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30 de Noviembre del 2023
Historias
Lectura: 36 minutos
30 de Noviembre del 2023
Redacción Plan V
Los secretos de la deuda con China salen a la luz
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Katerine Erazo, Paúl Mena y Christian Zurita en la presentación de la investigación. Foto: Cortesía

 

El timón de las negociaciones para el financiamiento, desde la etapa precontractual, lo tuvo la banca china, al imponer casi todas las condiciones: desde las exigencias de contratación de empresas estatales chinas para la construcción de las obras y el aseguramiento de los créditos, hasta candados para evitar la cancelación de los contratos de construcción por incumplimientos del contratista.


Los secretos de la deuda china es el título de la investigación que Fundación Milhojas presentó el martes 28 de noviembre, en Quito. Un equipo de periodistas investigadoras, coordinado por el periodista Christian Zurita, examinó, clasificó y relacionó más de 5000 archivos reservados que fueran obtenidos por Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto del 2023 en Quito, y obtuvo las conclusiones y el mecanismo de cómo operó una maquinaria de endeudamiento con el gogante asiático que significó onerosas pérdidas para el Ecuador, en varios sentidos. 

El informe ha sido presentado en tres formatos: un libro de papel de 255 páginas, un micrositio en www.milhojas.is y un eBook. Las autoras del la investigación dilucidad lograron dilucidar y exponer la complejidad y exigencias del financiamiento chino mediante 12 historias, las cuales involucran a 32 altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa Delgado (2007-2017)

Visite el Micrositio LOS SECRETOS DE LA DEUDA CN CHINA.

Christian Zurita, periodista de investigación, fue el coordinador del informe. Foto X, Christian Zurita

Plan V presenta a sus lectores e interesados en el tema, el prólogo de esta investigación, que fue realizada por: Katerine Erazo, Crisitna Solórzano, Mercedes Álvaro y María Elena Verdesoto; y editado por Martha Roldós Bucaram.

Los secretos de la deuda china

A partir del primer mandato del expresidente Rafael Correa se dio un punto de quiebre en el cual el endeudamiento con la nación asiática creció exponencialmente. La deuda con la República Popular China se convirtió en la mayor de Ecuador. Pero ¿estamos solo ante un cambio cuantitativo con un nuevo acreedor o hubo un cambio cualitativo en las condiciones de endeudamiento en el país? Más allá de la información, per se difícil de conseguir, ¿cómo entender lo que estaba pasando esos
años?

Existen varios marcos conceptuales para analizar el proceso de endeudamiento de Ecuador y, específicamente, los contratos de financiamiento suscritos con la República Popular China. Por un lado, está el establecido en el Informe final de la auditoría integral de la deuda ecuatoriana, elaborado por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC). Por otra parte, nos resulta también útil el concepto de capitales corrosivos, propuesto por Center for International Private Enterprise (CIPE) y desarrollado en el análisis del caso ecuatoriano en inversiones chinas.

CAIC se creó el 9 de julio de 2007, mediante el Decreto Ejecutivo 472, como «la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el proceso de contratación y/o renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos, y la ejecución de los programas y proyectos que se financien con deuda interna y externa, con el fin de determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia…».

Una apuesta ambiciosa que apuntaba a que dicha auditoría permitiera también «identificar las deudas legítimas e ilegítimas, establecer la corresponsabilidad de los acreedores y sentar precedentes para un
manejo justo y responsable de cualquier nuevo endeudamiento». Esta, que fue la promesa de campaña de Rafael Correa, constituyó también, durante su Gobierno, el discurso enarbolado para justificar otro de los golpes de imagen del régimen, que apelaba a los sentimientos de patriotismo y defensa de la soberanía y prometía descubrir las irregularidades cometidas en el proceso de endeudamiento público de Ecuador.

La auditoría consideró también que la deuda pública se caracterizaba por la falta de transparencia y por ser manejada de tal forma que aumentaba la dependencia del país hacia nuevos y crecientes créditos, hasta el punto de convertir el endeudamiento en un sistema de concertaje financiero internacional.

El informe de CAIC identificó las condicionalidades que caracterizaron el proceso de endeudamiento, resaltando que los intereses del país fueron afectados porque se coartó cualquier acto de defensa que pudiera intentar el Estado en caso de injerencia en asuntos internos, renuncia a la inmunidad soberana y el derecho a la defensa y la reclamación, e irrespeto a los instrumentos internacionales de derecho.

