El pasado 9 de diciembre, el juez Máximo Ortega declaró la prescripción del caso para cinco de los seis procesados acusados por la Fiscalía por supuesto homicidio culposo y por infringir el deber objetivo de cuidado. ¿Qué pasó en esta audiencia? ¿Por qué obtuvieron una resolución favorable?

Quiero recalcar que el inicio el 23 de junio de 2016 mi pequeña Valentina, de 11 años, salió en la mañana rumbo a la escuela. Era una hermosa niña y flautista del Conservatorio Nacional de Música. Desapareció en horas de la tarde y se hizo la denuncia respectiva. La Policía Judicial no activó ningún protocolo de búsqueda, la escuela tampoco activó ningún protocolo aquella tarde al verla a deshoras. Lo que efectivamente significó que ella se quedara en una situación de completa vulnerabilidad. En la mañana del 24 de junio, la encontramos con signos de agresión sexual y a pocos pasos de la entrada principal de esta institución educativa. En ese entonces se llamaba Global del Ecuador y hoy se conoce que está en el Valle de los Chillos con el nombre de Atlantis del Valle.  Mi pregunta es ¿cuán lerda es la justicia que se tarda cinco años para enjuiciar aquellos que de entrada son culpables? Fue su omisión al deber objetivo del cuidado la que dejó aquella tarde vulnerable a Valentina y a merced de un feminicida.

El 10 de junio de 2021, antes de que se cumplieran los 5 años de la muerte de Valentina, la fiscal Mayra Soria acusó por homicidio culposo, según el artículo 145 del COIP, a una de las maestras, Dayana Muñoz. Ella fue una de las personas que vio por última vez a Valentina y la que era encargada de la escuela directamente.

¿Qué no hizo esta profesora?, y ¿por qué fue involucrada en este caso?

Cuando hablamos de omisión del cuidado, del deber objetivo del cuidado, quiero que nos pongamos en esta situación. Nuestras hijas no mueren porque no hayamos llegado tarde. No mueren porque seamos buenas o malas madres. Nuestras hijas mueren porque vivimos en una sociedad que ha naturalizado la violencia, en una sociedad que cualquier persona se cree con el derecho de lastimar a esa criatura, a una niña de 11 años, una agresión sexual para luego incluso quitarle la vida.

Lo que le pasó a Valentina es un feminicidio, uno de los tantos que ya no es cada 72 horas, ahora es cada 43 horas que se dan en nuestro país. La pandemia hizo que la violencia recrudeciera a tales niveles que, en este momento, además se vuelve insostenibles. Es la violencia que se cierne sobre los cuerpos de nuestras niñas, de nuestras adolescentes, de nuestras mujeres. Y eso frente a la indiferencia estatal de todas las instituciones que están encargadas de trabajar y de hacer que efectivamente estas muertes no queden en la impunidad.

La profesora que vio por última vez a Valentina, ¿qué hizo exactamente?

Cuando dejamos a nuestros hijos y a nuestras hijas dentro de las instituciones educativas, entendemos que la responsabilidad del cuidado -de velar por la integridad física psicológica sexual de nuestros hijos e hijas, y de su vida misma, que es un derecho humano básico y fundamental- pasa de nuestras manos en el tiempo en que ellos y ellas están dentro de las instituciones educativas a las de los maestros, maestras y directores de la institución educativa. Eso es lo que como padres y madres asumimos. Si por alguna razón, como pasó aquella tarde, sufrimos algún accidente de camino a ver a nuestros hijos e hijas y no podemos llegar, lo que esperamos es que los personeros de esa institución educativa, que los maestros y maestras encargadas de esa institución educativa activen un protocolo de cuidado y no dejen a esa vida en total estado de indefensión.

Es decir, una llamada para corroborar y constatar efectivamente cuál es la persona que la va a ver, ¿por qué la niña está a estas horas?, ¿por qué la niña no ha sido retirada a la hora que debía? Nosotros teníamos en ese momento un grupo de WhatsApp, un mensaje a través del grupo. Activar el protocolo significa que alguien debe quedar con la responsabilidad directa del cuidado de esa vida. Es decir, no podemos hacer lo que hicieron aquellas maestras y el director aquella tarde: encogerse de hombros, sin dar importancia a esa vida, salir de la escuela e irse y dejarla totalmente sola. Sabiendo además que dentro de las instalaciones de esta institución había mucha más gente. Allí funcionaba también un call center y Global English. Llegaba gente extraña en la tarde a esta institución.

Tengo que recalcar también (que) no solamente dentro del deber objetivo del cuidado como maestro, así como directores, sino por un hecho de sensibilidad, de solidaridad humana, de empatía de sentir que esa niña podría ser mi hija. Si se tratara de mi hija, de mi sobrina, de mi conocida. ¿actuaríamos de la misma manera?, o ¿efectivamente haríamos algo para precautelar esa vida? Esa vida sí nos importaría.

