Después del estallido del coche bomba en el cuartel de la Policía de San Lorenzo el 27 de enero de 2018, las promesas de una intervención integral en la zona siguen en espera. Es la opinión de activistas y organizaciones sociales que trabajan en esa parte del país. Ahí la crisis de seguridad desatada hace dos años, que incluyó el asesinato de 10 personas -tres de ellos periodistas- mostró una vez más el abandono de esas poblaciones. 

Tras el lanzamiento de la Política de Defensa y Seguridad para la Frontera, cinco meses después de la bomba, el avance se registra en documentos. El presidente Lenín Moreno hizo la presentación oficial el 18 de junio de 2018 y aseguró que tal propuesta no solo significaba militarizar el territorio, sino que se enfocaba en el desarrollo social y económico. Así se concibió un Plan Estratégico de Seguridad Integral Fronteriza con cinco ejes: defensa y seguridad,  desarrollo, económico, hábitat e infraestructura y sectorial. Es un plan con indicadores, recursos y metas establecidas por cada año, desde el 2018. En septiembre de 2019, Planifica Ecuador recién informaba sobre la reformulación y depuración de indicadores. El eje de desarrollo pasó de 182 indicadores a  91 indicadores. ¿Qué ha pasado con este Plan desde entonces?, ¿está ya en ejecución por los ministerios correspondientes?, ¿cuánto tiempo más pasará para tener los resultados de las acciones que emprenda el Gobierno en la frontera? Son preguntas que Planifica Ecuador no respondió hasta el cierre de esta edición.

Una semana después del coche bomba, la estación policial se veía así. Foto: Luis Argüello / Plan V

El único documento que avanzó fue la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo aunque también en papel. Era una ley que ya existía desde el gobierno de Rafael Correa, pero el exmandatario la vetó totalmente en el 2012. El 3 de mayo de 2018, la Asamblea levantó el veto. El 30 de julio de 2019, el Legislativo aprobó la resolución referente al cumplimiento de la esta ley. Pero la norma estuvo sin reglamento hasta el 29 de octubre pasado. Sin un reglamento no puede entrar a funcionar una ley y por lo tanto poco o nada ha sucedido en la frontera. Eso lo reconoció el Grupo Parlamentario Fronterizo. En su informe final de diciembre pasado, dijo que la falta del reglamento afectó la conformación del Comité Nacional Intersectorial de Fronteras y de los Comités Territoriales Intersectoriales, entes encargados de poner en marcha la ley. En definitiva no hubo programas, estrategias ni proyectos fronterizos a ser ejecutados por cada institución. 

Del papel a la realidad 

¿Qué ha pasado en estos dos años con las poblaciones de frontera? Pues el cuadro que pintan los activistas sociales es desalentador. Pablo Iturralde, director de la Fundación Tierra para Todos, que ha trabajo por años en esa zona, aseguró a Plan V que la reinserción de los desplazados de El Pan y Mataje ha sido gracias al esfuerzo de las mismas familias. Los enfrentamientos armados de inicios de 2018 provocaron la salida de decenas de personas. Hombres y mujeres cargaron a sus hijos en brazos y algunos tuvieron que llevar a sus enfermos hasta San Lorenzo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) no contestó sobre la situación de esas familias dos años después. Lo que sí informó es que sus acciones se han enfocado sobre todo en la migración. Afirma haber implementado tres unidades en San Lorenzo con una cobertura de atención para 170 menores en situación de movilidad o refugiados. Otra acción ha sido atender a los desplazados desde Colombia que son atendidos en centros de atención primaria. El MIES tiene un convenio con ACNUR para trabajar con la población en situación de desplazamiento forzado, pero no dio detalles de los resultados en estos dos años.

¿Qué ha hecho el MIES a favor de otros grupos vulnerables? Esta información no fue entregada. Únicamente se mencionó que para el 2020 se prevé la inversión de 130.000 dólares para la erradicación de trabajo infantil. El MIES lanzó en 2018 un plan de intervención integral en la frontera con un presupuesto anual de 3.9 millones de dólares, cuyos resultados aún se desconocen. 

