‘Nona’ salió de Sri Lanka (Asia) con destino a Canadá en 2014. Embarazada, junto su esposo y tres hijos emprendieron una travesía que no tuvo final feliz. Luego de una escala en Las Bahamas, la familia arribó, sin saberlo, a Ecuador. “Welcome to Canada! (Bienvenidos a Canadá)”, les dijeron las personas que estaban a cargo de su viaje. Luego de la bienvenida, desaparecieron. Les habían mentido. No estaban en Canadá, estaban en Quito y no lo sabían.

La historia corresponde a uno de los casos atendidos por la Unidad de Gestión de Movilidad Humana, del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. La institución, que nació en 2013, hace frente a una realidad compleja. También intenta dar respuestas a las interrogantes sobre la política migratoria, la ciudadanía universal, la ley de movilidad, consagradas en la Constitución del Ecuador.  

Giovanna Tipán es la directora de la iniciativa que cuenta con un presupuesto anual de 220 000 dólares. Ella explica que en noviembre de 2013 se analizó qué sucede respecto a movilidad humana en los distintos cantones de Pichincha y se diseñó un modelo de gestión. Para entrar en contexto, Pichincha es la provincia que acoge la mayor cantidad de personas en situación de movilidad: casi el 60% de refugiados y solicitantes de refugio, inmigrantes y personas retornadas están ahí. Es importante resaltar que en temas migratorios existe un subregistro de datos, pues se trata de gente que ingresa y sale por pasos irregulares.

Por ejemplo, Jean llegó a Ecuador desde Haití, en el 2011. Lo hizo luego de que la situación en su país se complicara tras el terremoto de 2010. “En ese tiempo encontramos una organización religiosa que trabajaba allí y que tenía conexiones con Ecuador… Mi familia vio que era una gran oportunidad, de manera que hicieron todos los esfuerzos posibles para reunir el dinero del boleto que costaba casi 2000 dólares. … Acepté venir a Ecuador; estudiar aquí y regresar después con todo el conocimiento adquirido… Llegamos a Guayaquil un grupo de unos 20 haitianos, entre mujeres y hombres. Desde allí nos transportaron hasta Machala, en donde la persona encargada nos alquiló una casa. También compró a crédito todos los enseres de la casa. Tras una semana de estancia allí, este señor desapareció. … Después de un mes, de estancia, apareció el dueño del almacén de muebles a reclamarnos el impago. … Nos habían engañado y se habían quedado con todo nuestro dinero. Yo solo quería estudiar, yo venía a estudiar…”. El testimonio del haitiano está recogido en el libro ‘La vida contada en una historia –Relatos de personas en movilidad humana-“, editado y publicado por la Unidad del Gobierno de Pichincha.        

El texto es parte de las estrategias de la Unidad por hacer de Pichincha un territorio multicultural y diverso. Para hacerlo, el programa incluye cuatro componentes. Un primer momento de acogida, atención y asesoría jurídica para contener a la población en movilidad humana. Al ser la falta de empleo otra de las principales dificultades, se trabaja en inclusión económica mediante dos enfoques: autoempleo (asesoría para planes de negocio) y empleo dependiente.

Para ello, se hizo un convenio con el Ministerio de Trabajo y la Red Socio Empleo. Sin embargo, “la inserción laboral ha sido un fracaso, no se ha logrado una sola”, reconoce Tipán. Ella lo atribuye a dificultades en el funcionamiento de la bolsa de empleo diseñada por el Ministerio. Un tercer componente es la incidencia política, a escala nacional e internacional. “Se ha abanderado que los gobiernos locales podemos asumir competencias en cuestiones de movilidad humana. A escala internacional se ha promovido esta incidencia y el rol de los gobiernos locales… La iniciativa de Pichincha se ha difundido en Estocolmo, Bruselas, Ginebra… Se han realizado intercambios con El Salvador, Costa Rica”, indica la Directora de la Unidad. El cuarto componente es la investigación. Este punto se desarrolla en alianza con instituciones académicas. “Para diseñar política pública hay que tener datos duros”, enfatiza Tipán.

Miles de personas provenientes del exterior llegan a Quito y son atendidas por el Gobierno provincial. 

La historia de Viviana, de Colombia, es otro de los testimonios que ilustra esa complejidad. “Mi esposo y yo trabajábamos en una finca en el Quindío, en Colombia, pero allí tuvimos problemas con el conflicto armado. Por eso él se desplazó primero. Llegó a Ecuador hace ocho años… Mi esposo consiguió trabajo en una finca en la Costa. Me habló del tema del refugio, pues él ya lo había solicitado… Cuando llegué los empleadores de mi esposo no permitieron que yo me quedara. Vinimos a Quito e intentamos dormir en hostales, pero resultaba muy caro. Pasamos varias noches fuera del Condado Shopping, pero aquello era peligroso. Lo pasé realmente mal. … Nos recomendaron un albergue. Aquello fue traumático: estaba sucio, la comida dañada, los niños lloraban de hambre y sus padres los calmaban con pan duro, coladas de leche cortada y jugos de fruta podrida”.

Giovanna Tipán sostiene que los migrantes son víctimas del estigma de ‘delincuentes’ y esa condición se legitima cuando entran en proceso de deportación. De hecho, en esa situación son privados de su libertad mientras permanecen en el denominado Hotel Carrión, en Quito.  “Allí están presos porque no tienen una documentación, que es parte de un proceso administrativo”. En ese limbo jurídico pueden estar meses, afirma, al tiempo que sostiene que ni los miembros de la Unidad que ella dirige han podido ingresar a ese lugar.

La existencia del Hotel Carrión y las condiciones de su funcionamiento, denunciadas por Manuela Picq en agosto de 2015, serían inconstitucionales. Según la Constitución ecuatoriana, se reconoce el derecho de las personas a migrar y declara que no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 

Sobre el concepto de ‘condición migratoria’, Tipán señala que esa realidad invisibiliza las demás condiciones de la persona. Es decir, no importa si esa persona requiera algún tipo de acompañamiento especial, o si tuviera destrezas y aptitudes que pueden ser desarrolladas en este contexto, no, solo es un migrante.  Por ejemplo, desde la Unidad de Movilidad se desarrolla un estudio de salud mental que, hasta el momento, arroja la existencia de 94 casos de personas con trastornos psiquiátricos que requieren medicación tratamiento.

La Unidad también trabaja con jóvenes, pero reconoce que para obtener resultados a nivel macro se precisa de una campaña poderosa que permita reconocer la diversidad y en eso encontrar empatía. Al preguntarle a Giovanna cómo hacerlo, si desde el Gobierno central la política es distinta y traba los procesos de migración, ella responde que esa es la apuesta que debe surgir desde los locales, de empoderase y generar equidad en los territorios. “Intentamos trabajar desde abajo, desde las bases”, concluye.