El 10 de enero del 2018, el ex presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO EP, Edisson Garzón, escribió una carta al presidente de la República, Lenín Moreno, quejándose de las deudas que la estatal Seguros Sucre tenía con nueve empresas estatales. Entre ellas: Celec, Tame, CNT, Petroecuador, Petroamazonas, Astinave, CNEL, Correos del Ecuador y la UNA. Estas empresas habían tenido siniestros, que a esa fecha, la aseguradora estatal no había liquidado, por USD 206,6 millones. Estas empresas tampoco habían sido liquidadas por los siniestros durante el terremoto del 12 de abril del 2016. La deuda ascendía a USD 25,6 millones. Meses más tarde, cuando Garzón se vio obligado a renunciar, hubo una segunda carta con el mismo reclamo, por un monto menor. Pero la deuda se mantenía.

Garzón estaba en el cargo desde el 18 de octubre del 2017. Había reemplazado a Jorge Wated Reshuan, quien estuvo en esas funciones desde el 24 de mayo del 2017. Garzón, ingeniero ambateño, llegaba de un colectivo llamado Proponle al Futuro, que integró el Consejo Consultivo Productivo y Tributario que fue creado por el primer mandatario el 22 de junio de este año.

Los motivos del director Garzón tenían que ver con los reclamos de los gerentes de las empresas estatales. En sus reuniones habían coincidido en que "existe reincidencia en incumplimientos por parte de la mencionada aseguradora, respecto a la falta de pago de indemnizaciones de siniestros, lo que ha provocado que las diferentes empresas públicas, coordinadas, impongan demandas y sustancien largos litigios contra la ya mencionada aseguradora, a fin de garantizar la cobertura de los bienes asegurados".

El director Garzón denunciaba al Presidente Moreno que "es inconveniente  y resulta improcedente que empresas públicas que mantienen litigios  y procesos de mediación  con la compañía Seguros Sucre, por el incumplimiento de obligaciones contraídas en la contratación de pólizas de seguro, tengan la obligación de seguir contratando y renovando pólizas con la mencionada aseguradora, no solo por la inseguridad y falta de confianza que genera, sino porque la misma ya ha causado graves perjuicios a las empresas públicas, es decir, contra el Estado". 

Los gerentes de las empresas públicas, por intermedio de Garzón, pidieron al presidente Moreno que considere que "es indispensable que la administración de cada empresa tenga la autonomía de contratar, mediante procesos transparentes y participativos, conforme a la Ley, a otras empresas aseguradoras  que tienen la capacidad y pueden brindar y garantizar mejores y mayores condiciones de cobertura en las pólizas de seguros, con un mejor costo y servicio, excluyendo de dichas contrataciones a los asesores de seguros  y brokers, por cuanto el servicio prestado de dichas empresas tiene un costo elevado, frente a los precios ofertados por las otras aseguradoras".

Los administradores de las empresas hicieron esta petición por cuanto consideraban que era su deber precautelar el patrimonio de las propias empresas que dirigen. Su obligación legal, dijeron, es velar por el cuidado y conservación de los bienes que pertenecen a sus instituciones. 

Así que el pedido para el presidente fue concreto: "en mi calidad de presidente de todos los Directorios de la Empresa Coordinadora de la Función Ejecutiva, me permito recomendar y solicitar se sirva disponer a quien corresponda, se realice un análisis jurídico a fin de reconsiderar la disposición emitida desde la Presidencia de la República, en el años 2009".

Se refería el funcionario al Oficio Circular T4258-SGJ-09-943, firmado por Alexis Mera, secretario nacional Jurídico de la Presidencia, mediante el cual el entonces presidente Rafael Correa dispuso a todas las entidades estatales contratar sus pólizas de seguros directamente con Seguros Sucre. En varias intervenciones públicas, Correa defendió la medida argumentando que si el Estado tenía una aseguradora, lo más lógico es que fuera la que emitiera las pólizas para las empresas estatales. 

La renuncia de Garzón al cargo ocurrió dos días después de que una segunda carta en similares términos fuera enviada por este a la Presidencia, y el presidente del Directorio de Seguros Sucre, Diego Guzmán, lo desmintiera públicamente en Teleamazonas. 

