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4 de Septiembre del 2017
Historias
Lectura: 13 minutos
4 de Septiembre del 2017
Luis Córdova-Alarcón

Es profesor agregado de la Universidad Central del Ecuador, experto en Derecho Internacional y Ciencia Política. 

Tres propuestas para proteger el espacio marítimo ecuatoriano

Foto: EFE

Embarcación china capturada con especies amenazadas de tiburón en aguas de la Zona Económica Exclusiva de Galápagos. 

 

La Cancillería ecuatoriana debe diseñar una política innovadora para proteger a las Islas Galápagos, con todas las potencialidades (de ecoturismo, investigación, biotecnología, etc.) que encierran sus ecosistemas únicos en el planeta. Esto implica adoptar formatos de “nueva diplomacia” para promover una coalición global de actores dispuestos a precautelar las Islas Galápagos.

La presencia de una flota pesquera de bandera china en aguas que circundan las Islas Galápagos, así como la captura y enjuiciamiento de la tripulación de un buque de carga con miles de tiburones congelados, despertaron serias dudas sobre la acción gubernamental para proteger el espacio marítimo. Aunque el asunto de la seguridad marítima entró en la agenda pública por unas semanas gracias a este suceso, las últimas acciones y declaraciones de los principales involucrados dejan entrever la carencia de una política de seguridad y, sobre todo, de una estrategia factible.

El problema es mucho más complejo de lo que parece. Hasta el momento, voceros de la Armada y del gobierno han preferido plegarse al diagnóstico más simple: que la Armada carece de capacidades operativas para una adecuada vigilancia y control de las aguas que están bajo jurisdicción ecuatoriana; en consecuencia, si se mejoran esas capacidades el problema está resuelto.

Lo que está en juego no puede menospreciarse. Se trata de garantizar o no la regeneración de los ecosistemas marinos en las Islas Galápagos y la preservación de su fauna, el aprovechamiento de la riqueza pesquera en la Zona Económica Exclusiva en beneficio de la sociedad ecuatoriana, así como la prospección de la plataforma marina y del subsuelo para identificar los recursos disponibles. Entonces, urge discutir otras opciones para alcanzar un esquema de seguridad efectivo. ¿Cómo proteger el espacio marítimo ecuatoriano? A continuación, tres propuestas.

1. Abandonar los prejuicios.

Lo primero es no juzgar la causa de esta problemática bajo el prejuicio o el sesgo ideológico. Hay voces que afirman que el problema radica en la pérdida de mar territorial o reducción de la soberanía marítima tras la adhesión a la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, aprobada el 30 de abril de 1982). Desde los años cincuenta del siglo anterior —con la Declaración de Santiago en 1952— el Ecuador formalmente poseía 200 millas náuticas de mar territorial, aunque en la práctica nunca fue capaz de supervigilarlas por sí solo. Tras la adhesión, suscrita a principios del 2010 por el presidente Rafael Correa, el mar territorial se redujo a 12 millas, a pesar de que mantiene las 200 millas bajo la denominación de Zona Económica Exclusiva (ZEE). Las competencias que otorga la Convención al estado ribereño —en este caso, Ecuador— sobre la ZEE son relativas y no absolutas. Esto motivó discusiones intensas entre juristas y la sospecha de que el Ecuador se perjudicaría al adherirse a la Convención.

Con la salida del FOL de la Base de Manta, en el 2009, ese esquema de “seguridad marítima” quedó limitado y la Armada Nacional asumió una tarea que a todas luces rebasa su capacidad operativa.

Pero la soberanía no se proclama, se la ejerce o no existe. Para hacerlo es necesario construir y desarrollar capacidades estatales que permitan la implantación de las políticas que se formulan en las diversas áreas donde tiene competencias un gobierno. Caso contrario, la soberanía se vuelve una divisa retórica que oculta una patética realidad de sometimiento y abuso. Esto último ocurre en el mar territorial ecuatoriano, y la situación se agravó desde los años noventa del siglo anterior.