Vea la entrevista completa en nuestro espacio PlanV en vivo.

Entonces la lucha por justicia para Valentina es la lucha por la no indiferencia en la sociedad en la que vivimos, en donde una niña se encuentra alrededor de las 03:30 de la tarde, un hecho que sale de lo normal, puesto que Valentina todos los días se trasladaba al Conservatorio Nacional de Música a partir de la 13:30 para recibir sus clases. Sin embargo, las cinco personas, incluido el director que se encontraba dentro de esta institución educativa, salieron sin hacer absolutamente nada, sin activar ningún protocolo.

Eso es lo efectivamente que dice el artículo 145 en relación al homicidio culposo. Cuando un profesional incrementa con sus acciones o no acciones las posibilidades de riesgo, que en este caso significó que Valentina fuera agredida sexualmente y que luego fuera asesinada. Además de eso tenemos que preguntarnos por qué esta institución educativa desde el inicio cerró filas para proteger el buen nombre de la institución. Yo me pregunto como madre, ¿qué más han estado protegiendo a lo largo de estos años?

Cuando la Policía llegó directamente a la escena a recoger los indicios -había una desaparición y al día siguiente se encuentra a una niña muerta dentro del patio de la escuela- la misma institución educativa dejó correr el rumor de que se trató de un accidente. Mi niña fue encontrada bajo la barra de juegos. Pero más tarde, de esta misma manera cobarde, incluso se tiró tanta basura y tanta bajeza sobre la historia de mi niña al decir que se trató de un suicidio (porque el accidente no se pudo probar). Mi pregunta es ¿qué más han estado protegiendo a lo largo de estos años esta institución educativa?, ¿por qué a lo largo de estos años todo un consorcio jurídico, de cuatro o cinco abogados, ha estado permanentemente en el proceso protegiendo a la figura principal, a la del director de esta institución, Carlos de la Bastida?

La vida de nuestros hijos e hijas ha sido un mero negocio, una pensión que cobrar mensualmente. Porque cuando (el director) tuvo que actuar para proteger esta vida que quedó en indefensión aquella tarde no lo hizo.

Y él es uno de los beneficiarios de la decisión del juez Máximo Ortega con la prescripción de la causa.

Efectivamente, a lo largo de estos años justamente es lo que este consorcio jurídico ha perseguido. Solamente para iniciar el proceso necesitas entre 5.000 y 6.000 dólares. Hablamos de un proceso en el cual ha habido abogados siempre a la cabeza protegiendo a maestros y maestras, lo que dicen, lo que no dicen, versiones libreto como las llamamos, es decir muy bien pensadas, copy pega la versión de uno en relación. (Cuando) se abrió la instrucción fiscal justamente pudimos avanzar en la investigación y lograr determinar otros elementos que nos han ido dando mayor claridad de lo que pasó con Valentina aquella tarde.

Pero lamentablemente, como siempre, lo que llamamos justicia en nuestro país, la balanza siempre se inclina a favor del poder económico y esto es lo que hemos podido ver una vez más.

¿Qué significa la prescripción? ¿Es decir, estas personas no van a poder volver a ser juzgadas por este delito?

El artículo 417 del COIP dice textualmente que en los casos en los que se ha iniciado la acción penal, la acción prescribirá en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad -que en el caso de homicidio culposo es de cinco años. Existe una acción penal única y el proceso inicia cuando comienza la instrucción fiscal. La instrucción fiscal se abrió el 10 de junio de 2021 antes de la prescripción. Dentro de esta instrucción fiscal, en el mes de septiembre se dio la vinculación a estos otros sujetos procesales por los elementos que encontramos justamente en la investigación. Lo que no se había hecho durante todos estos años, se aceleró a lo largo de estos meses y nos permitió encontrar mayores evidencias para acusar a estas otras cinco personas.

¿Qué fue lo que alegó la otra parte y por lo cual se inclinó el juez Máximo Ortega? Estaba hablando como si se tratara de dos instrucciones fiscales, pero aquí lo dice muy claro. Lamentablemente, la ley que tenemos es interpretable. Justamente, fruto de la naturalización de la violencia y de la impunidad sobre los cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres, siempre se inclina la balanza a favor de los agresores, a favor de los victimarios. Eso no lo digo, lo dicen las cifras, lo dice la cantidad de situaciones de muertes, de agresiones sexuales, de feminicidios que se dan en nuestro país.

¿Cuál fue la interpretación que hizo el juez?

Hizo una interpretación sesgada hablando como si se tratara -insisto- de dos instrucciones fiscales. Como si el 10 de junio se hubiera abierto una instrucción fiscal en relación a Dayana Muñoz que era la encargada directamente a la escuela y luego en septiembre si hubiera abierto otra instrucción fiscal para el resto de los sujetos procesales. 

