Lea la primera entrega aquí. Lea la segunda entrega aquí.

Esta es la tercera y última parte de la conferencia sustentada por el exvicepresidente de la República, Alberto Dahik, en la Universidad de las Américas, Udla, el 18 de junio pasado:

Se dice que en el Ecuador la dolarización es la institución más popular que existe. Su gran bondad para favorecer el crecimiento económico al hacer que el valor de los activos financieros, de la moneda y de todo aquello que medimos en un balance tenga estabilidad, tiene como contrapartida el que no sea posible el uso de la política cambiaria que permite utilizar el tipo de cambio para absorber los “shocks” externos. La moneda no  se aprecia o deprecia según las circunstancias o conveniencias del país.

No quiero entrar aquí en la discusión del tema de si es o no conveniente el uso de la herramienta cambiaria para favorecer las exportaciones.  Muchos están sosteniendo hoy que esto en largo plazo no es útil. Yo sigo creyendo que es una herramienta que en circunstancias como las de hoy es necesaria. Lo que pretendo ahora es demostrar que sí es viable y posible dentro de un esquema de dolarización, el tener flexibilidad cambiaria para el sector real, es decir para las exportaciones e importaciones. Lo más importante de todo esto es que se lo puede hacer, manteniendo incólume y sólido el modelo de dolarización. Es decir, podemos flexibilizar el tipo de cambio dejando tranquilo al pueblo ecuatoriano respecto a la estabilidad de su signo monetario al valor de sus deudas hipotecarias y de la estabilidad de todos los activos financieros y del sistema financiero en general.

Un modelo que fue totalmente innovador

En el año de 1992, luego de que el país había sufrido el más largo y más alto período inflacionario de su historia, cuyo elemento generador fue el irresponsable gasto público entre 1987 y 1988, era necesario elaborar un plan para romper con el círculo vicioso y las expectativas inflacionarias que estaban incrustadas en la población y en los actores económicos.

El Ecuador tenía más de cinco años de no crecer significativamente, de mantener estancadas sus exportaciones, de no haber logrado un aumento de la cantidad real de dinero y real de crédito (es decir los valores nominales monetarios descontando el efecto de la inflación), sin lo cual, por supuesto, no podía haber inversión privada productiva.

Cuando días antes de iniciar el gobierno me tocaba discutir estos temas con los miembros que habían sido  designados para ser los nuevos integrantes del equipo económico, este servidor insistía en la necesidad de romper las expectativas inflacionarias y la inercia que traía la economía mediante un sistema inédito, totalmente nuevo, y que nadie pudiera predecir y que, para las especiales circunstancias de ese momento, anclara por un período el tipo de cambio, hasta que las expectativas sobre la economía se revirtiesen y además estimulara la producción y en especial la exportación.  Recordemos que para 1992 el Ecuador había mantenido un sistema de minidevaluaciones preanunciadas, que son en cuanto a la inflación lo mismo que echarle gasolina al fuego.

Hicimos entonces algo que no había sido hecho nunca en ninguna parte del mundo: El tipo de cambio en el mercado libre estaba en 1700 sucres y el del Banco Central en alrededor de 1500. Devaluamos la moneda a 2000; es decir, pusimos el tipo de cambio del Banco Central por encima del que existía en el mercado libre, con lo cual se cumplía uno de los objetivos que era anclar el tipo de cambio. Como estábamos en un régimen de desincautación y cambio libre, ofrecimos al exportador la posibilidad de que entregara al Banco Central sus dólares de exportación, que normalmente iban al mercado libre, a 2000 sucres por dólar. Le ofrecimos también al importador que podía comprar en el Banco Central a un tipo de cambio de 2000 sucres los dólares para sus importaciones.

Obviamente, los exportadores preferían vender al Banco Central, y los importadores comprar en el mercado libre. A los exportadores que entregaban sus divisas al Banco Central les dábamos el valor de la diferencia entre los 2000 del tipo de cambio oficial y cualquiera fuera el valor del dólar en el mercado libre, con un bono del Banco Central. Así por ejemplo, si el dólar del mercado libre estaba a 1730 sucres, le dábamos al exportador 1730 en dinero, y 270 en un bono del Banco Central. ¿Qué hacía el exportador con ese papel? Lo vendía en el mercado, tanto ecuatorianos cuanto extranjeros que por ese entonces sí sentían confianza en la política económica, traían dólares al Ecuador, para comprar ese papel con un descuento que les significaba un gran rendimiento.

