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3 de Enero del 2022
Historias
Lectura: 16 minutos
3 de Enero del 2022
Manuel Novik
Los tres puntos más complejos en el debate sobre cómo regular el aborto por violación
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La Comisón de Justicia avanza en la legislación de los nudos criticos del proyecto de ley por la interrupción del embarazo en casos de violación. Foto: Captura de video EFEminista

 

En este mes la Comisión de Justicia deberá presentar al Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto para segundo debate sobre cómo regular el aborto en casos de violación. Las posturas de los asambleístas son complejas y el debate es intenso.


Tras casi un año de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional el artículo 150 del COIP que tipificaba como delito al aborto en casos de violación, la Asamblea dio paso a las revisiones para el segundo y último debate del proyecto de ley que deberá regular esa materia. El plazo para tramitar el proyecto venció el 28 de diciembre. Sin embargo, la vacancia legislativa, vigente desde mediados de ese mes,  interrumpió los plazos establecidos y le daría un tiempo adicional a la Asamblea.

Luego del primer debate del proyecto de ley que garantiza el derecho a interrumpir el embarazo en caso de violación se dieron tres sesiones de revisiones y discusiones en la comisión en torno a los nudos críticos del proyecto. Un resumen de las declaraciones de médicos y juristas invitados, y las posiciones antagonistas entre los asambleístas en las sesiones de la Comisión de Justicia.

Las alarmantes cifras sobre violación en Ecuador

La despenalización del aborto por violación llega en un contexto nacional alarmante. Según el Informe Técnico que presentó la Comisión de Justicia, en el Ecuador 7 niñas menores de 14 años dan a luz a diario. La cifra posiciona al país en el tercer lugar de América Latina de embarazos de niñas y adolescentes. El informe cita datos de la Fiscalía que estima que cada año alrededor de 2000 niñas y adolescentes quedan embarazadas por casos de violación.

La Asamblea informó que desde el 2014 al 2021 en la Fiscalía hubo 442 casos de mujeres procesadas por aborto consentido y más de 6.000 niñas han sido víctimas de violación sexual. Los datos de denuncias de violaciones son aún más alarmantes. La Fiscalía reportó más de 27 mil víctimas de violación entre 2016 y 2020. Además, según los registros de la institución, el delito en cuestión va en aumento en el periodo citado.

La Comisión de Justicia continuó el 13 de diciembre la revisión de las observaciones planteadas en el primer debate y avanzó en tres sesiones con invitados expertos. Se definieron tres nudos críticos, la temporalidad o plazo para el aborto, la objeción de conciencia y los requisitos para acceder a la interrupción del embarazo.


La Comisión de Justicia presidida por el asambleísta Alejandro Jaramillo debatió sobre los nudos críticos del proyecto de ley. A las sesiones acudieron expertos médicos para aportar criterios técnicos. Foto: Asamblea Nacional

Se definieron tres nudos críticos, la temporalidad o plazo para el aborto, la objeción de conciencia y los requisitos para acceder a la interrupción del embarazo.

Los asambleístas que integran la Comisión son: el presidente de la comisión Alejandro Jaramillo, el proponente del proyecto Ricardo Vanegas, Gina Farinango, José Agualsaca, Dalton Bacigalupo, José Chimbo, Sofía Espín, Fausto Jarrín, Johana Moreira y Jahaira Urresta.

A pesar de que existe un cronograma definido se presume que estos tiempos no se respetarán. En las sesiones de la Comisión de Justicia el asambleísta Ricardo Vanegas dijo que habría periodos por ley que exceden el cronograma propuesto, “después del primer debate tienen que transcurrir 30 días para presentar observaciones, no estoy pidiendo algo que no esté normado” dijo Vanegas. El borrador del informe para el segundo y último debate debe ser presentado en este mes.


El asambleísta por Pachakutik Ricardo Vanegas es el proponente del proyecto de ley. Foto: Asamblea Nacional

Las posturas de los asambleístas

Dentro de esta primera sesión hubo disputas entre los asambleístas por la falta de propuestas. A la primera sesión solo acudieron los miembros de la Comisión e indicaron sus perspectivas sobre la temporalidad y los requisitos para el aborto. Dalton Bacigalupo (ID) indicó que cada miembro de la comisión haga una propuesta concreta. “Si vamos a seguir dando discursos y refiriéndonos a organizaciones seguimos divagando” dijo Bacigalupo.

