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30 de Mayo del 2022
Historias
Lectura: 21 minutos
30 de Mayo del 2022
Andrés Quishpe

Coordinador Nacional de la Unión Nacional de Educadores.

En las reformas a la Ley Orgánica de Educación, ¿ganó el país o la UNE?
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El 10 de mayo del 2022, en los exteriores de la Corte Constitucional un grupo de maestros permaceció en huelga de hambre exigiendo se apruebe la equiparación salarial. Foto: Luis Argüello. PlanV

 

La larga lucha del magisterio y su gremio principal, la UNE, por aplicar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y la equiparación salarial, tuvo finalmente el aval de una decisión de la Corte Constitucional, que declaró la constitucionalidad de este cuerpo normativo. La educación pública y la situación de los docentes cambia, el menos en el texto de la Ley Reformatoria.


El Ecuador fue testigo de la lucha que desarrolló el magisterio y su gremio, la Unión Nacional de Educadores UNE, sobre todo en estos dos últimos años. Sin embargo, para la UNE es una las luchas más largas, en tiempo, y el sábado 21 de mayo llegó a su desenlace.

Todo parte en el 2011, cuando el gobierno de Rafael Correa impuso su Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y, desde ese momento, la UNE, junto al magisterio, inició su lucha por la reforma. Un ejemplo es la multitudinaria marcha, el 8 de marzo de 2012, registrada por varios medios de comunicación y donde la UNE presentó a la Asamblea Nacional una “iniciativa popular legislativa”, convirtiéndose en la primera organización social que utilizó este mecanismo previsto en la Constitución. Por varios meses, los dirigentes del magisterio se empeñaron en recoger firmas de respaldo que superaron las setenta mil, las mismas que, una vez verificadas en el Consejo Nacional Electoral, sirvieron para confirmar el respaldo popular y dar inicio al tratamiento por parte de la Asamblea. La respuesta del correísmo, en ese momento, fue presentar ante la Corte Constitucional un recurso para que le permita vetar las iniciativas populares, con el fin de bloquearlas e impedir que el sentimiento de las mayorías se plasme en leyes.

Fueron ocho ocasiones que, al interior del Parlamento, la UNE presentó reformas a la LOEI y que fueron bloqueadas por la mayoría correísta en la Asamblea; el correísmo realizó una reforma en el 2019. Sin embargo, las reformas a la LOEI, que se discutieron y aprobaron en Asamblea, en ese momento no recogieron el sentir de los actores de la educación, al contrario, profundizaron la problemática educativa y sirvieron para que el gobierno de turno controle aún más el Sistema Nacional de Educación.

En esos tiempos, la Comisión de Educación de la Asamblea estaba integrada por varios personajes de ingrata recordación, como el exministro de Educación, Augusto Espinosa, o la legisladora que encabezó el proceso de ocultamiento de años de corrupción del correísmo, Silvia Salgado. Estas reformas afirmaron varios aspectos que perjudicaron a estudiantes y docentes, según lo dieron a conocer sus organizaciones representativas, FESE y UNE en documentos y en presentaciones en el legislativo. Es menester señalar que uno de los pocos aspectos positivos en dicha reforma fue el sistema de becas y el de prevención del acoso sexual, evitando que quienes tengan antecedentes ocupen cargos docentes (esto producto de las denuncias y movilizaciones de varios sectores estudiantiles, que en su momento manifestaron cómo el Estado fue encubridor en varios casos), así como el cambio del bachillerato internacional. Dicha propuesta fue levantada por varias organizaciones y sectores de la educación.

En los últimos años se dio una etapa donde las concepciones y prácticas predominantes provocaron un distanciamiento entre el mundo escolar y los escenarios sociales en que se está inserta la educación. 

Pero los problemas de fondo de la educación no fueron topados, pues el correísmo bloqueó tópicos como: bachillerato general unificado, presupuesto —para esa fecha el gobierno debió haber entregado el 6% del PIB, tomando en cuenta la bonanza petrolera que vivió el gobierno de Correa—. Tampoco se planteó resolver el problema de la educación intercultural bilingüe y las escuelas unidocentes rurales cerradas, complicando aún más una situación de exclusión e injusticia en el campo y con las culturas indígenas. La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador planteó la contribución de las comunidades, los GADs, en la solución de esta problemática. Mientras la UNE cuestionó los mecanismos de acoso laboral de la ley y los propuestos en la reforma, como son los casos de la conformación de las Juntas de Resolución de Conflictos, espacio en los que se resolvían las denuncias, pues, para ese tiempo, estaban conformadas por personal que es juez y parte en el proceso y sin la presencia de ninguna persona que defienda el interés del docente.

