendo a la madre de su responsabilidad sobre el legado.

La demagogia y populismo son evidentes. Cuando el periodista de Plan V le formula una pregunta en este sentido, Granda responde que “hay una concepción machista” sin explicar qué conexión tiene un cuestionamiento así con el machismo. Además con simplismo y ligereza, lo justifica diciendo que “Hay el dicho que hay que enseñar a pescar y no dar el pescado. Pero en nuestras condiciones hay que dar pan para enseñar a hacer pan, porque es la única manera, en una sociedad como la nuestra, de proteger a la juventud para que tenga igualdad de oportunidades.” No señor Granda, en una sociedad como la nuestra y en cualquier sociedad es un contra sentido reconocer algo, luego justificarlo en la necesidad de proteger a la juventud y descargar esa obligación únicamente en el padre. ¿Y el aporte en manutención de la madre trabajadora? ¿Si el joven no puede concluir sus estudios el único responsable es el padre? Parece no haber leído los artículos 69 y 83 de la Constitución y el artículo 100 del Código de la Niñez. Corresponsabilidad parental en crianza, educación, manutención y en “igual proporción.”

Resulta preocupante el desconocimiento del Ministro cuando pretende responder a la siguiente pregunta “En la coparentalidad, ¿cuáles son los cambios de fondo?”

Granda no responde la pregunta, evade y demuestra desconocimiento: “En que el sujeto de derechos, la centralidad de los derechos es para el niño. No se puede aceptar la existencia de la tenencia compartida para evadir el pago de las pensiones alimenticias. Muchas veces podría existir incluso una pensión del padre o de la madre al otro progenitor, porque lo que hay que mirar es que tengan igualdad de condiciones económicas. Quienes defienden la tenencia compartida hablan de ejercer el derecho del padre con el hijo. No, es el derecho del hijo con el padre, del hijo con la madre. No es "la semana de papá" ni es "la semana de mamá". Eso dicen los actores. Pero no: es la semana con papá y la semana con mamá.”

Precisiones sobre coparentalidad

Algunas precisiones. Señor Ministro: La coparentalidad es un concepto muy bien explicado en este artículo de un Doctor en Psicología y terapeuta: Custodia compartida y coparentalidad: una visión relacional (Disponible aquí). Sin conocer lo que significa, imposible plantear una propuesta. 

Acá algunos extractos que pueden ser útiles para que comprenda este concepto tan importante como la coparentalidad: “implica una definición de la relación entre los padres que, como todas las relaciones, es de alguna manera negociada, pero no siempre acordada.” Y citando a varios autores agrega que “Desde una perspectiva más dinámica, Romero (2009) señala que la custodia compartida supone en los padres separados una predisposición para la negociación respetuosa y fluida que permite una aproximación a los hijos exenta de tensiones y conflictos sobreañadidos. En ese sentido, compartir la parentalidad requiere una decisión. No se trata tanto de una característica implícita en lo nominal, de una etiqueta atributiva, como de una intención conductual (Ajzen, 1991) dirigida a poner en marcha comportamientos colaborativos y prosociales en relación a los hijos comunes.”

Añado otro extracto: “Ibañez-Valverde (2004), aporta una visión psico-jurídica y hace referencia a la necesidad de “una interpretación amplia de la coparentalidad, una distribución equilibrada de las responsabilidades y de los tiempos de convivencia de los hijos con cada uno de sus padres, a ser posible consensuada entre ellos y, de modo muy significativo, que el binomio conceptual custodia-visitas pierda su connotación, a veces casi sinónima, de vencedor-vencido en la batalla judicial”. Se trataría, por tanto, de emplear esfuerzos en buscar posibilidades que garanticen la presencia de dos buenos padres más que dedicar energías a decidir quién es mejor de los dos.”

Señor Ministro: deje que la Asamblea legisle, usted cumpla con su atribución: formular políticas públicas. No contribuya a generar más desigualdad en el ámbito familiar, recuerde que una sociedad excluyente es el germen de la violencia.

En un auténtico Estado Constitucional de Derechos y Justicia, resultaría plenamente ilegítimo pretender ir más allá de las atribuciones que a una autoridad pública se confiere, pretender ejercer la iniciativa legislativa sin conocer  conceptos básicos como la coparentalidad, actuando en detrimento de los derechos de los niños así como de los padres, reduciéndolos a meros proveedores, negándoles el ejercicio responsable de su paternidad.

Señor Ministro: deje que la Asamblea legisle, usted cumpla con su atribución: formular políticas públicas. No contribuya a generar más desigualdad en el ámbito familiar, recuerde que una sociedad excluyente es el germen de la violencia. Aporte con políticas para crear centros de terapia familiar que aporten en la solución de conflictos no para reafirmarlos con leyes injustas, trabaje con el Consejo de la Judicatura en reforzar centros de mediación y especializarlos, solicite al Consejo fortalezca unidades judiciales de la niñez y oficinas técnicas, en lugar de legislar desde el prejuicio. Coordine políticas públicas con el Consejo de Igualdad Intergeneracional, hay muchas problemáticas poco atendidas que afectan a los hijos: cuidados delegados, obstrucción de vínculos y alienación parental.

