Este es un extracto del primer informe recibido por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, basado en la información entregada por el Ministerio de Gobierno al presidente de la misma, asambleísta Fernando Villavicencio. Este informe será sometido a análisis y conocimiento de la Comisión, en torno a las acciones omisiones de los mandos policiales durante los sucesos de fines del 2017 y los primeros meses del 2018, periodo en el que se dieron la voladura del cuartel policial de San Lorenzo, el secuestro y asesinato de un equipo periodístico de diario El Comercio, la voladura de torres de comunicación, el asesinato de cuatro infantes de Marina y otros atentados.

El informe:

En el Ecuador, en el año 2018 se vivió una serie eventos que marcarían definitivamente al país en cuanto a su seguridad interna y la evidencia de amenazas externas no convencionales con el histórico ataque con explosivos a un cuartel policial en la limitrofe ciudad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Este hecho marcó el inicio de una serie de acciones que dejarían evidencia del accionar de grupos irregulares en el cordón fronterizo norte, pero que igualmente dejaron en claro la operación de carteles internacionales del narcotráfico que financiaban operaciones en territorio ecuatoriano, y que habrían conseguido consolidar rutas para el macrotráfico y microtráfico en diferentes ciudades del país, incrementando dramáticamente los índices de violencia e inseguridad a la ciudadanía en general. 

Múltiples informes policiales —que reposan en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, enviados por el Ministerio de Gobierno— dieron cuenta de la necesidad de fortalecer la seguridad de las instalaciones y la seguridad de los servidores policiales y militares del sector de responsabilidad ante la evidente violencia social, criminal e interpersonal como producto de la informalidad, ilegalidad y anomia de la sociedad esmeraldeña. A esto es necesario sumar factores como la participación directa e indirecta del Estado ecuatoriano en las negociaciones de paz que mantuvo el gobierno de Colombia con diferentes organizaciones subversivas o guerrilleras, las mismas que se desarrollaron inclusive en territorio ecuatoriano. Acciones que igualmente se concatenan con las  grandes incautaciones de drogas, tanto rerrestres como marítimas, como consecuencia de las vulnerabilidades y exceso de confianza en los procesos de seguridad de toda la frontera norte del Ecuador, así como la pauperización de instalaciones, equipos y la descontinuidad de la capacitación del talento humano especializado de los cuerpos de seguridad para trabajar en el control de la permeabilidad fronteriza aludida.

Las acciones desencadenadas el día 27 de enero del 2018 a las 01h40 de la madrugada, en las instalaciones del Distrito de Policía del Cantón San Lorenzo de la Provincia de Esmeraldas, determinó el inicio de una movilización militar y policial de altísimo impacto en costos para el Estado ecuatoriano pero muy baja productividad en función de resultados. Sin embargo, sí evidenció  una serie de acciones muy preocupantes para la seguridad interna y externa del Ecuador, tanto por la poca eficacia de la unidades de inteligencia, tanto militar como policial, así como también por la existencia de conexiones entre los grupos irregulares armados y personal de la seguridad del Estado: hay una serie de comunicaciones que dejan en claro estos hechos que no fueron atendidos por el gobierno nacional y por el contrario, fue el propio Presidente de la República, Lenín Moreno, quien en su calidad de primer mandatario de la seguridad del Estado, no ejecutó acción alguna para adoptar correctivos de corto, mediano y largo plazo en el sector. Esto se evidencia con el recrudecimiento de eventos violentos en la frontera norte que van mucho más allá de indicadores de muertes violentas, por la naturaleza de las mismas, ya que muchas de ellas, no solo que no son investigadas, sino que literalmente no son parte de registro alguno por las entidades de seguridad y justicia de las provincias fronterizas. 

En el Oficio No. 2018-0199-SZ-E de fecha 05 de febrero de 2018 suscrito por el Crnl. Romel Orlando Tapia Coral, Coronel de Policía de E.M., Jefe de la Subzona Esmeraldas No. 8, que a su vez adjunta el denominado Informe No. 2018-002-SZ-E, de la misma fecha, se narra, con un lujo de detalles —que genera al menos admiración por la simpleza con la se maneja la información— los graves hechos subsiguientes desarrollados a cargo de varios oficiales de la Policía Nacional cuyo accionar deja en claro, al menos en sus propios informes, una falta de profesionalismo y preocupante manejo de recursos, talento humano, medios logísticos, pero sobre todo de la información sensible que se expone en este informe. 

