Un reclamo frecuente de los sectores sociales de la frontera es el acceso a la educación, pero sobre todo oportunidades para que los jóvenes puedan continuar sus estudios en la universidad. En esa zona del país existe un bajo acceso a la educación superior y de ello resulta ilustrativo el caso de la población de Mataje, en San Lorenzo, donde no existe un habitante que haya cursado la universidad, según los datos oficiales del censo 2010.

En un artículo anterior en Plan V sobre la situación de abandono de la frontera norte, esta redacción solicitó información a la Secretaría de Educación Superior (SENESCYT) sobre cómo el Programa de Formación Profesional No Presencial estaría ayudando a esas zonas del país a acceder a la universidad, al menos por internet.

La institución respondió que desde 2018 ha habilitado más de 29.000 cupos distribuidos, en todo el país, en las 10 carreras que actualmente tienen la modalidad en línea. 

Son cinco universidades públicas las que conforman dicho programa. Las universidades que participan son la Central, ESPE, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Universidad Técnica de Manabí (UTM) y la Técnica del Norte (UTN). Entre las carreras online que ofertan está Derecho, Educación Básica, Educación Inicial, Psicología, Economía, Tecnologías de la Información, Pedagogía de los Idiomas Extranjeros, Comunicación, Trabajo Social y Turismo. La UTN, ubicada en Ibarra y la universidad más cercana a la frontera norte, se ubica en segundo lugar en relación al mayor número de cupos que ha abierto desde 2018. En total ha ofertado 7.400 cupos. La primera es la UNEM con 9.000 cupos. 

Las carreras se empezaron a implementar a partir del segundo semestre del año 2018. El número de estudiantes de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura, que conforman la Zona 1, que aceptaron un cupo en ese lapso ascendió a 7.024. 

De esa cifra total, 5.001 cupos fueron para carreras presenciales, 1.800 para las en línea, 27 a distancia y 196 semipresencial. Efectivamente, el mayor incremento se dio en las carreras en línea, pues en el primer semestre de 2018 no había esta opción. 

Sin embargo, las cifras oficiales revelan una caída en el 2019. En las carreras presenciales hubo un descenso en el primer trimestre a 4.218 cupos aceptados y en el segundo trimestre a 3.633. 

En las carreras en línea, la disminución fue mayor, pues de los 1.800 cupos del segundo semestre de 2018 pasó a 265 cupos, en el primer trimestre de 2019, y a 735 cupos en el segundo trimestre del año pasado. Es decir, que hubo una reducción del 85% y 59%, respectivamente. 

Sobre la provincia de Esmeraldas, desde 2018, el número de residentes que han aceptado cupos para carreras en línea ha ido aumentando progresivamente. De 130 cupos a finales de 2018 pasó a 267 a finales de 2019. En total, sumó 549 cupos aceptados hasta el segundo semestre de 2019. Pero mientras hay un incremento en la modalidad en línea, las carreras presenciales registran una disminución. De 3.110 cupos registrados en el primer semestre de 2018 pasó a 1.059 en el último trimestre de 2019.

En dos años, 11.360 estudiantes de Esmeraldas ingresaron a la universidad a través de las distintas modalidades. Fue la provincia de la frontera norte con más acceso a la educación superior en ese período. En segundo lugar se ubicó Imbabura con 9.741 cupos y de las cuatro provincias fronterizas del norte es la que tiene más estudiantes registrados en carreras en línea.  Las cifras también demuestran las brechas que existen con otras provincias fronterizas. Por ejemplo, Carchi solo obtuvo 3.896 cupos y Sucumbíos 2.437 cupos en los últimos dos años.  

En las carreras en línea, los cantones de la provincia de Esmeraldas donde con más cupos aceptados fueron Esmeraldas (195)  y Quinindé (213). En los otros cantones el acceso es bajo: 54 cupos en Atacames, 25 en Muisne, 24 en Eloy Alfaro y en San Lorenzo también 24. Estos dos últimos sectores están en la línea de frontera y han sido afectados históricamente por la violencia.  Río Verde fue el cantón con más bajo acceso: hubo sólo 14 cupos. 

Menos del 1% de los cupos para carreras en línea de la UTN fueron a Esmeraldas

A Plan V llegó información acerca de una posible falta de presupuesto en la Universidad Técnica del Norte, que por su cercanía debería atender a las poblaciones de frontera y que eso limitaría  su participación en el Programa de Educación Superior Virtual. Esto fue contrastado con la SENESCYT, que explicó que sí se han destinado recursos para ese centro educativo. 

