Para el juez no son indígenas

“No me queda la mínima duda”, dijo el juez Carlos Dávila en la audiencia por la acción de protección contra la empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA). Con esa frase arrancó sus conclusiones sobre la larga pelea que han tenido los pobladores de Tundayme en la justicia tras los desalojos que sufrieran entre 2014 y 2016. “(Tundayme) no es una comunidad indígena ancestral, viene de procesos de migración del Austro (...) No es una comunidad a la que se le debe aplicar la consulta previa” fue uno de sus argumentos para rechazar el recurso.

La audiencia concluyó el 15 de enero pasado con el dictamen del juez. La pequeña sala del octavo piso del Complejo Judicial Norte quedó estrecha para los asistentes. Frente al juez, en el lado izquierdo, estuvieron William Uyuguari, presidente de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), organización que pidió el recurso. También Francisco Hurtado, adjunto de DDHH de la Defensoría del Pueblo, entidad que apoyó el pedido con un amicus curiae y Nelson Atupaña, asesor jurídico de Inredh y una representante de Acción Ecológica. En el lado derecho, seis abogados de impecables trajes oscuros representaban a la empresa china, a la Arcom, la agencia estatal de regulación minera, y a los ministerios de Minería, Ambiente e Interior, que salieron sin dar declaraciones a la prensa.

Al lugar asistió una docena de exhabitantes del barrio San Marcos (parroquia Tundayme) y sectores aledaños, donde se dieron los desalojos. Luchaban contra el cansancio de las largas horas de viaje desde el sur del país para no dormirse en la audiencia donde el juez expuso su resolución en dos horas. Fue una lectura interminable y monótona interrumpida solo por segundos cuando alguien negociaba con los policías para poder ingresar. Uno de ellos fue Jaime Vargas, presidente de la Conaie, que llegó en respaldo de los demandantes. Al finalizar la audiencia, su enojo fue tal que ni siquiera quiso hablar con la prensa.

El juez Dávila se basó en el informe del perito antropológico Roberto Narváez. Al citar sus conclusiones manifestó que -de acuerdo a ese análisis- la mayoría de los habitantes de Tundayme tiene origen campesino de la región Sierra, con excepción de varios miembros. “Cascomi no es un pueblo ancestral salvo algunas excepciones de origen shuar”. “No existe un manejo del idioma kichwa”, agregó. Según un artículo de Inredh, cuando el perito expuso su informe afirmó que había población indígena shuar y una población mestiza con una identificación colectiva, reconocidos como campesinos, que han adquirido prácticas culturales del lugar. Abogados de ambas partes hicieron preguntas al perito. Los abogados de las entidades demandadas se enfocaron en insistir que esa comunidad no es un pueblo ancestral. Tras la audiencia Nelson Atupaña, de Inredh, calificó como “increíble” la resolución del juez.

La acción de protección que presentó Cascomi fue por la vulneración del derecho a la consulta previa y por los desalojos ocurridos en Tundayme. Al juez le fue suficiente el informe de un perito para estar seguro que quienes estaban al frente suyo no eran indígenas y por lo tanto no debían reclamar una consulta previa. Aunque el mismo reporte aseguraba que existen habitantes shuar en la zona. Tras la diligencia, los demandantes hablaron de su descendencia kichwa y de ser discriminados con esa decisión (ver testimonios).

También le fueron suficientes las exposiciones de los abogados de la minera china y de los ministerios para asegurar que no hubo desalojos violentos porque los habitantes de Tundayme tenían conocimiento de los procesos por servidumbre minera. Este recurso lo puede solicitar el concesionario minero “con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de sus derechos en todas las fases”. Pero para los defensores de derechos humanos, es una forma de apropiarse de las tierras comunitarias. Desde el 2013, se han aplicado 47 servidumbres mineras que afectan a 14 territorios de Cascomi, según un informe de varia organizaciones de derechos humanos enviado al Examen Periódico Universal (EPU) a China de noviembre de 2018. El juez Dávila además extendió su análisis al decir que de los testimonios expuestos en la audiencia, los reclamantes no tenía “apego” a las tierras y que todo pasaba por un desacuerdo por el monto de las indemnizaciones. Y les sugirió ir a otras instancias judiciales y extender su pelea judicial que ya lleva cinco años.