Un año y un mes después de enviada la carta original, el presidente respondió con un instructivo, firmado por el secretario de la Administración, Andrés Mideros. De esta manera, el Ejecutivo instruyó a la Coordinadora de Empresas Públicas para que se proceda a contratar seguros con la mejor opción en precio y calidad. Pero dos días después el Ejecutivo echó abajo dicha disposición, argumentando que se habían hecho consultas a la Secretaría Nacional Jurídica de la Presidencia. 

En un oficio firmado por Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia, del 12 de junio de 2018, se dispuso desde el Palacio de Gobierno que las empresas del Estado sigan el proceso de licitación para que exista una debida selección de la mejor oferta en términos de calidad y precio. La carta de Jurado recordó que los reaseguradores deben estar registrados en la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

Sin embargo, la disposición establecía también que si el concurso se declaraba desierto, y si había una oferta de una empresa con más del 50% de capital estatal, esta debía ser contratada de forma directa. 

Pero el 14 de junio, sin dar ninguna explicación sobre el por qué de la medida, el secretatario general de la Presidencia dejó sin efecto el primer memorando, remitiendo el proceso a disposiciones anteriores, del 23 de mayo de este año. 

La pelea por el enorme pastel económico de los seguros estatales, con las Fuerzas Armadas incluidas, generó entonces una polémica, en la cual intervinieron varios asambleístas de CREO, como Ana Galarza, Héctor Yépez y Roberto Gómez Alcívar. En una campaña mediática constante, los diputados y también algunos voceros de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, Fedeseg, sostuvieron que el monopolio de Sucre perjudicaba al propio Estado, y que había que poner ojo en cómo la aseguradora estatal contrataba los reaseguros de las pólizas de las empresas y entidades estatales.

Desde las redes sociales, cuentas de trolles, en cambio, denuncian los supuestos intereses de las empresas privadas de seguros en hacerse con parte de la torta de los seguros del Estado, mercado del que el correato los sacó durante años. Denuncian también la presencia de cabilderos, abogados y periodistas, contratados por las aseguradoras para perjudicar a la empresa estatal. 

Sobre por qué el Gobierno cambió de parecer en solo dos días, hay algunas lecturas. Para el asambleísta (CREO-Guayas) Roberto Gómez, el trasfondo consiste en que el Gobierno de Lenin Moreno aspira a concesionar la empresa aseguradora, y para ello, requiere que el monopolio que mantiene sobre los seguros del Estado continúe. Gómez cree que el actual Gobierno busca entregar Sucre y su monopolio a grupos internacionales o nacionales, pero cree que sería un pésimo negocio comprarla, pues la decisión administrativa de solo contratar con Sucre puede ser revertida de un plumazo. 

Para el asambleísta, quien ha seguido el tema, el transfondo es que Sucre, a pesar de ser una empresa del Estado sin fines de lucro, no está ofreciendo las cotizaciones más bajas. En esa medida, reclama que se hagan licitaciones, de forma que si Sucre ofrece los precios más bajos las gane. El asambleísta denuncia también que se habrían cometido irregularidades en los reaseguros, lo que sería la causa de que Sucre no esté cumpliendo sus millonarias obligaciones con el Estado. Para Gómez, esto es una forma de perjudicar al propio Estado, al afectar el patrimonio de las empresas de la nación. 

En efecto, en una reciente licitación en Banecuador, las cotizaciones fueron las siguientes: Sucre USD 950.000,  La Unión USD 450.000, Aseguradora del Sur, USD 400.000.

¿Con quién reasegura Sucre?

Ante tamaño volumen de bienes y recursos por asegurar, lo que se impuso para Seguros Sucre fue una política proporcionada y diversa de reaseguros. Sucre asegura a más de 500 empresas públicas, con cerca de 300 millones de dólares en pólizas. 