La entidad rectora de Educación Superior del país aseguró que el 8 de febrero de 2019 gestionó la aprobación de un proyecto de inversión por parte de la entonces Senplades (hoy Planifica Ecuador) para el financiamiento de la generación de recursos de aprendizaje y el fortalecimiento de infraestructura tecnológica de las cinco universidades que participan en el programa.

La SENESCYT aseguró, en su respuesta por correo electrónico, que el 23 de julio de 2019 se suscribió un convenio de transferencia de recursos con la UTN por un monto total de USD 253.216,80 para el diseño de contenidos y producción de los recursos de aprendizaje. Asimismo, el 17 de septiembre de 2019, se suscribió un otro convenio para la transferencia de USD 540.721,44, para el fortalecimiento de infraestructura tecnológica. Es decir, la Universidad Técnica del Norte ha recibido un total de USD 793.938,24 para la implementación del programa. Pero según el detalle enviado, solo ha sido devengado (gastado) los USD 253.216,80. 

Para el 2020, la SENESCYT dijo que se prevé transferir un total de USD 253.216,80 a favor de la UTN para la generación de contenidos y recursos de aprendizaje para la carrera de Economía, bajo la modalidad en línea. También está previsto que la UTN reciba USD 2.525.186,12 adicionales respecto a la asignación presupuestaria del 2019. Este incremento se debe al aumento de matrícula en esa universidad desde 2018 por la oferta académica en modalidad en línea. Según la SENESCYT, el aumento proporcional de presupuesto depende del incremento de las matrículas. 

En 2018, el número de matriculados en esa universidad llegó a un total de 11.685, de los cuales 11.602 se encontraban en tercer nivel de grado y 83 en cuarto nivel. Otros 3.225 estudiantes se encontraban en nivelación. Pero en relación a los estudiantes de la frontera norte, la UTN atiende principalmente a la provincia de Imbabura donde está ubicada. 

Esto se puede ver en los datos de la modalidad en línea. De los 2.276 cupos, el 51% correspondió a universitarios de Imbabura, el 21% fue para estudiantes de Pichincha, 6% para Carchi, 3% para Sucumbíos y menos del 1% para Esmeraldas, es decir 20 cupos. 

Al pedir el desglose de los datos de Esmeraldas de los cupos para carreras en línea, la situación aún es más dramática. De esos 20 cupos, 8 fueron para el cantón Eloy Alfaro, 7 para San Lorenzo, 4 para Esmeraldas y 1 para Río Verde. 

Tobar Donoso pide que no se cancelen reuniones 

Carlos Pai, presidente del gobierno parroquial de Tobar Donoso, contó a Plan V su preocupación para que no se cancele la visita de las autoridades del Ministerio de Educación a esa zona, prevista para el 5 de marzo. Semanas atrás corrió el rumor de un secuestrado en la frontera, pero Pai lo desmintió. Explicó que un dirigente awá tomó fotografías por el río Mira, por lo que unos hombres le quitaron el teléfono y le llamaron la atención. “Desde hace 20 años está prohibido cargar cámaras”, refiere Pai, pero dice que esa persona nunca fue retenida. 

Según los habitantes de Tobar Donoso, la única actividad económica a la que se dedican es la minería artesanal en el río San Juan. Foto: archivo particular

En esa zona, las necesidades por una mejor educación son apremiantes. Las escuelas están totalmente deterioradas, dijo el dirigente. En las seis comunidades awá que existen en la parroquia, los centros educativos están hechos de madera. En el centro parroquial, las dos aulas que tienen no se dan abasto para los más de 70 niños que allí estudian bajo la dirección de dos profesoras. Agregó que los habitantes piden firmar convenios para construir nuevas aulas. 

¿Qué hacen los niños después de terminar la escuela? “Unos van para Colombia, otro para San Lorenzo, otros a Ibarra, otros ya no se educan. La única fuente de trabajo es la minería artesanal en el río San Juan”, afirmó la autoridad local. 

Este sector del país tiene un sinnúmero de necesidades. Hay un puesto de salud que también está deteriorado, según Pai. “Si hay un enfermo, nosotros tenemos que coordinar para sacarlo en canoas hasta San Lorenzo”. El gobierno parroquial ha prestado una oficina a un promotor de salud de la fundación Ríos para atender a los afectados de malaria, que se estima han llegado a las 60 personas. El Ministerio de Salud aún no contesta las preguntas de Plan V sobre este tema. 