¿Por qué insistieron por años el magisterio, estudiantes y la UNE en las reformas a la LOEI?

En los últimos años entre el correísmo y el morenismo se dio una etapa donde las concepciones y prácticas predominantes provocaron un distanciamiento entre el mundo escolar y los escenarios sociales en que se está inserta la educación. Se afirmó un marcado aislamiento y blindaje de las instituciones educativas, pensando que así se la precautelaba de los problemas de la realidad. Esta autorreferenciación provocó resultados negativos: acumulación de funciones en la escuela, desconexión con la vida cotidiana, pérdida de contribuciones de actores del entorno, debilitamiento de aportes desde la escuela a la transformación de las sociedades locales, entre otros.

Quienes estudian o trabajan en el tema educativo saben que la educación en nuestro país ha tenido, como uno de sus signos de identidad en los últimos años, la profusa incorporación de tareas de tipo administrativo y burocrático al trabajo de los directivos y docentes. Uno de los efectos perversos de esta política ha sido la despedagogización de la educación, la alteración del rol de los docentes lo que ha debilitado sus funciones de formadores.

Este y otros motivos empujaron a la UNE y a otras organizaciones a ubicar la pedagogía como prioridad en el sistema educativo. Para lograr este propósito, un primer paso era la reforma a la LOEI, que de hecho no es la panacea a toda la problemática educativa. Pero se constituye en un avance para identificar límites y establecer derechos que apunten a una pedagogización del sistema educativo que, a la vez, obligue a que la política pública educativa sea pensada desde el aprendizaje y no desde la administración, control, vigilancia y castigo. Los requerimientos administrativos deben ser los mínimos indispensables y merecer siempre ―para que tengan sentido― procesamiento y retroalimentación por lo menos en educación. 

Quienes estudian o trabajan en el tema educativo saben que la educación en nuestro país ha tenido, como uno de sus signos de identidad en los últimos años, la profusa incorporación de tareas de tipo administrativo y burocrático al trabajo de los directivos y docentes.


En la marcha de los trabajadores del 1 de Mayo 2022, la presidenta de la UNE,  Isabel Vargas, se dirige a los participantes para pedir que se apoye la lucha del magisterio. Foto: Luis Argüello. PlanV

La revalorización docente fue otro asunto de interés, ya que esta no empieza ni termina en una reflexión centrada en las remuneraciones. Supone una mirada integral sobre todos los componentes de la carrera docente: ingreso, formación inicial, capacitación en servicio, ejercicio de derechos, evaluaciones y otros.

El modelo de evaluación que desarrolló el correísmo y que lo sigue impulsado el INEVAL, avalado por el Ministerio de Educación, tiene como característica un enfoque orientado al control, la certificación, la comparación y la clasificación. Predominan miradas estadísticas en detrimento de las miradas educativas integrales. Su papel para identificar vacíos y fortalezas y su valor para ser utilizado es limitado.

La interculturalidad es y será motivo de preocupación, pues, ha predominado en el sistema educativo un reduccionismo. La interculturalidad ―a pesar de la doctrina y las leyes― se ha identificado como la educación de un sector, el sector indígena. Ni siquiera las identidades afro y montubias estaban consideradas. Resulta imperioso ampliar y profundizar el sentido de la interculturalidad, como un tema que cruza y enriquece a la población; toda la educación ecuatoriana precisa ser intercultural. Precisamente, la nueva reforma a la LOEI plantea superar la visión reduccionista vigente. Aunque está pendiente recuperar la autonomía plena del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 

Otro de los signos de la educación, en los últimos años, ha sido su carácter vertical. Las decisiones a nivel de políticas generales como de instrumentos normativos, curriculares, de evaluación, entre otros. han sido diseñados con una clara tendencia tecnocrática, externa y ajena al quehacer de los actores educativos. El rol asumido por el Estado ―el Ministerio de Educación― ha sido protagónico y ha cubierto todos los espacios y ha ocasionado, entre varios aspectos la exclusión y el opacamiento de los actores educativos.

Estos tópicos, contextos y otros fueron sintetizados en artículos y provocaron que la Asamblea Nacional, en sesión No. 639 de 9 de marzo de 2021 con 126 votos a favor, apruebe en segundo y definitivo debate, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esta fue la primera victoria para la educación ecuatoriana, sus docentes, estudiantes, madres y padres de familia. El debate previo en las 15 mesas que conformó la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, y en las cuales participaron organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales no fue espontáneo e improvisado, fue fundamental en la construcción de la reforma, no fue una labor solo de legisladores. Sin la participación de todos estos actores, hubiese sido difícil desarrollar una reforma integral que modificó alrededor del 80 % de la normativa vigente desde marzo del 2011.