Para agosto de 1992 la Reserva Monetaria era prácticamente negativa. Para diciembre de 1992 la reserva ya era de casi 600 millones de dólares.  En escasos 4 meses se había pasado el punto de inflexión, y la economía empezaba su recuperación, que luego llegó a tener en el último trimestre de 1994 un crecimiento anualizado del 9%.  Este es el momento inercial y ritmo que se logró.

Lo importante para el caso que nos ocupa hoy, es que hicimos un sistema cambiario único, inédito y funcionó. Hoy el país puede hacer algo similar: Un arbitrio cambiario, no arancelario sino cambiario que dé flexibilidad al tipo de cambio para el sector real manteniendo la firmeza de la dolarización. Sí, es un sistema inédito, pero ciertamente posible y que da solución a este problema tan comentado, que la dolarización no permite un ajuste cambiario.

El timbre cambiario

¿Cómo hacerlo? Para esto se necesitaría la participación del Banco Central y del sistema financiero nacional.  El sistema contemplaría que las importaciones estén sujetas a tener un “timbre cambiario” por así llamarlo, el cual debe ser adquirido libremente, a través del sistema bancario, por bolsa, en forma transparente, para poder realizar esa importación. El Banco Central, de acuerdo a las disponibilidades de divisas, e idealmente luego de un análisis concertado con los sectores productivos y el sistema financiero, indicaría diariamente qué cantidad  de esos timbres están disponibles al mercado. Sin asignaciones a dedo para que todos los actores económicos tengan los mismos derechos y posibilidades. Dentro de esa libertad, el mercado fijará el precio del “timbre cambiario”. Si por ejemplo, en un día determinado el Banco Central fija que se emiten timbres para poder importar X millones de dólares, la demanda de dólares de importación llevará a que esos timbres se coticen por un valor de Y. Por ejemplo si se subastan timbres para importar 30 millones de dólares, y se obtiene un valor de Y por 7 millones. Ese excedente Y, de 7 millones tiene que ir a un fondo, no al Estado, pues no se trata de una medida fiscal. De ese fondo saldrían los recursos para ser entregados a prorrata entre quienes hayan exportado y entregado divisas a través de sus respectivos bancos.

Tendríamos entonces un tipo de cambio flexible, que puede ir variando día a día para el sector real, mientras que la dolarización mantiene la seguridad de la unidad monetaria en todos los activos financieros.

Si el día de mañana el precio del petróleo rebota, o si la economía encuentra fuentes alternativas de exportación, que estoy seguro bajo este sistema aumentarían, el Banco Central subastaría entonces cupos más grandes, y la cotización del timbre tendería a la baja, hasta que Y se vaya aproximando a un valor de 0 cuando ya la economía se recupere y el sistema se auto elimine.

Vale recordar que los bonos que emitió el BCE para el pago a los exportadores de acuerdo a lo que expliqué anteriormente en el sistema cambiario instaurado en 1992, se acabaron en el tiempo, cuando el mercado libre alcanzó la cifra de 2000.

No puedo dejar de mencionar, en absoluta concordancia con lo expresado anteriormente en esta charla, que el estado también tiene que sujetarse a pagar este timbre cambiario como importador, para que sus decisiones tanto de gobierno central, cuanto de todas las demás dependencias públicas, tomen en cuenta el valor real de las divisas en sus decisiones económicas.

La diferencia entre este “timbre cambiario” o como se lo quiera llamar y las salvaguardas, es que no se privilegia ni se castiga a nadie. Todos los importadores, incluyendo a toda entidad del sector público, reciben igual tratamiento. Se deja que la economía encuentre su equilibrio, como lo hizo Alemania en la postguerra, y como lo han hecho todos aquellos que han podido crecer sanamente. No se generan grupos a los cuales se los privilegia con protecciones, y se estimula al sector que debe generar las divisas que es el de exportación.