En Tobar Donoso, los alimentos que producen solo son para su propio consumo. Reclaman una carretera para poder comercializarlos y tener otro tipo de ingresos. Foto: archivo particular

La carretera es otro reclamo. Pai dijo que llevan 12 años con esta solicitud al Gobierno, pues sin esos accesos no pueden sacar sus cosechas a la venta, ni vivir de la agricultura. Ahora sus productos solo sirven para el consumo personal. “Es muy lejos cargar a la espalda el maíz, el plátano, la yuca, el borojó, el coco. La frontera no tenemos ayuda de nadie. Las comunidades awá son las que menos apoyo tienen, lo primordial son las vías de acceso para desarrollar el turismo, la educación, la agricultura, el deporte”.

Para llegar a Tobar Donoso, la vía más rápida es por el sector de El Pan, en San Lorenzo. Desde esa localidad se toma una lancha por el río Mira. Ese trayecto dura tres horas. Pai dijo haberse reunido con el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para que esa cartera autorice la construcción de las vías. Pero Jarrín se ha negado. “No ese señor no entiende nada favorable con la gente de frontera, con la gente campesina, dijo que es una ley que lo contempla la Constitución y punto”. 

En Sucumbíos piden acciones concretas en educación y seguridad

La comunidad siona-kichwas de San José de Wisuyá, en Sucumbíos, también reclama la atención del Estado. El pasado 10 de febrero, denunciaron que en la visita que hicieron algunas autoridades a esa zona no dieron respuestas a sus demandas, pues llegaron funcionarios “sin capacidad de decisión real”. 

San José de Wisuyá tiene su propia guardia indígena para vigilar su territorio. Foto: Amazon Frontlines

Al igual que en Tobar Donoso, el tema educativo es una prioridad para San José de Wisuyá. “El Ministerio de Educación no ofreció ninguna respuesta en absoluto a los pedidos de la comunidad ante la grave situación de niños, niñas y adolescentes”. La comunidad afirma que los menores carecen de posibilidades de acceso al centro escolar, que está deteriorado y tiene carencias para trabajar. “Hay una escuela pero no se garantiza que dé una educación. No contamos con un centro de salud, ni botiquín”, dijo Sandro Piaguaje, miembro de la comunidad y coordinador cultural de San José de Wisuyá. 

Allí vive el pueblo indígena siona, pero también el pueblo kichwa procedente del Napo. “legaron huyendo de violaciones de derechos humanos”, contó Piaguaje. Desde hace décadas, ambas poblaciones indígenas han convivido y su lucha es mantener sus tradiciones como pueblos ancestrales. Pero, dice, esos territorios son muy olvidados. “Aquí escasamente llega un funcionario”. 

Esta es una población afectada por el conflicto armado colombiano y por la presencia de las compañías petroleras, según el líder indígena. “En el último año, el conflicto armado ha impactado mucho en la comunidad y también la extracción de petróleo, son dos actores que han entrado a debilitarnos en el vivir diario”. Contó que al presidente de la comunidad ha recibido amenazas y la guardia indígena no se puede movilizar después de las 18:00. 

Los pueblos siona y kichwa luchan por mantener sus tradiciones en este rincón de Sucumbíos. Foto: Amazon Frontlines

En un comunicado, la comunidad informó que el Ministerio de Salud ofreció “un plan de visitas a la comunidad cada dos meses, sin garantizar que esta temporalidad sea definitiva. Condenando la atención de los comuneros al número de médicos rurales disponibles”. 

Agregó que el Ministerio de Telecomunicaciones ofreció “intentar” incluir a la comunidad dentro del plan de conectividad que incluye servicios de internet, telefonía fija y telefonía celular a las parroquias que no tienen acceso. Fue “un ofrecimiento que tampoco tiene garantías de cumplimiento”. La misma crítica fue para el Ministerio de Ambiente. 

Los pueblos indígenas cuestionaron que el Ejército les pida “ser sus ojos” en la frontera. “Nuestro rol no es ser informantes, y pretender darnos esa categoría exacerba el riesgo contra nosotros”. Dijeron que la intervención de la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo dentro de la reunión fue nula. También manifestaron su preocupación por “la prepotencia con la que el Alcalde de Putumayo, Segundo Londoño” llegó a la reunión. “La autoridad local, que como funcionario público está obligado al escrutinio público, llegó con una delegación de colonos que no son parte de nuestra comunidad y que intentaron generar discordia y, ante las instituciones públicas, demostrar una falsa falta de cohesión comunitaria. Además, el Alcalde hizo aparente su molestia por nuestras demandas y las minimizó”, narraron en el comunicado.