¿Cómo entender estos dos nuevos impuestos? ¿El Gobierno afirma que no se afecta a los pobres ni a la clase media; es así?

Las dos leyes tienen una suerte de populismo tributario, que no va a dar una solución a una economía que se encuentra en estado de congelación. La economía ecuatoriana en 2015 no es una economía en crecimiento, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento inferior al 1.1% en 2015. Organismos nacionales estiman no más del 1%. Se está lanzando un balde de agua helada sobre una economía congelada, ¿qué sentido tiene eso? Desde mi punto de vista, las dos leyes, tanto la del impuesto a la herencia cuanto el del impuesto a la plusvalía están poniéndole una luz roja a la inversión, al ahorro y al éxito. Dicen que van a redistribuir la riqueza, pero es una falacia. Se dice que se va a castigar la ganancia ilegítima, pero eso tampoco va a pasar. Tengo dos explicaciones: la primera que ambas leyes les van a dar más ingresos al fisco, no se sabe cuánto todavía, porque es un dato que han omitido. La segunda es que el Presidente quiere polarizar el debate político en el país. No se imaginó que la polarización llegara a las calles. Esas son las dos razones para estas dos leyes. Se quiere polarizar el discurso con fines preelectorales, para justificar su permanencia en el poder en el 2017. Por eso el Presidente habla de una revolución de la burguesía nacional y se estigmatiza a quienes han tenido éxito económico.

¿Sobre la necesidad de recursos, el Gobierno ha dicho que es muy poco lo que esperan recaudar, es correcto?

Quieren hacernos creer que esta ley no tiene ninguna importancia fiscal. Pero el sistema tributario debe servir para alimentar las finanzas estatales. Se ha recaudado entre 10 y 15 millones por el impuesto a la herencias, con esta modificación podrían pasar al orden de los 80 o 90 millones de dólares. En la situación en la que están las finanzas públicas, es bastante dinero. La urgencia al presentar la ley demuestra que la razón es económica. No va a haber redistribución: eso es un cuento.

Algunas personas del empresariado, en especial en Guayaquil, han protestado contra esta ley. Pero algunos grupos económicos han sido favorecidos por el correísmo. ¿Cómo entender una propuesta de ley que les enemista con ellos?

Se ha hablado de dos tablas. Ambas son confiscatorias. Las cámaras de la producción han dicho que es confiscatoria la primera de hasta el 77%, pero no es así. Este año el Gobierno va a cobrar en herencias no de los grandes, sino de los pequeños, de los estratos populares y medio bajos. Al bajar la base son esos estratos lo que más recursos entregan al fisco. La razón fiscal es esa. En el caso de los grandes grupos empresariales será a largo plazo, cuando mueran los dueños. Los más afectado son los otros estratos. Lo que quieren es pasar de 10 o 15 millones de dólares a 80. Como la base imponible baja, estamos hablando de por lo menos USD 700 por persona al momento de tributar. Este sistema genera incertidumbre en todos los sectores y busca recaudar fondos. No se explica un nuevo impuesto que va contra la inversión en especial inmobiliaria. Además, el Servicio de Rentas Internas ya podrá husmear en todo. Hay que ver el mensaje de la ley, se está gravando el incremento patrimonial a título gratuito.

¿Cuál es el eje político de estas reformas? Más bien parece que tiene un alto costo político que parece perjudicar al Gobierno... ¿Cómo podrían capitalizar eso?

Creo que en sus cálculos no estuvo el descontento. Ya en el 2008 anunciaron un impuesto que fue rechazado y retirado. Por eso esta vez platearon el tema como una lucha de pobres contra ricos, pero les salió mal. Las clases medias se han movilizado, aunque el Presidente ha dicho que ahora el debate es ideológico. Están construyendo un discurso político con miras al 2017, pero les ha resultado al revés. El costo político no se imaginaron que sería de la magnitud que ha sido, y no sé cómo lo puedan redireccionar. Creo que en 2016, si cuentan con más ingresos, tendrán un discurso más social, pero los tiempos no están a su favor. 

En el caso de las plusvalías, ¿cómo se piensa aplicar esta norma?

Esta ley hay que verla en su contexto. Hay reformas al Código de Desarrollo Territorial, que ya han sido aprobadas en primer debate, y también se ha discutido reformas a la Ley del Sistema de Contratación Pública, como la de la captura de plusvalía, que es una especie de contribución de mejoras a favor del Estado. En la Ley de Ordenamiento Territorial también se menciona un nuevo impuesto a la plusvalía y ahora este otro, que es solo aparece en la venta. En la actualidad ya hay un impuesto del 10%, que se mantiene en este proyecto, y al que se añade el de la ganancia extraordinaria, que se pagará tomando en cuenta algunos criterios como el ajuste. Hay incrementos del valor, sin embargo, en los que no hay intervención del Estado o de los municipios. Pero cuando ese se produce por iniciativa privada, no hay intervención del Estado, y también se llegaría a cobrar por ese incremento de valor. El cálculo se hará por medio del avalúo catastral, aunque hay un régimen de transición en el proyecto de ley, que habla de que se pagará el impuesto en la segunda venta. Pero no está claro qué es la segunda venta. Pienso que es un proyecto oscuro para complicarle la vida a los ciudadanos, que va a tener una gran discresionalidad para los burócratas del Municipio o del Servicio de Rentas Internas. No sé si está tan mal redactado a propósito o es un error de buena fe. Por otro lado, es verdad que los municipios serán beneficiarios de este nuevo impuesto, pero se va a eliminar la posibilidad de que haya un margen de maniobra en el 10% de la plusvalía ordinaria. También se menciona aquí a la Superintendencia de Uso de Suelo, que aunque no existe ya está tomada en cuenta. La plusvalía extraordinaria se va a pagar sobre predios urbanos o rurales.

Entonces, si hay régimen de transición no va a haber una recaudación inmediata ni cuantificable de este impuesto, ¿cuál es el objetivo sino ya no sería tributario?

Uno entendería que nada van a pagar los ciudadanos porque será en la segunda transferencia, pero eso no está claro. No se sabe cuál será esa segunda transferencia, pero de todas maneras buscarán la manera de que haya ingresos tributarios. No creo que se estén jugando por esto para no recaudar ni un centavo. Quienes están exentos son las empresas constructoras, pero si va a afectar a quienes no son constructores habituales. Al parecer hay un estímulo para el gran constructor, como el que vemos en el Centro Norte de Quito, pero en otros lugares hay pequeños constructores, que no se sabe qué pasará con ellos.