Este sistema, aunque no haya sido utilizado en ningún país ya que son muy pocos los países dolarizados o sin moneda propia y con moneda de otro país, es simple de estructurar y ejecutar, y en nada compromete, sino que favorece la creencia de que la dolarización está ahí para quedarse.

La defensa de la dolarización

Si el timbre cambiario se aplica y se lo explica al país, sería evidente que se habría desatado la supuesta camisa de fuerza de la dolarización en cuanto a que esta no permite ajustar el tipo de cambio para el sector real. Tenemos entonces una herramienta cambiaria dentro de la seguridad de la dolarización. Es el momento en que todos debemos más que nunca mantener la fe y profundizarla en el sistema de la dolarización. 

Y esto no solo porque la gran mayoría de la población ecuatoriana así lo desea, sino porque además el propio gobierno lo ha anunciado, repetidamente. En otras palabras, el mantener la dolarización es de por sí un objetivo nacional, es algo sobre lo cual gobierno, oposición y pueblo están de acuerdo en mantener.

Todos entendemos que en zonas sísmicas, los códigos constructivos son mucho más rígidos que en zonas donde no hay la presencia de terremotos y movimientos telúricos. Un gran edificio, de la más avanzada tecnología sólidamente construido de acuerdo al código de países o ciudades donde no hay terremotos, a lo mejor se cae como castillo de naipes en un terremoto si estuviera en San Francisco o en Tokio, donde existen códigos sumamente estrictos, de acuerdo a la condición sísmica de esas ciudades.

La dolarización es algo similar, tiene un “código estructural”. ¿Qué es ese código estructural?

Cuando la dolarización fue instaurada se establecieron ciertos parámetros, se estableció un “código sísmico” que indicaba cuánto debía ser la Reserva Monetaria Internacional en relación a los depósitos de la banca, del sector público financiero y no financiero, de la emisión en circulación y de otros parámetros.

Leyes posteriores han relajado ese código. Es decir, han hecho que las normas sean menos exigentes. Traducido al español simple quiere decir: se permitió con la nueva legislación que el gobierno tome más recursos de la reserva de lo que habría podido con el código inicial.  Eso no contribuye a que la ciudadanía tenga confianza en el sistema. Eso es algo así como si en Quito o Guayaquil, donde tenemos terremotos, se dijera: “Estamos gastando mucho en hierro y las construcciones están muy caras” “Bajemos la cantidad de hierro, de todas maneras el edificio se va a ver bonito y podemos atender más necesidades de vivienda y más gente va a estar feliz pues habrá más viviendas”. Todo está bien, hasta que viene el terremoto y las casas se caen.

La caída del precio del petróleo ha demostrado que el haber relajado las normas de la dolarización no fue prudente, y que el haber eliminado el fondo de estabilización petrolera tampoco lo fue, aunque lo más importante que demuestra esta caída es que un excesivo gasto público nos está pasando la factura.

Es el momento de producir un acuerdo nacional sobre nuestro “código sísmico”, sobre cuán solvente queremos que sea la dolarización.  Esos parámetros no pueden fijarse en función de las necesidades o apetitos fiscales en tal o cual instante.  Esos parámetros deben fijarse en función de un objetivo nacional de largo plazo.

Al haber existido un excesivo gasto público, razón fundamental para que la Reserva Monetaria haya caído tanto y esté por debajo de dónde debería estar en función de parámetros inicialmente establecidos para la dolarización, estamos en una situación en la cual debemos recobrar la confianza en que el sistema va a ser sostenido.

A un paciente que tiene 300 de colesterol no se le puede decir: “no se preocupe, pues acabamos de pasar una ley que indica que el nivel aceptable de colesterol ahora es 400, usted está muy bien y dentro de la ley”.  A un diabético no se le puede decir: “El estado acaba de determinar que el nivel de azúcar normal para un ciudadano ecuatoriano es de 250 por lo tanto usted está perfecto con 225”. Siga comiendo dulces, carbohidratos y harinas, que nada le va a pasar mientras esté por debajo de 250 porque así lo dice el código diabético ecuatoriano.  Ese pobre ciudadano va camino a la tumba, y en ese caso  hipotético, dentro de la ley y siguiendo lo que dice la norma.

