La Contraloría encontró, nuevamente, irregularidades en el proceso de adjudicación de frecuencias para medios de comunicación social radiales. Entre los hallazgos contenidos en su informe DNA4-0024-2022 se señalan que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel concesionó frecuencias a empresas que tienen más del 49% de capital extranjero (Guatemala y Uruguay); permitió que sigan funcionando, de forma prorrogada, emisoras que son parte de una concentración de frecuencias, lo cual es ilegal; adjudicó frecuencias a empresas que estaban en mora con la Arcotel y el SRI; permitió que ocho empresas hayan transferido acciones sin autorización legal y que continuen operando, entre otras.

El examen se hizo en el periodo que va del 1 de enero del 2019 al 31 de agosto del 2021. Tuvo como objetivos determinar la legalidad, veracidad y propiedad con la que se planificó, desarrolló y ejecutó el proceso público competitivo, PPC, para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico, para medios de comunicación social privados y comunitarios de los servicios de radiodifusión sonora de señal abierta en frecuencia modulada analógica, excepto estaciones de baja potencia, como dice el informe.

Estos fueron los hallazgos del examen:

A pesar de estar en mora con la Arcotel y el SRI, varios participantes del concurso público de frecuencias fueron adjudicados con frecuencias

De acuerdo a las bases para la adjudicación de frecuencias, los postulantes debían suscribir el documento denominado Declaración Responsable, en el cual declaran no estar impedidos de contratar con el Estado ni incurrir en prohibición o inhabilidad alguna. El Arcotel había dispuesto que previo a calificar como ganador a un participante,  se valide y verifique la inhabilidad respecto a la mora con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y con el SRI, el Sercop y el IESS. Pero, dice la Contraloría, "previo a emitir los informes de verificación de inhabilidades y prohibiciones no se validó ni verificó estas condiciones". Así, seis postulantes para seis frecuencias tenían deudas con el Arcotel y dos más tenían deudas en firme con el SRI. 

Estos postulantes fueron adjudicados con las frecuencias, y participaron estando incursos en inhabilidades a la fecha de suscripción de la Declaración Responsable. Sin embrgo, los funcionarios encargados de verificar esta situación firmaron informes en los que indicaban que estos postulantes no estaban en ninguna inhabilidad o prohibición y recomendaron continuar con el proceso. Según la entidad de control, los funcionarios no entregaron una sola razón por la cual hayan aprobado sin ninguna novedad los informes de verificación de inhabilidades y recomendaron continuar con el proceso de adjudicación. La conclusión del informe reitera que al no haberse verificado ni validado las condiciones de inhabilidad ocasionó que se adjudiquen frecuencias a participantes que a la fecha de la Declaración Responsable se encontraban en mora, violando las bases del concurso. 

Foto referencial. Pixabay

Ocho empresas radiofónicas transfirieron acciones de concesionarios sin autorización de la Arcotel, como disponde la ley, y operaron sin autorización

En marzo del 2022, dos funcionarios de Arcotel remitieron a la Contraloría el listado de empresas concesionarias que no registraron transferencias de acciones entre el 1 de enero del 2019 al 31 de agosto del 2021. Pero una comprobación en el portal de la Superintendencia de Compañías, permitió comprobar a la entidad de control que en ocho casos hubo cesión de acciones sin la autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. 

El artículo 117 de la Ley Orgánica de Comunicación determina que "los propietarios de las acciones de la persona jurídica concesionaria no podrán transferir o ceder sus acciones sin autorización previa y por escrito de la autoridad de telecomunicaciones".  Según la Contraloría, esta situación debió ser detectada por la Arcotel e iniciar los procedimientos sancionatorios para la revocatoria de los títulos habilitantes. La Contraloría dispuso al director ejecutivo de la Arcotel que tome las acciones correspondientes a fin de regularizar la concesión, en cada caso. 

La concentración de frecuencias de la Fundación Juan Pablo II, de la Iglesia Católica, no se regularizó, por lo que se mantienen en la condición de uso prorrogado

En el informe de verificación de inhabilidades, dentro del concurso de frecuencias, se determinó que esta fundación era concesionaria de tres frecuencias matrices en FM. Y durante el concurso de frecuencias solicitó, además, un sistema de comunicación cuya matriz es la frecuencia 94.1 FM. Con lo cual incurría en la prohibición de participar la autoridades de la Arcotel descalificó a la fundación del  concurso. La norma dispone que "está prohibido que las personas naturales o jurídicas concentren  o acumulen concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión". Y además, "no se puede adjudicar más de una concesión de frecuencias para matriz de radio en AM y FM y una matriz para televisión, a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional.