Uno de los principales temas que debe ser regulado mediante la nueva ley tiene que ver con el plazo máximo que se debe fijar para realizar un aborto en caso de violación. El asambleísta Ahualsaca indicó que no debe haber temporalidad, es decir se debería realizar en cualquier momento. El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, declaró que la mayoría de asambleístas se inclinaron por establecer un plazo para la interrupción del embarazo, pero el tema deberá ser definido en el pleno del segundo debate. “El criterio que prima en casi todos los países del mundo es de 12 semanas” expresó por su parte el asambleísta Vanegas. Criterio al que se adhirió el asambleísta José Chimbo. La sentencia de la Corte Constitucional dispuso que la Asamblea establezca los plazos y temporalidades para la interrupción del embarazo.

El expositor invitado Pier Pigozzi de la Fundación Dignidad y Derecho indicó que la mayoría de los países autorizan el aborto hasta las 12 semanas o el primer trimestre de gestación. “El 88% de los abortos en EE. UU. se realizan en las primeras 12 semanas, sin importar lo que legisladores puedan votar” dijo Pigozzi. Para el expositor, a partir de la semana 13 se necesitará un hospital, ya no un centro de salud medianamente equipado. Al considerar el plazo se deberá tomar en cuenta qué tipo de instituciones médicas se dispone en el país para llevar a cabo interrupciones tardías que suponen una mayor complejidad.

El expositor invitado Pier Pigozzi de la Fundación Dignidad y Derecho indicó que la mayoría de los países autorizan el aborto hasta las 12 semanas o el primer trimestre de gestación. “El 88% de los abortos en EE. UU. se realizan en las primeras 12 semanas, sin importar lo que legisladores puedan votar” dijo Pigozzi.

Los hitos en el feto presentados por el jurista hicieron mención al primer latido de corazón en 4 semanas, actividad cerebral en 6 semanas y la capacidad de sentir dolor en 12 semanas. Pigozzi recomendó que el plazo para el aborto se establezca en no más de 6 semanas. Ante esto, la doctora invitada Ana Lucía Martínez indicó que en el contexto ecuatoriano sería imposible fijar un plazo de 5 semanas y argumentó que hay legislaciones que extienden los plazos hasta las 24 semanas para mujeres adultas y para niñas y adolescentes otras legislaciones no contemplan plazos.

El debate entre los médicos invitados tuvo posiciones antagónicas. La doctora María Houghton también abogó por plazos extendidos y dijo que los riesgos para la mujer, incluso en periodos de 24 semanas, son menores que continuar con un embarazo no deseado. Además, indicó que las complicaciones de los abortos se dan por la ilegalidad que conduce a procesos irregulares.
Según Hougton, la legalización del aborto disminuiría esos riesgos. Además, dijo que es falso que el feto sienta dolor a las 12 semanas, “las conexiones neuronales para que exista la experiencia del dolor se dan desde las 26 semanas” dijo.

Se le consultó sobre casos de abortos a las 30 semanas, a lo que Houghton dijo que existen procedimientos denominados de inducción intrauterina donde se inyectan sustancias que terminan con la actividad cardiaca del feto. Los doctores invitados se pronunciaron a favor y en contra de que el feto no pueda sentir dolor, y cuál es la definición misma del concepto. Con estas intervenciones los asambleístas elaborarán el informe que se presentará para el último debate.


La Asamblea Nacional mantuvo el primero de dos debates para tramitar el proyecto de ley. 

La denuncia o el secreto profesional

Uno de los requisitos debatidos en la tercera sesión de la Comisión fue el de presentar una denuncia en la Fiscalía por la violación como paso previo para poder realizar un aborto. La Alianza de Derechos Humanos en Ecuador se pronunció en contra de esta medida por que estaría recriminilizando el aborto por violación, la calificaron como “un nuevo intento de agentes del Estado ecuatoriano de ejercer violencia estatal en contra de niñas, mujeres y adolescentes y personas gestantes víctimas y sobrevivientes de violación”.

El aborto en el Ecuador sigue siendo un delito. La única causal de excepción será en casos de violación. Según María de Lourdes Maldonado, los médicos tienen un deber jurídico de denuncia en estos casos establecido en el COIP. “La falta de denuncia puede llevar a que el violador oculte el delito y siga abusando de la víctima” dijo Maldonado. Además, dijo que la denuncia es un mecanismo que ayuda a los médicos a asegurarse de realizar abortos solo en casos de violaciones y no en otros casos que son penados por la ley.