Hechos de relevancia:

El INFORME FINAL DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO ESPECIAL (ESE) DESIGNADO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.- SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE INVESTIGAR LOS HECHOS QUE RESULTARON EN EL SECUESTRO Y ASESINATO DE: JAVIER ORTEGA, PAÚL RIVAS Y EFRAÍN SEGARRA (INTEGRANTES DEL EQUIPO PERIODÍSTICO DEL DIARIO “EL COMERCIO” deja en evidencia una serie de eventos que son concatenados con lo expuesto en el presente informe, en cuanto al manejo de la información y consideraciones de orden operativo, considerando que los antecedentes de violencia en el sector no son nuevos. Sin embargo las acciones ejecutadas dejan en claro que se minimizaron los eventos y advertencias, a punto que desde la Dirección Nacional de Policía Judicial, con fecha 25 de febrero de 2017  es el GraD. Nelson Ramiro Ortega Curipallo (Coronel de Policía en dicha fecha) quien advierte ... "...llegó a conocimiento de esta dirección que el día de hoy a las 02h30 estuvo planificado un atentado con explosivos en el sector de San Lorenzo - Esmeraldas, por parte del grupo de seguridad de (a) Guacho, sin embargo por razones desconocidas el artefacto no detonó, siendo llevado el mismo para ser revisado por un "técnico en explosivos" de este grupo delictivo.- Se desconoce, si el atentado estuvo dirigido para alguna unidad policial o militar del sector.- Sin embargo existe un alto riesgo contra el personal policial del cantón debido a las detenciones realizadas en los últimos meses contra integrantes del grupo "Los del Guacho.- De existir otros datos relevantes se pondrá en conocimiento inmediatamente de la DNPJ... f) Crnl. Ortega Ramiro".

Información que fue manejada como un problema doméstico, cuando ya se advertía el riesgo de un atentado con explosivos, sin precisar el nivel de riesgo, la amenaza que dicho artefacto infería a la población civil y la necesidad adoptar medidas de seguridad inmediatas, urgentes ante el tipo de amenaza. Obviamente, como sucedió, apenas 48 horas después el artefacto explosivo detonó. Pero previamente, de manera coincidente, pese al tipo de riesgo advertido, salieron haciendo uso de sus días libres el Crnl. de Policía William Martínez Medrano, responsable del Distrito San Lorenzo (jueves 25 de enero de 2018), sin que se haya dispuesto una restricción de la circulación, realización de registros móviles a vehículos y personas, así como tampoco se dispuso realizar acciones con las unidades de inteligencia para efectuar trabajos de campo o levantamiento de información sensible ante la naturaleza del evento. El mismo informe del Crnl. Tapia deja en claro la inconsistencia de la información y el medio de la misma, como se desprende del acápite de conclusiones en la que se evalúa el mensaje del Crnl. Ramiro Ortega.

Los tres integrantes de un equipo del Diario El Comercio fueron secuestrados y asesinados. 

Por su parte, mediante el Oficio No. 2018-0204-GIR-PN de 5 de febrero del 2018 dirigido al señor General de Distrito, Mauricio Cenén Gutiérrez Muñoz,. en su calidad de Director General de Operaciones de la Policía Nacional, el Comandante del GIR Encargado, Myor. Juan Toapanta Shunaula, deja en claro que no se destinó personal de dicha Unidad de élite hacia la frontera norte por diferentes motivos, que fueron debidamente indicados a la superioridad, sin que el Director de Operaciones u otras autoridades policiales hayan dispuesto la priorización de equipos o personal especializado ante la gravedad y naturaleza de la advertencia referida, pero cumplieron con misiones de seguridad en la "CAMINATA IEPI", "CHOTA TRAIL", "TRAVESÍA MOUNTAIN TREKKING", "CAMINATA VOLCAN PASOCHOA", seguridad  de Fiscales en el evento de la "LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO" su participación en el "OPERATIVO GRAN IMPERIO", con 26 equipos destinados para ello. 

El día 27 de enero del 2018 se produjo el evento que transformó al país durante casi seis meses en una movilización militar y policial para neutralizar a una célula de los denominados "Grupos Armados Irregulares" que dejaron inicialmente una  secuela de daños materiales de las instalaciones policiales y la destrucción de ventanales, estanterías, puertas, techos y más daños en las edificaciones aledañas al cuartel del Comando de Policía del cantón San Lorenzo, que a su vez dejó varias casas severamente afectadas a 200 mts. a la redonda, y una vez verificado en las casas de salud se constató que habían ingresado 13 personas heridas al Hospital Divina Providencia y 3 personas heridas en el Hospital Tipo C, quienes presentaban heridas leves. 