Foto referencial. Pixabay

La Fundación fue descalificada del proceso público por la asignación de frecuencias "por incurrir en concentración de frecuencias; sin embargo, no se tomaron las acciones respectivas debido a la falta des coordinación entre la Unidad Técnica de Gestión de Títulos Habilitantes y la Unidad Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico, lo cual ocasionó que las frecuencias se mantengan activas con la condición de uso prorrogado", concluyó la Contraloría. 

La Iglesia es concesionaria de las frecuencias 105.7 (Riobamba), 98.1, 88.5 (Tulcán) y 94.1

Frecuencias con su título habilitante prorrogado se mantienen activas a pesar de que no fueron adjudicadas

La Contraloría señaló en su informe que de la revisión de las frecuencias disponibles y los resultados del proceso público competitivo (concurso de frecuencias) se observó que 14 concesionarios de 32 frecuencias de estaciones matrices y repetidoras, que se encuentran activas —cuyas frecuencias fueron incluidas en el listado de disponibilidad de las frecuencias del Estado por encontrarse caducadas sus concesiones— participaron en la subasta de frecuencias que ya venían utilizando; sin embargo, dice la Contraloría, las mismas no fueron adjudicadas en este proceso. 

Así mismo, otras cuatro frecuencias cuyas concesiones estaban caducadas, y que aún se encontraban activas, constaron en el listado de frecuencias disponibles a pesar de que sus concesionarios no participaron en el proceso de subasta de frecuencias y tampoco se adjudicó a quienes participaron en el mismo. 

Esto llevó a la entidad de control a concluir en su informe final que "cuatro concesionarios cuyos títulos habilitantes caducaron y 14 concesionarios, adjudicatarios de 32 frecuencias de matrices y repetidoras mantienen su frecuencias activas a pesar de no haber sido adjudicadas ni haber participado en el concurso de frecuencias debido a la falta de coordinación de las Unidades Técnicas del Arcotel, para el inicio de su regularización; ocasionando que las mismas se mantengan operando en condición de uso prorrogado".

Emisión de oficios y resoluciones no previstos en las bases del concurso de frecuencias afectó la seguridad jurídica del mismo

La Contraloría determinó que las autoridades que llevaron adelante el concurso de frecuencias emitieron oficios individuales de notificación a los solicitantes de frecuencias que no superaron la etapa de requisitos mínimos y resoluciones de descalificación a los participantes no favorecidos sin que se encuentre establecido en las bases del concurso; esto fue debido a que no se consideró que la notificación contemplada en las bases fue a través de la página web, lo cual ocasionó reclamos de carácter administrativo no previstos en las bases, demorando el proceso público competitivo.

Adjudicación de frecuencias a empresas solicitantes pertenecientes mayoritariamente a empresas extranjeras

Dentro del proceso público competitivo de mayo del 2020, dice el informe de la Contraloría, hubo cinco empresas solicitantes con cobertura nacional a las cuales se les adjudicó frecuencias, luego de tramitar procesos de impugnación y revisión de oficio, a base de nuevos informes de verificación de prohibiciones e inhabilidades e informes jurídicos. 

Esto sucedió, a pesar de que "la composición societaria de estas compañías solicitantes muestra que poseen accionistas extranjeros con una participación superior al 49% del capital".  La ley de comunicación prohibe que se entreguen frecuencias a empresas que tengan más de 49% de capital extranjero. 

Las compañías son:

Andivisión (emisora Tropicálida) que tiene como accionista principal a Radio y Televisión Guatemala S.A. con el 99,98% de las acciones. 

Trafalgar del Ecuador S.A., (emisora Like FM), que tiene como accionista principal a Cominol S.A. del Uruguay, con el 99,98% de las acciones.

Ayax del Ecuador S.A. (emisora Alfa Stereo), cuya mayor accionista es Risfelar S.A. del Uruguay, con el 99,98% de las acciones.

Televisión independiente Indetel S.A. (emisora Galaxia Stereo), cuya mayor accionista es Televisiete S.A., de Guatemala, con el 99,98% de las acciones, y

Ecuadoradio S.A. (emisora Platinum FM), cuyo mayor accionista es Grupo El Comercio S.A., de Ecuador, con el 99,99% de las acciones.

Se concesionaron las frecuencias apelando a convenios internacionales de inversiones con Guatemala y Uruguay. La Contraloría determinó que estos convenios no están por encima de la constitución de la República, que en su artículo 339 otorga prioridad a la inversión nacional y señala que "la inversión extranjera será complemetaria a la nacional". Para la Contraloría se priorizó a las empresas extranjeras en el concurso de frecuencias a pesar de que empresas nacionales pujaron por las mismas frecuecias y no fueron adjudicadas. 

La conclusión del informe señala que "se adjudicaron frecuencias a cinco empresas con una composición societaria extranjera superior al 49% debido a que se emitieron informes jurídicos dentro de los procesos de impugnación, apelación y revisión de oficio, en los que no se observó el trato preferente a la inversión nacional, pues se consideraron acuerdos internacionales, limitando la participación de postulantes locales".