La auditoría consideró también que la deuda pública se caracterizaba por la falta de transparencia y por ser manejada de tal forma que aumentaba la dependencia del país hacia nuevos y crecientes créditos, hasta el punto de convertir el endeudamiento en un sistema de concertaje financiero internacional.

Paradójicamente, pese a los cuestionamientos y las advertencias planteados en esta auditoría ordenada por Rafael Correa, las condiciones en las que se contrajeron los posteriores créditos contratados con la República Popular China estuvieron caracterizadas por un nivel de opacidad como no se había visto antes en el país. La propia institucionalidad del Estado y sus políticas fueron ajustadas a la demanda de secretismo que planteaban los acreedores. Tales condiciones son expuestas en esta investigación.

Para analizar las modificaciones a la institucionalidad del Estado, incorporamos al análisis el concepto de capitales corrosivos, expuesto en el estudio Las inversiones chinas en Ecuador: análisis y propuestas de mejora institucional, publicado por CIPE y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

Por capitales corrosivos, CIPE se refiere «al financiamiento que carece de transparencia, rendición de cuentas y orientación al mercado que fluye de los regímenes autoritarios a las democracias nuevas y en transición». Sobre la falta de transparencia, el estudio señala que esta se da «mediante la inclusión de cláusulas de confidencialidad en los documentos contractuales». Según el mismo documento, los capitales corrosivos promueven y se aprovechan de un déficit de fiscalización en sus países destinatarios, donde suelen evitar los controles institucionales y, debido a tal falta de transparencia, no pueden ser sometidos al debate y el escrutinio públicos.

CIPE también enfatiza que, en los flujos de capitales corrosivos, priman consideraciones políticas o estratégicas sobre la eficiencia y la lógica de mercado. Para este organismo es difícil caracterizar los capitales chinos porque, a veces, entran en formas que parecen mixtas. En el caso ecuatoriano, el endurecimiento de las condiciones del mercado financiero internacional después de la declaratoria por parte del expresidente Rafael Correa de ilegitimidad del 91 % de la deuda pública y su anuncio de no pago llevó al Gobierno a buscar apoyo de la República Popular China para conseguir crédito e inversión inmediatos a cambio de comprometer el petróleo y entregar la ejecución de los proyectos.

Rafael Correa lideró importantes cambios institucionales para concentrar el poder, incluida la expedición de una nueva Constitución. Luego se diseñó un compendio de leyes y códigos normativos para regular desde el funcionamiento de las empresas y la contratación públicas hasta los procesos de aprobación de endeudamiento externo.

El concepto triángulo de hierro —originalmente acuñado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y retomado por CIPE—, que consiste en que los bancos chinos prestan el dinero a condición de que se contrate la construcción de las obras con empresas chinas, es parte de las imposiciones del país asiático que revelamos en relación con los diez proyectos de infraestructura seleccionados para nuestra investigación.

La pertinencia del concepto capitales corrosivos en el caso ecuatoriano resulta evidente. Las condiciones que estipulaban los contratos de endeudamiento con la República Popular China necesitaban de un entorno institucional y legal favorable. Es indispensable recordar que el expresidente Rafael Correa lideró importantes cambios institucionales para concentrar el poder, incluida la expedición de una nueva Constitución. Luego se diseñó un compendio de leyes y códigos normativos para regular desde el funcionamiento de las empresas y la contratación públicas hasta los procesos de aprobación de endeudamiento externo. Además, se introdujo una modificación a una norma estratégica que aumentó la discrecionalidad del Correato para el endeudamiento público. El Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) establecía un método de cálculo del indicador deuda/PIB, que no podía sobrepasar el límite legal de 40 %, pero, con el Decreto Ejecutivo 1218, del 20 de octubre de 2016, se cambió la metodología, dejando fuera los indicadores de la deuda interna con entidades públicas y, sobre todo, las preventas de petróleo.

Todos estos cambios, unidos a la refuncionalización de normas anteriores, como las Alianzas Estratégicas existentes entre Estados desde 2002, facilitaron al Gobierno de Rafael Correa eludir controles y contrapesos y le permitieron firmar oscuros acuerdos de crédito con China, además de contratar sin licitación abierta a empresas chinas para construir los proyectos para los que estaban destinados tales préstamos.

