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23 de Septiembre del 2019
Historias
Lectura: 16 minutos
23 de Septiembre del 2019
Redacción Plan V
Las reformas al Código Orgánico Integral Penal: una ley cada vez más dura
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Las reformas al Código Penal incluyen varios ámbitos. Aunque lo más polémico fue la despenalización del aborto por violación -que no pasó- hay nuevos delitos sexuales, se tipifican las desapariciones, se libera de responsabilidad a policías por "actos de servicio", se endurecen las penas de forma considerable, entre otros temas.

Aunque la posible despenalización del aborto por violación finalmente no fue aprobada, el paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) incluye además una serie de aspectos. La Asamblea Nacional envió al Ejecutivo para su sanción una Ley Orgánica Reformatoria al COIP, que contiene 129 artículos y siete disposiciones transitorias.

Una reforma legal particularmente dura con delitos sexuales y reproductivos, que aumenta las penas en muchos delitos y crea otros relacionados con violencia de género, también penados duramente. Al mismo tiempo, libera de responsabilidad por muertes o lesiones a policías en "actos de servicio" y que se encuentren en la defensa de "bienes jurídicos", lo que en teoría puede ser desde el orden público -en caso de manifestaciones- hasta la vida de otras personas, en caso de un secuestro, por ejemplo. 

Lea aquí el proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal. 

El actual Código, aprobado por el correato, fue cuestionado en su momento por ser excesivamente represivo y por incluir delitos que fueron usados para criminalizar a los opositores y a la protesta social, como el tristemente célebre caso del delito de "ataque y resistencia" que se utilizó contra manifestantes que protestaban contra el régimen. Pero las reformas actuales recogen buena parte del espíritu de la ley original, aumentando condenas y delitos. Prácticamente ningún delito ha sido eliminado, como no sea la tenencia de medicamentos que contengan cannabis, aunque la mariguana sigue siendo una sustancia ilícita. 

Es el caso del "ataque y resistencia" delito que la actual Asamblea propone castigar con dos años de cárcel, y que consiste en atacar y resistirse a cualquier empleado público, desde los recaudadores de impuestos hasta a los agentes de la fuerza pública nacional y a los policias metropolitanos, y que en tiempos de Correa se convirtió en el delito preferido que los funcionarios de cualquier dependencia citaban con papeles claramente expuestos al público. 

Delitos como el "ataque y resistencia" que el correísmo  y sus fiscales aplicaron a discresión a opositores, disidentes y manifestantes durante el correato fueron ratificados en la reforma aprobada por la Asamblea. 

La norma, que podría ser vetada total o parcialmente por el Gobierno del presidente Lenin Moreno, incluyó aspectos tales como la despenalización del aborto por violación (que no fue aprobada); la producción, comercialización, distribución, uso y consumo del cannabis, el comiso sin sentencia, la incautación de bienes y, la posibilidad de mostrar el rostro de los delincuentes detenidos en flagrancia, entre otros temas. 


La Asamblea Nacional aprobó reformas penales que endurecen el Código anterior. Foto: Asamblea Nacional

En el documento definitivo de la Ley Reformatoria, remitido al Palacio de Gobierno el 19 de septiembre, se consideran aspectos como la prohibición expresa de torturas o castigos contra las personas privadas de libertad, así como la disposición de los centros de detención de mujeres cuenten con personal médico femenino especializado. 

La nueva norma penal también considera que la muerte o las lesiones que pueda causar un miembro de la Policía Nacional o la seguridad penitenciaria, será considerado como un "deber legal". Esto significa que los policías tendrán mayor protección en caso de haber cometido muerte o lesiones, siempre y cuando estas ocurran mientras cumplen con sus "deberes constitucionales" y en el marco de "actos de servicio". Pero esta norma podría generar polémica. Casos como la muerte en Mascarilla de un manifestante, o las lesiones sufridas por el estudiante secundario Édison Cosíos a manos de la Policía -que a la postre lo incapacitaron y lo llevaron a la muerte- podrían ser considerados simples "actos de servicio", con lo que no habría responsabilidad legal para los policías. 

LEA: los temas problemáticos del Código Penal

En el mismo sentido, no tendrán responsabilidad penal quienes tengan trastornos mentales. La norma precisa también que habrá un "error de prohibición" que ocurriría cuando una persona "por error o ignorancia invencible" no puede "preveer la ilicitud de la conducta". En este caso, una persona de una comunidad indígena amazónica podría alegar que en su cosmovisión cometer un homicidio no es ilícito, por lo que no tendría responsabilidad penal. 

