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26 de Marzo del 2018
Historias
Lectura: 15 minutos
26 de Marzo del 2018
Susana Morán
Una casa de acogida contra el olvido de las mujeres en la frontera norte

Fotos: Luis Argüello

Amparo Peñaherrera (izquierda) y Geraldina Guerra visitaron Quito la semana pasada. Ambas son defensoras de los derechos de las mujeres. 

 

Amparo Peñaherrera es coordinadora de Casa de Amiga, un centro dedicado a la protección de mujeres sobrevivientes de violencia en Sucumbíos. Ella junto a Geraldina Guerra, de la Red Nacional de Casas de Acogida, retratan la situación de las mujeres en una de las zonas más violentas del país. Ellas desmitifican que el hogar sea un lugar seguro para los menores de la familia. En la frontera norte solo hay dos casas de acogida. La otra está en el Coca y se llama Casa Paula.

¿Cuál es el origen de la Federación de Mujeres de Sucumbíos y de Casa Amiga?

Amparo: La Federación de Mujeres de Sucumbíos tiene 1.500 socias y 11 organizaciones de mujeres en toda la provincia. El 17 de julio de 2017, esta organización cumplió 30 años. Todo inicia con el Vicariato Apostólico de Sucumbíos. En esa época estaba el obispo Gonzalo López Marañón, quien va a Sucumbiós con la Misión Carmelita.

El origen de la Federación se lo debe a la Misión Carmelita. Ellos fueron fomentando la organización de la gente en la incipiente ciudad de Lago Agrio. Motivaban la reunión de las mujeres. Ellas empezaron a juntarse por la falta de servicios básicos, por la educación de sus hijos. Se organizaron alrededor de los llamados costureros. A la Misión le llegaba ropa regalada y ellos entregaban a las mujeres de los barrios. Tenían una sola máquina de coser que la Misión la llevaba de barrio en barrio. Las mujeres reciclaban esa ropa para sus hijos. La Federación tiene su origen justamente en los costureros y en esos espacios empiezan a hablar de sus preocupaciones comunes como la violencia.

¿Y hoy es una de las organizaciones de mujeres más grandes del país?

Amparo: Es una de las más grandes. Hay un hecho histórico que es el terremoto de 1987 que afectó gravemente en Lago Agrio. Las mujeres decidieron unirse para apoyar a las organizaciones de mujeres donde más daños hubo. El río Aguarico arrastró a una población pequeña y ahí acabó con la vida de todas las mujeres de una organización. A raíz de eso hubo gran respuesta social y en 1987 se juntaron varias organizaciones de mujeres y conformaron la federación.

“La Federación  tiene su origen justamente en los costureros y en esos espacios empiezan a hablar de sus preocupaciones comunes como la violencia”.

¿Cuál es el trabajo de la Federación?

Amparo: Tiene dos áreas de trabajo. La una es el fortalecimiento organizativo y la otra es la erradicación de la violencia de género en todas sus expresiones. Hay un grupo 26 promotoras que visitan las c

omunidades y enseñan sobre derechos humanos, de las mujeres, qué es la violencia de género, etc.

¿Cómo surgió la idea de enfocarse en la violencia de género?

Amparo: Surge del propio reconocimiento de las mujeres que iniciaron las organizaciones. Percibieron que la violencia es algo común en la vida de todas las mujeres. Reciben capacitaciones y deciden empezar con el acogimiento de las víctimas. Al inicio las rescataban y las recibían en sus propias casas. Luego se capacitaron en Casa Matilde, de Quito, para replicar esa experiencia en Lago Agrio. En el 2000 ya tenemos la sede que se construyó con cooperación internacional.

¿Cómo se caracteriza la violencia contra las mujeres en esta zona fronteriza del país?

Amparo: La estadística nacional dice que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. En Sucumbíos nosotras manejamos que 8 de cada 10 mujeres son víctimas de cualquier tipo de violencia o de varias violencias al mismo tiempo. La violencia tiene rostros visibles, que acuden a nuestros servicios y nos depositan sus confianza. Tenemos un espacio para los niños (Mundo Mágico), una ludoteca y una asociación mixta de emprendimientos.

¿En qué situación económica y de recursos se encuentran?

Amparo: Mantener una casa de acogida es carísimo porque todos nuestros servicios son gratuitos. Funciona 365 días, las 24 horas. La atención va desde las 05:00 hasta las 23:00. Es proveer de tres comidas y refrigerios a todas las mujeres y sus niños. El pago de profesionales es otro costo, así como el mantenimiento y movilización de las víctimas y el equipo técnico. Luego están los gastos de la medicina. Nos ha tocado pagar por exámenes especializados que no se pueden realizar en el servicio público.