A la histórica deficiencia operativa de la Armada ecuatoriana hay que añadirle la entrega de la Base Aérea de Manta al Comando Sur de los EE.UU., en el gobierno de Jamil Mahuad, en 1999. Fue una fuerza militar extranjera la que ejercicio cierta vigilancia y control del mar territorial ecuatoriano, pero según sus propios intereses. Si bien la presencia norteamericana mitigó en buena medida las rutas marítimas del narcotráfico, no se puede olvidar que decenas de lanchas con migrantes ecuatorianos que huían de la crisis económica fueron hundidas premeditadamente por tropas estadounidenses en aguas ecuatorianas y adyacentes.

Con la salida de las tropas norteamericanas en el 2009 ese esquema de “seguridad marítima” quedó limitado y la Armada Nacional asumió una tarea que a todas luces rebasa su capacidad operativa. Durante esta última década, las rutas marítimas de narcotráfico con lanchas rápidas y semi-sumergibles se multiplicaron en aguas ecuatorianas. Lo propio ha ocurrido con las flotas pesqueras de origen asiático, antes de bandera japonesas y ahora de nacionalidad china.

A la “pérdida de soberanía marítima” se suma otro prejuicio: la autosuficiencia del Estado para enfrentar estos desafíos transnacionales. Suponer que basta el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Armada Nacional para garantizar la seguridad marítima es insensato, por decirlo menos. El incremento del gasto militar podría significar la merma de recursos para gasto social, por ejemplo. Pero jamás se podría superar la brecha tecnológica que distancia a un país periférico, como Ecuador, de un país central, como China.

Ambas posturas expresan una incomprensión de las dinámicas del mundo contemporáneo. El capitalismo global ha engendrado una sociedad global que se articula en redes transnacionales. Fenómenos como el narcotráfico, la corrupción (caso Odebrecht)  o las flotas pesqueras industriales en alta mar son claros ejemplos de este tipo de configuración reticular que escapan a la acción unilateral de los gobiernos.

2. Hacia la gobernanza del espacio marítimo.

Desafíos transnacionales no pueden enfrentarse con acciones locales. La acción pública vertical y centralizada es insuficiente para garantizar la seguridad marítima, por cuanto los fenómenos que afronta no actúan en estructuras plenamente jerarquizadas, sino más bien a través de nodos que sirve como puntos de intersección entre los múltiples actores que operan como unidades de una red. Se requiere un esquema de gobernanza para el espacio marítimo ecuatoriano. ¿Qué quiere decir esto?

En palabras de Fontaine (2015) la gobernanza “significa que el hecho de gobernar se inserta ahora de manera constante en el proceso de interacciones entre actores estatales y no-estatales, entre funcionarios públicos (electos o nombrados) y los actores sociales y económicos. […] La gobernanza, a nivel del Estado, se convierte en un problema de coordinación más que de direccionamiento y control”. Esto no implica negar las asimetrías políticas, ni la existencia de intereses contradictorios entre los grupos que integran una sociedad, puesto que incluso los procesos de resistencia deben funcionar reticularmente si quieren lograr una real incidencia.


Shepherd es el llamado Pastor de los Mares y la ONG mundial ha ofrecido su aporte para vigilar y emitir alertas sobre Galápagos. Foto: Facebook Sea Shepherd

Una opción más adecuada pasa por diseñar un nuevo marco regulatorio que permita gestionar las competencias que tiene el Ecuador en su Zona Económica Exclusiva de forma integral y horizontal.

La protección del espacio marítimo ecuatoriano plantea un problema de gobernanza, en la medida en que no puede garantizarse su seguridad con solo la vigilancia de las fronteras o las embarcaciones que cursan sus aguas. Una opción más adecuada pasa por diseñar un nuevo marco regulatorio que permita gestionar las competencias que tiene el Ecuador en su Zona Económica Exclusiva de forma integral y horizontal.

Es necesario fortalecer las capacidades de la flota pesquera ecuatoriana sin el afán de cooptarla sino más bien preservando su autonomía. Hay que promover la investigación científica marina a través de las Instituciones de Educación Superior en coordinación con la Armada y generando redes internacionales de investigación e innovación. Pero, sobre todo, perder el celo injustificado a que otros actores, en especial los no-estatales —como la ONG Sea Shepherd que ofreció su colaboración para precautelar las aguas adyacentes a las Islas Galápagos— se incorporen en un esquema de alerta y seguridad emergente. Si las instituciones públicas, entre ellas la Armada Nacional, no logran convertirse en programadores y/o enlaces de redes que integren este tipo de actores, la capacidad unilateral del Estado seguirá siendo precaria y la seguridad marítima inexistente.

