En el vestíbulo de servicios del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) los servicios a los uniformados se han retomado, luego de que se descubriera la posible pérdida de hasta $950 millones de los recursos de la entidad en inversiones riesgosas en su mayoría en el exterior, a cargo del polémico financista Jorge Chérrez, contra quien se ha emitido una difusión roja de Interpol este 14 de septiembre de 2022. 

Tras tomar un turno, los policías se acercan a los módulos de atención para obtener servicios como créditos quirografarios. El dinero, les advierten quienes atienden a sus camaradas, les será acreditado en su cuentas. El Instituto se ha enfocado en no tener atrasos en las pensiones jubilares, así como en reactivar los créditos. 

En la sede del ISSPOL, al norte de Quito, se han retomado las prestaciones para los afiliados de la Policía.

El anuncio de aumentar hasta en 30 mil efectivos a las tropas policiales podría ser una boya de salvación para esa institución, pues recibiría un 50% más de aportantes que recién iniciarían una carrera de hasta 40 años, momento en el que la seguridad social de los gendarmes les empezaría a pagar pensiones jubilares. Pero el aumento anunciado por el Gobierno -que en teoría debería realizarse hasta 2025 cuando termina la administración de Guillermo Lasso- no es solamente un problema de reclutamiento, sino de equipamiento, formación y prestación de servicios como la vivienda y la salud.

En el ISSPOL se reconoce que la recuperación de los recursos podría tomar años, pero las agendas para continuar funcionando están, al parecer, claras, pero pasan sobre todo por una cuantiosa inversión del Gobierno que deberá efectivizarse en los próximos años. 

Batalla judicial por las inversiones 

El edificio policial está al norte de Quito y en el vestíbulo se realizan los principales trámites. En un piso alto tiene su oficina el coronel Renato González, quien es el actual director del ISSPOL.

El oficial se encuentra a cargo de la estrategia para que la entidad logre recuperar una parte importante de los recursos que invirtió con gestores financieros como Chérrez, sin que las inversiones hayan tenido rendimientos ni se hayan podido recuperar.

Gonzalez admite que tomará años poder lograr recuperar los recursos, mientras se realiza una batalla judicial en el Ecuador contra las personas que participaron en varias de las etapas de inversión que finalmente no solo que no produjeron dividendos, sino que no han sido recuperadas.

El coronel González se sabe de memoria las cifras macro de la polémica estafa. Cerca de su escritorio, se pueden ver unas banderas de los Carabineros de Chile, que tienen una cercana relación con la Policía ecuatoriana.

González enumera uno a uno los siete tramos en los que se invirtió el dinero de los afiliados policiales, y precisa que por lo menos $822 millones ya fueron reclasificados a las cuentas por cobrar, es decir, que se los reconoce como pérdidas más que como inversiones en 2020, con lo que el patrimonio del ISSPOL, estimado en $1550 millones, se redujo en esa cantidad. Hay otros $130 millones de inversiones que se realizaron los mismos grupos, que aún no están vencidas, pero que se presume que también están perdidas. 

Hasta $822 millones de los recursos del ISSPOL dejaron de ser inversiones y pasaron a cuentas por cobrar.

Solo $27 millones se ha podido recuperar hasta el momento, en tramos como facturas negociadas y obligaciones de empresas, fideicomisos y bonos puros.  "Si esto fuera una empresa, estaríamos técnicamente quebrados", explica el coronel, quien precisa que por su naturaleza de fondo previsional y por los aportes de los afiliados, se mantiene con esos recursos. Entre lo recuperado hay también $4.7 millones que quedaron como un remanente en Decevale de una inversión de recursos policiales que no se realizó. 

Al momento, la inmensa mayoría de los recursos invertidos parecen haberse esfumado, mientras avanzan los procesos judiciales contra empresas y personas involucradas en realizar o facilitar las inversiones del dinero de los aportes de los policías, lo que supuestamente tenía la intención de darle rentabilidad a dichos fondos pero que significó que se terminen quedando en un limbo de operaciones de compras de bonos e inversiones fuera del Ecuador.