¿Cómo el Estado nacional y los gobiernos seccionales han apoyado a la casa?

Amparo: A través del Ministerio de Justicia se financia una parte del funcionamiento de la casa, en nuestro caso es la tercera parte de los gastos. El Estado solo financia un equipo de seis personas, pero la casa funciona con 18 personas. Ahora mismo tenemos 32 personas que son atendidas; en la guardería hay 18 niños. Algunos son hijos de víctimas que ya han salido de la casa, pero les seguimos apoyando con la guardería para que su madre pueda trabajar. Nosotras no recibimos apoyo de gobiernos seccionales. El Municipio de Lago Agrio apoyó con una pequeña cantidad para hacer arreglos en una casa para atención externa. Y luego hubo otro apoyo para la construcción de un cerramiento y arreglos del patio.

“La estadística nacional dice que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. En Sucumbíos nosotras manejamos que son 8 de cada 10 mujeres”.

Entiendo que su capacidad no es suficiente para recibir a todas las víctimas de violencia.

Amparo: Las casas de acogida tienen un modelo de atención y estándares de calidad. Tenemos limitantes para el acceso. Uno de ellos es que no podemos acoger a mujeres que tienen síndromes psicóticos, enfermedades psiquiátricas o que no puedan valerse por sí mismas. Tampoco a mujeres que estén en dinámicas de mendicidad, callejización o con enfermedades terminales.

¿Muchas de ellas han llegado a la casa?

Amparo: Claro. Y lo más terrible, lo que nos quema no es tanto las jornadas extensas de trabajo sino el negar el acceso a una de estas mujeres. La Policía va y las dejan en la casa pero no podemos recibirlas porque necesitan una atención tan personalizada que las casas de acogida no podemos dar.

¿Y qué pasa con estas mujeres?

Amparo: El Estado las lleva a los hospitales y después no sé qué pasa con ellas. Compañeras con adicciones no podemos acogerlas porque no podemos darles una atención de calidad. Es como violentar sus derechos porque merecen una atención de calidad. Aún así acogimos a una mujer que tenía una enfermedad catastrófica y tuvimos que comprarle tanque de oxígeno. Hace varios años en el hospital de Lago Agrio no había ni siquiera camas. Compramos una silla de playa y con eso íbamos al hospital para que sea atendida en una sala de emergencias atiborrada de gente.

La casa tampoco estuvo pensada para acoger a niñas y adolescentes no acompañadas. Pero en la práctica nos ha tocado. Son niñas que van desde los 12 años y están embarazadas como consecuencia de la violencia sexual que han sufrido.

¿Es frecuente el embarazo adolescente en esta zona?

Amparo: Sucumbíos es la provincia con el índice más alto de embarazos de adolescentes junto con Esmeraldas.

Geraldina: Y el 90% de esos embarazos son incestos. Es decir sus agresores son un familiar. Por lo tanto esa adolescente se queda sola en el mundo si se atreve a denunciar a su abuelo, padre, tío o hermano. Nunca más la reciben. Y el Estado no tiene respuestas para acoger a esa niña de 12 años. Además el Estado le obliga a tener a ese niño.

“El Estado solo financia un equipo de seis personas, pero la casa funciona con 18 personas. Ahora mismo tenemos 32 personas que son atendidas; en la guardería hay 18 niños”.

¿Cómo llegan estas niñas a Casa Amiga?

Amparo: Normalmente son referidas por la Judicatura o el sistema de protección de víctimas y testigos, la Fiscalía o la Policía. Para nosotras ha sido un reto. Una casa de acogida no puede ser rígida porque caso contrario, ¿cómo responde a las situaciones que están afuera?

¿Es posible que las mujeres y niñas puedan salir del círculo de la violencia?

Amparo: Cuesta y toma tiempo. Sería más fácil salir si hubiese políticas públicas más concretas. Por ejemplo, la inserción laboral. Una de las razones por las que vuelven con las parejas agresoras es por el tema económico.

Geraldina: Preguntabas sobre los costos de una casa. Y yo pregunto: ¿qué costo le ponemos a un proyecto de vida? Eso es caro. Es invaluable. Una mujer que sale de una casa de acogida y está decidida a salir de la violencia supongamos que consigue un trabajo en una fábrica. La entrada a las 07:00 y sale a las 16:00. Los Sí Bebés (guarderías estatales) abren a las 08:00 y cierran a las 15:00.  ¿Y ella cómo hace si sus redes familiares están rotas? El Estado no está respondiendo a esa realidad.