Fuentes vinculadas al sector de seguros, que pidieron reserva de fuente, aseguraron a Plan V que uno de los brokers de seguros que Sucre contrata para reasegurar los seguros del Estado es una con sede en Bogotá, Colombia. Esta, que es una gigante latinoamericana en el ramo —señalan  las fuentes— no está registrada en el Ecuador, como dice la norma, ni controlada por la Superintendencia de Compañías. Bajo esas condiciones, nadie puede conprobar, salvo la Superintendencia en mención, a cuánto ascienden los contratos de reaseguros que Seguros Sucre mantiene con esta empresa u otras para trasladar y compartir el alto riesgo de los bienes del Estado ecuatoriano. Varias preguntas se hacen en el sector: ¿por qué Seguros Sucre no hace un concurso internacional o licitación para la contratación de las empresas de reaseguros? Otras respuestas que podría obtener la Superintendencia, si se diera el control respectivo, dicen las fuentes, es a las preguntas: ¿cuánto se paga de comisión a los brokers de reaseguros en el Ecuador? ¿Cuáles son esos brokers? ¿Cómo se los contrata? Si Sucre es la mejor opción, ¿cuánto ha ahorrado Sucre al Estado en la contratación de esos reaseguros? Y finalmente, ¿están reasegurados todos los bienes asegurados en Seguros Sucre? ¿Y a qué precio? ¿Cómo se puede comparar con otras empresas reaseguradoras? 

El sistema, dice una fuente técnica, se sostiene en un esquema mendiante el cual el asegurador estatal designa a dedo al broker de reaseguros, el cual a su vez coloca los seguros en las reaseguradoras internacionales.

Los reparos del Ministerio de Defensa

Las dudas sobre cómo Sucre está atendiendo a los clientes del Estado surgen en varios ámbitos. El 20 de julio de 2018, el ministro de Defensa Nacional, general (r) Oswaldo Jarrín, se dirigió por medio de una carta a Dayan Argüello, de Seguros Sucre, con algunas inquietudes sobre las pólizas de las Fuerzas Armadas. 

Entre las irregularidades cometidas por Sucre, el ministro de Defensa puntualiza aspectos como las pólizas de casco marítimo, responsabilidad civil y maquinaria de unidades de las Fuerzas Armadas, así como la que cubre el equipo electrónico y los radares, en las que se no han realizado las recomendaciones sobre niveles de riesgo. 

Seguros Sucre, señala el ministro, tampoco ha capacitado al personal del Ministerio como ofreció. El ministro cuestiona la forma en la que opera Sucre, al imponer condiciones al Ministerio sobre el ajustador y los reaseguradores. Sostiene que no se contrató un seguro de deducibles en la cobertura a submarinos, y afirma que hubo un reciente siniestro por seis millones de dólares con un submarino cuyo deducible debió pagar el propio Estado. Jarrín cuestiona que se ha pagado por cláusula de guerra en todas las unidades flotantes de las tres fuerzas sin considerar las que podrían estar efectivamen expuestas a ese riesgo. 

Por lo tanto, Defensa exigió a Sucre una participación activa y directa en la definición final de los términos de contratos de los reaseguros, así como estudios de análisis de riesgos, que permita determinar qué material está realmente expuesto en caso de guerra y cual no. También pidió que Sucre cumpla con las capacitaciones que había ofrecido. 

Un avión asegurado en 27 millones, por el que se pagó solo 20

En otro caso, se destaca que un avión Embraer 190 de Tame, que se salió de la pista en el aeropuerto de Cuenca el 28 de abril de 2016, sigue en el mismo sitio del accidente sin que Sucre haya pagado la póliza. La aeronave estaba asegurada por USD 27'259.800. La póliza estaba pagada al día. 

En este caso, la empresa Embraer, fabricante del avión, pidió la construcción de un hangar para proteger y revisar la aeronave caída. Sin embargo, en el escaso terreno del aeropuerto cuencano, la Dirección de Aviación Civil consideró que construir el hangar no era posible. El mismo criterio fue emitido por el Aeropuerto de Cuenca, que sostuvo que construir un hangar de ese tamaño afectaría la visibilidad en la torre de control. Por ello, Tame pidió que se declare la pérdida total del avión, ante la imposibilidad de repararlo en el sitio como se pensó en un principio. Durante varios meses, Tame insistió en que se le pague la totalidad de la pérdida, mientras que el reasegurador, una empresa británica llamada Gap Robins, insistía en que se repare el avión y se lo haga despegar hacia Guayaquil para realizar ahí la reparación definitiva. En diciembre de 2016, Seguros Sucre ofreció pagar pero solo 17 millones, entregando los restos del avión a los reaseguradores. Al mismo tiempo, propuso subir en un 35% la póliza para Tame en el periodo 2017-2018. 