Cuando es el mismo caso.

Exacto. Es el mismo caso y hay una sola instrucción fiscal que se abre el 10 de junio. En el momento en que se abrió, paramos cualquier posibilidad de prescripción. Está abierta una acción penal que es única. Es en medio de eso que la fiscal puede acusar si encuentra elementos de prueba a otras personas más.

Pero son los vinculados en septiembre los que terminan beneficiándose de la decisión del juez Ortega.

Exactamente y entre sus vinculados obviamente estaba la cabeza principal (de la escuela) que es Carlos de la Bastida, que fue el director de Global del Ecuador y hoy tiene un nuevo negocio en el sector del Valle de los Chillos con otro nombre y otra personería jurídica. Esa es la justicia que tenemos.

Lo que pasa con Valentina es el caso de muchos niños (víctimas) de violencia sexual, en los cuales, si se llega a dar cabida y oído a las denuncias de las madres, en el mejor de los casos los agresores serán reubicados en instituciones educativa.

¿Qué pasó con la escena donde Valentina fue encontrada muerta?, ¿hubo alteraciones a esa escena y eso ha hecho que las investigaciones demoren mucho tiempo?

Lo que se dio con Valentina fue indignante. En el caso de Valentina hubo una desaparición previa. La encontramos al día siguiente muerta y quienes llegan a la escena al escuchar a personeros de la institución decir ‘se ve que la niña estuvo jugando en la barra de juegos’ y ‘se ve que se soltó y se cayó’, entonces asumen lo que estas personas dicen y recogen evidencias asumiendo que era accidental, sin tomar en cuenta que en una muerte violenta con desaparición debes imaginarte lo más terrible para recoger todas las pruebas para luego ir descartando y decir ‘no, solamente se trata de un accidente’.

En el caso de Valentina se operó al revés. ‘Ah, nos dicen que solamente fue un accidente’, entonces recogen dos que tres pruebas asumiendo que es un accidente. Aquella misma mañana y tarde esa institución educativa siguió funcionando como si nada.  ¿Por qué esa acción de la institución educativa? Por un lado, contamina la escena que debió haber sido cercada por lo menos los primeros días de la investigación hasta poder recoger todas las evidencias pertinentes. Y, sobre todo, cuando la primera autopsia nos arrojó que (Valentina) había sido agredida sexualmente. ¡No podía haber seguido funcionando con normalidad, era la vida de una criatura! Más adelante, esta misma institución educativa -omitiendo incluso la orden del juez de ese momento- hizo modificaciones dentro del lugar.

No están libres señores y señoras, están impunes, ese es el nombre. Este dictamen del juez Máximo Ortega no significa que ustedes quedan liberados de responsabilidad. Aunque haya una sentencia a su favor, ustedes son responsables por la vida de Valentina aquella tarde y por todo el resto de acciones que ustedes han hecho a lo largo de estos años para retardar el proceso. La primera audiencia, por ejemplo, no se pudo dar porque tres de los abogados de la de la parte contraria no se presentaron para seguir alargando los tiempos.

Ustedes no están libres, ustedes quedaron impunes porque hay un hecho real: Valentina murió y murió dentro de las instalaciones de la Unidad Educativa Global del Ecuador. Hablo del Estado y sus instituciones: a vista y paciencia del Ministerio de Educación, Global del Ecuador en el 2016 -como tantas otras instituciones del país- funcionaba sin permisos legales y sus instalaciones no prestaban la seguridad y los recursos necesarios para albergar y proteger la vida de niños y niñas.

Ustedes señores del Ministerio de Educación siguen permitiendo que los mismos responsables de la muerte de Valentina, al omitir su deber objetivo del cuidado de esta vida, sigan funcionando con total normalidad, con otro nombre y en otra dirección.

Tenemos que tomar en cuenta que hay agresores, quienes agredieron directamente el cuerpo de mi niña y le quitaron la vida, siguen impunes y libres. Por todas las omisiones de esta institución educativa, a lo largo de estos años, no hemos podido tener los elementos necesarios de prueba para poder acusar directamente a quienes dentro de nuestra teoría del caso son los responsables directos de la muerte de Valentina.

¿Al agresor directo?

Esos todavía están sueltos y como lo he venido denunciando a lo largo de estos años, algunos de ellos probablemente están dentro de estas nuevas instalaciones, Atlantis del Valle. ¿Por qué? Porque es el mismo dueño, las dos familias dueñas, es el mismo personal docente y administrativo. Solamente han cambiado de cargos, nada más.

Esta sentencia del juez Máximo Ortega no solamente deja en indefensión y en impunidad la muerte de Valentina, sino también perpetúa y permite la posibilidad de agresión y de violencia, incluso de muerte, de nuestros hijos y de nuestras hijas dentro del sistema educativo.

