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20 de Octubre del 2019
Historias
Lectura: 15 minutos
20 de Octubre del 2019
Redacción Plan V
Un polvorín llamado Sucumbíos
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Foto: Facebook Radio Sucumbíos

El 3 de octubre la provincia de Sucumbíos fue una de las primeras en registrar conflictos por la anunciada eliminación del subsidio a los combustibles.  En Lago Agrio (foto) los manifestantes se tomaron las calles de la ciudad. 

 

Con la toma de la estación de bombeo del SOTE, el cierre de las vías estratégicas para la actividad petrolera y la toma de decenas de pozos, el paro evidenció la vulnerabilidad del corazón económico del Estado ecuatoriano. Sin inteligencia, ni control de fronteras; sin planes de seguridad y defensa y sin diálogo con las comunidades, la zona es un polvorín a punto de estallar.

1. La toma de la estación de bombeo

La noche del lunes 7 de octubre de 2019, unos cien encapuchados -aunque entre ellos también había gente con el rostro descubierto- se tomaron la estación petrolera Lago Agrio 1, de la estatal Petroamazonas, la operadora más grande de la Amazonía. Con cuchillo en mano y piedras amedrentaron a los pocos guardias desarmados que custodiaban el corazón económico del Ecuador y luego fueron hacia el centro de control de las operaciones de bombeo de crudo por el SOTE. Ahí, amenazaron a los técnicos que estaban en los controles y les ordenaron que apaguen las bombas. Estos les advirtieron que hacerlo de golpe causaría un grave daño a los motores. Apagarlos es un proceso técnico que requiere que primero se deje de bombear desde los pozos. Pero no valieron los argumentos, y los asaltantes obligaron a espichar el botón.  Dos comandos tácticos de la Policía y de la Fuerza Terrestre recuperaron la estación luego de una paralización de dos horas, en las cuales se perdieron 1.7 millones de dólares y a los técnicos les tomó más de 24 horas volver a bombear el crudo. 

En estos disturbios fueron capturadas 158 personas, y cuando se pidió a la Fiscalía provincial de Sucumbíos que actuara, los fiscales se negaron a hacerlo; desde Quito, la propia fiscal general, Diana Salazar tuvo que intervenir. Tantos detenidos en un acto de paralización de esta naturaleza, con la ciudad de Lago Agrio en plena ebullición, lo cual requería ingentes recursos policiales, hacía muy problemática su custodia. La mayoría de los asaltantes recuperó la libertad, pero nueve, que fueron reconocidos, permanecieron detenidos, con orden de la Fiscalía, por la jefatura de Policía de la provincia de Sucumbíos. Entre éstos estaban el asambleísta Yofre Poma; el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez; el concejal de Lago Agrio, Víctor Burbano; el comunicador, José Gómez, y además Gonzalo Villamil, Cesar Pachacama, Steven Torres, Carlos Chacha y Jenny Rodríguez. Pero la población no dejaba sacar a la gente. De inmediato, a través de las redes sociales se lanzaron fotografías de indígenas capturados por policías, con el mensaje de que ese instante la Policía tenía retenidos a dirigentes indígenas y los estaba torturando. La foto era real pero de hace tres años, en una de las constantes tomas de pozos petroleros en la zona. Así que el comandante policial envió una caravana falsa con el mensaje (falso) de que ahí iban los detenidos. Cuando los manifestantes se dieron cuenta, ya los detenidos habían sido conducidos hasta las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el aeropuerto. Como a los detenidos se les había retirado los celulares, no había posibilidad de que alguien se enterara de donde estaban. Pero se enteraron. 


Yofre Poma (mirando hacia la cámara, de camisa blanca) está acusado, junto a otras 8 personas, de paralización de servicios públicos, de acuerdo a los cargos que ha presentado la Fiscalía General. En la foto, durante la audiencia de formulación de cargos, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Foto: Diario Expreso

Comprendió que había una filtración, así que retiró los celulares a todos los policías que estaban custodiando, y los puso en una bolsa de tela. Solo mantuvo su celular y de otra persona de confianza.