En tan solo un año, entre 2006 y 2007, la inversión extranjera directa de la República Popular China en Ecuador creció exponencialmente al pasar de USD 11,90 millones a USD 84,80 millones. Los créditos bilaterales también escalaron durante los sucesivos Gobiernos de Rafael Correa. En 2007, la deuda con el país asiático era de aproximadamente USD 7 millones y, diez años después, bordeaba los USD 7 500 millones. A partir de 2016, la relación bilateral de Ecuador con China tiene oficialmente el estatus de Asociación Estratégica Integral.

La República Popular China entregó a Ecuador más de USD 24 000 millones en créditos bilaterales mediante su banca estatal y comercial, los mismos que están desglosados en el estudio de CIPE y FCD. Primero, se identificaron USD 22 589,60 millones otorgados entre 2010 y 2019, a través de Export-Import Bank of China (EXIMBANK) y China Development Bank (CDB). Y, luego, están los contratos de financiamiento firmados por el Gobierno central y EP PETROECUADOR con las instituciones comerciales Bank of China e Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), respectivamente, por USD 1 662 millones, entre 2013 y 2016.

las autoridades de control tuvieron problema para acceder a los documentos originales de la deuda. El pico del endeudamiento con China se dio en 2016. Desde entonces ha habido un descenso sostenido de los saldos de la deuda debido a que cesó la contratación de nuevos créditos con el país asiático durante el Gobierno de Lenín Moreno.

Ningún otro país ha tenido un nivel tan elevado de acreencias con Ecuador como la nación asiática. Al momento que escribimos este libro, solo la deuda con los organismos multilaterales bordea los USD 24 000 millones.

Otro elemento que debe destacarse en cuanto a la transparencia en este tema es que no existe información oficial que haya consolidado la deuda total con China, es decir que sume la bilateral con la proveniente de los contratos por ventas anticipadas de petróleo. Lo difundido por el Ministerio de Finanzas ha sido la evolución de los saldos de la deuda bilateral con la República Popular China, de lo cual se puede establecer que el saldo más alto se alcanzó en 2016 con USD 8 144 millones. El entorno de secretismo en el endeudamiento con China fue destacado por el Reporte de sustentación legal sobre la auditoría de la deuda pública del Ecuador, preparado, para la auditoría de la deuda externa de 2012 a 2017, por la Contraloría General del Estado (CGE) Acuerdo 024-CG-2017, del 31 de julio de 2017.

Incluso las autoridades de control tuvieron problema para acceder a los documentos originales de la deuda. El pico del endeudamiento con China se dio en 2016. Desde entonces ha habido un descenso sostenido de los saldos de la deuda debido a que cesó la contratación de nuevos créditos con el país asiático durante el Gobierno de Lenín Moreno.

Con el inicio de la pandemia de COVID-19, a inicios del 2020, se complicó la capacidad de pago de Ecuador, lo que condujo a los Gobiernos de Moreno y Guillermo Lasso a reestructurar los créditos para lograr, sobre todo, ampliaciones de plazos para el pago de capital.

A febrero de 2023, solo la deuda con la banca china se ubicaba en USD 3 813,80 millones, de acuerdo con cifras del Observatorio Fiscal. Este monto representa el 8,08 % del total de la deuda externa.

Este libro no pretende solamente hacer arqueología. Reflexionar sobre las características de nuestra relación con la República Popular China en materia de inversión y endeudamiento durante la década del Correato es fundamental no solo para evaluar la experiencia del país en esas materias, sino también para plantear los cambios y la continuidad que tal relación enfrenta en el presente y cómo se proyecta en el futuro de Ecuador en un escenario local, regional y global, donde la presencia de la nación asiática tiene enorme impacto en la economía y la institucionalidad ecuatorianas.

Actualmente, Ecuador se propone avanzar con la firma de un Tratado de Libre Comercio con China, cuyas negociaciones se cerraron técnicamente en diciembre de 2022, año en que este país asiático superó a Estados Unidos y la Unión Europea como principal destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, luego de un incremento del 57 % respecto a las exportaciones de 2021. Otro hito en la relación de Ecuador con China en 2022 fue el «reperfilamiento» de la deuda con CDB, por USD 1 395 millones, y EXIMBANK, por USD 1 832 millones, en condiciones que, según las autoridades ecuatorianas, generarían un alivio de USD 1 400 millones en el servicio de la deuda hasta 2025.