Los familiares del equipo de El Comercio protestan en la Plaza de la Independencia por las omisiones del gobierno de Lenin Moreno. 

Ya el día viernes 28 de enero del 2018 llegaron al lugar  César  Navas, ministro del Interior; el Dr. Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado, el Ministro de Defensa, el Comandante General de la Policía; el GraD. Mauricio Gutiérrez, Director General de Operaciones de la Policía Nacional, y se organizó una reunión en el COE Cantonal, adoptando medidas de coordinación y de seguridad en la zona; se dispuso igualmente el sobrevuelo de San Lorenzo con personal del FBI, con personal policial que salió de Tachina hasta el sector de San Lorenzo, a fin de que tengan apreciaciones aéreas del sitio donde ocurrió el atentado al destacamento policial. Posteriormente se realizó un sobrevuelo de las áreas aledañas de San Lorenzo para referenciar la situación y posibles amenazas; quienes además realizan coordinaciones con el Crnl. Fausto Olivo, Jefe de la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses, que mantiene la reunión con cuatro agentes del FBI, cuyo coordinador es Gilberto Balli, con quien se realizó el levantamiento de información en el lugar del atentado, realizando además un análisis post explosión de manera conjunta con los delegados de la Policía Nacional y personal de explosivos de Colombia, con representantes de la Fiscalía. 

Operaciones de inteligencia

Como consecuencia de los eventos del 27 de enero de 2018, se despliegan actividades tendientes al levantamiento de la información y la difusión de alertas de inteligencia que permita ejecutar acciones operativas para el decomiso de armas, municiones, identificar amenazas y ejecutar acciones tendientes para ubicar a los principales miembros del denominado "Frente Oliver Sinesterra" (GAOR) liderado por alias Guacho).

El 20 de marzo del 2018 se produjo un segundo incidente con un artefacto explosivo en el sector de El Pan, de la parroquia de Mataje, en contra de una patrulla de la Marina donde fallecieron 4 marinos y 10 quedaron heridos. 

Ex guerrillero de las FARC, Alias Guacho lideraba su propio grupo armado. Foto: Infobae

El 4 de abril del 2018 se produce el atentado en la parroquia de Viche cantón Quinindé en contra de tres torres del Sistema Nacional Interconectado. Luego de tres allanamientos se detuvieron ocho personas, un vehículo, 12 teléfonos celulares y 11 municiones; días después se realizó (11 de abril de 2018) una acción de control con el allanamiento de dos domicilios y la incautación de 190 explosivos y a día seguido la captura de 2220 galones de combustible, una lancha y un motor. 

El 26 de marzo del 2018, luego de que toda la zona fronteriza de la provincia de Esmeraldas se encontraba en estado de emergencia se produjo el secuestro de tres periodistas del diario El Comercio, quienes en cumplimiento de sus labores de información son secuestrados por el denominado "Frente Oliver Sinesterra" (GAOR liderado por alias Guacho) e inmediatamente los secuestradores se contactan vía whatsapp con el Mayor de Policía, Zaldumbide, e inicia una serie de comunicaciones y negociaciones por el medio del servidor policial que no pertenecía al sistema de inteligencia en ese momento, como se desprende del Informe elevado al Sr. Comandante General de la Policía Nacional de fecha 13 de mayo de 2018, suscrito por el señor GraD. Pablo Aguirre Muñoz, remitido mediante Oficio No. 2018-0230-DGI-QX-PN con la misma fecha. 

De igual forma se evidencia las acciones y antecedentes de las eventos del enero del 2018 y subsecuentes del Informe general de actividades realizadas por la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, en relación a la problemática en la frontera colombo-ecuatoriana, sector del Cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, de fecha 13 de mayo de 2018, remitido al Comandante General de la Policía Nacional, mediante Oficio No. 2018-1244-DIAD-DNPJeI de igual fecha suscrito por el Lic. Crim. Enrique Lara Jácome, General de Distrito, Director Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones. Se deja en claro la constitución y operación de un sistema interagencial para identificar potenciales infractores que se encuentre generando delitos en el país. Para el efecto el Crnl. Nelson Ortega Curipallo realiza una presentación para el Comandante General de la Policía con las proyecciones operativas, en función de las acciones de los grupos disidentes de las FARC y otras organizaciones que se acogieron o no al proceso de Paz en la república de Colombia, que han continuado en actividades ilícitas y principalmente vinculadas al narcotráfico en la región de la frontera colombo-ecuatoriana. 