Algo similar hemos hecho con la dolarización al permitir parámetros que no son los más convenientes para que la ciudadanía tenga la confianza en que la dolarización se va a sostener.

Produzcamos entonces un debate nacional serio, académico, expliquemos a la ciudadanía cómo funciona la dolarización, cuántas divisas debe haber en la reserva monetaria y en la que llamamos reserva monetaria líquida, y tomemos la decisión de llevar las cifras a ese nivel, con cualquier sacrificio, con cualquier costo, pues el destruir la dolarización sería el precio más alto a pagar  de todos, y el gobierno nacional así lo ha reconocido.

Si la eliminación de subsidios sirve para sostener la dolarización y ganar las reservas que tenemos que ganar, hagámoslo.  El país entiende que eso es necesario.

Por supuesto que  la reducción del gasto público es indispensable para sostener la dolarización,  y lo debemos hacer, pues la alternativa de perderla es mucho más dolorosa.

No puedo dejar de mencionar en tratándose de llegar a acuerdos nacionales sobre la dolarización, el tema de la moneda electrónica.

Si el sector público a través del Banco Central, utiliza este instrumento para generar liquidez, para generar una moneda virtual la misma que aunque sea electrónica tenga poder liberatorio, entonces el camino del Ecuador es muy claro: Una inflación que puede empezar a galopar, y luego convertirse en un caballo desbocado. Este escenario, con la dolarización, que no permite un ajuste cambiario, presenta un panorama angustiante, pues el colapso de la economía sobre todo de los sectores de exportación sería inminente y un desequilibrio monetario y macroeconómico total.

Si una idea como la del timbre cambiario se aplicara, entonces ese valor de Y, del cual hablamos tendería a subir y a subir de una manera tan absurda que haría dudosa la supervivencia de la dolarización, pues entonces beneficiaría terriblemente a los deudores, licuaría el valor de los activos financieros en relación a los activos reales que subirían de precio, aunque la moneda siguiera siendo el dólar.

No puede haber una moneda electrónica ni ninguna moneda paralela, que cree liquidez por encima de la que se puede crear en un  régimen de dolarización. La liquidez en este sistema debe estar determinada por cuanto crecen las disponibilidades de divisas en el conjunto de la economía. Si esto no se cumple, es muy fácil predecir una desestabilización macroeconómica de incalculables proporciones.

Para el estado es lo mismo. Supongamos que el estado quiera pagar sueldos con moneda electrónica. Para poder hacerlo debe tener en el Banco Central depositados los dólares que va a entregar electrónicamente a quienes reciban esos pagos. Si no los tiene, estaría creando dinero que no puede ser creado, y que será un carburante de la más alta potencia para la llama de la inflación.

Por lo tanto, en este debate nacional sobre la supervivencia de la dolarización, es indispensable incluir el tema de la moneda electrónica. Analizarlo a fondo y saber que su uso presenta riesgos enormes sobre el futuro de la estabilidad monetaria y macroeconómica del Ecuador.

El mercado internacional de capitales

Un país que no tiene moneda propia, vive y sobrevive, siempre y cuando mantenga un cordón umbilical sólidamente unido al mercado internacional de capitales.

Es ahí donde está el verdadero colchón para una dolarización. Si este sistema garantiza la estabilidad de la moneda, si además, como es lógico, un país dolarizado debe tener sus finanzas públicas en orden, porque así es “la naturaleza del animal”, un país dolarizado no debe tener entonces problemas de conseguir endeudarse, para salir de cualquier bache temporal.

Si esto es cierto respecto de poder endeudarse, es cierto también que un país dolarizado es campo fértil para que venga la inversión extranjera.  Pero si la situación fiscal y el entorno legal la seguridad jurídica la institucionalidad y los incentivos no son los correctos, ese capital no viene, esa inversión no se presenta.

Si el discurso político ataca al capital y las leyes se van acomodando para las necesidades puntuales y políticas de los gobiernos, y si tienen espíritu confiscatorio, el capital sencillamente no viene.