Se ha llegado a agudizar de tal manera la estigmatización social en contra de los padres separados que el principio de igualdad formal y material ante la ley ha quedado obsoleto en lo que respecta a corresponsabilidad parental; se ha legislado de una manera completamente desproporcionada, sin sustento jurídico y social, sin análisis de las cifras laborales que respalden técnicamente estas propuestas.

Los efectos jurídicos de las últimas reformas propuestas del CONA, así como el reciente Acuerdo Nro. 011 del Ministerio de Inclusión Económica y Social que no cumple además con los parámetros constitucionales mínimos para ser válido, rompen con la naturaleza y objetivo medular del vínculo parental, que no es sino generar una esfera protectora tanto en la dimensión del Derecho como en la esfera socio afectiva de los niños. 

Pretender que la legislación en materia de niñez y adolescencia ha evolucionado por cuanto han evolucionado los costos que deben cubrir los alimentantes resulta una burla frente a la evidente regresividad en derechos. La falta de proporcionalidad, el olvido de derechos adquiridos a favor de los progenitores frente a un arsenal de obligaciones estrictamente económicas por cumplir devela que, actualmente los derechos de la niñez y adolescencia no son más que una mercancía de la política.

En el plano judicial, en ciertos casos se han quebrantado los principios de imparcialidad y contradicción, no hay prueba (por constitucional que ésta sea) que sirva a los padres, prejuicios, estereotipos y estigmas sobre los padres separados superan a cualquier medio probatorio y reflexión; la resolución tiene, en ocasiones,  una carga emocional de los juzgadores. Debido a la influencia de ciertos movimientos feministas radicales –que han perdido todo enfoque de paridad social e incitan a la vendetta pública como medida de “resarcimiento” en contra del género opuesto sea cual fuere el frente de ataque - se ha logrado malograr incluso la administración de justicia ‘especializada’ en materia de niñez y adolescencia; sin dejar de mencionar la preocupante cantidad de denuncias falsas en contra de muchos padres. 

En el plano judicial, en ciertos casos se han quebrantado los principios de imparcialidad y contradicción, no hay prueba (por constitucional que ésta sea) que sirva a los padres, prejuicios, estereotipos y estigmas sobre los padres separados superan a cualquier medio probatorio y reflexión; la resolución tiene, en ocasiones,  una carga emocional de los juzgadores.

Para basar una propuesta de reforma en legislación comparada, no basta con hacer un ‘copy paste’ de disposiciones jurídicas, ni se puede olvidar que la eficacia de una regulación depende en buena medida de su apego a la realidad social. Para citar un ejemplo, Chile es el único país de la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE) en el que las matrículas de las universidades públicas son más caras que las de los centros universitarios privados. Según la OCDE, para el 2017, el valor de la matrícula en una universidad estatal en Chile redondea los USD $ 7,654.00; mientras que en el Ecuador los estudiantes de universidades públicas no deben afrontar valores elevados en razón de su instrucción superior, pero sí deben afrontar el mentado examen “SER BACHILLER” cuando se trata de optar por la educación pública de tercer nivel, y, ajustándonos a la realidad del país es esta una de las principales causas para que miles de jóvenes deserten de sus carreras universitarias. De acuerdo a cifras de la SENESCYT, en el año 2017, 170.000 aspirantes a carreras universitarias no lograron ingresar a la universidad; y, en el 2018 fueron 40.000 los jóvenes que no lograron iniciar sus estudios universitarios. Ahora, de últimas declaraciones rendidas por el titular de la SENESCYT, “el sistema de educación superior ecuatoriano se enfrenta a una paradoja: cada año 133.000 jóvenes que quieren ingresar a la universidad pública no lo logran, mientras que de los que sí lo lograron, 23.000 optan por desertar del sistema", según una reciente publicación.

No podemos dejar de lado que en el Ecuador, existen políticas públicas educativas, que permiten la entrega de fondos públicos para la concesión de asignaciones y rentas a favor de  las universidades y escuelas politécnicas particulares, con la finalidad de promover la adjudicación de becas que incentiven “la autonomía responsable y el cumplimiento de la política pública emitida para el efecto”. (Artículo 30 LOES), aspecto que va de la mano con la corresponsabilidad del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la educación. ¿Entonces, se genera la pregunta de si las reformas al CONA y el Acuerdo Ministerial No. 011 tienen un trasfondo que pretende ocultar posibles falencias en el sistema de educación superior, así como encubrir la reducción en el presupuesto para las universidades? 

Para el planteamiento, discusión y aprobación de una reforma es imprescindible valorar su necesidad social, mirar la problemática global, sin considerar el cálculo electoral, caso contrario, es populismo y demagogia. 

No podemos continuar con un sistema que legitima la figura del padre periférico o ausente al que solamente se recurre para el pago de una pensión alimenticia o la firma de un permiso de salida del país. Miremos a los padres como seres humanos con capacidades afectivas y deseos de involucrarse más en la crianza de sus hijos.

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