¿Qué cambios y derechos contiene la reforma a la LOEI?

La Ley Orgánica Reformatoria a la LOEI se publicó́ en el primer suplemento del Registro Oficial No. 434, el 19 de abril de 2021. En la reforma se asegura presupuesto para educación correspondiente al 6% del PIB. Los saldos no devengados serán trasladados al siguiente año fiscal; además, la supresión de los circuitos educativos, la obligatoriedad de que se entregue el carné estudiantil y se respete el medio pasaje, la inclusión de un enfoque en derechos humanos, fortalecimiento del sistema de Educación Intercultural Bilingüe y etnoeducación. Para los estudiantes se alcanzó educación libre de acoso y violencia sexual dentro de las instituciones, la inclusión de la obligatoriedad de la debida diligencia, mecanismos de prevención, un plan nacional para la erradicación de la violencia en el contexto educativo, la reparación integral de víctimas. Respeto a la organización estudiantil sin autorización previa, dentro y fuera de los establecimientos educativos; el derecho a la resistencia frente abusos de poder; mayor participación en el Consejo Nacional de Educación; presencia en el gobierno escolar de instituciones privadas; al menos un docente especializado en inclusión por plantel; internet gratuito y bibliotecas equipadas como espacios para estudiantes y maestros.

La reforma a la LOEI demandó un cambio en los contenidos de educación, inicial, básica y en el bachillerato, hacia uno con contenidos especializados, que deje atrás el Bachillerado General Unificado. Adicionalmente, se reconoce el Bachillerato Complementario en Artes, como una nueva modalidad.

Un nuevo enfoque del Departamento de Consejería Estuduantil, DECE, que deje de tener un carácter punitivo hacia los estudiantes y la creación de un sistema de orientación vocacional y profesional desconcentrado, compuesto por DECES que atiendan a máximo 450 estudiantes, DECES Distritales y una Red Distrital de DECES, que contribuyan al enfoque del proyecto integral de vida, acceso a concurso de méritos y oposición para su personal. 


Los maestros protestaron en todo el país, aquí en el Puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil. Foto: Cortesía. Publicada en El Universo

En el caso de los docentes, se garantiza acceso, de manera gratuita y financiada por el Estado, a programas de desarrollo profesional, capacitación, profesionalización, formación continua, entre otros. Mientras que, para el reconocimiento de la remuneración, se contará con los años de experiencia o de servicio que el correato eliminó. Se recupera la recategorización automática, traslado e intercambio voluntario de puestos entre docentes; derecho a comisión de servicios con sueldo para profesionalización y estudios de cuarto nivel dentro o fuera del país y permisos para capacitación docentes.

Convocatoria previa al inicio de cada año lectivo a concursos de méritos y oposición para eliminar la precarización laboral. Los Coordinantes Zonales o Subsecretarios de Educación, serán designados mediante concurso de méritos y oposición. Los docentes que ingresen a la carrera educativa púbica deberán cumplir con el año de servicio rural docente obligatorio

Derecho a la seguridad social para todos educadores comunitarios y populares, reincorporación de docentes que fueron desvinculados durante la emergencia sanitaria. Pago de la bonificación económica para los docentes mejor puntuados en los procesos de evaluación a partir del año 2011 y cancelación de los valores adeudados a los docentes recategorizados.

Otro de los signos de la educación, en los últimos años, ha sido su carácter vertical. Las decisiones a nivel de políticas generales como de instrumentos normativos, curriculares, de evaluación, entre otros, han sido diseñados con una clara tendencia tecnocrática.

Estos y otros avances se vieron amenazados el 20 de mayo del 2021, cuando la Corte Constitucional del Ecuador decidió admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad planteada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS,  y un particular empleado, Mauricio Pozo. La CC, como medida cautelar, suspendió la vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOEI.

Frente a esta decisión y la política del Gobierno, el 12 de julio la Unión Nacional de Educadores declaró su primera huelga de hambre en la que participaron 152 huelguistas y duró 32 días en 12 provincias del país. Esta medida estuvo acompañada de cierres de vías, toma de instituciones, cacerolazos, desangres, encadenamientos, marchas, expresiones políticas y culturales. Al final, el Gobierno y otros sectores volvieron a ser derrotados política y jurídicamente ya que sus argumentos fueron desestimados el 11 de agosto, mediante la sentencia No 32-20, con la cual la Corte Constitucional levantó las medidas cautelares y declaró la constitucionalidad de todas las reformas a la LOEI y suspendió cinco artículos relacionados a la jubilación especial y equiparación salarial.