El alcalde de Lago Agrio empezó de inmediato a llamar a marchas por la liberación de los detenidos. Los manifestantes rodearon el comando de Policía. Los detenidos permanecían en las instalaciones de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Lago Agrio. Esa madrugada, de emergencia, se pidió a la FAE que enviaran un avión para llevar a los detenidos a Quito, ya que la población amenazaba con liberarlos. La Fuerza Aérea confirmó la llegada de un avión de transporte Twin Otter a las 09H00 y el despegue de inmediato para el otro día, pero la noche, para la policía y los efectivos militares que custodiaban a los presos iba a ser larga. Con la presión de la gente encima, que exigía su liberación, el jefe policial dispuso que varios de sus hombres custodiaran a los detenidos. El lugar donde estaban, se suponía, era reservado, pero por varios mensajes a su teléfono avisaron al oficial que los pobladores estaban al tanto de la ubicación. Comprendió que había una filtración, así que retiró los celulares a todos los policías que estaban custodiando, y los puso en una bolsa de tela. Solo mantuvo su celular y el de otra persona de confianza. Yofre Poma, el asambleísta de la provincia, reclamó al jefe policial porque los celulares de los detenidos también fueron incautados. "No me permitió hacer una llamada", le reclamó y le dijo que no había respetado sus derechos, y le habría dicho que esto no se quedaría así, que su gente los rescataría y que se atuviera a las consecuencias. Siempre estuvieron seguros de que serían liberados por los manifestantes. Permanecieron esa noche en la FAE de Lago Agrio hasta que el Twin Otter de la Fuerza Aérea aterrizó en la pista, entonces los detenidos se dieron cuenta de que su traslado era inevitable y se pusieron a orar.

El pequeño avión con capacidad para 16 pasajeros despegó hasta Quito llevando a los detenidos. Las evidencias, como eran los videos, fotografías y declaraciones, también fueron enviadas a la Fiscalía General, que ese 8 de octubre, a las cinco de la tarde instaló la audiencia para levantar cargos en contra de quienes asaltaron y cerraron la principal estación de bombeo de Petroamazonas. "Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador", señala el escrito. Según los cargos presentados por la  Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante dos horas y diecinueve minutos. Esto implicó la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme lo determina la Constitución de Ecuador, "ocasionando un perjuicio económico al Estado de 1.723.918,72 dólares". Entre los elementos de convicción presentados constaba un informe que indicaba que durante la paralización no se bombearon 31.286 barriles de crudo.


En la Amazonía fueron tomados cuatro bloques petroleros, causando pérdidas que superan los 40 millones de dólares. En la foto, la estación de bombeo del SOTE, de Lago Agrio.

recibieron ataques combinados de manifestantes, con el apoyo de unos 60 individuos que atacaron en motocicletas. Cada moto llevaba dos personas. Los gendarmes se vieron obligados a usar sus 26 motos para repeler los ataques .

En Sucumbíos, el corazón petrolero del Ecuador, la situación no fue nada fácil para las fuerzas del orden. Estas recibieron ataques combinados de manifestantes, con el apoyo de unos 60 individuos que atacaron en motocicletas. Cada moto llevaba dos personas. Los gendarmes se vieron obligados a usar sus 26 motos para repeler los ataques y defender las instalaciones públicas como el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, o las privadas, como varios hoteles de la ciudad.  La Policía reportó que ante el uso de las motos policiales, en varias vías se habían colocado serpentinas de metal a la altura de la cabeza, con la intención de decapitar a los conductores de las motos.

En el resto de vías y campos petroleros, la situación de caos fue similar. En toda la provincia fueron cerrados varios campos y pozos. En el bloque 57 fueron suspendidos los campos Libertador, Atacapi, TTT, Tapi y Frontera, y el campo Shushufindi de manera parcial. Se perdieron 14.413 barriles.  Del bloque 58 se suspendieron los campos BHR y Tipishca; con pérdidas de 8.000 barriles. En el bloque 62, de la empresa china Andes Petroleum, se perdieron 40.000 barriles del campo Tarapoa, y del bloque 54 los campos Orión, Enorum y Ocano, con una pérdida de 8.400 barriles.  Hubo cierre de vías estratégicas, como la carretera Lago Agrio-Shushufundi-Eleno, que tuvo siete cortes. En Cascales, los manifestantes se tomaron la estación de bombeo, retuvieron a todos los miembros de la fuerza pública, los desvistieron, los obligaron a gritar vivas por el paro y los amenazaron antes de soltarlos.  Las vías quedaron cerradas aún luego de que el Gobierno derogó el decreto 883. El comandante policial debió hablar directamente con una de las líderes de la protesta, la dirigente Flor Jumbo, para que se pudiera abrir el paso; pero ella dijo que nada tenía que ver, aunque señaló que si se liberan a los detenidos en el asalto al SOTE podían intentar algo, y colgó el teléfono. El argumento fue que ella no había ido a la manifestación por tres días y "esa gente que está ahí ya no es mi gente".


