Han pasado tres años desde que el secuestro y posterior asesinato de los periodistas Javier Ortega, Pául Rivas y Efraín Segarra, pero sus familias no salen del asombro sobre el actuar de las autoridades. Ricardo Rivas contó que estuvo cerca de retirar las prendas de su hermano, Paúl, que han estado bajo custodia de la Policía desde el 2018, pero la Fiscalía frustró ese intento.

El 28 de noviembre de 2018, el fiscal Wilson Toainga dispuso a Criminalística la devolución de las pertenencias de Paúl, que fueron halladas en el hotel de San Lorenzo y en la camioneta donde se trasladó junto a Javier y Efraín a su última cobertura. Paúl había dejado una chompa con capucha, su chaleco de fotógrafo, un lente de una cámara y una maleta con ropa.

El oficio estuvo firmado por Lorena Yépez, secretaria de la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales de la Fiscalía. Toainga, a cargo de esa Unidad, fue el primer fiscal que empezó las investigaciones. Pero ahora, el caso ha pasado por dos fiscales más. En julio de 2020, fue designado el último de ellos: Nelson Guano. 

La entrega de las prendas de Paúl estaba prevista en Criminalística el mismo día que se cumplían tres años del secuestro de los periodistas, el pasado 26 de marzo, pero no ocurrió. El fiscal Guano no lo autorizó porque el documento no tenía su firma. “Es increíble porque si cambia el fiscal hay que cambiar todos los papeles. No sé si son ganas de molestar”, dijo Ricardo Rivas.

Él quería llevar el chaleco de fotógrafo de Paúl a la Plaza Grande, donde el pasado viernes familiares y amigos se congregaron para exigir respuestas. El caso permanece impune, pese a que el presidente Lenín Moreno prometió desclasificar todos los documentos del caso y la fiscal Diana Salazar, cuando asumió la Fiscalía, dijo que haría todo lo posible para encontrar la verdad. Nada de eso ha pasado en tres años.

Familiares y amigos de los periodistas asesinados se congregaron en la Plaza Grande, el pasado 26 de marzo, para exigir justicia. Foto: INREDH

Los pendientes de los que nadie se hace cargo

Christian Segarra, hijo de Efraín, cree que uno de los mayores silencios hasta el momento tiene que ver con la pregunta: ¿por qué los dejaron pasar hacia Mataje? “Más allá de endilgar una responsabilidad a un contraalmirante, nunca hubo respuesta ni razones técnicas por las cuales dejaron pasar al equipo y por qué negaron el paso a otros”, explicó Christian, quien también es periodista.

Entre los mayores huecos que tiene la investigación ecuatoriana está el secuestro en Mataje. Además de la ropa y el lente de una cámara, aún está en custodia la laptop y el celular de Paúl Rivas dentro de la investigación previa del caso. Para Ricardo Rivas, todos estos objetos hallados en la camioneta son importantes para sustentar la teoría de la familia de que el secuestro fue en Ecuador. 

Según la Fiscalía, la camioneta de los reporteros fue hallada en Mataje, una población ecuatoriana fronteriza con Colombia. La entidad ha buscado sustentar la teoría de que ellos pasaron por su propia cuenta hacia Colombia. Más de una ocasión, en intervenciones públicas e incluso en instancias internacionales, Ecuador ha dicho que el secuestro de los comunicadores fue en Colombia. El procurador Íñigo Salvador afirmó en diciembre de 2018 ante la CIDH que ambos delitos, secuestro y asesinato, se produjeron en el país vecino.

“¿Cómo un fotógrafo sale a una cobertura sin su equipo de trabajo?”, se pregunta Rivas. “En el primer comité de crisis nos dijeron que ellos fueron interceptados en la carretera, fueron bajados y trasladados. Por eso dejaron todo en la camioneta”, sostiene el familiar. Las prendas y los equipos hallados en la camioneta sustentan la teoría de las familias: el secuestro fue en Ecuador.

“Dijeron que llegaron a Mataje, se tomaron una cola y luego pasaron al otro lado. No tiene sentido. En ese ámbito de inseguridad, ¿usted cree que llegaron a tomarse una cola?”, manifestó Rivas a PlanV.