En el caso de delitos sexuales contra mujeres, la Ley reformatoria establece que, además de de penas privativas de libertad, los jueces deberán imponer "tratamientos, capacitaciones, programas y cursos" a la persona que haya cometido algún delito contra "la integridad sexual y reproductiva en el que la víctima sea una mujer, niña, niño o adolescente".


A pesar de las protestas de algunas activistas, la despenalización del aborto no tuvo los votos en el Legislativo.

El nuevo Código también inhabitará para trabajar a las personas que hayan cometido delitos relacionados con su profesión, así como también a quienes hayan cometido delitos "contra la integridad sexual y reproductiva", en especial, cuando se trate de personas que por su trabajo estén en contacto con niñas, niños y adolescentes.

El nuevo Código también inhabitará para trabajar a las personas que hayan cometido delitos relacionados con su profesión, así como también a quienes hayan cometido delitos "contra la integridad sexual y reproductiva", en especial, cuando se trate de personas que por su trabajo estén en contacto con niñas, niños y adolescentes. Esta norma, por ejemplo, podría evitar que un médico condenado por mala práctica siga siendo médico, o que una profesora acusada de abuso sexual siga siendo maestra. 

Nuevos delitos y penas más duras

La propuesta legal del Legislativo incluyó el comiso sin sentencia de bienes en algunos delitos como narcotráfico, lavado de activos, delincuencia organizada, trata de personas y tráfico de migrantes, terrorismo, entre otros, sin que haya una sentencia condenatoria. Pero no constan el peculado ni otros delitos de corrupción.. Esta figura, conocida en otros países como la extinción de dominio -se aplica por ejemplo en la vecina Colombia- ya había sido considerada por la Asamblea, que la incluyó en la Ley Anticorrupción que el presidente Lenin Moreno vetó totalmente sin dar ninguna explicación. 

Para el comiso de bienes en estos delitos, el Legislativo propone que previamente haya habido un acto de llamamiento a juicio, que la persona procesada no haya comparecido a las audiencias por dos ocasiones sin justificación y que la persona esté prófuga. También se podrá poner una restricción sobre bienes que no tengan relación con el delito que se investiga. 

Esta figura, conocida en otros países como la extinción de dominio -se aplica por ejemplo en la vecina Colombia- ya había sido considerada por la Asamblea, que la incluyó en la Ley Anticorrupción que el presidente Lenin Moreno vetó totalmente sin dar ninguna explicación.

En otro tema, la Asamblea creó un nuevo delito, el de desaparición forzada, que lo cometen los agentes del Estado o los grupos armados organizados (que podrían ser policías, militares, fiscales o cualquier persona que actúe en nombre del poder público) al privar de la libertad a una persona y negarse a informar sobre su paradero, en lo que también se conoce como detención arbitraria. El delito, que lo cometerían los agentes estatales exclusivamente, será penado con hasta 26 años de cárcel. 

La Asamblea consideró también como "delitos de lesa humanidad" a delitos como la "inseminación no consentida", así como a la "esterización forzada", entre otros, que tendrán un pena de hasta 30 años de prisión. 

Otro nuevo delito que la Asamblea incluyó en la ley penal tiene relación con la "instigación al suicidio" que conside en un "consejo o reto" que se podría hacer por medios digitales, en lo que al parecer pretende evitar que personas influenciables se lastimen a sí mismos por algo visto en internet. Sin embargo, el nuevo delito deberá probar que la influencia fue "determinante". 

Que en el marco de un núcleo familiar "una persona se imponga a otra" y le obligue a tener "relaciones sexuales u otras prácticas análogas" arriesga una pena que sería "el máximo de las previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva". 

Mientras tanto, la desaparición involuntaria, que consiste en privar de la libertad, retener, arrebatar o desaparecer a otra persona, también aparece como delito. Un agravante en este caso serán las "relaciones de poder" que afecten a la víctima, y la pena puede ser de hasta diez años y hasta 26 años si en ese marco se produce la muerte de la víctima. En este delito la "acumulación de indicios" será suficiente como prueba.

Que en el marco de un núcleo familiar "una persona se imponga a otra" y le obligue a tener "relaciones sexuales u otras prácticas análogas" arriesga una pena que sería "el máximo de las previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva".