Una misión difícil

"Cuando asumimos dijimos que esta no era una misión fácil, de los $950 millones se no se va a poder recuperar todo", admite el coronel González. El oficial es directo: "muchos de esos recursos ya se licuaron en fiestas, en farras, en plata para amantes, en las formas en las que actúa el crimen organizado", explica. 

La meta razonable que el ISSPOL se ha fijado, en un mediano plazo, aclara el coronel, es recuperar los dos tercios, es decir, entre 500 y 600 millones de dólares. El último tercio podría recuperarse por medio de negociaciones con las empresas y bancos de Estados Unidos que tenían las inversiones, como Citbank y otros, y no se descarta que el ISSPOL concurra ante la justicia de ese país en busca de indeminizaciones, pues en este caso no han cumplido con la debida diligencia. González cree que el supervisor bancario de Estados Unidos podría tomar acciones contra las entidades financieras de ese país, por lo que los bancos en ese país estarían dispuestos a negociar. "Esto llevará años, no es a corto plazo", admite. 

Varios procesos judiciales se adelantan en Ecuador, en juzgados de Quito y Guayaquil, con relación a la participación de estas empresas y personas. En la justicia del Guayas han terminado las instrucciones fiscales de casos como el de Delcor, Ecuagran, SMS, Citadell y sobre todo se analiza cómo actuó Decevale, una instancia que opera en las inversiones con bonos en el país, en donde se adelanta una audiencia preparatoria de juicio. En el caso de Citadell ya concluyó la audiencia preparatoria y se ha llamado a juicio a Gonzalo Navarro y Luis Álvarez, mientras se sobreseyó a Oriana Rumbea y Xavier Neira. 

En Pichincha se lleva un proceso por peculado, en donde está prevista una audiencia preparatoria de juicio para octubre y una investigación por bonos swap. Se adelanta una investigación por delincuencia organizada, mientras otras inversiones del amplio portafolio de la Policía se encuentran en investigaciones previas, como son las compras de propiedades como la hacienda Anchamaza, los galpones de Mapreco, una operación con bonos swap en 2014, así como otra compra de bonos 2028. Según el coronel González, hay por lo menos 20 investigaciones que se realizan en el país. 

González explica que no hay detenidos por este caso en el país. Al momento hay tres personas con arresto domiciliario, que son Oriana Rumbea, Rodolfo Kronfle y Carlos Carbo. En todos los casos hay prohibiciones de salida del país y presentación periódica. Como en la trama de los bonos policiales participaron varios empresarios civiles en Quito y sobre todo en Guayaquil, hay algunos que se repiten en procesos como Decevale y el de peculado que se tramita en la capital. Un grupo importante de ex altos oficiales de la Policía y otros en servicio activo también son procesados, puesto que sin la colaboración de los uniformados muchas de las maniobras financieras no se hubieran podido realizar. 

Contra Jorge Chérrez, quien tendría pasaporte mexicano y estaría viviendo en Cancún, Puerto Vallarta y otros balnearios de ese país, se han emitido dos órdenes de captura nacionales: una por el caso Decevale y otra por el caso peculado, pues al ser vinculado no cumplió con las medidas sustitutivas que habían sido solicitadas por sus abogados.

En el caso Decevale, la magistrada de la causa pidió la difusión roja a la Interpol, que le fue concedida este 14 de septiembre de 2022, por lo que Chérrez podría ser detenido por la policía mexicana o en cualquier lugar en donde se encuentre. Sobre la difusión roja contra Chérrez, González explicó que las autoridades mexicanas deben detenerlo para proceder con la expulsión o la extradición, mientras descartó que el financista pueda acceder a un asilo político en ese país. 

Pero no todo parece estar perdido: hay inmovilizados $240 millones en el Banco Central, porque se usaron recursos de la Policía para comprar bonos de deuda interna, mientras que en Estados Unidos también se han congelado $125 millones por disposiciones de las autoridades de ese país y el banco Citibank, en Nueva York, desde octubre de 2020 congeló $40 millones de pagos que iban a realizarse a las empresas de Jorge Chérrez por la inversión en bonos swap. Otros 25 millones que estaban en Estados Unidos fueron entregados a Chérrez por una empresa privada de ese país. 