La responsabilidad estatal en sus distintos niveles de gobierno (nacional, regional y provincial) es enorme. Deben tener presente que si el espacio marítimo no se convierte en un lugar de convergencia de múltiples actores, persistirá un vacío de poder que será llenado por redes de narcotráfico, flotas pesqueras extranjeras o, peor aún, tropas militares foráneas.

3. Nueva diplomacia para proteger las Islas Galápagos.

Aunque se ha logrado una sentencia condenatoria en primera instancia contra la tripulación del buque de carga que fue capturado al invadir la Zona Económica Exclusiva adyacente a las Islas Galápagos, las acciones diplomáticas han sido tibias y desenfocadas. El problema no puede solventarse con un llamado de atención al gobierno chino, quien, como es lógico, saldrá en defensa de sus connacionales. Una posición reactiva siempre será inocua ante amenazas como esta.


Protesta en Galápagos por la pesca ilegal. La presencia de la flota china "despertó" a muchos actores políticos y sociales sobre la vulnerabilidad del ecosistema en las Islas. Foto: AFP

La Cancillería ecuatoriana debe diseñar una política innovadora para proteger a las Islas Galápagos, con todas las potencialidades (de ecoturismo, investigación, biotecnología, etc.) que encierran sus ecosistemas únicos en el planeta. Esto implica adoptar formatos de “nueva diplomacia” para promover una coalición global de actores dispuestos a precautelar las Islas Galápagos. El estado no cuenta y no contará jamás con suficientes recursos económicos y logísticos para blindar la ZEE, y si no opta por una plataforma de cooperación internacional será cada vez menor las posibilidades de advertir y disuadir amenazas como la flota pesquera china.

Hay que valerse de otro tipo de instrumentos que ya son comunes en el ejercicio diplomático contemporáneo. Uno de ellos son las ONGOG, que son las iniciales de “Organizaciones No Gubernamentales Organizadas por Gobiernos”.

Para conseguirlo no conviene una acción diplomática tradicional como la que ejecutó el gobierno de Rafael Correa con el fin de recaudar fondos para la “Iniciativa Yasuní-ITT”. Dicha estrategia nació trunca. Hay que valerse de otro tipo de instrumentos que ya son comunes en el ejercicio diplomático contemporáneo. Uno de ellos son las ONGOG, que son las iniciales de “Organizaciones No Gubernamentales Organizadas por Gobiernos”.

Se trata de una organización no gubernamental que aparece como parte de  la sociedad civil, pero que en realidad promueve intereses gubernamentales. Aunque las ONGOG más conocidas trabajan en el ámbito cultural, tales como el British Council, la Alliance Française, el Goethe Institut y el Instituto Cervantes, sus objetivos organizativos son diversos y gozan de importantes ventajas. Al respecto, Moisés Naím considera que “desplegar una ONGOG dedicada a un tema de preocupación inmediata puede ser mucho más barato que aumentar el personal y los recursos del cuerpo diplomático o incluso que pagar los costosos honorarios de un lobista o una empresa de relaciones públicas”. Es probable que con la innovación en ciertos métodos, bajo una visión más proactiva, la Cancillería obtenga mejores resultados.

Estas propuestas no implican desconocer los esfuerzos realizados. Invitan a pensar bajo otro mapa cognitivo que permita acciones factibles. El mayor obstáculo siguen siendo los prejuicios de los tomadores de decisión, y mientras las políticas sectoriales se diseñen de espaldas a la sociedad en su conjunto, las posibilidades de éxito son modestas. Es hora de tomar en serio la protección del espacio marítimo ecuatoriano y hacerlo con todas las herramientas a nuestro alcance.

*Luis Córdova-Alarcón es abogado internacionalista, catedrático universitario, investigador y escritor.

Artículo especial para Plan V.

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