El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, dio un ultimátum a la Universidad Andina Simón Bolívar para que se resuelva el contencioso por el rectorado de la institución. Para el gobierno, que ha tomado esta vez una postura clara, la Universidad, que tiene estatuto internacional frente a la Comunidad Andina de Naciones, CAN, ha incumplido las leyes ecuatorianas al elegir a César Montaño, PhD en Derecho, quien obtuvo el doctorado en la misma UASB, lo cual está prohibido por el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior.  La Andina sostiene que la elección de Montaño se dio dentro del plazo en el cual esta norma no se estaba aplicando, pues su candidatura se presentó 15 días antes de que rija la prohibición.

En el marco de esa disputa, el Parlamento Andino intervino en la Universidad. Su presidente, el colombiano Luis Duque, destituyó al presidente del Consejo Superior de la Andina, Rubén Vélez y a otros cuatro miembros, La medida fue demandada ante la Corte de Justicia Andina, por considerarse violatoria a la normativa andina y al debido proceso.  El nuevo Consejo Superior, de diez miembros, no se ha podido reunir para nombrar un nuevo rector. Mientras que el presidente destituido del anterior Consejo Superior ha dicho que continúa en funciones.

El Tribunal Andino de Justicia también recibió una demanda contra el Parlamento Andino por parte del rector electo y del rector saliente, Enrique Ayala Mora. El escrito pedía la nulidad de las resoluciones del Parlamento Andino mediante las cuales se desconoció la elección de Montaño por parte del Consejo Directivo y se destituyó a sus miembros cuando estos, por mayoría, ratificaron lo actuado.

El Tribunal Andino no aceptó la demanda, porque las decisiones del Parlamento Andino no son vinculantes y no causan efecto jurídico. El punto 8 de la resolución del Tribunal Andino dice que el Parlamento Andino “se pronuncia mediante recomendaciones , sugerencias, decisiones, declaraciones  y actos de coordinación y control, conforme  lo prevé la norma citada. Por lo mismo, sus pronunciamientos, por regla general  no tienen carácter vinculante frente a la Acción de Nulidad atribuida a la competencia de este Tribunal”.

En el punto 9 dice que “los actos del Parlamento Andino no están contemplados  entre los posibles de ser enjuiciados  mediante la acción de nulidad atribuida a la competencia de este tribunal, lo cual es congruente con la naturaleza jurídica de los mismos, pues independientemente de cuál sea la denominación que se les imprima , no se trata de actos administrativos definitorios con  aptitud de crear, modificar o extinguir  una situación jurídica impugnable mediante la acción de nulidad ante este tribunal , como quiera que el Parlamento Andino se pronuncia a través de recomendaciones y sugerencias…”.

El Tribunal Andino no aceptó la demanda porque, sencillamente los actos del Parlamento Andino no tienen efecto vinculante; es decir, porque no había que anular, dada que sus resoluciones no surten efecto, según la interpretación de los abogados de la Universidad Andina. Por ello la entidad superior emitió un comunicado en el cual

Tras resolución, esta sí vinculante,  la Universidad emitió un comunicado que decía:

El Tribunal Andino de Justicia en el proceso 01-AN-2016 dictaminó que "El Parlamento Andino se pronuncia a través de recomendaciones y sugerencias en el marco de las atribuciones que le están asignadas por el Artículo 43 del Acuerdo de Cartagena, en armonía con lo dispuesto en el artículo 13 del Tratado Constitutivo del Parlamento Andino". Por lo mismo, dice el Tribunal “sus pronunciamientos por regla general no tienen carácter vinculante”.

Esto lo dictaminó al no admitir la demanda planteada por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, contra el Parlamento Andino, que declaró la ilegalidad de la designación del Dr. César Montaño Galarza y lo desconoció como rector de esa casa de estudios.

El organismo jurisdiccional andino dejó en claro en su pronunciamiento que las decisiones del Parlamento no tienen fuerza obligatoria y, por tanto, no son sujetas a demandas ante el Tribunal, que solo puede conocer las Decisiones del Consejo de Ministros, Decisiones de la Comisión o las resoluciones de la Secretaría General, que si son vinculantes, o sea de cumplimiento obligatorio.

De esta manera, el Tribunal coincidió con las argumentaciones que ha presentado la Universidad, en el sentido de que el Parlamento Andino no tiene atribuciones para declarar la ilegalidad de una designación que realizó el organismo competente, es decir, el Consejo Superior de la Universidad, menos aún desconocer a un rector legalmente electo con una votación mayoritaria".

El gobierno lo interpretó de otra forma: el Tribunal Andino rechazó la demanda de la Universidad Andina y, por lo tanto, las decisiones del Parlamento Andino están en plena vigencia. Esos fueron los titulares de la prensa oficialista, a la par que se aplicaba desde  el oficialismo el linchamiento mediático y político a la Universidad. Días antes de la resolución del Tribunal, sendas delegaciones del Ministerio del Trabajo, del  IESS y de la Contraloría llegaron a las oficinas del centro de estudios para hacer inspecciones. Una estrategia de ablandamiento y acoso, según denunciaron las autoridades universitarias.

En visperas de la reunión de la Celac, el canciller Patiño dijo la última palabra sobre el tema desde el Ejecutivo: dio un plazo de 15 días, desde el 26 de enero, para que el Consejo Superior de la Andina revoque la elección del rector y nombre nuevo rector. Dijo que el gobierno ecuatoriano no podía reconocer una resolución que, según Patiño, es ilegal.

En la Andina, el utimatum-amenaza del Canciller fue recibida con estupor y escepticismo, luego de que el Tribunal Andino, máxima instancia que resuelve los conflictos, desconociera de plano lo actuado por el Parlamento Andino. La intención del Canciller habría sido contar el respaldo de los cancilleres de Bolivia, Perú y Colombia, los cuales, reunidos en el Consejo de Cancilleres podría resolver el asunto. Pero este portal pudo confirmar que la canciller de Perú resolvió abstenerse del tema, y se espera que Colombia haga lo mismo. Así que Patiño salió a dar sus declaraciones en solitario, admitiendo, además, que no conocia la resolución del Tribunal Andino de Justicia. La Cancillería ecuatoriana, en virtud de un convenio internacional, es la contraparte de la Universidad Andina en el Ecuador. La Andina tiene estatus de organismo internacional de la Comunidad Andina de Naciones.

El tema, poco a poco, se está convirtiendo en un nuevo lío internacional para el gobierno del Ecuador.