Back to top
12 de Junio del 2018
Historias
Lectura: 12 minutos
12 de Junio del 2018
Redacción Plan V
Torturas policiales: una denuncia que llega luego de cuatro años

Foto: Luis Argüello. Archivo PlanV

Los estudiantes durante la audiencia en la Corte, permanecen con la cabeza agachada.

 

El 17 y 18 de septiembre del 2014, mientras se daban manifestaciones callejeras, se dio la detención masiva de cerca de 200 estudiantes del Mejía. Los detuvieron con violencia, incluso dentro de las instalaciones del colegio. A 60 de ellos los mantuvieron detenidos ilegalmente, no permitieron que los vean ni sus abogados ni sus familiares. Y según las denuncias que empiezan a ventilarse en la justicia, fueron objeto de torturas, tratos crueles y degradantes.

El 17 de septiembre de 2014, Ángelo Alexander Ayol Barros, de 17 años de edad, se encontraba en el Colegio Mejía, centro de Quito,  recibiendo clases. Ese día a causa de las manifestaciones realizadas en contra del proyecto de enmiendas constitucionales y las reformas al nuevo Código Integral de Trabajo,  Ayol salió a las siete de la noche de la institución educativa en compañía de dos amigos. 

Después de acompañarlos hasta la calle Vargas, lugar que les dirigiría a la Ecovía para ir a sus respectivas casas, Ayol comenzó a caminar por la calle Vargas hasta La Basílica ya que, a causa de las manifestaciones los buses realizaban su recorrido por ese sector.

Él vio que sobre la calle Vargas se encontraban varios miembros de la Policía que se dirigían hacia él, por lo cual —y como toda persona lo haría en una situación como esa— se asustó y regresó por el camino que había tomado. Caminó unos pocos metros y escuchó que una moto se acercó y de repente sintió  un golpe en su espalda. Cayó, y al momento de levantarse se encontraba rodeado de ocho miembros de la Policía. Después sintió otro golpe en la espalda y cayó de nuevo,  y fue cuando Ángelo recibió varios golpes propiciados por los policías. Luego, un agente pasó su moto sobre el brazo y pierna izquierdas de Ángelo.


Las noches del 17 y 18 de septiembre del 2015, los estudiantes del Mejía protagonizaron protestas callejeras. Foto: El Universo

Luego, los policías levantaron a Ángelo a empujones mientras lo insultaban: “maricón párate, ahí si no avanzas, nena”. Luego lo obligaron a subir en una moto policial, pero como estaba gravemente lastimado la pierna, no pudo.  Así que los policías lo volvieron a golpear con un tolete en la pierna derecha, para obligarlo a que se suba a la moto. Los policías lograron su cometido a la fuerza. Ángelo se encontraba esposado y la motocicleta se dirigía a la UPC de La Basílica.  Durante trayecto los dos policías que llevaban al estudiante entre ellos dos, continuaron golpeándolo. El agente que se encontraba en la parte posterior lo golpeó con el casco, mientras que el otro le pegó en la cabeza y en las costillas con un objeto contundente. Tal fue la magnitud de dichos golpes que Ángelo se desmayó.   

Ángelo se despertó en una habitación del UPC. Los policías lo saludaron con un: “ya te despertaste hijo de puta” y de inmediato le propinaron golpes y patadas a nivel del cuello, perdió dos muelas tras la agresión. Después de este castigo, los policías le rociaron gas lacrimógeno en los ojos, lo que provocó que perdiera la vista temporalmente. Él se encontraba sentado, esposado y sangrando por la nariz; es decir, indefenso.

Lea También: Una tarde en la plaza de los llantos

Los  uniformados dejaron encerrado a Ángelo durante una hora, aislado totalmente. Luego, un policía le exigió su  nombre, per él se encontraba aturdido por el gas lacrimógeno, así que no pudo hablar. Entonces fue atacado con un esferográfico en la cabeza, lo cual provocó más lesiones. Los policías seguían increpándolo con distintas amenazas y distintas frases degradantes como: “para que te metes a cosas de hombres, ahora te aguantas”. En el recinto policial fue despojado de sus pertenencias y e intimidado por distintos miembros de la Policía Nacional.

El testimonio es escrito por Andrés Mancheno, por entonces, en septiembre del 2017, asistente legal de la Fundación de derechos humanos, Inredh. Ahora, el caso contra los policías está en los tribunales, bajo la acusación de tortura.

No es el único caso. Como el de Ángelo existen decenas de denuncias sobre los hechos que ocurrieron ese día y noche, del 17 de septiembre del 2014. Ese día, el centro de la ciudad estaba convulsionado por las manifestaciones de los estudiantes del colegio Mejía, un colegio tradicional quiteño de familias de clase media y media baja. A las 16 horas había arrancado una masiva marcha convocada por sectores obreros y populares contra el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. La protesta duró esa tarde y noche, y al día siguiente, los Mejías —como se les dice popularmente en Quito— continuaron las protestas. Era jueves y la sección nocturna del colegio, gente de estrato obrero que trabaja en el día y estudia en la noche, se sumó a la protesta. A las 9 de la noche, contingentes policiales con motos, caballos y perros atacaron los focos de protesta.  La policía persiguió a quienes huyeron hasta dentro del colegio. Junto a los manifestantes, otros estudiantes fueron sacados a toletazos y golpes de los laboratorios, las aulas, los baños y incluso ingresaron al coliseo de deportes, donde arremetieron contra los que entrenaban.