La violación de personas que tengan hasta el cuarto grado de consanguidad y el segundo de afinidad, es un nuevo delito que la Asamblea propone castigar con severidad. 

Las personas jurídicas también deberán ser castigadas, en este caso, con una multa de hasta 200 salarios mínimos si se prueba si "responsabilidad penal". 

También estará penalizado ingresar celulares, alcohol, drogas, o cualquier otro elemento prohibido de manera clandestina a los centros de detención. La pena en este caso será de hasta tres años. 

Profesores, médicos, religiosos, y otros similares están oligados a denunciar los delitos contra "los derechos humanos, la integridad física, sexual, sicológica o reproductiva", así como las "muertes violentas", que pudieran ocurrir en su entorno. 

Los narcotraficantes, sin acumulación de penas

En otra parte de la Ley, la Asamblea modificó las penas para narcotraficantes, que en el peor de los casos alcanzan los 13 años de cárcel, mientras que despenalizó el uso de medicamentos que contengan el "principio activo del cannabis". Los narcotraficantes no tendrán acumulación de penas, sino que se les procesará solo por la "sustancia de mayor reproche". Mientras tanto, la siembra de plantas de las que se puedan sacar drogas -por ejemplo, la amapola o la planta de coca- es penalizada con solo tres años de cárcel, la misma pena aplicada para quien inicie un incendio forestal. Las quemas agrícolas, que suelen ser el origen de incendios forestales no son penalizadas, salvo que en efecto provoquen un incendio de proporciones. Los daños a la vida salvaje, como la caceria, también serán penalizados con tres años, salvo que el cazador forme parte de una comunidad indígena que realiza cacería para subsistencia. 

El blindaje a la fauna urbana y a los delatores

Las nuevas normas tipifican las lesiones que pueda sufrir la fauna urbana, es decir, perros, gatos y otras mascotas. Así, arriesga un año de prisión quien lastime a un animal de la fauna urbana, y hasta un año quienes cometan actos de zoofilia, aumentados a tres si en el acto de violencia sexual muere el animal. Como la norma se refiere a la "fauna urbana" en general, criminaliza el envenenar perros callejeros o cualquier otro mecanismo de control que pueda afectar la vida de tales animales. Se penaliza también el abandonar "animales de compañía". Las peleas de gallos o perros también están penalizadas, siempre y cuando ocurran en localidades en donde no hayan sido autorizados por "consulta popular". 

Mientras tanto, los delatores en casos de narcotráfico, cohecho, tráfico de influencias, peculado, y otros delitos relacionados con la corrupción podrán recibir hasta "el 20% de lo recuperado por el Estado". Esto ya había sido propuesto por el actual Gobierno en la Ley Anticorrupción, pero, al parecer, encontró una salida más expedita en la reforma al Código Penal. 

Los delatores en casos de narcotráfico, cohecho, tráfico de influencias, peculado, y otros delitos relacionados con la corrupción podrán recibir hasta "el 20% de lo recuperado por el Estado". Esto ya había sido propuesto por el actual Gobierno en la Ley Anticorrupción, pero, al parecer, encontró una salida más expedita en la reforma al Código Penal.

La "identificación" de los sospechosos

Una de las reformas empujadas, en especial, desde el Partido Social Cristiano, tiene relación con la "identificación ante la comunidad" de sospechosos detenidos por presuntos delitos contra la vida, la integridad sexual, violencia contra la mujer, sicariato, robo con muerte, entre otros. Esto significa que podrán ser presentados ante los medios como delincuentes que han cometido un delito flagrante, como ya se hacía hace varios años. Esto, aclara la Asamblea en la misma norma, no significa que se afecte su "presunción de inocencia". Curiosamente, mientras en una parte la ley pide que los medios publiquen la identidad de los sospechosos, en otro apartado se dispone la obligación de los medios de publicar en el mismo espacio cuando hayan sido declarados inocentes. 

La reforma legal incluye un procedimiento especial para tratar casos de violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar, que incluye el establecimiento de jueces especiales, y recoge varias de las normas de la antigua Ley 103, eliminada de la legislación durante el correísmo, algo que había sido pedido por activistas de género desde inicios de este Gobierno. 

Una propuesta legal que resultó insólita para algunos sectores fue la criminización de la venta de suero de leche, un subproducto del queso que usan algunas industrias lácteas. 

El Gobierno deberá analizar la Ley reformatoria y decidir si veta parcial o totalmente la reforma planteada. 

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