Amparo: O también la vivienda. No hay programas que sean de fácil acceso a ello. No tienen en dónde vivir.

Geraldina: Los créditos peor. Tienes que tener una casa o un garante para acceder.

¿La frontera es otro factor?

Geraldina: Son zonas geográficamente alejadas, donde hay poca institucionalidad pública. Son las comunidades y las federaciones las que trabajan. Suelen navegar horas por los ríos, pagar el bus y llegar a la Fiscalía para que les digan que vayan mañana. Por eso proponemos que la justicia tiene que acercarse a las mujeres. Debe haber brigadas itinerantes de justicia.  En Sucumbíos hay siete nacionalidades y la justicia solo está concentrada en Lago. Por la frontera hay violencias de otros tipos, la de los grupos irregulares armados, de las mujeres refugiadas que atiende Casa Amiga.

¿Qué pasa en esta provincia respecto al acceso a la justicia?

Amparo: En Sucumbíos hay tal volumen de denuncias y un solo fiscal para temas de violencia de género en Lago Agrio. Lo mismo pasa con las unidades judiciales. Hemos visto que cuando las mujeres ponen la denuncia en la Fiscalía, esta es resumida en tres líneas. No se explica nada y deberían tener más tiempo para dedicarle a esa víctima. Una mujer viene con los hijos porque no tiene como dejarlos. Ya se está incorporando la reparación integral en las sentencias. Pero aunque la jueza decide que la víctima necesita atención terapéutica, ¿quién lo hace? 

¿Es decir no se especifica quién lo debe hacer?

Amparo: Son sentencias muy generales. En el enunciado se puede decir cosas maravillosas. Otro ejemplo son las indemnizaciones. Supongamos que el agresor debe pagar por ejemplo USD 30.000. ¿Pero quién hace el seguimiento para que esto se cumpla?

Geraldina: ¿Por qué se pone unas becas escolares o un bono de vivienda? O un acceso a un crédito. Los jueces tiene una gran deuda con la reparación integral a las víctimas de violencia.

¿Es decir que no hay reparación para las víctimas?

Amparo: Es la práctica no la hay. En Lago Agrio no hay servicios especializados para atender a las víctimas, solo el nuestro. Nadie monitorea que se garantice la reparación.

Geraldina: La justicia está en el papel. Hay un acceso retórico. Y está super burocratizada. Está pensado para lo urbano, pero lo urbano bien céntrico.

“El 90% de esos embarazos adolescentes son incestos. Es decir sus agresores son un familiar. Por lo tanto esa adolescente se queda sola en el mundo si se atreve a denunciar”.

Pero en Casa Amiga tienen ayuda legal.

Amparo: Sí. Las abogadas de la casa se encargan del proceso penal desde que las mujeres ponen la denuncia.

¿Cuál es la situación de los femicidios en Sucumbíos?

Amparo: El año pasado hubo un caso emblemático. Una señora denunció en la Judicatura que se sentía amenazada por su conviviente. Le negaron las medidas de protección porque como era violencia sicológica debía ir a la Fiscalía. Y en ese proceso de que la jueza pone en conocimiento a la Fiscalía a la señora la mataron. Le costó el puesto a la jueza. A la violencia sicológica no se le da mucha importancia. Pero es la antesala del femicidio. Las medidas de protección deben ser inmediatas.

También piden que se tipifique el incesto.

Amparo: Trabajar en este tema es imprescindible. Es importante visibilizar el fenómeno porque pone en entredicho la famosa idea de que el hogar y la familia es el espacio más seguro para los niños y las niñas. Nosotras decimos que no. La familia en muchos casos en Sucumbios es el lugar más inseguro y más violento para niños y adolescentes. Nosotros no estamos diciendo que hay que desbaratar a las familias, sino evidenciar la violencia que se vive en las familias ejercidas por los varones mayores.  Además porque las consecuencias que tiene en la vida de las víctimas son brutales, devastadoras. Son niñas que se quedan solas y encima están obligadas a la maternidad a edades en las que no debería suceder eso.

Y el Estado no reacciona. Las niñas que son atendidas en subcentros de salud reciben la atención como una mujer adulta embarazada. A nadie le ha saltado las alarmas. ¿Cómo una niña puede generar un vínculo afectivo con un bebé que es hijo de su propio padre? El discurso es enseñarles alguna destreza como corte confección o belleza para que puedan mantener a sus hijos. Esa es la visión. Las víctimas han sido silenciadas y el Estado debe hacer políticas públicas.

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