"Al momento de la detención proceden a golpearlos salvajemente con patadas, puños, golpes de tolete; les punzan con pistolas de electricidad, les echan gas en el rostro para luego sacarlos con patadas y trompones. A otras personas las tomaron detenidas en las mismas circunstancias, llegando al colmo de en este salvaje ataque extraer un diente al estudiante Pablo Fuertes; fracturan un diente a Pablo Aguilar y a varios estudiantes, ese momento, les rompieron la cabeza, fracturaron tabiques y costillas y así detuvieron a sesenta personas, entre estudiantes del Mejía, exalumnos y transeúntes. Los embarcaron en motos y patrullas hacia la UPC La Basílica donde son golpeados, detenidos, amenazados, insultados, y se les infligió tratos degradantes. 


El abogado Julio César Sarango, de gafas, se reúne con padres de los chicos detenidos, a la salida de la Corte.

A otro grupo de estudiantes los llevaron detenidos al Regimiento Quito No. 2. A las 22h00 ingresaron al lugar  sesenta jóvenes, a los cuales se les separó entre los que eran del Mejía y los que no. Unos 40 estudiantes del Mejía fueron interrogados en esas condiciones para que dijeran quiénes eran los cabecillas de la protesta. Como no hablaron a algunos los obligaron a acostarse boca abajo y los policías pasaron pisándoles. Carlos López, dirigente estudiantil, recibió ese trato y resultó con una gran hematoma en el brazo derecho.

Los policías se identificaron como de seguridad política; les tomaron fotos, les dijeron que era para identificarlos y les amenazaron de que si los detenían en otra movilización los matarían. A algunos detenidos les amenazaron con "culearse" a sus hermanas y a sus madres si es que los identificaban o denunciaban. A los que estaban ensangrentados les bañaron con agua fría. Les dijeron que estaría presos por tres años. Durante ocho horas no recibieron agua ni alimento. No permitieron ingresar a sus abogados. 

Pasadas las 11 de la noche llegó al cuartel policial el ministro del interior José Serrano. Estuvo una hora con ellos, y les dijo que se quedarían detenidos. 

Todos los hechos relatados corresponden a la denuncia presentada por 17 estudiantes y padres de familia, por el delito de tortura, en contra del exministro José Serrano; el presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh; el coronel de Policía Carlos Amable Chiriboga, jefe del Regimiento Quito No2; el capitán Carlos Alberto Godoy, los tenientes Marco Castillo y Javier Lasso, la doctora Clivia Guerrero y la paramédico Paola Murillo, del ECU911.

Durante la audiencia, un compañero de los detenidos aprieta una bandera del colegio Mejía. 60 estudiantes fueron golpeados y juzgados en esos días.

La denuncia ante la Fiscalía General adjunta 37 informes médico legistas, firmados por la paramédico Murillo, en la mayoría de los cuales se afirma que no hay contusiones ni lesiones traumáticas y en otros, los menos, que hay muestras de golpes con objetos contundentes, que no dan para tres días de incapacidad física. Todos los exámenes son de 24 de septiembre y están firmados por la doctora Guerrero, médico legista.

Pero un día después, la Cruz Roja Ecuatoriana emite un informe médico sobre el estado físico de 54 jóvenes, de entre 18 y 25 años de edad. Dos médicos de la entidad examinaron a los estudiantes el 23 de septiembre y los resultados discreparon con los de la Fiscalía General de entonces: todos presentaban escoriaciones, dolores, equimosis, hematomas grandes, contusiones en cabezas y extremidades, afectaciones en la columna vertebral, traumas en el rostro, rotura de labios, de huesos de la mano, muñeca y otros. También neuritis postraumática, pérdida de dientes... Algunos tenían varios golpes y edemas en región lumbar, cabeza, cuello, rostro...

Andrés Mancheno recuerda en su relato que dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establece que la noción de tortura "debe darse la incursión de un sujeto activo calificado, un elemento teleológico de igual forma la intención por parte de este sujeto activo y que de la misma se produzca un resultado. Es decir, que por medio de una determinada acción se produzca un sufrimiento, el mismo que podrá ser físico o mental, en contra de una persona que será denominada como víctima. Con respecto a la otra perspectiva debemos tomar en cuenta lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 151, primer inciso que establece: “la persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”.  En concordancia con lo señalado se observa  que el presente caso tiene todos los elementos tomados en cuenta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su vez se encasilla en todo lo dispuesto en el artículo 151 del COIP, debido a esto todo delito de tortura, sin importar su nivel de gravedad, debe ser sancionado con la máxima pena posible, ya que las consecuencias de esos actos generan un daño irreversible a su personalidad, la misma que se convertirá en intratable e irrecuperable".

[RELA CIONA DAS]

No se metan con Correa
Gabriel Hidalgo Andrade
Los "Mejías" en el laberinto de las demandas
Redacción Plan V
Radiografía del descontento
Redacción Plan V
Elsie Monge: "nunca he visto algo tan masivo y brutal"
Redacción Plan V
Crónica de una semana de ira
Redacción Plan V
GALERÍA
Torturas policiales: una denuncia que llega luego de cuatro años
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

"Fuimos los primeros en el país en denunciar la mora patronal en la Fiscalía": Andrés Campaña
Redacción Plan V
El informe que desnuda el alcance de la brutal represión en Venezuela
Redacción Plan V
La plataforma COSMOS y los ex agentes de Inteligencia
Redacción Plan V
Desde la cárcel de Latacunga, un albanés dirigió un emporio de droga en Europa
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

María Del Carmen Maldonado, propuesta en lugar de Alexis Mera para organismo judicial de la OEA
Redacción Plan V
‘El Fantasma’ ¿otra vez el gran favorecido en el concurso de frecuencias?
Redacciones Fundamedios y Ecuavisa
Más de 100 mil estudiantes no volvieron al sistema educativo
Andrés Quishpe
La embajada del Ecuador en Londres fue un gran centro de espionaje internacional
Redacción Plan V