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3 de Septiembre del 2019
Historias
Lectura: 13 minutos
3 de Septiembre del 2019
Redacción Plan V
Senagua reconoce que concesionó más agua de la que existe
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Foto: Luis Arguello/PlanV

Manuel Trujillo es uno de los líderes de la comunidad San Pablo de Amalí. En la imagen se encuentra junto al río Dulcepamba. 

 

La Secretaría Nacional del Agua emitió un informe dentro del recurso extraordinario de revisión a la concesión que impuso la comunidad San Pablo de Amalí contra Hidrotambo. La entidad rectora del Agua en Ecuador establece que debe modificarse la concesión para que en época de estiaje deje de operar la hidroeléctrica de esa empresa porque el caudal del río Dulcepamba no logra abastecer las diferentes demandas del recurso.

Después de una batalla legal, los habitantes de la comunidad San Pablo de Amalí y de otras poblaciones aledañas empiezan a sentirse escuchados. El pasado 18 de julio, la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), a través de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, emitió un informe técnico donde reconoce que la autorización de agua dada a Hidrotambo en 2017 sobrepasa la cantidad de agua que existe en el río Dulcepamba, donde la empresa construyó una hidroeléctrica que empezó a operar en el 2013.

La obra ha causado un conflicto de más de una década, pues desde el inicio de la construcción de la hidroeléctrica, San Pablo de Amalí se opuso a la misma. En ese contexto hubo violentas incursiones militares y detenciones contra los líderes de la comunidad, entre ellos Manuel Trujillo. Trujillo fue procesado por terrorismo y sabotaje hasta que fue declarado inocente. Las heridas que ha dejado esa disputa con Hidrotambo fueron contadas en una serie de tres partes dentro del especial Sobrevivientes de este portal.

Uno de los principales temas de la controversia entre la empresa y la comunidad fue el agua. El Estado concesionó a la empresa el uso de 6,5 m3 de agua por segundo, es decir 6.500 litros de agua por segundo para la generación de 44,998 MWh de energía. Una cantidad que no existe en el río, según los denunciantes y que ahora Senagua les da la razón. En su informe explica que fue concesionado 6,5m3 de agua durante todo el año, sin tomar en cuenta que existen meses, sobre todo en época de sequía, cuando los caudales bajan a 2,0m3 por segundo. 

La obra ha causado un conflicto de más de una década, pues desde el inicio de la construcción de la hidroeléctrica, San Pablo de Amalí se opuso a la misma. En ese contexto hubo violentas incursiones militares y detenciones contra los líderes de la comunidad, entre ellos Manuel Trujillo.

La resolución que dio paso a la concesión del 2017 que ahora es cuestionada tomó menos de un año. El pedido de la empresa llegó a la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Guayas el 12 de octubre de 2016. En los meses siguientes se hicieron las inspecciones y los trámites para la adjudicación que finalmente se dio el 20 de septiembre de 2017. En el medio, hubo un reporte técnico elaborado por la Dirección de Recursos Hídricos, que ya advertía que Hidrotambo no había presentado un estudio completo sobre el caudal ecológico (la cantidad de agua que se requiere para mantener un nivel adecuado de salud en el ecosistema). La entidad pidió sustento técnico a Hidrotambo de su pedido. Pero la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), que certifica la disponibilidad de ese recurso en una zona, recomendó la autorización y así se hizo.

Pero ahora la Senagua dispone que en época de sequía prácticamente Hidrotambo no podría operar. "Bajo ninguna circunstancia, la empresa concesionaria podrá disponer en época de estiaje la totalidad del caudal existente en el río Dulcepamba". Senagua dispone que en los meses de agosto, septiembre y octubre la concesión de agua sea de 0,0m3 por segundo. 

La Senagua además advierte que para la resolución del 2017 no se tomó en cuenta los pedidos que hicieran los habitantes para garantizar su acceso al recurso. El nombre legal de este trámite es autorización de uso y aprovechamiento del agua. De ellos existen al menos 500 solicitudes en el Centro de Atención al Ciudadano de Senagua en Guaranda que representan entre 3.000 y 4.000 habitantes. La comunidad ha denunciado que sus demandas han quedado en el limbo por años debido a la oposición de la empresa incluso a los pedidos más mínimos de acceso al agua. Fue el caso por ejemplo de Celestino Beltrán, un agricultor de la comunidad Undushi (Chillanes) que solicitó 0.0035 litros por segundo para su consumo, su caballo, dos chanchos, 35 aves y un perro. Esa  agua —narra el campesino— la ha usado desde hace 28 años. Pero Hidrotambo calificó de ilegal la demanda porque Beltrán no justificó ser el propietario del terreno para el cual pide el agua. Para la empresa esa solicitud y otras 800 más —que asegura existen— tienen el objetivo de “boicotear” el funcionamiento de la hidroeléctrica. El agricultor respondió que el derecho al agua lo tienen todos los ciudadanos, como lo establece la ley.

La misma Senagua, en un informe del 19 de octubre de 2018, reconoció las fallas de la ARCA. Halló inconsistencias técnicas y sobreestimaciones de la cantidad de agua disponible.

En efecto, la Constitución y la Ley del Agua (artículo 86) establecen que el orden de prelación o la prioridad que se dará al agua será el siguiente: consumo humano, riego, caudal ecológico y finalmente actividades productivas de las compañías como Hidrotambo. Pero la comunidad ha reclamado porque dicen que la prioridad se la ha dado a la empresa.