Una foto de los manifestantes (al centro) que se tomaron la estación de bombeo.

2. ¿Dónde está el grupo de control integrado de fronteras?

Las fronteras ecuatorianas no están custodiadas. Según datos de comandantes policiales, los centros integrados de control de fronteras prácticamente desaparecieron. Por varias medidas administrativas y operacionales, las autoridades dejaron un callejón abierto en las fronteras para que ingrese cualquier persona. También desapareció el grupo de fronteras y la orden, de acuerdo a fuentes policiales consultadas, provino de los actuales altos mandos policiales. Primero, que el viceministro del Interior había dispuesto que el grupo de fronteras, de 431 hombres, pasase a tener 200 efectivos nada más porque hacían falta en otras unidades policiales. Se supone que fueron enviados a controlar las operaciones en la mina ilegal de Buenos Aires, pero con ello, el grupo de fronteras casi desapareció. "Nadie controla las fronteras este momento; la delincuencia transnacional ha generado callejones y corredores de libre paso", dicen fuentes policiales que pidieron el anonimato. El lavado de dinero del narcotráfico y otros delitos cambió la forma de operar. Ahora se hace a través del tráfico de oro, de cigarrillos y demás formas de contrabando. Paradójicamente, el Estado ecuatoriano relajó el control de las fronteras. Tanto es así que semanas antes del paro, inteligencia militar había advertido a la Policía del ingreso a Lago Agrio de dos chivas (transporte típico de la zona) con gente disidente de las Farc. El otro tema que extrañó en Lago Agrio, según las fuentes, fue la poca presencia militar en esta zona estratégica. El batallón 23 Rayo, de Fuerzas Especiales solo tenía 80 efectivos para toda la provincia, lo mismo en el 56 Tungurahua.  Y la Policía no podía movilizarse; los jefes intentaron requisar vehículos para el transporte de personal, pero las instituciones tampoco colaboraron. 

El próximo problema en estallar será en la mina llamada Sofía, la cual queda en la zona entre La Bonita y Santa Rosa de la Florida. La zona ya está invadida porque es una mina muy grande.

Como no hay una plataforma integrada de control de fronteras ni un análisis estratégico para controlar todas las fronteras del Ecuador, la situación es grave, dicen oficiales de inteligencia consultados por Plan V. El sistema de operaciones de inteligencia cambió, ya no se hace trabajo de campo y desde el G2, que es la dirección de Inteligencia del Comando Conjunto, se emiten disposiciones sin la suficiente alimentación de información de fuentes directas. La inteligencia integrada comprende la acción de las Fuerzas Armadas, la Policía y los agentes de aduanas. Pero a pesar de que hay un Plan Integral de Fronteras, en la práctica cada institución actúa de acuerdo a la norma que la rige, con lo cual las operaciones se contradicen, se duplican y son inefectivas. Las fuentes de inteligencia y policiales prevén que la Amazonía, y especialmente la zona fronteriza de Sucumbíos y Carchi, es un polvorín. El próximo problema en estallar será en la mina llamada Sofía, la cual queda en la zona entre La Bonita y Santa Rosa de la Florida. La zona ya está invadida porque es una mina muy grande, pero la Agencia de Control no está en el lugar y la fuerza pública ha detectado ya que se está organizando un fuerte sistema de seguridad de los invasores, con la experiencia de lo que ocurrió en la mina de Buenos Aires. A esto se suman las condiciones que facilitan la acción de los delincuentes: no hay controles en los corredores, la seguridad es escasa y carecen de equipamiento adecuado, el Estado está ausente en temas de salud, educación y atención social, la zona está desbordada por la corrupción, hay intromisión de grupos armados irregulares y las vías son tan malas que impiden el acceso de las propias fuerzas de seguridad. El otro foco de conflicto, predicen, será la toma de los campos petroleros y estaciones de bombeo, para paralizar el país. Para eso se están organizando, pues ya midieron la debilidad operativa del Estado ecuatoriano.

GALERÍA
Un polvorín llamado Sucumbíos
 


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