Varios miembros del equipo de Guachi fueron detenidos en la frontera norte. Twitter de la Policía 

La hipótesis general del análisis de más de mil documentos oficiales, entregados a la Asamblea, señala que al iniciar los procesos de desmovilización de los grupos irregulares y de erradicación o sustitución de sembríos de coca auspiciados por el gobierno de Colombia, al existir más de 25.000 hectáreas cultivables en el sector de influencia determinaron una presencia más activa de estos grupos y la vinculación de la población civil del sector. Desde entonces, esto se ha visto reflejado en el incremento de asesinatos y acciones violentas pues entre enero y octubre del 2017 se registraron 125 personas asesinadas, 25% más que todo el año 2016, en que se registraron 103 muertes violentas. Según información del Plan Nacional de Desarrollo, los datos oficiales es que ahora, en el 2021, el promedio de muertes violentas es de 106 muertes por cada 100.000 habitantes al año.

El informe señala que los grupos delictivos operaron en el país por largo tiempo pero las acciones indicadas manifiestan que "las operaciones del narcotráfico en el Ecuador estaban totalmente reguladas, pues no habían existido conflictos de la magnitud que se presentaron luego de la salida del gobierno de Rafael Correa Delgado y su equipo del Ministerio de Interior y Defensa.

"De la misma manera que se evidenciaron lazos entre servidores policiales de inteligencia con estos mismos grupos armados irregulares. Esta pseudo armonía regional se evidencia en la lucha por el control de poder en las macro rutas, las disputas por territorio en el micro expendio a escala nacional e inclusive en la captura de grandes cantidades de sustancias sujetas a fiscalización en todo el territorio nacional. Se han evidenciado igualmente la proliferación de organizaciones delictivas con estructura nacional, pero que cuentan con una logística, comunicación y personas dedicadas a fortalecer estas acciones delictivas con el uso de armas de fuego, técnicas especializadas de guerrilla urbana y rural, la ejecución de múltiples delitos conexos como el secuestro, asesinatos, destrucción de propiedad privada e inclusive el ataque a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional entre otras actividades ilegales en la frontera colombo-ecuatoriana, con la presencia de carteles internacionales principalmente de origen mexicano. 

Durante los últimos 15 años se han desarrollado abiertamente grupos delictivos que responden a carteles internacionales de drogas, que han utilizado semi sumergibles con capacidad de transportar hasta 7 toneladas de drogas, la instalación de laboratorios clandestinos de refinación de drogas dejaron de ser un mito en la frontera para convertirse en una realidad visualizada en la ejecución de los operativos de control; se evidenció el incremento de muertes violentas por oferta, en la modalidad "sicariato" que han generado una inusual escalada de la violencia en el país con eventos inclusive contra personajes de alto perfil público como el caso del Ab. Harrison Salcedo en la ciudad de Quito o el presentador Efraín Rúales en la ciudad de Guayaquil; a ello se debe sumar el incremento de la violencia en el interior de los Centros de Rehabilitación Social, cuya realidad dista mucho del ideal de rehabilitación, por el contrario se han convertido en foco de violencia extrema y un terreno para marcar las líneas del reparto de territorios en el país por parte de las organizaciones delictivas y sus brazos armados.

La respuesta de los Estados, dirigida a neutralizar estos grupos armados con fines delincuenciales (Colombia y Ecuador), ha determinado una escalada de violencia por parte de uno de estos grupos que tuvo su razón de ser en intereses del narcotráfico directamente. Acciones graves  que amenazaron la estabilidad de la región del río Mataje, a ello se debe sumar una serie de actos de extrema violencia que tuvieron lugar entre noviembre de 2017 y abril de 2018. El secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, por parte del grupo FOS, respondió a la misma lógica que impulsó la ejecución de dichos actos. Siendo absolutamente preocupante la forma en que un pequeño grupo de disidentes armados, como parte de estas falanges del narcotráfico, logró presionar al Estado ecuatoriano y obligó a una movilización militar y policial no vista desde 1995. En tanto, dicho grupo buscó con todas esas acciones presionar a las autoridades ecuatorianas a que accedieran a dos exigencias que venían efectuando desde enero del 2018: la liberación de tres miembros de su organización detenidos el 12 de enero de 2018 por autoridades ecuatorianas y la suspensión del acuerdo de Ecuador con Colombia para adelantar acciones ofensivas coordinadas en la frontera. Pretensiones inaceptables desde todo punto de vista como Estado, pero que sobre todo, conforme lo expresado en líneas anteriores, las entidades de seguridad evidenciaron profundas fallas en sus sistemas; fallas que deben ser evaluadas de manera adecuada, pues pueden responder a intereses propios o una lamentable incapacidad de manejar situaciones como las vividas por el país.