La inversión extranjera directa es como un auditor externo independiente. Quienes toman las decisiones sobre en qué país invertir lo hacen en base a un análisis completo, a un “due-diligence” muy profesional: valoran el ambiente de negocios, la situación política, la rentabilidad, la seguridad jurídica, la seguridad personal, y la situación macroeconómica. Las decisiones de los inversionistas no son motivadas por odios políticos, opiniones personales o preferencias ideológicas.  Nuestro auditor externo independiente nos está poniendo la peor opinión en el continente. 

Este es el momento para que reflexionemos sobre qué habría pasado si hubiésemos recibido en relación al PIB una cantidad de inversión extranjera similar a la de otros países de la región, como Colombia o el Perú. ¿Cuál sería nuestra posición de Reserva hoy? ¿Cuán segura estuviera nuestra dolarización? ¿Cuán cómodo estaría nuestro sector externo? La respuesta que no quisiéramos oír a estas preguntas es “Igualitos que hoy pues el estado se habría gastado todo”.

Es momento también para pensar en cuánto podríamos haber atraído de inversiones extranjeras sin el 5% de impuesto a la salida de capitales que es un impuesto a la entrada.

Nada más contradictorio para un país dolarizado que imponer esta tasa, que impide un flujo normal de recursos financieros hacia el país. Ese impuesto en un país dolarizado es como ser bombero y usar gasolina en vez de agua para apagar un incendio. Si en ningún país tiene sentido, en un país dolarizado es todavía más negativo

Tomemos el caso de Panamá, país con amplia experiencia en la dolarización. Ese país tiene gran institucionalidad en lo atinente a su sector financiero. Por ello, ante cualquier problema en su balanza de pagos, elevan un poco la tasa de interés, y como están conectados por el cordón umbilical al mundo, los recursos fluyen hacia ese país.

En el momento actual existen avenidas que pueden dar un gran empuje a la economía accediendo a los mercados de capitales, he aquí un par de ideas de la muchas cosas que se pueden hacer:

Todos los créditos hipotecarios que están en poder del BIESS pueden ser titularizados, y colocados en el mercado internacional de capitales, con lo cual el BIESS, y no el estado, puede utilizar esos recursos para invertir en los sectores que más convengan a los intereses de los afiliados y a la economía del país.

Toda la cartera hipotecaria que tienen los bancos privados puede igualmente ser titularizada, y colocada en el mercado internacional, con lo cual la banca recupera liquidez, la misma que se vuelve vital para recuperar la economía nacional.

Estos son ejemplos, de las cosas que se pueden hacer, pero siempre y cuando se elimine el 5% de impuesto a la salida de capitales, y siempre y cuando se hable con el mercado de capitales con un lenguaje amigable para atraerlo y no un lenguaje agresivo para desestimularlo a colaborar con el país. Sin confianza no habrá inversión ni flujo de capitales. 

Opciones hay. Así como puede haber la creatividad en la flexibilización cambiaria, puede haber creatividad en la consecución de fondos del exterior.

Ahora bien, esto no vendrá, no será fácil, si no se controla el gasto fiscal. Un discurso correcto sin las acciones correctas no dará resultado. Más aún, si mecanismos para traer capitales como los anteriores se hicieran, y el gasto fiscal no se controlara, la situación a futuro sería mucho peor que hoy, pues tendríamos una crisis pero estaríamos más endeudados. Algo así como inyectarle insulina a un diabético para consumir mucha más azúcar, y terminar mucho más grave en el futuro.

La Seguridad Jurídica y la institucionalidad

Así como dijimos que era indispensable el promover un debate serio sobre cómo hacer que nuestra dolarización sea lo más sólida posible, es también necesario un debate serio sobre la seguridad jurídica y la institucionalidad.

La abrumadora experiencia de la historia demuestra que en el largo plazo, por más brillante que sea una política económica, esta sucumbe y se extingue si no existe seguridad jurídica, y si no se crea un estado con instituciones sólidas, que estén por encima de la temporalidad de los gobiernos, y por encima de las necesidades o apetitos de la política.