La Alianza por los Derechos Humanos en su alerta calificó de inconstitucional el proyecto de ley presentado por el asambleísta Vanegas. Exigieron a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, se archive el proyecto. “La Corte fue enfática al rechazar el uso del derecho penal contra víctimas. Pese a todo esto, el proyecto de Vanegas recriminaliza el aborto por violación y a quienes lo practican” dijo el comunicado de la alianza. El asambleísta Vanegas se defendió y argumentó que es una medida en contra de la impunidad.

La asambleísta Johanna Moreira comentó que el proyecto de ley contempla un formulario que deberá ser llenado por las víctimas en el MSP y que se pondrá en conocimiento de la Fiscalía para iniciar una investigación. Para la comisionada Maldonado, el mismo proyecto de ley recoge una prohibición de que se obtenga información de la víctima por lo que este formulario no sería suficiente. Según Maldonado habría una contradicción entre el secreto profesional y el deber de denunciar que tienen los médicos.


En el pleno de la Asamblea se llevará a cabo el segundo y último debate que deberá definir los puntos más álgidos del proyecto. Foto: Asamblea Nacional

Impunidad con o sin denuncia

Otro de los invitados a la Comisión, el doctor Esteban Ortiz, comentó que Ecuador es un país de impunidad: “hay delincuentes que nos han llamado a decirnos que nos van a matar, porque los doctores tenemos las consultas y la información, ¿creen que hemos podido denunciar para que el Estado ecuatoriano, que ha sido más irresponsable, nos proteja?” cuestionó Ortiz. Ortiz indicó que el doctor no puede sobrepasar la autonomía de la víctima y solo debería denunciar si así la paciente lo decide.

Se expuso en la sesión que en el Ecuador muchos casos se dan dentro del propio núcleo familiar por lo que sería contradictorio que los mismos representantes hagan la denuncia. Los asambleístas Vanegas y Jarrín mantuvieron una acalorada discusión por el tema. Para Jarrín, una denuncia no es garantía de nada en el país. Vanegas increpó a uno de los médicos invitados en cuanto a cifras exactas y detalles sobre denuncias de abortos en el Ecuador.

El doctor Ortiz se sumó a la discusión y se refirió a las más de 9000 denuncias por violación y abuso sexual recibidas por la Fiscalía este año. “Yo le pregunto al doctor Vanegas, ¿esos 9000 violadores están presos?, estoy seguro de que no. Vivimos en el Ecuador, en las leyes suena hermoso, pero en la práctica no se aplica” dijo Ortiz. Expresó que los médicos no confían en el sistema judicial y tienen miedo de hacer denuncias “con el perpetrador cerca”.

“Yo le pregunto al doctor Vanegas, ¿esos 9000 violadores están presos?, estoy seguro de que no. Vivimos en el Ecuador, en las leyes suena hermoso, pero en la práctica no se aplica” dijo el médico Esteban Ortiz.

Dentro del proyecto de ley se establece que es un compromiso del Estado permitir a las familias decidir en forma libre el número de hijos que deseen tener. El aborto no es un derecho protegido por la Constitución, en casos de violación se utiliza el concepto de armonización de derechos entre la madre y niño por nacer. Por otro lado, el proyecto argumenta que es un deber del Estado “investigar las violaciones de forma eficaz”, criterio que se ve plasmado en uno de los artículos que establece la obligatoriedad de los equipos médicos que reciban casos de violaciones de hacer una denuncia ante la Fiscalía.

“La sentencia de la Corte reafirma el deber del Estado de proteger el derecho a la vida de un niño por nacer, pero de manera concreta llama a no hacerlo por la vía penal en el caso de mujeres que han sido violadas” afirma el proyecto de ley. Se busca regular el aborto en casos de violación sin tener que esperar a una sentencia ejecutoriada sino solamente una denuncia penal.

Estos fueron algunos de los temas más debatidos el mes pasado en la Asamblea. Del 16 al 22 de diciembre se debía elaborar el informe para el segundo debate.

El cronograma a priori es el siguiente, pero se debe tomar en cuenta que la vacancia legislativa atrasaría los plazos:

3 de enero análisis del borrador para el informe del segundo debate

5 de enero sesión para votación del informe

11 de enero sesión del pleno para segundo debate

12 al 19 de enero sesión para aprobación del texto

25 de enero sesión para votación del texto final

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