Las preventas comprometieron la mayor parte de la producción petrolera del país. Los costos y las tasas financieras vinculados a ellas desvirtuaban el hecho de que fueran una mera exportación. Nos encontramos con un escenario de crédito prendario.

Nuestros investigadores accedieron a los documentos originales de varios contratos de deuda para proyectos de inversión y preventa de petróleo para exponer y analizar sus condiciones, tasas de interés y comisiones secretas, y evidenciaron la precisión con la que funcionó el andamiaje institucional y legal creado durante el Correato para viabilizar las exigencias chinas a cambio de entregar el financiamiento.

Las preventas comprometieron la mayor parte de la producción petrolera del país. Los costos y las tasas financieras vinculados a ellas desvirtuaban el hecho de que fueran una mera exportación. Nos encontramos con un escenario de crédito prendario.

El presente trabajo analiza también diez proyectos de inversión realizados con endeudamiento chino a partir de contratos mantenidos por años «bajo reserva». La explicación detallada sobre tales instituciones financieras, contratistas chinos y principales protagonistas involucrados, con sus respectivos perfiles, es un aporte para el análisis de las condiciones prevalecientes en torno a esos proyectos, cuya sombra se proyecta en el presente y el futuro del país.

Además, revisamos los entretelones de la ejecución de las obras de infraestructura hidroeléctrica, de transmisión de electricidad hidráulica, así como proyectos viales e, incluso, de infraestructura educativa financiados con aquellos recursos.

La estructuración de los créditos y los mecanismos de implementación de las preventas y los proyectos de inversión son diferentes, por lo tanto, el libro cuenta con dos secciones.

En la Sección I, titulada «La deuda china y los contratos petroleros», abordamos las preventas petroleras, sus actores y las modalidades de crédito, presentadas como contratos de venta a largo plazo asociados a financiamiento. Analizamos con minuciosidad los diferentes contratos de los sucesivos Gobiernos de Correa y sus modificaciones, lo cual es un hito para la literatura de deuda en el país. También revisamos la renegociación de tales contratos durante el Gobierno de Lenín Moreno. No nos quedamos solo en el aspecto financiero de estos créditos presentados como preventa, sino que analizamos además las condiciones de entrega del crudo y el uso de la figura de Alianzas Estratégicas para obviar los mecanismos de control en la comercialización del crudo. Presentamos en detalle, incluso, las fórmulas para el cálculo del precio del barril y pudimos constatar el perjuicio económico de estas operaciones para el país. Finalmente, revisamos los exámenes realizados por CGE a los contratos petroleros y los informes de responsabilidad penal que de ellos se desprendieron.

En la Sección II, «Créditos directos para proyectos de infraestructura», presentamos los créditos que se dieron en los sectores de generación y transmisión eléctrica —a los que el discurso oficial bautizó como obras para «cambiar la matriz energética del Ecuador»—, los proyectos de vialidad e hidráulicos a los que se consideraba obras para «cambiar la matriz productiva» y otros proyectos, como los de infraestructura educativa, que no solo eran obras infraestructura en sí, sino que estaban revestidas de la retórica refundacional de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa.

En el primer capítulo, «Coca Codo Sinclair, obra que abrió la puerta al endeudamiento con China», analizamos este emblemático proyecto de la llamada Revolución Ciudadana, las circunstancias y las condiciones del crédito, los actores involucrados y los problemas en su implementación.

La subsección titulada «Proyectos de cambio de la matriz energética» abarca los contratos de financiamiento para la generación y la transmisión eléctrica a través de centrales hidroeléctricas. En este apartado, hay cuatro capítulos.

En el primero, «Coca Codo Sinclair, obra que abrió la puerta al endeudamiento con China», analizamos este emblemático proyecto de la llamada Revolución Ciudadana, las circunstancias y las
condiciones del crédito, los actores involucrados y los problemas en su implementación.

El segundo capítulo es «Minas San Francisco, una de las joyas apetecidas por el dragón asiático» y analiza un proyecto financiado por CDB y EXIMBANK. A diferencia del proyecto anterior, donde la voluntad presidencial estuvo detrás de su formulación, en este vemos actuando la dupla Glas/SENPLADES, en referencia a Jorge Glas, entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos y posteriormente vicepresidente, y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que validaban este tipo de obras por estar dentro de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir.