Iturralde comentó que los organismos internacionales solo se han concentrado en el tema migratorio. Aunque hay otros problemas igual de graves como la minería legal e ilegal que causa tensión en la frontera. Por ejemplo, conoció que tres personas fueron heridas en Buenos Aires después del arribo de personas armadas. Más bien los problemas ahora se concentran en poblaciones intermedias como Lita y Alto Tambo, donde está la población desaloja de Buenos Aires. “Hay 2.000 personas desocupadas que están por todo el territorio norte buscando minas”.

Esa situación difiere de las poblaciones del borde de frontera. El activista lo explicó así: “La recuperación del territorio por parte de las FARC ha traído tranquilidad. En la población colombiana de Tayambí, frente a Chical, al parecer hubo acuerdos entre los actores armados.  También volvió la paz a Tobar Donoso”. Eso después del anuncio de Iván Márquez, de agosto de 2019, de que las FARC volvían a las armas. “Parece que en la zona de frontera mandan los del otro lado”.

Aunque cree que hay mayor calma, cuenta que hay temor del personal humanitario para entrar a la frontera. Cree que hay menos médicos y la posibilidad de realizar proyectos se limita por la inestabilidad de las autoridades. En Eloy Alfaro desde el 2012 está en construcción un centro de salud tipo B que está casi listo, pero no entra aún en funcionamiento.

Otra activista, que prefirió mantener su nombre en reserva, contó que la falta de carreteras y vías afecta la vida de las personas. Por ejemplo, mencionó que en Chical, provincia de Carchi, hay una vía que está en carpeta desde hace 13 años. Uno de los cultivos de la zona es la naranjilla. El quintal de la fruta vale 20 dólares, pero alquilar la mula para sacarlo a comercializar vale 40 dólares. 

El acceso a la salud también es difícil, según la misma fuente. Aunque el Ministerio de Salud busca tener una presencia en ese territorio, no es suficiente. Pero destaca la labor de las brigadas itinerantes que recorren las zonas de frontera cada tres meses. Fuentes de la zona contaron a Plan V que en Tobar Donoso se ha registrado un foco residual de malaria, es decir que la enfermedad está presente pero no amenaza la vida de la población. Se han hecho esfuerzos significativos por controlar esta enfermedad, pero por los temas de seguridad los ingresos se vuelven muy esporádicos. Salud no respondió las preguntas de esta redacción sobre este tema ni envió las cifras de los médicos que están asignados a San Lorenzo y Eloy Alfaro, en Esmeraldas.

En San Lorenzo, tras la crisis de principios de 2018, se incrementó la presencia militar.
Foto: Edu León / Periodistas sin Cadenas

La activista mencionó que son necesarios más estudios sobre la situación de salud. En un censo pequeño comunitario se conoció que las mujeres de la frontera mueren 14 años antes que las de ciudad. “Esto podría estar indicando un impacto gravísimo de todas las condiciones de salud en las que desenvuelven las mujeres”. Dijo que no es un dato concluyente y tampoco se lo puede generalizar para toda esa zona. Pero cree que esta información debe llamar la atención para hacer más investigaciones. La desnutrición y el embarazo adolescente son problemas que impactan en la calidad de vida de estas poblaciones. 

En educación, hay otras promesas no cumplidas. En el Plan Estratégico de Seguridad Integral Fronteriza se puso como meta incrementar del 27% al 31% la tasa bruta de matriculación en educación superior en universidades y escuelas politécnicas hasta el 2021. Pero Iturralde dice que eso está lejos de cumplirse. “Con el Programa de Educación Superior Virtual se supone que los profesores que son bachilleres podían obtener su título de tercer nivel. Cuando nos acercamos a las universidades calificadas no tenían recursos. La Universidad Técnica del Norte creó un departamento, hubo un convenio, se reunieron a los profesores awá, pero en el momento de las inscripciones se encontraron con la noticia que no había presupuesto”. Plan V solicitó información a la Senescyt sobre ese tema, pero tampoco hubo respuesta. 