Conclusiones del informe:

1. El Ecuador ha demostrado una preocupante incapacidad en el manejo de información crítica en ámbitos de alto impacto, tales como las causas de la conflictividad evidenciada en la frontera norte y de sus secuelas a nivel nacional. Pues de los documentos remitidos a la Asamblea Nacional que han sido materia de análisis, se desprende que la Dirección General de Inteligencia de la Policía, presenta una serie de documentos contradictorios y de liberación de responsabilidades sobre las falencia evidenciadas y no establece ningún correctivo frente a estas falencias indudables. Por el contrario, los principales actores de estas falencias han continuado  sus carreras en el mismo sistema de inteligencia e investigaciones. 

2. Del informe s/n de fecha 14 de mayo de 2018, suscrito por el Subdirector General de Inteligencia, Crnl. Mauro Vargas Villacís, actual General de Distrito y Director de la DGIN de la Policía Nacional, se deja en claro que los pases o traslados policiales que se efectuaban de personal policial a zonas críticas no responde a una lógica de necesidad y capacidad del personal asignado, sino a una suerte de castigo que ha permitido la proliferación de errores y desidia de los Oficiales asignados a puestos de control críticos. A ello se debe sumar una descoordinada relación entre las diferentes instancias institucionales que no ha permitido una control eficiente del cordón fronterizo.

Si bien es cierto que el narcotráfico es un flagelo de alto impacto en toda la sociedad ecuatoriana, los presuntos operativos de búsqueda de alias Guacho solo dejaron clara evidencia de estas falencias expuestas. Se deja en claro igualmente, que según se informa en la investigación periodística “Rehenes”, en que se frustrara la liberación de los secuestrados el 28 de marzo de 2018, noticia difundida por el periódico colombiano El Tiempo esa noche (El Tiempo, “Ecuador espera confirmación de la liberación de periodistas”, publicado a las 9:25 p.m. del 28 de marzo de 2018, disponible en https://www.eltiempo.com/justicia/conflictoynarcotrafico/libresperiodist...), información que las autoridades ecuatorianas y colombianas catalogaron como no veraz-. En efecto, los periodistas Arturo Torres y María Belén Arroyo sostienen que sí existió el referido intento de liberación y atribuyen su fracaso a los ataques y hostigamientos que seproducían la misma noche del 28 de marzo de 2018 en el borde fronterizo. En tal sentido, revelan haber tenido acceso a imágenes en blanco y negro de tres personas que fueron captadas, sentadas inmóviles, en un paraje cercano a la frontera, quienes se hallaban custodiadas por hombres armados que conformaban anillos de seguridad. Los registros fueron presuntamente obtenidos por un aparato de espionaje electrónico de “un organismo de inteligencia” que aquella noche cubrió un radio de varios kilómetros en los sectores de Mataje Nuevo, Mataje Viejo, Las Delicias y otros poblados cercanos (Cfr. Arturo Torres y María Belén Arroyo, “Rehenes”, editorial Vortice, P. 271 (anexo), subrayado fuera de texto. 129 Cfr. Rehenes, Editorial Vortice, P. 203-204 130).

Esa información es coincidente con la publicada por la alianza periodística “Frontera Cautiva” en la crónica Tres vidas perdidas entre demasiadas manos, en la que revelaron que sobre las 18 horas del 28 de marzo de 2018 uno de los fiscales de San Lorenzo recibió la orden de hacer presencia en la base naval de San Lorenzo para recibir allí a los secuestrados quienes serían liberados y trasladarlos por vía aérea hasta Esmeraldas, donde partirían hacia Quito. La misma investigación informó de los mensajes de texto intercambiados por miembros de las fuerzas armadas ecuatorianas referidos al intento de liberación, remitidos por una fuente desconocida a uno de los periodistas, que en la jerga militar indicaron: “[…] QTH F/4 recibiendo fritada 3 periodistas retenidos por irregulares 26032018. Estarían siendo liberados a 1 Km de Mataje y llevados a RTNM y de Mataje-San Lorenzo para disposición final. Estoy confirmando si hay fritada positivo envío material. Mantén línea tengo mi gente adentro. QAP 7/3” (Cfr. Frontera Cautiva, “tres vidas perdidas entre demasiadas https://forbiddenstories.org/es/tres-vidas-perdidas-entre-demasiadas-manos 132 manos”). 