En el contrato de este crédito es llamativa la renuncia de Ecuador a proteger sus activos en dos incisos sobre inmunidad soberana. Esta cláusula se repetiría en otros contratos de crédito. También se destaca la actuación de China Export & Credit Insurance Corporation (SINOSURE), que no solo actúa como una aseguradora, sino que juega como una calificadora de los créditos que entrega China.

El tercer capítulo es «Paute-Sopladora, otra megatrama de secretismo y sumisión a China». La edulcorada retórica de soberanía energética no puede ocultar el atropello de las consideraciones ambientales en esta obra. En Paute-Sopladora se analizan incluso las irregularidades en torno al Consorcio Consultor Hidroaustral, contratado para manejar y fiscalizar el proyecto pese a no tener registro en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a más de millonarias comisiones, retrasos y multas.

El cuarto y último capítulo es «Sistema de Transmisión, obra con 500 kV de irregularidades», en el que, además de las condiciones del crédito, se destacan las irregularidades en la ejecución de la obra. Se exponen también todas las onerosas condiciones adicionales al crédito. El corolario de estos costosos préstamos es que el país aún no alcanza la famosa autonomía energética que esperaba lograr y todavía depende, en parte, de la generación termoeléctrica.

El tercer capítulo es «Paute-Sopladora, otra megatrama de secretismo y sumisión a China». La edulcorada retórica de soberanía energética no puede ocultar el atropello de las consideraciones ambientales en esta obra.assinci pidiae.

En la subsección titulada «Proyectos de cambio de la matriz productiva», se desarrollan dos apartados: «Infraestructura vial» e «Infraestructura hidráulica». El apartado «Infraestructura vial» comprende tres capítulos.

En el primero, titulado «La banca china incumplió plazos de desembolsos para carreteras», analizamos cómo los retrasos para la entrega de financiamiento de diez carreteras generaron costos que terminaron siendo asumidos por el Estado ecuatoriano, ya que existía una cláusula por la cual «el agente de crédito no es responsable de ningún retraso».

En el segundo capítulo, «Duras condiciones crediticias para tres carreteras, hoy deterioradas», tratamos sobre las condiciones de crédito En el contrato de este crédito es llamativa la renuncia de Ecuador a proteger sus activos en dos incisos sobre inmunidad soberana. para tres carreteras adicionales. Destaca aquí nuevamente la trascendencia de SINOSURE. También se resaltan en este proceso su opacidad y la pérdida de la inmunidad soberana.

En el segundo capítulo, «Duras condiciones crediticias para tres carreteras, hoy deterioradas», tratamos sobre las condiciones de crédito para tres carreteras adicionales —la yapa—. Destaca aquí nuevamente la trascendencia de SINOSURE. También se resaltan en este proceso su opacidad y la pérdida de la inmunidad soberana

En el tercer capítulo, «Prolongación Simón Bolívar, obra beneficiosa, pero con 14 kilómetros de anomalías», se revisan las condiciones del crédito que se dan en los contratos anteriores, como opacidad y costos adicionales. Si bien se destaca la utilidad del proyecto, también se señala el incumplimiento de las recomendaciones de dos informes de CGE, que hacían observaciones a la ejecución. Además, se recalca que la declaratoria de Régimen Especial para la realización de la obra allanó el camino para que se firmasen cuatro contratos complementarios.

En el apartado «Infraestructura hidráulica» se desarrollan dos capítulos.

El primero se titula «USD 300 millones para obras de control de inundaciones sin estudios técnicos ni ambientales». En este capítulo vemos otra característica de los créditos otorgados por las instituciones
financieras de la República Popular China, la de minimizar la importancia de los estudios previos, ya sea en lo ambiental o lo social.

Además, el llamado triángulo de hierro queda más que evidenciado en este proyecto, en el que el país no solo debió contratar con una empresa china para la ejecución de la obra, sino que, incluso, los desembolsos del crédito fueron a cuentas internacionales de la contratista china.

En el segundo capítulo, «Plan Hidráulico Santa Elena, otra obra inundada de controversia», nos encontramos con las mismas condiciones abusivas, acompañadas con una lluvia de observaciones de CGE a la ingeniería y la ejecución del proyecto en sus diversas etapas, realizadas por una empresa china, nuevamente con la mayor opacidad.

