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16 de Agosto del 2019
Historias
Lectura: 14 minutos
16 de Agosto del 2019
Redacción Plan V
“Soy la única persona que puede decir que existen vínculos entre Serrano y el narcotráfico”
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Fotos: PlanV

Luigi García, abogado, en su oficina de Quito, una de las tres que tiene. Las otras están en Guayaquil y Manta. 

Luigi García, asambleísta alterno de Fuerza Ecuador (FE), presentó una denuncia contra el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional. El abogado manabita asegura tener pruebas de sus afirmaciones y pide a la Fiscalía que lo incluyan en el programa de protección de víctimas y testigos porque teme por su vida. Serrano se declara, vía Twitter, perseguido por el narcotráfico y el crimen organizado.

En un edificio del centro norte de Quito, Luigi García, asambleísta alterno de Fuerza Ecuador (FE), asegura tener pruebas contra el exministro del Interior y actual asambleísta José Serrano. “Soy la única persona que puede decir que existen vínculos entre José Serrano y el narcotráfico”, dijo en una entrevista con Plan V en su estudio jurídico. Por eso pide a la Fiscalía que lo ingresen al programa de protección de víctimas y testigos. Se refiere a la denuncia que presentó el pasado 13 de agosto contra Serrano por supuesta tentativa de asesinato. 

García es un abogado nacido en Manta. Tiene 53 años y desde hace 25 años milita en el roldosismo, hoy bajo la denominación de Fuerza Ecuador. Ha sido abogado del expresidente  Abdalá Bucaram y asambleísta alterno de su hijo, Abdalá Bucaram Pulley, y de María Mercedes Cuesta. Entre sus casos recientes estuvo la defensa de Lenín Rodríguez, exasesor de la exasambleísta Ana Galarza, y fue abogado de dos policías involucrados en el caso “González y otros” (antes llamado caso Fybeca). 

En el escrito asegura que en los primeros días de mayo del 2017, el exasambleísta de FE, Abadalá Bucaram Pulley, le presentó a Serrano, quien ese entonces era presidente de la Asamblea Nacional. La cita fue en una habitación del hotel Marriot en Quito. Allí —según el relato de García— Serrano le dijo que conocía a Édison Washington Prado Álava. Prado, alias Gerald, es el único narcotraficante ecuatoriano que ha sido extraditado a Estados Unidos; fue acusado de ingresar a ese país 250 toneladas de droga.  Por el poder que alcanzó se lo conoce como el Pablo Escobar ecuatoriano. 

Entre los miembros de la organización DE GERALD estaban SU ESPOSA, Julia Mero, y Olga Machuca, candidata a asambleísta de Manabí por FUERA ECUADOR, FE. García fue requerido para defenderlas también a ellas.

En mayo de 2017 en esa reunión, según el denunciante, el entonces presidente de la Asamblea llamó al celular del narcotraficante. “Le expresó que yo era la persona idónea para que ejerza su defensa, de la esposa y otras personas”. Gerald en ese momento se encontraba detenido en la cárcel La Picota en Bogotá y recluido en uno de los pabellones que tienen medidas de seguridad extremas para evitar intentos de fuga. El capo ecuatoriano y su banda habían sido aprehendidos en un operativo entre Ecuador y Colombia entre el 12 y 13 de abril del 2017. Entre los miembros de la organización estaban Julia Mero, esposa de Gerald, y Olga Machuca, candidata a asambleísta de Manabí por FE. García fue requerido para defenderlas también a ellas. “Serrano le expresó que yo me iba a encargar de la defensa y me lo puso al teléfono. Cuando alguien con tanto poder te dice que este es el abogado que te va a solucionar los problemas dices ‘gracias doctor, me gustaría hablar con usted personalmente’. García entonces viajó a Bogotá y con Gerald en La Picota. “De eso hay pruebas y constancia”, agrega. 

¿Cómo el presidente de la Asamblea tenía el teléfono de uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA? García responde: “Eso es lo grave y lo que evidencia esta denuncia son los nexos de Pepe Serrano, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea, con el narcotráfico. Mi relación con esta persona que está procesada por narcotráfico fue netamente profesional, porque la ley me permite ejercer la defensa de determinado ciudadano. Pero la ley, la ética y la moral no le permiten a un exministro del Interior tener nexos o vínculos con el narcotráfico. Lo he dicho en mi denuncia y lo voy a probar, porque soy abogado. Esa reunión se dio”. 