No solamente le fallaron a Valentina. Quiero que todas las madres y padres de familia del Ecuador sepan que la impunidad sobre la muerte de Valentina significa la posibilidad de agresión y repetición del mismo horror que vivió mi niña -aquella tarde- en la vida de cualquiera de nuestros hijos y de nuestras hijas. Eso es lo que acaba de hacer el juez Máximo Ortega.

Dentro de las investigaciones, usted había pedido durante mucho tiempo el apoyo internacional para hacer una pericia que localmente no se podía hacer, ¿qué pasó finalmente?

El pedido que nosotros hicimos desde los primeros meses de la muerte de Valentina no se dio oído durante muchos años. Es otra de las de las cuestiones permanentes que nos encontramos dentro de los procesos de búsqueda de justicia, no hay peritos, no hay personal, no hay profesionales dentro de nuestro país. Para hacer esta pericia se necesitaba de colaboración internacional. Entonces luego nos encontramos con la otra traba: no había recursos económicos. Yo siempre insisto en esto: hay recursos económicos, hay actos de corrupción en nuestro país, los bolsillos de honorables de cuello blanco se llenan y acrecientan sus fortunas con nuestro dinero. Pero cuando se trata de invertir para poder determinar quiénes le quitaron la vida a una niña inocente de 11 años no hay.

Hay dinero para activar a policías. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me golpeó mucho esta boda fastuosa de uno de los hijos del Vicepresidente aquí en el país. Entiendo que se cerraron las calles, se activó a la Policía. Además, hubo recursos que se gastaron. Pero aquella tarde cuando se pidió que se buscara a Valentina no hubo. En el proceso de investigación, cuando Valentina estaba muerta, cuando necesitábamos que el Estado respondiera, la respuesta fue ‘no tenemos recursos’. Eso hizo que pasaran uno, dos, tres, cuatro años para que se pudiera dar una pericia, que lamentablemente por el paso del tiempo ya no era pertinente para ese momento.

La fiscal Mayra Soria y su defensa apelaron la decisión del juez Máximo Ortega.

En esta última audiencia hicimos la apelación oral, que ya fue ingresada por escrito también en estos días, porque a partir de la audiencia son tres días laborables. Aquella tarde esperaba que este juez (Máximo Ortega) tuviera la claridad, la coherencia, la transparencia y el coraje que no han tenido muchos otros a lo largo de estos años. No debemos olvidar que el primer fiscal Darwin Jaramillo también quiso cerrar la investigación a menos de un mes. Dijo que se había tratado de un lamentable accidente, su accionar también fue muy dudoso.

Este hecho estaba cruzado por una situación de violencia sexual probada y de un estrangulamiento que fue lo que vivió mi niña. Lo quisieron pasar como un simple accidente. Yo esperaba que este juez tuviera, por lo tanto, el coraje también de poder accionar a favor de nuestras hijas, pero lamentablemente tenemos ya la respuesta. Pero nosotros sabemos que este artículo de la ley es muy claro, existe una acción penal única y dentro de esta acción, el resto de acciones que se puedan tomar. Por eso, hemos decidido hacer la apelación a la Corte Provincial y estamos en espera a que se de paso.

Ruth Montenegro sostiene el libro Sobrevivientes, una publicación de PlanV sobre violaciones a derechos humanos entre 2007 y 2017. La madre de Valentina fue protagonista de una de esas historias.

Finalmente, de su experiencia, ¿a la justicia y el Estado le importa la vida de las niñas y de las mujeres violentadas?

Definitivamente no y no lo digo. Lo dicen las miles de historias. Valentina es una de las historias que ha logrado ser visible, pero existen miles de historias anónimas dolorosas. Porque en este proceso de búsqueda de justicia, ¿qué es lo que hacen las instituciones? Buscan cansarnos al retardar los procesos en el tiempo. Nosotros actuamos en una situación de desventaja, ellos (los agresores) tienen recursos económicos para pagarse todo un consorcio jurídico privado para dedicarse a la investigación. En mi caso, yo he podido sostener el proceso a través de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Si yo hubiera tenido que pagar ese proceso, hubiera sido imposible sostenerlo durante cinco años. Pero ahí, hay una situación de desventaja. Las organizaciones que están en lucha por los derechos humanos, estos se pisotean todos los días, son cientos de casos y a veces no hay el tiempo ni recursos suficientes.

Los y las fiscales y los jueces son prácticamente Dios, desde mi experiencia. Ellos son los que determinan hacia dónde se orienta la investigación. Uno puede saltar, brincar, exigir dar elementos, pero el fiscal -que también está determinado por toda la estigmatización que se da a las mujeres- no puede entender las distintas relaciones de poder que se juegan y que permiten estas situaciones de violencia.