Cinco años de desesperanza

Los hechos sucedieron en la población de San Marcos, en la parroquia rural Tundayme del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. En esa zona opera la empresa de origen chino ECSA, concesionaria del proyecto minero Mirador, que tiene una extensión de 9.928 hectáreas. Es un proyecto minero a gran escala de cobre, plata y oro que se asienta en la frontera con Perú. Sus reservas están estimadas en 4.738 millones de libras. Al lugar se lo conoce también como la ‘Cordillera del Cóndor’. Es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta donde cada hectárea alberga a más de 220 especies, según activistas ambientales. Y cerca a San Marcos está un cerro que contiene cobre.

Los desalojos para que la minera china establezca su infraestructura en esa población han sido uno de los principales problemas. Esto fue reportado por organizaciones de derechos humanos y ambientales. El más reciente informe fue elaborado por un grupo de organizaciones, entre ellas los Pueblos Shuar Arutam, que fue preparado para el EPU a China de noviembre de 2018. Allí se hace un recuento de los desalojos sucedidos entre 2014 y 2016.

El primero sucedió el 12 de mayo de 2014. El informe dice que ECSA respaldado de decenas de policías, guardias de seguridad privada de la empresa demolieron la iglesia de San Marcos y la Escuela ‘Tres de Noviembre’ y se destruyó parques y juegos infantiles de la comunidad de San Marcos para construir la estación de lavado del material aurífero. Usaron maquinaria pesada.

Iglesia de San Marcos derribada. Capturas de video

El 30 de septiembre de 2015 sucedió la demolición de las viviendas de 16 familias. El 15 y 16 de diciembre del mismo año también se desalojó a otras 14 familias asentadas a lo largo de la microcuenca del río Tuntaim. Tras aquello, el barrio de San Marcos desapareció, denunciaron activistas. Los desalojos se hicieron por la noche y sin aviso. Sus habitantes se quedaron solo con la ropa que llevaban puestos o en algunos casos sus pertenencias fueron retiradas en camiones, que no han sido entregadas.

Organizaciones de DDHH registraron 32 desalojos de familias de El Pangui entre 2014 y 2016. Fotos: Inredh

El Nuevo San Marcos fue reconstruido en territorio de Cascomi por la propia comunidad. Cascomi es la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador, que fue reconocida por el Estado en agosto de 2014 como comunidad indígena y que se conformó a tres meses del primer desalojo, explicó Inredh en una cronología de los hechos. Cascomi se asentó en terrenos cedidos por uno de los propietarios para que los desalojados sigan viviendo en esa zona.

En uno de los desalojos, participaron más de 135 uniformados, según el Ministerio del Interior. Foto: Ministerio del Interior.

Esta organización ha liderado la pelea jurídica para recobrar sus territorios. Ha denunciado que la empresa “manipuló los precios de la tierra aprovechándose las necesidades económicas de la gente y ofrecer plazas laborales, a cambio de confrontar a los vecinos que se oponían a vender sus tierras y al desarrollo del proyecto”. Las denuncias señalan además que hubo testaferros en la compra de las tierras. ECSA los ha calificado de invasores, de no ser indígenas y por lo tanto -para la empresa china- no pueden exigir la consulta previa. Este es un derecho constitucional que tienen los pueblos indígenas: ser consultados antes de que en sus territorios se ejecuten proyectos.

Los últimos desalojos se efectuaron en 2016. El 4 de febrero, la perjudicada fue Rosario Waar, anciana de 114 años, asentada a orillas del río Tuntaim, y 13 de mayo, durante la noche, fueron despojados de sus tierras las 6 familias Tendetza Antun, informaron las organizaciones en el informe. En total, el informe enviado al EPU de China registra 32 desalojos de familias de El Pangui, que representan 136 afectados, de los cuales son 52 niños y adolescentes, 12 personas de la tercera edad y 58 adultos. “Estos acontecimientos atentan contra el derecho a la vivienda digna”, asegura el informe.

Mirador ha sido considerado uno de los proyecto mineros más conflictivos en Ecuador. La firma del contrato entre el gobierno de Rafael Correa y ECSA provocó una masiva marcha a pie desde El Pangui hasta Quito, en 2012. Tras eso los manifestantes pusieron una acción de protección contra la empresa porque el contrato violaba “los derechos humanos y de la naturaleza reconocidos en la Constitución del Ecuador”. Hasta el momento, Cascomi ha solicitado medidas cautelares y acciones de protección contra ECSA. Pero todas han sido rechazadas.