El abogado presentó la denuncia en la Fiscalía.

García afirma que ejerció la defensa de Gerald por cerca de dos o tres meses. “Jamás se logró consolidar ningún estado de inocencia ni algún acto beneficioso. De tal forma que yo no participé en ningún acto de corrupción de jueces o fiscales. Solo se practicaron diligencias propias de la instrucción fiscal por el poco tiempo que estuve en la defensa. Luego fui destituido porque no estuve de acuerdo de que pusieran cerca de 15 abogados para la defensa. Dije que si van a ingresar otros profesionales del derecho, simplemente renuncio”. El diario colombiano El Espectador reveló que al capo ecuatoriano lo habían visitado 26 abogados ecuatorianos y colombianos durante su estancia en la prisión de Bogotá con la finalidad de evitar su extradición a Estados Unidos. En el listado difundido por El Espectador no consta el nombre de García. Gerald fue finalmente extraditado en febrero de 2018 y sentenciado ese mismo año a 19 años y medio de prisión

En marzo de este año, García asegura que recibió una llamada de Serrano. “Quien me increpó por qué razón (sic) yo había hecho comentarios en tono a dichas reuniones en el Hotel Marriot, por lo que me (sic) solicité me proporcione nombres y apellidos de personas que supuestamente escucharon dichos comentarios, procediendo a amenazarme, diciéndome ‘no sabes con quién te metes’”, dice su denuncia. 

"a mi no me amedrentan ni los narcotraficantes ni sus abogados ni sus secuaces. La información que entregaré al país evidenciará que es lo que está detrás de toda esta patraña y millones de dólares": josé serrano en twitter.

Agrega también: “El viernes 9 de agosto del presente mes y año, mientras me encontraba en la ciudad de Manta, fui intimidado por personas vinculadas al crimen organizado (cuyos nombres y apellidos proporcionaré en el momento y circunstancias de seguridad me lo permitan), quienes me conocen por mi ejercicio profesional, que el ciudadano Washington Prado Álava estaba ofertando que me asesinen ya que era la condición que le había impuesto José Serrano, para poderlo ayudar a recuperar su libertad en los Estados Unidos”. 

Foto: El Comercio

Asambleísta José Serrano, ex ministro del Interior y de Justicia durante la década de gobierno del presidente Rafael  Correa.

Plan V solicitó una entrevista con el asambleísta Serrano a través de tres de sus asesores cercanos. Pero ninguno respondió las llamadas ni los mensajes. Serrano solo reaccionó a través de su cuenta de Twitter el día que García puso la denuncia. “Lo dije el 3 de agosto y lo ratifico, que la Justicia haga su trabajo que a mi no me amedrentan ni los narcotraficantes ni sus abogados ni sus secuaces. La información que entregaré al país evidenciará que es lo que está detrás de toda esta patraña y millones de dólares (sic)”. Al mismo tiempo citó otro tuit suyo del 3 de agosto: “Reitero, no me amedrentan ni los narcotraficantes ni sus secuaces ni sus beneficiarios económicos, así como tampoco las bandas de crimen organizado que buscan portavoces que incluso ya se llaman “presidenciables”, los seguiré combatiendo hasta el último día de mi vida por mi país”. 

Días antes de estos tuits, Serrano había usado el 29 de julio el mismo canal para advertir: "Sin lugar a dudas detrás de muchas denuncias que se presentan en mi contra está el crimen organizado y narcotrafico que combatí frontalmente y que hoy se han apoderado de las calles y carceles de nuestro país nuevamente. No les tengo miedo y seguiré enfrentándolos todos los días".