Para subsanar o modificar dichos artículos, se otorgó seis meses al Legislativo y al Ejecutivo. Durante dicho lapso, el magisterio y la UNE no bajaron sus brazos pues se realizaron varias acciones de movilización para que el Ejecutivo, el Legislativo y el IESS, entreguen sus informes respectivos en los tiempos establecidos. La dirigencia de UNE nunca abandonó la Asamblea Nacional, varios fueron los documentos y textos entregados, algunos de ellos están recogidos en los diferentes informes, demostrando que siempre lucharon con razón y con propuestas.

Lasso, el Día del Maestro, niega la equiparación salarial

En el Día del Maestro, el 13 de abril del 2022, el presidente anunció la objeción total por inconstitucionalidad (veto) a la equiparación salarial. Y, como respuesta, recibió una intensificación de la lucha por parte del Magisterio y la UNE. Su presidenta, Isabel Vargas, abandonó Carondelet ese mismo día, así como las denominadas mesas técnicas en las cuales la UNE participó por una ocasión.

Era evidente que frente a toda la política neoliberal, los derechos no se podían defender en “mesas técnicas”, y es así como, el 3 de mayo, la UNE declaró la segunda huelga de hambre en Quito y Guayaquil, donde participaron 45 huelguistas durante 19 días, para exigir que la CC convoque a audiencia pública y lo logró el 12 de mayo, donde se evidenció que el Gobierno se quedó solo. Fueron 22 los amicus curiae que se presentaron en defensa de la equiparación y las propias instituciones del Estado solicitaban defender los derechos del magisterio, mientras distintos sectores de la sociedad se sumaban a la lucha del gremio.

A los 19 días de la segunda huelga de hambre y lucha del magisterio, la educación pública volvió a triunfar. En esta ocasión, ya para concretar la equiparación salarial.

Resumiendo, en el Dictamen Nro. 2-22-OP/22, relativo a Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Corte Constitucional del Ecuador señala: “Así, la constitución económica responde al ideal del Estado social... la política de educación goza de prioridad frente a la política fiscal; la primera constituye un valor en sí mismo, la segunda, constituye apenas un valor instrumental”


El 13 de abril del 2022, en el Día del Maestro ecuatoriano, durante una mesa de diálogo con representantes del magisterio, el presidente anunció decisiones que molestaron al magisterio. Foto: Twitter Presidencia de la República

La victoria sobre la equiparación salarial está sintetizada en la resolución de la Corte Constitucional que señala a la equiparación como constitucional. La Asamblea debe conocer la misma y enviarla al Registro Oficial.

En breves palabras, la CC señala que, en un Estado de Derechos, la materialización de los mismos requiere de recursos económicos. Pues mejorar las condiciones de vida del magisterio, es a la vez garantizar el derecho a una educación de calidad.

Sin embargo, si se revisa el conjunto del contenido de la reforma a la LOEI, se encontrará que son el país y la educación pública los beneficiados, producto de la lucha y las dos huelgas de hambre de la UNE, donde también participaron padres y madres de familia, representantes de organizaciones sociales como: FEUE, FESE, Unidad Popular, Mujeres por el Cambio, Federación de Barrios de Quito, Juventud Revolucionaria del Ecuador y son varias las organizaciones e instituciones nacionales e internacionales que expresaron su solidaridad y adhesión a la lucha del magisterio ecuatoriano.

La victoria sobre la equiparación salarial está sintetizada en la resolución de la Corte Constitucional que señala a la equiparación como constitucional. La Asamblea debe conocer la misma y enviarla al Registro Oficial. La equiparación avanza desde que se publica en Registro Oficial y bajo lo que señala la Transitoria Vigésima Sexta de la reforma a la LOEI: “…La Función Ejecutiva realizará el proceso para la equiparación y homologación salarial en el plazo de 90 días. De igual forma, los recursos deberán constar de manera obligatoria anualmente en el Presupuesto General del Estado.”

La lucha del magisterio ecuatoriano es también una expresión de lo señala la CC en su primera resolución: “...La expedición de una ley no tiene carácter administrativo, sino político...” (pág. 42).

Los maestros/as y la UNE adoptaron la decisión de defender, jurídica y políticamente, su derecho a la equiparación que fue negado desde el 2016, derrotando esta vez al argumento político de que “no” existen recursos económicos para la educación.

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En las reformas a la Ley Orgánica de Educación, ¿ganó el país o la UNE?
 


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