   PUNTOS DE VISTA   

‘Somos gente milenaria’

Luis Sánchez, dirigente de Cascomi

Vemos con pena que desde la justicia se respalde el poder corporativo. La gente que vive allí, los shuar y nosotros como kichwa, sabemos quiénes somos, quiénes nos parieron, dónde estamos y nuestras descendencia. (Decir que no somos ancestrales) es una forma de discriminar a nuestra gente. Es no respetar la autodeterminación de un pueblo y nos indigna. Somos gente milenaria. Han abierto las puertas para que la multinacional despoje a la gente. Son 31 familias perjudicadas cuando se dio los despojos violentos. Es violencia cuando entran 365 policías al territorio para desalojar 14 familias. También es violencia cuando les dicen: ‘tiene cinco minutos para salir de su casa’. También cuando rompen la vivienda en presencia de sus hijas, madre, padre.

‘Mis padres son de la sierra de Sígsig, son kwichas’

William Uyuguari, presidente de Cascomi

El 30 de septiembre de 2015, las 04:00, llegaron militares y policías y guardias de ECSA a decirnos que tenemos cinco minutos para dejar nuestra vivienda. No pudimos sacar nada, se llevaron nuestras cosas en un camión de ECSA. Rompieron las puertas. Mi cuñada estaba operaba y perdió sus medicamentos. Llegaron con maquinaria pesada y derrumbaron las casas. Después la familia se separó. Mis hermanos fueron a otro lado. Pasan arrendando un cuatito. Yo salí a Gualaquiza, donde también estoy arrendando. He vivido en varias casas a donde han llegado a hostigarme, se han robado documentos. Mis padres son de la sierra de Sígsig, son kwichas. Mi papá hablaba kwicha, mi mamá usaba el sombrero y la pollera. En sus tiempos hubo mucha sequía en Sígsig y mis padres fueron para el Oriente para darnos una mejor vida. Allí nos radicamos y hemos convivido en armonía con los shuar. Hemos unido fiestas y costumbres.

‘Mis familia vive arrendando’

Raúl Sánchez, exhabitante de Tundayme

Mis padres tuvieron una propiedad y ahí nacimos y crecimos. De la agricultura nos dieron la educación. Mis papás nunca vendieron sus tierras a ECSA. Entonces nos obligó a salir sin ninguna notificación. Llegaron policías y militares y dijeron: ‘aquí tienen su cheque, cojan y si no quieren coger, tienen cinco minutos para abandonar la casa’. Sacaron las cosas de la casa, con maquinaria tumbaron la casa y la enterraron. Nos dijeron que tenían una propiedad para nosotros, pero les dijimos que no. Era solo un engaño para sacarnos. Se llevaron los animales hasta las vacas. Eso les afectó a mis papás. Su felicidad era el campo. Mi padre se enfermó y tuvimos que conseguir los animales para que se recuperen. Y ahora viven arrendando.

‘Lo que pasó con Mirador debió pasar en Río Blanco’

Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador

La disposición del juez ha sido importante al determinar que esta comunidad no es ancestral. La minería industrial ha venido aplicando lo que corresponde que son los procesos de difusión dentro de los estudios de impacto ambiental, lo cual ha sido ratificado por las autoridades. (Sobre si hubo o no violencia en las comunidades) desconozco porque no soy vocero de la empresa. Como ha dicho el propio juez el tema de los desalojos y las indemnizaciones deben ser tratados por otra vía. Lo que pasó hoy con el proyecto Mirador debió haber pasado en el proyecto Río Blanco. En ese caso, lamentablemente un juez de la Corte de Azuay sin realizar un análisis antropológico ha determinado que el proyecto no ha cumplido y que el Estado no ha hecho la consulta previa vinculante. Por lo tanto el proyecto ha sido suspendido. Es importante que el criterio de hoy se haga notar en otras instancias.

‘Cascomi no es una comunidad indígena’

Mauricio Nuñez, vicepresidente legal de Ecuacorriente

Las acciones de Cascomi no han tenido fundamento legal. Esta es la cuarta acción de protección que nos presenta en los últimos cuatro años. Y es el cuarto juez negando el recurso. Se han respetado todos los derechos de los afectados por el proyecto Mirador. Cascomi no es una comunidad indígena. Se ha demostrado en este proceso que hubo violencia alguna y se ha seguido el procedimiento establecido por la ley de minería. Hemos adquirido terrenos a más de 150 personas. Con algunas no se llegó a acuerdos voluntarios y se aplicó la servidumbre minera. Es un procedimiento que protege al inversionista minero. Iniciamos con 45 casos y solo en 13 casos que no aceptaron el pago, pero de esos en solo cinco hubo desalojo. Gente que no habitaba no aceptaron sus cheques, vivían en otras ciudades. Estamos en la etapa de construcción de infraestructura minera.