Senagua en su último informe cuestiona que la empresa no haya presentado un estudio hidrológico actualizado sino que envió una copia de un reporte presentado en el 2003, fecha cuando obtuvo la primera concesión. 

Los desatinos de la entidad estatal han sido varios. La misma Senagua, en un informe del 19 de octubre de 2018, reconoció las fallas de la ARCA. Halló inconsistencias técnicas y sobreestimaciones de la cantidad de agua disponible. En ese documento, la entidad rectora del Agua en Ecuador explicó que la ARCA hizo los cálculos usando años en los que se ha presentado el Fenómeno del Niño. “Al considerar estos extremos lluviosos se distorsiona la disponibilidad real de la cuenca (...) lo extraordinario no puede gobernar lo ordinario”. Es decir, internamente sus propios informes no han sido tomados en cuenta y mientras tanto la disputa por el recurso ha crecido en los últimos años.


Manuela Pacheco fue procesada por terrorismo y sabotaje. Es otra líder comunitaria. 

Otro cuestionamiento del informe es a la  hidroeléctrica. Senagua dice que es necesario que Hidrotambo rediseñe la obra, considerando la construcción de obras de regulación y captación de caudales en el Dulcepamba, sin cerrar el cauce natural del río con el objetivo de dejar el correspondiente caudal ecológico. Ese es el caudal mínimo que debe existir entre la toma y la descarga de una central hidroeléctrica. Según Senagua este debe ser mínimo de 1,46m3 por segundo, esto es cuatro veces más de lo que la empresa estaba obligada a dejar. Pero el reporte también apunta que aún la Senagua no define reglamentariamente los criterios, parámetros y metodologías para determinar el caudal ecológico necesario para la sobrevivencia de las especies en una zona geográfica.

Según la Senagua, la obra de captación es rudimentaria y carece de regulaciones tanto para el ingreso del agua a la hidroeléctrica como para el caudal ecológico. "Más aún no existe ninguna obra de protección a las márgenes del río, propensas actualmente a afectaciones y destrucciones en cualquier crecida que se produzca en el río, en el sitio o sector de la captación de aguas". Y este lugar es justamente frente a la comunidad de San Pablo de Amalí. Sus habitantes alertaron por años que la hidroeléctrica había modificado el curso del río y que eso derivó en la tragedia de 2015. El 20 de marzo de ese año, el río se desbordó y arrasó 12 casas. Tres personas murieron. Trujillo explicó a Plan V que el problema se da por que el río baja por una pendiente de 40 km. San Pablo de Amalí es plano y todo el material que trae el río se llena (en este sector) y se desvía por donde sea. La comunidad dice que en los años 82, 97, 2002, 2006 hubo fuertes inviernos yel fenómeno de El Niño, pero nunca pasó nada. Hidrotambo, en cambio, sostiene que la tragedia se debió a un fenómeno natural. 

500 solicitudes de autorización de uso del agua en la cuenta hidrográfica del Ducelpamba, que comprenden entre 3.000 y 4.000 habitantes que quieren legalizar su acceso al recurso. 

La entidad rectora del Agua establece además que la empresa debe instalar una estación hidrométrica como mínimo en el río aguas arriba  del sitio de captación del agua con el objetivo de obtener información que permita confirmar los resultados de diferentes estudios sobre la cantidad de agua que existe en la zona. También agrega que es obligación de la compañía devolver el recurso hídrico a su cauce natural luego de su utilización, en las misma condiciones de cantidad y calidad con las que se recibe. 

Finalmente, obliga iniciar un plan de conservación de la cuenca del Dulcepamba con la participación de todos los concesionarios de las aguas, a través de la reforestación de la zona, con especies nativas, en un plazo no mayor a dos años y prohíbe todo tipo de contaminación e intervención en la cuenca. 

Aunque este es un informe con grandes avances, la comunidad señala algunos errores. Según Rachel Conrad, analista ambiental y directora del proyecto socio ambiental Dulcepamba, uno de ellos está en el cálculo sobre la cantidad de usuarios y autorizaciones existentes y pendientes de acceso al agua de poblaciones aguas arriba de la hidroeléctrica. 

Pero sobre todo cuestionan que Senagua haya decidido modificar la autorización de agua de Hidrotambo y no cancelara. “El informe demuestra que hay múltiples causales para revertir el acto administrativo que dio paso a la autorización de aprovechamiento de agua de Hidrotambo, por lo que las 450 demandantes campesinos de la cuenca del río Dulcepamba han manifestado a la Senagua dentro del proceso que no solamente se debería quitarles el agua a Hidrotambo para cada época seca y obligarles a reconstruir su obra para proteger al pueblo y la Naturaleza, sino se debería revertir la autorización de aprovechamiento de agua de la compañía completamente”, dice Conrad y por eso han pedido una ampliación del informe. 

La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre este conflicto el pasado 28 de agosto. Expresó su profunda preocupación por el caso y exhortó a la Senagua a que “garantice el derecho de acceso al agua necesaria y suficiente para mantener la vida y la salud de la Comunidad de San Pablo de Amalí, a fin de satisfacer sus necesidades básicas y de riego que son esenciales para la supervivencia de las personas que habitan en el lugar”. También pidió a la Secretaría del Agua que revierta cualquier concesión o proceso de concesión del agua a terceros que obstaculicen el acceso al consumo de agua y riego, con la finalidad de garantizar los derechos de las personas que habitan en la comunidad de San Pablo de Amalí. 

Después de que los demandantes y la empresa se pronuncien sobre el reporte, la Senagua deberá resolver el recurso extraordinario de revisión a la concesión que impuso la comunidad. 

 
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