Cuando estudiamos a los primeros países que modernizaron sus economías y que lograron crecer al ritmo que permitía la revolución industrial veremos cómo aquellos con seguridad jurídica y con institucionalidad fueron los que salieron adelante.

La seguridad jurídica y el respeto a la institucionalidad no es un conjunto de leyes, de decires, o de “slogans”.  La seguridad jurídicas y la institucionalidad son hechos ciertos, actitudes, una cultura de respecto a esas leyes, y de aislar las bases y estructuras de las instituciones de los vaivenes de la política.

El debate nacional sobre esto es urgente y no puede ser pospuesto, ya que, como dije antes, las políticas económicas por más sanas que sean sucumben ante la falta de seguridad jurídica, independencia y calidad de la justicia, y debilidad institucional.

Herencia y plusvalía

Mi conferencia inicial no incluía este tema, sin embargo, por la trascendencia del mismo, y por la invitación que el propio jefe de estado ha hecho para abrir un debate nacional sobre el tema, me permito hacer algunos comentarios a fin de que la comunidad académica y la opinión pública los puedan debatir.

Comencemos viendo a los países donde el impuesto a la herencia existe.

Lo primero que tenemos que indicar es que solamente 43 de los más de 200 países del mundo lo tienen. Lo segundo, es que de los países en desarrollo, las economías emergentes o como le quiera llamar a aquellos que no son de los más desarrollados, solamente 21 países lo tienen, y que dentro de ese grupo, el Ecuador ya es hoy a la fecha el que más alto lo tiene.

El siguiente punto que debemos mencionar es que el promedio del impuesto, entre los países menos desarrollados es apenas del 11.59%. Y esto siendo un promedio lineal, no ponderado por el PIB de cada país.

Lo tercero que debemos mencionar es que de los 43 países que lo tienen solo 18 lo tienen en más del 15%.

Lo cuarto que debemos mencionar, es que ese impuesto, cuando se trata de negocios familiares normalmente no aplica, pues se cobra un impuesto a la transferencia de acciones, que siempre es inferior.

Pasemos ahora a ver qué han hecho los Estados Unidos con el valor que está exento del impuesto a la herencia: Ha subido casi 10 veces en los últimos 15 años.

Se ha mencionado que este impuesto no tiene impacto en la economía. El modelo de crecimiento e impuestos del Tax Foundation de los EE.UU. es uno de los más reconocidos para simular los efectos negativos y positivos de cambios en los impuestos respecto de otras variables de la economía:

Se proyecta que la eliminación del impuesto a la herencia en los EE.UU. impactaría en el crecimiento del PIB en un 0.8%, o 137 mil millones de dólares a precios del 2015. El PIB privado aumentaría en esa cifra, y los activos de las empresas crecerían en 2.2%, aumentaría el salario en 0.7% y aumentarían las horas de trabajo en el sector privado en 0.1%, generándose 139 mil puestos de trabajo. Considerando ya el estado de madurez del cambio, es decir el nuevo equilibrio de la economía, el estado habría perdido 20 billones de dólares de ingresos. Ciertamente más que compensados con las otras cifras.

Estas cifras son contundentes y demuestran que hay un impacto negativo al mantener este impuesto, que va en detrimento de la inversión, de la generación de empleo y del crecimiento.

Sobre el impuesto a la plusvalía, deseo hacer notar que si bien es cierto que en determinadas ocasiones la obra pública genera y da valor a ciertas propiedades, no es menos cierto que en el largo plazo, la mayor parte de una subida en el precio de un bien raíz está determinado por lo que hace el propio sector privado.

Para los casos en que no es el sector privado, los municipios han tenido y han aplicado en muchos casos correctamente la contribución por mejoras. Sobre el aumento de valor dado por la inversión privada no es correcto cobrar ese impuesto. Miremos a nuestro alrededor. Hubo una vía a los valles cercanos a Quito. Sí revalorizaron las tierras, pero luego de eso la gran inversión privada fue haciendo de esos alrededores de Quito lugares con gran calidad de vida. Igual se puede decir de Samborondón cantón vecino de la ciudad de Guayaquil.