En la última subsección, «Otros proyectos», sobre infraestructura educativa, tenemos un solo capítulo: «Escuelas del Milenio, el costoso espejismo que provocó mayor marginación escolar». La inclusión de este capítulo puede generar sorpresa en el lector pues hemos estado analizando proyectos en áreas estratégicas, sin embargo, este crédito es uno de los más claros ejemplos de hasta dónde llegaban las demandas de los acreedores de la República Popular China y los contratistas de ese país, y cuán interiorizadas estaban estas por parte de las autoridades locales. Este proceso de contratación exhibe el preponderante rol de SINOSURE, la aseguradora china que cambió desde los porcentajes de anticipo hasta las multas. Además, una de las condiciones para obtener el crédito para la construcción de las Escuelas del Milenio fue que también se suscribiera un contrato único que abarcara la totalidad del mobiliario, los equipos y los menajes de las 200 unidades educativas.

una de las condiciones para obtener el crédito para la construcción de las Escuelas del Milenio fue que también se suscribiera un contrato único que abarcara la totalidad del
mobiliario, los equipos y los menajes de las 200 unidades educativas.

El impacto social de este proyecto es controversial, con señalamientos de que, por sus características homogeneizadoras, en lugar de incorporar más alumnos de sectores vulnerables, los ha expulsado por la dificultad del acceso.

Finalmente, entre algunos de los hallazgos de este trabajo, confirmamos que las llamadas preventas de petróleo eran, en realidad, préstamos con costosas tasas de interés, respaldados por barriles de petróleo, con precios fijados en detrimento del país y turbios intermediarios que prosperaban en el transporte y la entrega del crudo. Es decir que el mecanismo de venta anticipada de petróleo fue usado por China para hacer negocios y no para suplir una demanda energética, pues el petróleo ecuatoriano nunca entró a esta nación asiática. La necesidad del Gobierno de enmascarar estas operaciones de crédito radicaba en disposiciones legales vigentes que limitaban el endeudamiento que Ecuador podía asumir.

En cuanto al financiamiento de los proyectos de infraestructura, el análisis expuesto en este libro nos permitió confirmar patrones e identificar peculiaridades bajo los cuales funcionó el modelo chino en Ecuador. El timón de las negociaciones para el financiamiento, desde la etapa precontractual, lo tuvo la banca china, al imponer casi todas las condiciones: desde las exigencias de contratación de empresas estatales chinas para la construcción de las obras y el aseguramiento de los créditos, hasta candados para evitar la cancelación de los contratos de construcción por incumplimientos del contratista.

También llama la atención la cláusula de inmunidad soberana, mediante la cual el país tenía que renunciar a cualquier reclamo de inmunidad de gran parte de sus activos, en caso de surgir algún procedimiento legal respecto al crédito.

Otra particularidad de los contratos de infraestructura financiados por China fue la participación de varios brazos financieros de un mismo banco, mediante los cuales se subdividieron los créditos en diversos tramos. Por ejemplo, el sindicato de bancos conformado por Bank of China Limited Sucursal Beijing, Bank of China Limited Sucursal Panamá y Deutsche Bank AG Sucursal Hong Kong, que financió el proyecto de ejecución de diez carreteras; o el grupo liderado por Deutsche Bank AG Sucursal Hong Kong, en el que también participaron los bancos Bank of China Limited Sucursal Beijing, Sucursal Panamá y Sucursal Liaoning, para el crédito destinado al Proyecto Nueva Infraestructura Educativa —200 Escuelas del Milenio—.

Como se puede evidenciar, también en esta estructura de financiamiento está la participación de banca extranjera, además de la banca binacional, como, por ejemplo, Deutsche Bank Sucursal Hong Kong y Deutsche Bank Sucursal Beijing. No está clara la razón de introducir más instituciones que intermediaran estos créditos.

En unos documentos contractuales, William Vásconez,  personaje, funcional a los intereses y los planes del Gobierno de la Revolución Ciudadana, firmó como William y, en otros, como Willam. Asimismo, en unos documentos, figura como subsecretario de Crédito Público y, en otros, como subsecretario de Financiamiento Público.

Para concretar los contratos de deuda con la banca china, el Gobierno ecuatoriano utilizó todo un andamiaje legal e institucional que le permitió negociar y aprobar los créditos sin mayores obstáculos. La maquinaria burocrática funcionaba de tal forma que, en un solo día, varias autoridades emitían los informes necesarios para avanzar en los procesos de contratación de la deuda.