En Estados Unidos, la justicia de ese país hay realizado sus propias investigaciones sobre las actividades de Joge Chérrez, Luis Álvarez y John Luzuriaga, quienes confesaron en las cortes de Florida haber recibido sobornos de Chérrez. Estos dos individuos eran funcionarios civiles del ISSPOL que debían velar por el buen uso de los recursos pero en lugar de ello facilitaron las operaciones de Chérrez a cambio de dinero, regalos, viajes y el uso de tarjetas de crédito.

El procesamiento de los tres en Estados Unidos, como es habitual, se debe al uso del sistema financiero norteamericano para esconder dinero de la corrupción en América Latina, causas en las cuales, enfatiza el coronel González, se ha declarado prófugo de la justicia a Chérrez, pues no ha comparecido ante los tribunales de Florida. González explica que los tres ecuatorianos no eran desconocidos para las autoridades norteamericanas, que ya habían advertido sus movimientos de dinero en Miami, y cuando se da el caso de ISSPOL deciden actuar al conocer el origen de los sobornos a los ex empleados de ISSPOL.

El seguro de retiro del ISSPOL es un fondo deficitario, según estudios actuariales. 

Los 30 mil nuevos policías y el ISSPOL después de Chérrez

Pero aunque no se han suspendido los pagos de pensiones, el coronel González sostiene que es necesaria una inversión del Estado en el sistema de salud de los policías, que cuenta con dos hospitales uno en Quito, otro en Guayaquil y 30 centros médicos en el interior del país.

Desde 2016 ha habido trabas legales para transferirle recursos a los hospitales de la Policía, mientras que en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, aprobado en los últimos meses del régimen correísta, se estableció que el personal de sanidad (médicos y enfermeros) que  se retira ya no puede ser reemplazado, lo que significa que ha aumentado la población de pacientes de la Policía (también se atiende a sus familias) con menos personal médico y en la misma infraestructura sanitaria. Estas serían las causas de la situación "sumamente precaria" del sistema de salud de los policías, explica el coronel.

Con el anuncio de reclutar por lo menos 30 mil personas más en las filas policiales hasta que termine la actual administración, se podrían producir algunos fenómenos en la seguridad social policial, explica González. Si bien aumentaría la base de aportes en activo, habría impactos en algunos de los ocho fondos o seguros que tiene el ISSPOL. Por lo menos seis de ellos tendrán superhábit, según estudios actuariales que cita González, pero hay dos con défict actuarial: el uno es el seguro de vida potestativo, que cubre a los uniformados en retiro que quieren seguir aportando, y el otro es el de retiro, invalidez y muere, que financia las pensiones de los retirados.

El aumento de 30 mil policías mejorará el estado del fondo que alimenta las pensiones de los retirados, explica el oficial, pues entrarán más aportes de personas que están en activo durante varias décadas (la carrera policial puede durar hasta 40 años) sin recibir beneficios (pensiones) de ese fondo hasta jubilarse, pero, en cambio el sistema de salud debería recibir 30 mil nuevos policías y 90 mil familiares, es decir 120 mil personas que los actules hospitales de la Policía no están en capacidad de atender, advierte el coronel. 

González es claro en señalar que el ingreso de nuevos efectivos policiales debe estar acompañado de la construcción de infraestructura de alojamiento, vestuario, equipamiento como armamento y servicios de salud. Esas inversiones debería realizarlas el Gobierno, precisa el oficial. 

La Policía ha ido creciendo de manera significativa en los últimos 20 años. En 2001 la Policía tenía 16 mil efectivos, y para 2011 se había duplicado a por lo menos 32 mil. Entre 2011 y 2014 se aumentó nuevamente la cantidad de policías, llegando a los actuales 52 mil efectivos, a los que el Gobierno de Lasso pretende sumar 30 mil más, con lo que los uniformados deberían ser en 2025 no menos de 83 mil. 

El problema de esto, destaca González, es que el crecimiento númerico de efectivos no se hizo tomando en cuenta que se deben brindar servicios y ampliar la capacidad hospitalaria de la entidad. "Es indispensable construir tres hospitales, dos básicos de 80 camas y uno nuevo de especialidades en Quito. Es una inversión que debe hacer el Gobierno, pero se podrían buscar otras fuentes de financimiento", finaliza el coronel.