En abril de 2016, este avión, asegurado en 27 millones, quedó inservible tras un incidente sin víctimas en el aeropuerto de Cuenca.  Foto: Diario Expreso

Tame rechazó ambas condiciones, por considerar que afectan los intereses del Estado y dejó de contratar con Sucre, llamando a una licitación. Ante la insistencia de Tame en que se le pagara por el avión destruido, Seguros Sucre dijo que se debía enjuiciar a los reaseguradores, y luego ofreció pagar USD 20 millones por la nave. Ese valor era menor del que tenía en libros la aeronave. La polémica condujo a la renuncia del gerente de Tame, Patricio Chávez. Paralelamente a las negociaciones, Tame había presentado un reclamo administrativo ante la Superintendencia de Bancos, que fue resuelto con la orden de pago total de la póliza, cobro al que Tame declinó. La aerolínea estatal terminó recibiendo solo 20 millones por el avión originalmente asegurado en casi 28 millones. 

El Estado no puede asegurarse a sí mismo.

Luis Larrea Benalcázar. Ex intendente de Seguros. Experto en el tema.

Vale la pena contestar tres preguntas: si asegurarse el Estado a sí mismo está dentro de los principios fundamentales del seguro, se pregunta el experto en seguros y exintendente de Seguros de la Superintendencia de Bancos, Luis Larrea Benalcázar. La otra pregunta sería si, juridicamente, la legislación ecuatoriana permite al Estado asegurarse a sí mismo. Y la tercera pregunta es qué beneficios o qué perjuicios conlleva hacer un concurso o no y adjudicar los contratos de seguros. El seguro es una transferencia de riesgo, dice el experto. Todas las personas y las cosas estamos sujetos a riesgos de diversa naturaleza. Si se produce ese riesgo, se causa un perjuicio económico aparte de los daños personales. El seguro, lo que trata es de resarcir la pérdida económica. El seguro aparece como un mecanismo de apoyo en ese sentido. Lo que hace un individuo es transferir esos riesgos a una empresa de seguros, que por el pago de una prima, que está en el 3% o 4% anual del monto asegurado, asume el riesgo de que si sucede eso (que se teme) le paga, le indemniza. Si partimos del principio de la transferencia del riesgo, vemos que las compañías de seguros no pueden asegurarse a sí mismas, porque no estarían transfiriendo el riesgo. Estarían asumiendo el riesgo, y en caso de siniestro, pagarse ellas mismo. Si trasladamos ese fenómeno al Estado, si el Estado se asegura con una empresa que es del mismo Estado ¿existe o no la transferencia del riesgo? ¿Quién asume el riesgo? La empresa de seguros, ¿quién paga la indemnización? La empresa de seguros, y si no tiene el dinero para pagar termina pagando el Estado mismo. O sea, terminamos pagando nosotros.

Los privados tienen el 84% del mercado
privado ...y ahora quieren el público.

Diego Guzmán. Presidente del Directorio de Seguros Sucre

Los 16 millones de ecuatorianos son los partícipes de Seguros Sucre. Son 600 millones de dólares de utilidades en los últimos tres años. Algunas aseguradoras pretenden que sean para ellos. La actividad de Seguros Sucre está amparada en la Ley, en el artículo 107, que claramente habla de régimen especial. Este consiste en que cuando una empresa del Estado requiere contratar un bien, contrata con la aseguradora que pertenece al propio Estado. Esto significa que las entidades del Estado fijan primero el presupuesto con el cual desean contratar. Esto en función de la transparencia. Es tan clara la relación, que la empresa que va a asegurar fija el presupuesto y trata, no con intermediarios —los cuales tienen una comisión, y cuando hacen sus negocios en las empresas privadas tienen todo el derecho de hacerlo— y así ahorramos valores que podrían ir a otro lugar y que quedan en beneficio, tanto de la empresa asegurada como de la compañía aseguradora.  Las aseguradoras privadas tienen el 84% del mercado de seguros del Ecuador. No sé porqué se empeñan en que tienen que tener también el mercado estatal. Que ahí demuestren su eficiencia, como sí lo hacen algunas aseguradoras. Aquellas empresas que no tienen una capacidad importante para captar el mercado privado quieren ir por el público.