Pero si lo anterior es claro, más grave es analizar el mayor componente que tiene la subida de precios de los bienes raíces en el largo plazo: Es la inflación misma, y precisamente por esa enfermedad, tan nociva para la sociedad, la gente compra un bien raíz para tener una defensa. La inflación con muy raras excepciones (que son más bien una elevación una sola vez en el nivel de precios dado por ejemplo por un fenómeno del niño) es siempre causada por las políticas de los gobiernos.

La gente compra un bien raíz, para protegerse en su vejez, para dejar un legado justo a su familia, para poder venderlo en el momento de una necesidad, y resulta que quien con sus políticas y errores generó la mayoría de esa elevación es quien ahora le cobra un impuesto a la gente.  Eso es como ingeniero le haga mal la casa y esta se cae. Le cobra el honorario por construirla y luego un premio o bono adicional porque la casa se le cayó al cliente. 

No se puede cobrar impuestos sobre la inflación, no es sencillamente justo.

En los Estados Unidos  existe el “capital gain tax”. Si uno compra en un valor una propiedad y luego la vende en un valor mayor, se paga un impuesto. Pero si uno con eso compra otra casa, ya no hay impuesto, se traslada para la segunda venta. Así, si una persona compró hace 30 años en 100 una casa que hoy vale 400, la vende, compra una de 400 y esta segunda casa  la vende luego de un par de años en 430 paga el impuesto solamente por los 30. ¿Por qué el duro Tío Sam, implacable en el cobro de los impuestos ha permitido o ha inventado esto? Porque sencillamente se dieron cuenta que era lo más injusto quitarle a la gente su ahorro de toda la vida, su protección para la vejez, y que esto desmotiva el ahorro, fomenta el consumo excesivo y distorsiona la economía.

Conclusiones

Vivimos un momento en el cual la economía está mostrando un serio y acelerado deterioro en su rendimiento.

De ser  la caída del petróleo  una situación que no se corregirá fácilmente en el corto plazo, la economía ecuatoriana se verá más afectada todavía, con riesgo inclusive de una caída en los depósitos, dada la naturaleza misma del sistema de dolarización.  Esto puede llevar a una recesión de dimensiones insospechadas.

Habiendo existido períodos anteriores en los cuáles el petróleo ha estado en términos reales en precios mucho menores que los actuales, como en el caso de 1995 en que inclusive a precios más bajos se soportó el altísimo costo de una guerra con 18 dólares por barril, es imprescindible el preguntarnos qué pasó en épocas anteriores, es imprescindible el preguntarnos por qué la economía del Ecuador subsistió con precios menores del petróleo: encontraremos una simple respuesta:  el gasto público jamás llegó a ser un porcentaje tan alto del PIB. En muchos períodos anteriores el petróleo ha estado por debajo de 10 dólares en ciertos momentos y por debajo de 24 dólares como promedio, y se ha pasado el bache con menos sobresaltos que hoy a 45.

Este es sin lugar a dudas el elemento que ha generado el terreno fértil para que esta caída de precios haya tenido un impacto tan fuerte en relación a otras épocas de la economía ecuatoriana.

El haber enfrentado el problema como uno de balanza de pagos y no como un problema fiscal, está poniendo en riesgo la estabilidad de la economía hacia el futuro.

Las salvaguardas están generando efectos nocivos y  muy perjudiciales en los sectores de exportación, que son los generadores de divisas que deben ser estimulados, y están afectando la redistribución del ingreso en el país en maneras que no son las deseables.  No se está realmente estimulando la producción y el mensaje al sector productivo no es el correcto.

Existen mecanismos creativos, que podemos implantar para darle flexibilidad al tipo de cambio, que se han propuesto en esta charla, y que no solo mantendrían sino que fortalecerían la dolarización.

Es entonces el momento de un gran diálogo nacional, para hacer esto y lograr que la dolarización se fortalezca y se la vuelva a enmarcar en los parámetros originales que tuvo, para que su solvencia asegure credibilidad de supervivencia del sistema ante todos los ecuatorianos.

La evidencia muestra que se puede salir de crisis peores, pero que jamás se lo hace con aumentos del gasto y amarras a la libertad de los mercados, sin confianza, sin seguridad jurídica e institucionalidad.