¿Por qué aparece esta amenaza dos años después de esa reunión en el Marriot? “Porque el asesinato se fraguó en las últimas semanas para tratar de silenciarme. Son personas que han recibido la oferta de asesinarme. En ciudades pequeñas estos temas son vox populis”, dijo a Plan V. “Esta revelación la hago, sin violar la ética profesional, porque no estoy violando secretos profesionales en torno a la defensa, yo la hago en defensa de mi vida. Digo esto porque quizá cometí un error en algún momento de hacer un comentario a esta persona de esta reunión y eso llegó a oídos de Pepe Serrano. La decisión de Serrano no fue reclamarme únicamente sino buscar el camino más fácil y mandarme a matar”. 

Pero el abogado manabita tiene claro cuál es fondo de esta situación. “El meollo del tema es que yo soy la única persona que puedo decir que existen vínculos de José Serrano con el narcotráfico”. Manifiesta que hace esta revelación en defensa de su vida y porque no le quedó otra opción que hacerlo público para que la Fiscalía investigue la presunta de tentativa de asesinato. Dice que a la Fiscalía le ha proporcionado cierta información y espera ser llamado al reconocimiento de la firma y que sea llamado a rendir su versión y de las personas que menciona. “Debe hacerlo de forma inmediata porque mi vida está en peligro y por la magnitud del tema. Estoy denunciando a una persona que ha sido secreto a voces en los corredores de la Función Judicial, de la Fiscalía y de la Asamblea que tiene vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía debe darme protección e ingresarme al programa de víctimas y testigos. Porque si algo le ocurre a Luigi García o a su familia, el único responsable se llama José Serrano Salgado. No tengo más enemigos”.

Tiene claro que esta denuncia lo expone. “Si yo me quedaba en silencio ante esta trama para asesinarme no estuviéramos aquí en la entrevista. Con mis asesores, amigos, familia y colegas coincidimos en que debíamos hacerlo público y aspiramos a que actúe la Fiscalía. No puedo pedir al Presidente que intervenga porque este no es un tema político sino de crimen organizado”.

luigi garcía asegura que visitó al narcotraficante gerald en la cárcel de la picota, en bogotá, pero en una investigación del diario el espectador, donde se mostraba la lista de los abogados que visitaron al capo, no constaba garcía.

La última sentencia en el caso Gerald

Betsy Maribel P. Á., hermana de Gerald, fue sentenciada a cinco años por enriquecimiento privado no justificado, el pasado 6 de agosto. Entre las pruebas que presentó la fiscalía estuvieron escrituras, contratos de compra-venta de vehículos, certificados bancarios. Según su teoría, Betsy Maribel P. Á. ingresó al Sistema Financiero Nacional depósitos bancarios por 95.800 dólares, sin los soportes legales. En su testimonio, la procesada dijo que empezó con actividades económicas en 2012, pero que no había realizado las respectivas declaraciones tributarias, pero su abogado no lo pudo demostrar. 

Dentro de esta causa conocida como Gerald, el 14 de noviembre de 2018, cuatro personas recibieron sentencias condenatorias de cinco años de privación de libertad, cada una por enriquecimiento privado no justificado, con base en las pruebas presentadas por el fiscal Hugo Pérez. Esta investigación se derivó del operativo Sol Naciente, liderado por la Fiscalía de Pichincha y ejecutado en abril del 2017, cuando se detuvo al mismo tiempo en Colombia a ‘Gerald. Este operativo desbarató a una organización delictiva enfocada en el ‘blanqueo’ de capitales provenientes del narcotráfico. En esta operación se incautaron más de 17 millones de dólares en efectivo, encaletados en viviendas de Guayaquil y Manta.

Por este hallazgo, la Fiscalía de Pichincha abrió un proceso penal por delincuencia organizada, dentro del cual nueve personas ya fueron sentenciadas (en 2018) a veinte y veintiocho meses de privación de libertad (siete como colaboradores y dos como líderes de la organización), debido a que se acogieron a la cooperación eficaz. Actualmente, Fiscalía está a la espera de fecha y hora para la instalación de la audiencia preparatoria de juicio para otras cinco personas procesadas por delincuencia organizada.

Además, el ciudadano Irvin Iván T. M. también fue sentenciado a diez años de privación de libertad por lavado de activos, dentro del caso Gerald. El ciudadano transportó 380.000 dólares encaletados en una camioneta y no pudo demostrar el origen legal de los valores.

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