Pero hay otros pendientes. Por ejemplo, el peritaje de la computadora del fotógrafo. Cuando esta fue revisada por los peritos, no hubo ningún archivo o documento. La familia pidió entonces un análisis informático forense para determinar si alguien accedió a esa computadora y borró toda la información. “Es increíble que una computadora donde se hizo trabajos periodísticos no tenga una sola foto, nada de nada”.

La CIDH incluso ofreció, contó el familiar, financiar el peritaje de la computadora y de la videograbadora de la cámara de seguridad de la casa de la madre de Guacho, en Mataje. Hasta el momento, nadie ha logrado decodificarlo y las autoridades no han respondido al ofrecimiento del organismo internacional. Otro silencio.

En la camioneta, que pertenecía a Efraín, también se encontraron huellas dactilares. Las recogieron del volante y del vidrio del parabrisas. Pero de acuerdo a las pericias estas no corresponden a nadie del Ecuador, lo cual llama la atención a las familias. “Cuando preguntamos cómo fueron los hechos, el mismo Toainga dijo que fueron interceptados en la carretera, abordados y pasados al otro lado. Nuestra sorpresa fue una semana más tarde, cuando nos dijeron que habían enviado un drone hacia donde estaba la camioneta y habían asegurado la zona. Pero mientras estábamos haciendo las preguntas, ellos estaban retirando la camioneta, entre comillas, encontrada en la población de Mataje”, acotó Rivas. ¿Cómo supieron eso? Narró que han logrado tener acceso a un informe sobre la camioneta que coincide con la fecha de la reunión que tuvieron con las autoridades. Creen que se movió la camioneta de la carretera hasta Mataje.

Christian Segarra señala también la falsa liberación como otro hecho opaco. “El único sentenciado dijo que la liberación se iba a dar, pero lamentablemente los operativos que hubo alrededor complicaron esa liberación. ¿Qué operativos hicieron la Policía y los militares de Ecuador y Colombia?, ¿qué estaban haciendo?, ¿con órdenes de quién?”, se preguntó.

El periodista se refiere a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, quien la semana pasada fue sentenciado a 28 años y 8 meses de cárcel por el secuestro y homicidio del equipo periodístico. “En la investigación se estableció que las víctimas fueron retenidas por integrantes del grupo residual ‘Oliver Sinisterra’ en la provincia de Esmeraldas (Ecuador), el 26 de marzo de 2018. Posteriormente, quedaron a cargo de alias Reinel, quien fue el encargado de custodiarlas hasta que alias Guacho, entonces cabecilla de la estructura disidente, ordenó asesinarlas”, relató la Fiscalía colombiana en un comunicado, una versión que contradice la del Gobierno. Alias Reinel es el único sentenciado por el crimen hasta ahora.

 Alias Reinel fue sentenciado en Colombia a 28 años y 8 meses de cárcel por el secuestro y homicido de los periodistas. La Fiscalía colombiana se mantiene en que el secuestro fue en Ecuador.

Segarra dice que hay una complicidad entre Moreno, sus ministros y exministros para no abrir líneas de investigación respecto a los funcionarios que han estado a cargo de las indagaciones.

“Asesinos”, llamó Galo Ortega, padre de Javier, al Gobierno y al Comité de Crisis el viernes pasado durante el plantón en la Plaza Grande. “Para mí la mayor deuda es la vida de mi hijo, la de Paúl y la de Efraín. Son los causantes porque no aprovecharon las recomendaciones de la CIDH, de España, de Colombia. Si no quisieron aprovechar esa ayuda es porque son culpables, se tapan entre todos ellos”.

El padre aún recuerda una llamada que hiciera la fiscal General del Estado, Diana Salazar, después de posesionarse en el cargo en abril de 2019, para organizar una reunión con las familias de los periodistas. Nunca se dio. También menciona los ofrecimientos de exministros, como María Paula Romo, que tampoco llegaron a nada. “Toda la ayuda de los políticos se ha desvanecido”.