En paralelo, otra información alusiva a los operativos militares y de policía presuntamente realizados durante el cautiverio del equipo periodístico de El Comercio, estaría contenida en la versión del líder comunitario de Puerto Rico a la que ya se ha hecho mención, incorporada al Informes de Investigador de campo FPJ-15 del 21 de mayo de 2018, quien no sólo refirió haber sido testigo de la llegada de los hombres del FOS en horas de la tarde del 11 de abril de 2018 a esa vereda de Tumaco con los cadáveres de quienes dijeron eran los periodistas, sino también cómo éstos dijeron que los habían matado por orden de Guacho, dado que ese día el Ejército realizó hostigamientos en el sector del Brisas de Mataje, hechos de los que habrían sido testigos varios habitantes del sector.

3. Se evidencia igualmente que las instituciones del Estado ecuatoriano, pese a que existía un Comité de Crisis, adoptaron diferentes acciones por separado sin que sea puestas en conocimiento o coordinación del referido Comité; existiendo un agravante en la permanente filtración de información que inclusive se publicaba en redes sociales, dejando evidenciada las filtraciones de información y la vulnerabilidad existente en los sistemas de inteligencia en su conjunto. De la misma manera que es necesario entender que estos procesos requieren igualmente de un trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado y sus diferentes estamentos, tanto más que se trata del análisis de información relacionada con el accionar de grupos violentos relacionados con Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), que a su vez se han constituido en brazos armados de carteles internacionales del narcotráfico, y para ello, es igualmente importante revisar las acciones ejecutadas por la Dirección General de la Policía Judicial y la realización de diferentes coordinaciones interagenciales, pues es el Estado el interesado para que se concreten acciones eficaces de control. 

4. Es necesario entender que corresponde a las diferentes carteras de Estado instaurar condiciones claras pues, al margen de las discusiones que pueden suscitarse acerca de si en la actualidad tales estructuras del crimen organizado pueden reunir las condiciones objetivas para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, DIH, como actores de un conflicto armado interno, se advierte la posibilidad de una instrumentalización del DIH, como si se tratase de un vehículo que autoriza el uso de lo fuerza letal. Al respecto, el ESE encuentra pertinente recordar lo expresado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando señaló:

“el DIH no fue creado para que el esfuerzo bélico se realice con mejores o más eficaces métodos, sino que procura establecer límites para proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades o que dejan de hacerlo. El DIH no es permisivo, no autoriza comportamientos o conductas en el ámbito de la guerra. Por el contrario, sus normas constituyen un catálogo de prohibiciones que protegen a las personas y bienes. La interpretación de la Corte Constitucional ha establecido que: “(…) el derecho humanitario en manera alguna legitima la guerra. Lo que busca es garantizar que las partes en contienda adopten las medidas para proteger a la persona humana.”

Las normas que conforman el DIH no constituyen desde ningún punto de vista beneficios para la conducción de las hostilidades, ni ventaja militar para ninguno de los actores que participan en las confrontaciones, sean estatales o no estatales. En ese entendido, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que: “Todos los actores armados, estatales o no estatales, están entonces obligados a respetar estas normas que consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado.” y agrega: “Tampoco puede uno de los actores armados alegar el incumplimiento del derecho humanitario por su contrincante con el fin de excusar sus propias violaciones de estas normas, ya que las limitaciones a los combatientes se imponen en beneficio de la persona humana. Por eso, este derecho tiene la particularidad de que sus reglas constituyen garantías inalienables estructuradas de manera singular: se imponen obligaciones a los actores armados, en beneficio no propio sino de terceros: la población no combatiente y las víctimas de ese enfrentamiento bélico.”

Ante la existencia de una conflictividad real e inminente que vulnera la seguridad ciudadana en el Ecuador, se torna en necesario asumir esta realidad para los procesos de capacitación del personal encargado de la seguridad y aseguramiento de personas e instalaciones así como de los actores judiciales y que permiten la judicialización para enfrentar estas nuevas amenazas para la seguridad de los ecuatorianos.