En la Ley de Desarrollo Fronterizo se está pidiendo la excepcionalidad para ubicar infocentros. Pero CNT ha pedido que existan al menos 3.000 habitantes. Algo imposible para sectores como Tobar Donoso, contó Iturralde. El Ministerio de Telecomunicaciones informó al Grupo Parlamentario Fronterizo que entre 2018 y junio de 2019 instaló 22 puntos de wifi gratuitos, en 20 cantones de la frontera. A septiembre del año pasado, preveía instalar 25 puntos más. 

Hay otros puntos críticos. En su informe, el Grupo Parlamentario Fronterizo narró lo siguiente: “Las comunidades awá y las juntas parroquiales rurales en la zona fronteriza de la provincia de Carchi, presentaron una propuesta para la construcción de la carretera La Guaña - San Marcos que no tuvo la autorización del Ministerio de Defensa. Esta situación fue solventada posteriormente con la intervención del Grupo Parlamentario Fronterizo, sin embargo, preocupa que se convierta en una constante en todo el cordón fronterizo, especialmente dentro de los 20 kilómetros de la línea de frontera, por lo que, se puede considerar que este tipo de actuaciones puede ocurrir en otros puntos fronterizos, incidiendo en el desarrollo de las comunidades en toda la zona de frontera”. El reglamento de la nueva Ley de Desarrollo Fronterizo establece que todo plan, programa o proyecto debe contar obligatoriamente con el informe favorable del Ministerio de Defensa dentro de la zona de seguridad de frontera. Esta abarca un espacio terrestre de 20 kilómetros desde los límites fronterizos hacia el interior del territorio nacional. 

Los pueblos afro, los más estigmatizados

Entre el 16 y 20 de diciembre, llegó al país un grupo de trabajo de expertos  de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes. Al finalizar su visita a Quito, San Lorenzo y Esmeraldas manifestó sus “profundas preocupaciones” sobre la situación de la población afro en Ecuador. Organizaciones afro del país recordaron que las tasas más altas de desempleo están en San Lorenzo y Eloy Alfaro, donde se supera el 60%. También se enfatizó en que la educación es un derecho que se le ha negado a la población afro ecuatoriana en particular.

El grupo de expertos concluyó que los afro ecuatorianos “se han visto gravemente afectados por el significativo daño ambiental que pone en peligro la vida de las comunidades”. En Esmeraldas observaron la afectación que ha producido un río moribundo contaminado por tóxicos. “Las comunidades afrodescendientes que beben agua del río, se bañan en él o lavan ahí su ropa, terminan sufriendo enfermedades que incluyen erupciones cutáneas, infecciones genitales y otras enfermedades graves”.

Otra preocupación que manifestó el grupo fue la sobrerrepresentación de personas afrodescendientes detenidas. Visitó el centro de adolescentes infractores en Esmeraldas, donde el 90% de los detenidos eran personas de ascendencia africana. “Nos preocupa profundamente la falta de acceso a asesoría legal, la falta de agua limpia, alimentos inadecuados, recreación insuficiente, malas condiciones de vida e inseguridad”.

David Quiñónez, representante del Pueblo Afroecuatoriano por el Decenio, aseguró que aún no se ha invertido el dinero que ha prometido el Estado para este territorio. “Solo los militares tuvieron recursos durante la crisis”, manifestó. El líder recordó que el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Fronteriza establece un incremento de la ponderación a favor de la población fronteriza del 150%. Pero el Grupo Parlamentario Fronterizo halló que esa ponderación ya se establece en el COOTAD y la Ley no establece un nuevo incremento. “Además, la eventual reformulación del cálculo de dicha ponderación no generaría aumento del presupuesto, sino que, ocasionaría que los recursos existentes se redistribuyan, provocando que unos GADs se vean más afectados para beneficiar a otros”. Para Quiñónez esa normativa debería aplicarse, pues la generación de empleo ha sido una deuda pendiente para estos sectores.