Galo dice que su salud quebrantada, como la de las tres familias han sufrido consecuencias. Por eso entrena y hace ciclismo para aliviar su dolor. “Sigo estando orgulloso de mi hijo, pero con la diferencia que ya no lo tengo. En mis entrenamientos está conmigo, y no solo él, los tres están conmigo”.

Foto: Edu León. Archivo Periodistas Sin Cadenas

La espiral del silencio

Desde septiembre pasado, cinco organizaciones conformaron la Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3 para conocer si las instituciones del Estado han cumplido o no con las recomendaciones emitidas por el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH (ESE), cuyo informe final lo publicó en diciembre de 2019. El ESE identificó que hubo descoordinaciones y omisiones durante y después de los hechos. Pidió a Ecuador y Colombia ser diligentes con el caso, recopilar información y desclasificar documentos que permitan esclarecer el crimen.

La Veeduría acudió a siete ministerios o instituciones estatales para solicitar información sobre sus acciones. Una de ellas fue la Fiscalía. Hasta el momento, no hay datos sobre el número de recomendaciones que ha seguido esa institución. El ESE sugirió ampliar las investigaciones, incorporar los hallazgos de investigaciones periodísticas y coordinar los trabajos investigativos con Colombia.

Una de las últimas diligencias que se supo que hizo la Fiscalía fue pedir al Ministerio de Defensa la desclasificación de los documentos. Sin eso, dijo la institución, no podía avanzar en la investigación, recordó Rivas. El 3 de marzo pasado, el colectivo Nos faltan tres reveló que el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador (Cosepe) negó la solicitud de la Fiscalía para acceder a las actas de las reuniones de ese Consejo del 28 de marzo, y del 13 y 17 de abril del 2018. Esos días, trató el secuestro de los periodistas, pero también de Óscar Villacís y de Katty Velasco, quienes también fueron asesinados en la frontera. Esa respuesta tiene como fecha el 17 de febrero de 2020, pero solo fue incorporada al expediente un año después.

Luego de 7 ofrecimientos públicos del Gobierno de desclasificar la información sobre lo actuado en el 2018 tras el secuestro de #PaúlJavierYEfraín, el #Cosepe se negó a entregar actas de sus reuniones de marzo y abril de ese año. #NosFaltan3 #NoALaImpunidad pic.twitter.com/GGhgkxFNaT

— Nos Faltan Tres (@nosfaltan3) March 3, 2021

Lo último que se incorporó al expediente, fue una asistencia penal -de 182 hojas- que llegó desde Colombia el pasado 19 de enero sobre la captura y abatimiento de alias Guacho, jefe del Frente Óliver Sinisterra, agrupación señalada como autora del secuestro y asesinado de los periodistas.

Pero la Veeduría observó “la actuación de la Fiscalía en distintos casos de interés general en los que se ha realizado allanamientos a entidades públicas debido a la falta de entrega de información completa en otros casos mediáticos, lo que nos demuestra que las decisiones de actuación son discrecionales”.

Asimismo, la Veeduría solicitó a la Presidencia nuevamente la desclasificación de la información del caso. Pero el presidente Lenín Moreno, derivó el pedido al Ministerio de Gobierno, que nunca contestó. El Ministerio de Defensa hizo lo mismo: envió la solicitud a la Secretaría de Derechos Humano, que coordina sentencias o recomendaciones del Sistema Interamericano de DDHH.

Una de las pocas instituciones que contestaron estuvo el Consejo de Participación Ciudadana, que a través de una resolución del pleno exhortó a las instituciones a actuar en ese caso. Además, solicitó la comparecencia de los exministros César Navas y Patricio Zambrano, de los generales César Merizalde y Ramiro Mantilla y del exdefensor del pueblo Ramiro Rivadeneira. Ninguno se ha presentado.

En Ecuador se conformó un Comité de Protección de Periodistas, que opera desde marzo del 2019. De sus acciones, solo se conoce que ha sesionado en 12 ocasiones, entre el 2019 y 2020. Pero ninguna de estas citas ha sido para exigir respuestas en el caso de los periodistas de diario El Comercio.