En este proceso, al menos diez altas autoridades como Patricio Rivera y Fausto Herrera, exministros de Finanzas; René Ramírez, exsecretario nacional de Planificación y Desarrollo; William Vásconez, entonces subsecretario de Financiamiento Público; Diego García, exprocurador general del Estado; y Madeleine Abarca, exsubsecretaria de Crédito Público, encabezadas por Jorge Glas, fueron fichas clave para facilitar este endeudamiento.

En unos documentos contractuales, William Vásconez,  personaje, funcional a los intereses y los planes del Gobierno de la Revolución Ciudadana, firmó como William y, en otros, como Willam. Asimismo, en unos documentos, figura como subsecretario de Crédito Público y, en otros, como subsecretario de Financiamiento Público. A las autoridades que investigan estos contratos les tocará determinar si se trató de un error de buena fe o una estrategia para evitar responsabilidades. Es importante anotar que, sobre este particular, ninguna autoridad alertó ni pidió que se lo corrigiera. Vásconez Rubio está presente en los diez proyectos analizados en esta investigación y es quien convirtió a la Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas en uno de los principales centros desde donde operó uno de los más grandes y ágiles sistemas de corrupción gubernamental instrumentada con China

Este análisis incluye un mapa de estos y otros actores que gestionaron el financiamiento ante el Gobierno chino mediante visitas a sus autoridades, así como a través de la agilización de trámites, convocatorias, aprobación de informes, emisión de certificaciones y avales indispensables hasta culminar con la contratación de los créditos.

Vale destacar el hecho de que varios documentos fundamentales y habilitantes para la aprobación fueron suscritos por funcionarios subrogantes o encargados, no por los titulares. Esta política de endeudamiento implantada por el Correato incluso tuvo la anuencia de las autoridades de control. Por ejemplo, la Procuraduría General del Estado (PGE) aceptó que las disputas comerciales se resolvieran en la Corte Internacional de Arbitraje de Londres y en idioma inglés, hecho que contradecía la filoso¢a del Gobierno de Rafael Correa respecto a la soberanía, en la que se basó para abandonar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI).

Contrario a lo que sucede con los organismos multilaterales, los prestamistas chinos no contemplan, entre sus condiciones previas a la entrega de recursos, la existencia de estudios de prefactibilidad, factibilidad e impacto ambiental de los proyectos. Tampoco verifican el cumplimiento de diseños y especificaciones técnicas, ni de plazos por parte de los contratistas, lo que explica los graves problemas que presentan las obras entregadas.

Los sobornos vinculados a las llamadas preventas petroleras han dado lugar a demandas en Estados Unidos por blanqueo de capitales en las cuentas de los funcionarios de EP PETROECUADOR y las intermediarias que medraron de la comercialización de un crudo que, según lo estipulado en los contratos, debía ir a China y nunca llegó.

A ello se suma que los costos de estos proyectos de infraestructura financiados por China terminaron duplicándose o hasta triplicándose en relación con los valores inicialmente anunciados y no cumplieron a cabalidad con los objetivos con los que se justificaron su endeudamiento y construcción.

Otro aspecto relevante, tanto en los créditos con garantía petrolera, llamados preventas, como en algunos de los otorgados por instituciones financieras de la República Popular China para proyectos de inversión, es que hemos encontrado casos tanto de incumplimientos en la ejecución como de abierta corrupción que han sido judicializados tanto en el país como en cortes internacionales.

Los sobornos vinculados a las llamadas preventas petroleras han dado lugar a demandas en Estados Unidos por blanqueo de capitales en las cuentas de los funcionarios de EP PETROECUADOR y las intermediarias que medraron de la comercialización de un crudo que, según lo estipulado en los contratos, debía ir a China y nunca llegó.

En los créditos para proyectos de infraestructura, el ejemplo más claro de corrupción es el de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, el primer megaproyecto financiado con crédito chino, ahora señalado por delitos e irregularidades tanto en la contratación del crédito como en su ejecución por parte de la corporación china Sinohydro Corporation (SINOHYDRO).

La obra emblemática ha terminado en un proceso judicial por cohecho —el Caso SINOHYDRO— y un impasse entre el Gobierno ecuatoriano y la empresa constructora por la entrega de una obra de ingeniería con más de 17 000 fisuras. Además, en el caso de cohecho han sido involucradas
figuras relevantes de la dirección de las empresas chinas, que también aparecen en otros casos.

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